Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 28.620-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución-Fallo N° 437/10, dictada por el Jefe de División Aduana de Mendoza, en el trámite del Sumario Contencioso SA038-187/2005 (SIGEA N° 12451-838-2005), en cuanto ha sido materia de agravios.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-20364715-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Febrero de 2023 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “SANCHEZ, RICARDO OSCAR c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expte. N° 28.620-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 12/15vta., el despachante de aduana interviniente, Sr. Ricardo Oscar Sánchez, interpuso recurso de apelación contra la Resolución-Fallo N° 437/10, dictada el 07/06/2010 por el Jefe de División Aduana de Mendoza, en el trámite del Sumario Contencioso SA038-187/2005 (SIGEA N° 12451-838-2005), mediante la cual se lo condena, solidariamente con la firma importadora, al pago de una multa equivalente a $ 35.908, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A. En el caso, se le enrostra haber documentado mediante el despacho N° 00 038 IC05 004734 Z, la importación a consumo de mercadería en condición de usada que resultaba de importación prohibida, en atención a lo dispuesto por el Decreto N° 660/00 (B.O. 02/08/2000).
II. El recurrente sostiene que el 04/08/2020 registró el despacho aquí involucrado mediante el cual solicitó autorización para importar a consumo una máquina “pisanieve” usada en nombre del importador Vicente Robles S.A.M.C.I.C.I.F. Manifiesta que dicho despacho fue sometido a canal rojo de selectividad por la Sección “V” de la Aduana de Mendoza, sin que, el verificador ni la DGA, mediante algún mensaje del Sistema Informático María, le diera aviso alguno de que la importación a consumo de dicha mercadería estaba prohibida o que se necesitaba algún documento complementario en especial para eximirse de una prohibición. Indica que hubo una total coincidencia entre lo declarado y el resultado de la verificación (idéntica cantidad, calidad, estado, clasificación arancelaria, precio, etc.), motivo por el cual se concedió el libramiento de la mercadería. Por esa razón insiste, en esta etapa recursiva, en que no se efectuó ninguna declaración inexacta y que tampoco se produjo ninguna transgresión a una prohibición. A mayor abundamiento, destaca que la Sección “I” de la citada Aduana informó que, en caso de haberse incorporado al SIM la prohibición de importación en cuestión, el propio medio informático habría impedido la confección del despacho de importación en dichos términos o se observaría alguna particularidad en torno al régimen del Decreto N° 660/00 en el campo mensajes al verificador o al momento de la liberación de la mercadería y, lo cierto, es que nada se observan.
En ese sentido, resalta que la novedad de la cuestión, la complejidad de interpretación de la norma y el hecho de que sus alcances no habían sido aclarados ni reglamentados (ni siquiera había sido introducido su texto al SIM), pudieron haberlo persuadido de que tenía derecho a solicitar a la Aduana autorización, en nombre del importador, para destinar la mercadería en cuestión a consumo.
III. A fs. 26/32vta. la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la contraria y relata brevemente lo actuado en sede administrativa. Afirma que se encuentra probada la materialidad de la infracción imputada, con el análisis del despacho de importación agregado en las actuaciones administrativas. Sostiene que el accionar del despachante de aduana lesiona el pilar sobre el cual reposa el control aduanero, el cual es el despacho en confianza, introduciendo al territorio aduanero mercadería que por su estado de usada se encontraba alcanzada por una prohibición no económica establecida por el Decreto 660/00, art. 37, vigente a la fecha de los hechos. Formula reserva de Caso Federal y solicita de rechace la apelación interpuesta, confirmando la resolución apelada, con costas.
IV. A fs. 41 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G la que los pasa a sentencia a fs. 45.
V. Sentado lo que antecedente, encuentro necesario hacer notar primeramente que, para que una conducta encuadre en el art. 954 inc. b) del C.A. no basta con que se haya transgredido una prohibición sino que dicha transgresión haya derivado de una declaración inexacta, es decir, la sanción impuesta por la norma se debe aplicar cuando lo declarado difiere con el resultado de la comprobación.
VI. Ahora bien, en este caso en concreto, no encuentro que el documentante haya efectuado declaración positiva alguna que permita sostener que lo efectivamente declarado en el despacho de importación (posición arancelaria, naturaleza, especie, cantidad, estado, calidad, peso, precio, origen, procedencia, valor y aplicación del régimen legal correspondiente) difiera con el resultado de la comprobación, ello teniendo en consideración que no existía, al momento de oficializar el despacho, obligación de declarar positivamente que la mercadería estuviera prohibida (conforme Resolución N° 1394/97 -ANA- y modificatorias). En atención a lo expuesto, entiendo que no se habría realizado la conducta objetiva del tipo infraccional imputado.
VII. Sin perjuicio de ello, y para el hipotético caso de que se hubiera acreditado el elemento objetivo del tipo infraccional imputado, resultaría decisivo precisar en el sentido y alcance de las obligaciones del despachante de aduana, ya que su carácter de garante del cumplimiento de la manda administrativa, no lo hace responsable de cualquier contingencia. Es que, en efecto, siendo claro que a la fecha de oficialización del despacho N° 00 038 IC05 004734 Z (04/08/2000) se encontraba vigente la prohibición de importación a consumo para la mercadería aquí involucrada, en condición de usada, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 660/00 (con fecha de aplicación desde el 01/08/2000) correspondería ahondar en el sentido de la responsabilidad del despachante de aduana y la posibilidad de aplicar, en el caso de marras, la figura infraccional atribuida.
VIII. A tales fines, deberíamos destacar las diferencias existentes entre un sistema de responsabilidad objetiva y un sistema de responsabilidad automática. En el primer caso, siempre resultará menester ahondar en si el obligado estaba en condiciones “objetivas” de cumplir con la manda legal. En el segundo caso, se examinarán meros resultados. Lo primero es propio de las relaciones de justicia distributiva. Lo segundo es característico de las relaciones de justicia conmutativa. Al respecto cabe destacar que, en el presente caso, la cuestión resultaba ser muy novedosa ya que, incluso, la prohibición de importación a consumo para ciertas mercaderías en condición de usadas, dispuesta por el Decreto N° 660/00 (publicada en el B.O. sólo 2 días antes de la fecha de oficialización del despacho aquí involucrado), no había sido introducida en el Sistema Informático María (SIM); y tampoco se efectuó ninguna observación en torno a dicho régimen en el despacho de importación ni al momento de la liberación de la mercadería, como bien surge del informe brindado por la Sección “I”, mediante Nota N° 6/10 (SI ADME), agregado a fs. 44 de las actuaciones administrativas y del cotejo del propio despacho.
Llegado este punto, cabe destacar que si bien es cierto que no se puede alegar la ignorancia o el desconocimiento de la norma luego de que la misma entró en vigencia, no es menos cierto que las inconsistencias señaladas del propio SIM y del servicio aduanero, resultan ser elementos suficientes como para considerar que el despachante de aduana tuvo la legítima confianza de haber actuado con sujeción a derecho, al destinar la mercadería en trato a consumo. Al respecto, no debe omitirse que la aplicación de las reglas no debe aplicarse mecánicamente, sino prudencialmente y en consideración a los hechos examinados.
IX. Las consideraciones que anteceden bastan para revocar el acto administrativo recurrido, máxime teniendo en cuenta que incluso la resolución apelada hace menciones genéricas relativas al deber de profesionalismo con el que deben actuar los agentes auxiliares del servicio aduanero, pero en momento alguno explica qué podía haber realizado el despachante de aduana interviniente, Sr. Ricardo Oscar Sánchez, para evitar transgredir (en el caso de que, efectivamente, se hubiera realizado la conducta objetiva del tipo infraccional imputado) una prohibición de reciente publicación y, mucho menos ahonda en si estaba dentro de los parámetros exigibles ese requerimiento.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución-Fallo N° 437/10, dictada por el Jefe de División Aduana de Mendoza, en el trámite del Sumario Contencioso SA038-187/2005 (SIGEA N° 12451-838-2005), en cuanto ha sido materia de agravios.
2. Costas a la demandada.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente, punto 1). No obstante, considero que las costas deben ser impuestas por su orden, en virtud de que la DGA pudo –en virtud de la normativa- considerarse con derecho a litigar. Y así voto el punto 2) de la parte resolutiva, en virtud de las facultades del Tribunal.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución-Fallo N° 437/10, dictada por el Jefe de División Aduana de Mendoza, en el trámite del Sumario Contencioso SA038-187/2005 (SIGEA N° 12451-838-2005), en cuanto ha sido materia de agravios.
2. Costas a la demandada.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.02.23 16:53:15 ART Date: 2023.02.23 22:36:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.24 11:44:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.24 11:44:53 -03:00
Fin de la sentencia