Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 28620-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
45115/2023; “SANCHEZ, RICARDO OSCAR (TF 28620-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de junio de 2024. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En el año 2000 el Sr. Sánchez realizó un despacho de importación que involucraba una máquina pisanieve usada. La Aduana de Mendoza advirtió que dicho despacho se había presentado dos días después de que entrara en vigencia el decreto 660/00 que establecía la prohibición de importar vehículos en condición de usados, razón por la cual le impuso una multa en los términos del art. 954, inc. B. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 24/02/2023 (cfr. fs. 49-50), resolvió revocar la Resolución Fallo Nº437/10, dictada por el Jefe de División de la Aduana de Mendoza, con costas a la demandada.
Para decidir de ese modo, en primer lugar puso de resalto que para que una conducta encuadre en el art. 954 inc. b) del Código Aduanero, no basta con que se haya transgredido una prohibición, sino que la misma haya derivado de una declaración inexacta. Sostiene que la sanción debe aplicarse cuando lo declarado difiera con el resultado de la comprobación.
Seguidamente, aseveró que el documentante no efectuó declaración positiva alguna que permita sostener que lo efectivamente declarado en el despacho de importación (posición arancelaria, naturaleza, especie, cantidad, estado, calidad, peso, precio, origen, procedencia, valor y aplicación del régimen legal correspondiente) difiera con el resultado de la comprobación, ello teniendo en consideración que no existía, al momento de oficializar el despacho, obligación de declarar positivamente que la mercadería estuviera prohibida (conforme Resolución N° 1394/97 -ANA- y modificatorias). En atención a lo expuesto, entendió que no se habría realizado la conducta objetiva del tipo infraccional imputado.
A mayor abundamiento, agregó que para el hipotético caso que se hubiera acreditado el elemento objetivo de la infracción imputada, precisó que las obligaciones del despachante de aduana, en su carácter de garante del cumplimiento de la manda administrativa, no lo hace responsable de cualquier contingencia.
Precisó que a la fecha de oficialización del despacho N° 00 038 JCOS 004734 Z (04/08/2000) se encontraba vigente la prohibición de importación a consumo para la mercadería aquí involucrada, en condición de usada, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 660/00 (con fecha de aplicación desde el 01/08/2000), y por ello correspondería ahondar en el sentido de la responsabilidad del despachante de aduana y la posibilidad de aplicar, en el caso de marras, la figura infraccional atribuida.
Destacó las diferencias existentes entre un sistema de responsabilidad objetiva y un sistema de responsabilidad automática. Recalcó que la cuestión resultaba ser muy novedosa ya que, incluso, la prohibición de importación a consumo para ciertas mercaderías en condición de usadas, dispuesta por el Decreto N° 660/00 (publicada en el B.O. sólo 2 días antes de la fecha de oficialización del despacho aquí involucrado), no había sido introducida en el Sistema Informático María (SIM); y tampoco se efectuó ninguna observación en tomo a dicho régimen en el despacho de importación ni al momento de la liberación de la mercadería, como bien surge del informe brindado por la Sección "1", mediante Nota N° 6/10 (SI ADME), agregado a fs. 44 de las actuaciones administrativas y del cotejo del propio despacho.
Finalmente, agregó que si bien es cierto que no se puede alegar la ignorancia o el desconocimiento de la norma luego de que la misma entró en vigencia, no es menos cierto que las inconsistencias CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 45115/2023; “SANCHEZ, RICARDO OSCAR (TF 28620-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
señaladas del propio SIM y del servicio aduanero, resultan ser elementos suficientes como para considerar que el despachante de aduana tuvo la legítima confianza de haber actuado con sujeción a derecho, al destinar la mercadería en trato a consumo. Al respecto, no debe omitirse que la aplicación de las reglas no debe aplicarse mecánicamente, sino prudencialmente y en consideración a los hechos examinados.
III. Agravios del Fisco Nacional Contra aquel pronunciamiento, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 59, los cuales fueron contestados por la parte actora fs.76.
Se agravia en cuanto el TFN sostuvo que la actora no pudo haber hecho nada respecto al cumplimiento de los requisitos impuestos por el Decreto Nº 660/00. Sostiene que se realizó una incorrecta interpretación de la responsabilidad de los auxiliares del Servicio Aduanero y sus obligaciones al momento de llevar a cabo las operaciones. Luego de definir la figura del despachante de aduana, resalta que la actora no acreditó el requisito de haber cumplido con las obligaciones a su cargo previsto en el art. 908 del Código Aduanero para ser eximido de responsabilidad.
En segundo lugar, se agravia que al revocar la resolución de la aduana de Mendoza, el Tribunal Fiscal atenta contra las principales funciones del Servicio Aduanero.
En tercer lugar, realiza un análisis de la infracción prevista en el art. 954 y en sustento de ello transcribe jurisprudencia en apoyo a su tesitura. Finamente, se agravia que la falta de punibilidad del art. 954 inc. b) del Código Aduanero provoca un gravamen irreparable tanto a su parte como a todo el pueblo argentino. Realiza un análisis exhaustivo de la infracción imputada al Sr. Sánchez.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 45115/2023; “SANCHEZ, RICARDO OSCAR (TF 28620-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Así las cosas, corresponde precisar que en el caso corresponde expedirse sobre la procedencia de los agravios del fisco nacional respecto de la revocación de la multa, así como la imposición de costas.
En este sentido, con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, resulta conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge del expediente en soporte papel que se tiene a la vista. Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas a la causa, conforme fueran reseñadas adecuadamente por el Tribunal Fiscal, surge que:
(i) El 04/08/2000 el Sr. Sánchez presentó el despacho 00 038 IC04 004734 Z mediante la cual solicitó autorización para importar una máquina pisa nieve usada en nombre del Sr. Héctor Robles. (ii) El 02/08/2000 entró en vigencia el decreto 660/00 de “Política automotriz común” que prohibía la importación de vehículos usados, dentro de los cuales se encontraba la maquinaria importada por el Sr. Sánchez. Corresponde destacar que dicho decreto actualmente se encuentra derogado.
(iii) Al mencionado despacho se le otorgó canal de selectividad rojo y dicho procedimiento de importación culminó satisfactoriamente, tanto para la Aduana en atención a que no encontró ninguna irregularidad, como para el despachante que cumplió con la importación requerida.
(iv) En el año 2006 se realizó la apertura del sumario SA38-05-187 por infracción al art. 954 inc. b) del Código Aduanero. Según consta en las actuaciones, dicho sumario fue motivado por el control documental posterior realizado por la Dirección Regional Aduanera de la Ciudad de Mendoza que había detectado la infracción a lo establecido en el decreto 660/00.
(v) El 07/06/2010 el Jefe de División de la Aduana de Mendoza Mediante Resolución-Fallo 437/10 condenó a la firma importadora y al despachante de aduana Sr. Ricardo O. Sánchez al pago de la multa de $35.08,00 por considerarlo responsables de la infracción prevista y reprimida por el apartado I del art. 954, inc. b) del Código Aduanero.
Sentado lo expuesto, cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada (arts. 256 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin suministrar las bases fácticas y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 45115/2023; “SANCHEZ, RICARDO OSCAR (TF 28620-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso de apelación (cfr. esta Sala, in re: “Pan American Energy LLC Suc Argentina c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 41.090/2013, del 2/9/2020).
En definitiva, esa crítica concreta y razonada debe ser autosuficiente en relación con el pronunciamiento apelado y debe constituir un estudio de los razonamientos contenidos en aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr. esta Sala, in re: “Fernández Jorge Alberto (TF 32671-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.232/2012, del 31/5/2012). Pues, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios (por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa), ello no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (cfr. esta Sala, in re: “Caminos SRL (TF 30838-I) c/ DGI”, Causa Nº 17.555/2010, del 9/4/2013).
En este entendimiento, se advierte que el recurrente no ha rebatido los fundamentos de la sentencia apelada.
En este sentido, de conformidad con lo expuesto en el considerando II, cabe precisar que el vocal instructor de la sentencia del Tribunal Fiscal, en un primer momento, expuso en primer lugar que para que una conducta encuadre en el art. 954 inc. b) del CA, la transgresión a la prohibición debe ir acompañada de una declaración inexacta. Insiste en que la sanción debe aplicarse cuando lo declarado difiera del resultado de la constatación, situación que no ocurrió en el presente caso. Agrega que el despachante no realizó ninguna declaración positiva que permite sostener que lo declarado en el despacho de importación sea distinto con el resultado de comprobación.
Sobre la base de tales premisas, toda vez que el contenido de los agravios presentados por el recurrente no se ha dirigido a cuestionar, de modo concreto, el razonamiento que llevó al Tribunal Fiscal de la Nación a revocar la resolución que impuso la multa en los términos del art. 954 inc. b), cabe concluir que la demandada no se ha ocupado de neutralizar en los términos indicados, los fundamentos desarrollados en la resolución apelado. Por lo tanto, su recurso resulta pasible de la consecuencia prevista en el art. 266 del Código Procesal, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 1174 del Código Aduanero.
VIII. Costas Atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de esta alzada a la parte demandada vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia