Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8577/24 Sentencia: Definitiva Actor: SANCHEZ SANCHEZ, Fermín Demandada: Experta ART S.A Objeto: Laboral Fecha: 19-11-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los diecinueve del mes de noviembre de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “SANCHEZ SANCHEZ FERMÍN C/ EXPERTA ART SA S/ LABORAL", Expte. Nº 37.785 del año 2021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8577/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A fs. 15/27 se presenta Fermín Sánchez Sánchez con el patrocinio letrado del Dr. Eugenio Gómez Carrasco y promueve demanda por daños y perjuicios contra EXPERTA ART S.A.. Solicita la suma de $3.200.000 o lo que más o menos resulte de la producción de la prueba del proceso, con los intereses desde el momento del accidente resultantes de la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, con costas y demás gastos causídicos, en concepto de resarcimiento en los términos del art. 1745 y ccs. del C.C.yC.N. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1,4,6,12,46 ap. 1 LRT y de las normas que establecen la obligatoriedad de sometimiento ante las Comisiones Médicas (arts. 8, 21 y 22 LRT, Decreto 717/96, Decreto 1278/00 y Decreto 54/2017).
Afirma que prestaba servicios de estibajes para distintas empresas afectadas a los servicios portuarios locales, en el Puerto Caleta Paula de esta ciudad. Explica que la figura jurídica utilizada para realizar esta labor es la del contrato eventual, prevista en el art. 99 LCT incorporado por Ley N° 24.013. Describe que el 21/03/2019 fue enrolado en la lista de estibadores por parte de Luis Antonio Santander de "ESTIBAJES FER", con el objeto de realizar el servicio a un barco que se encontraba en el puerto. Luego de haber finalizado la descarga y llevando a cabo el armado del barco, un cajón vacío que estaba en la orilla del muelle cayó hacia el interior del barco, y lo golpeó provocando severas lesiones sobre su rostro.
Describe que producto del impacto perdió 5 piezas dentales y traumatismo facial severo, con deformación del dorno nasal asociada a laterorrinia. Recibió primeras atenciones en el Hospital Zonal y realizó la denuncia ante la demandada, quien en un primer momento brindó cobertura, pero con el paso de los días dejó de hacerlo obligándolo a consultar diversos médicos e incluso costear una intervención. Continúa relatando que intimada la ART a brindar las prestaciones correspondientes esta le informó que no posee cobertura ante dicha aseguradora, lo que a su juicio, constituye una conducta contraria a los actos propios, debido a que incluso el 15/04/2019 le reintegró una suma de dinero en concepto de traslado, con motivo del accidente sufrido.
Agrega que la demandada tampoco rechazó la denuncia del siniestro dentro de los 10 días que establece el Decreto N° 717/96. Relata que según su empleadora obtuvo el alta temprana de la fecha del accidente y Certificado de Afiliación que comprende la cobertura del personal de la estiba durante los días 21/03/2019 al 31/03/20. Acompaña informe labrado por el especialista en medicina laboral, Dr. José Daniel del Colle, según el cual presenta una minusvalía de la capacidad laboral del 14,28%, conforme el listado de enfermedades profesionales y sus normas reglamentarias. Plantea la responsabilidad de la ART desde el aspecto subjetivo, a partir del incumplimiento de las obligaciones impuestas a aquellas en el marco del art. 4 y ccs.
LRT, puntualmente en el de medidas de seguridad y prevención que ocasionaron las lesiones que padece. Reclama daño material y moral, expone el derecho en que funda su pretensión, ofrece la prueba de la que ha de valerse y hace reserva del caso federal.-
II. A fs. 44/53vta. la Dra. Mariana Clement apoderada de Experta ART S.A. contesta demanda. Luego de efectuar las negativas de rigor, desconoce la documentación acompañada por el actor y rechaza el siniestro debido a que la póliza de afiliación de Luis Antonio Santander inició su vigencia el mismo día del accidente por lo que en un primer momento se brindaron las prestaciones esenciales y notificó la suspensión de los términos con el objetivo de verificar el caso y poder expedirse sobre su admisibilidad o rechazo. Efectuado ello, constata que el actor fue dado de alta en la nómina de personal el 22/03/2019 por lo que la cobertura del mismo inició el día siguiente, razón por la cual se notificó el rechazo de la cobertura. Explica que ello es así debido a que los empleadores deben solicitar la Clave de Alta Temprana (C.A.T.) de su personal con antelación al inicio de la relación laboral. Solicita la citación como tercero en los términos del art. 94 del C.P.C.C. de Luis Antonio Santander por considerar que es quien debe afrontar el costo del siniestro denunciado. Impugna la estimación de incapacidad laboral que resulta del informe pericial acompañado con la demanda por no suponer incapacidad las lesiones padecidas, en el marco del baremo legal del Decreto 659/96 de aplicación obligatoria, además de que acumula las distintas incapacidades pretendidas en forma directa, en lugar de aplicar el método de la capacidad restante. Impuga también la liquidación de los daños practicada por el actor, por arbitraria e infundada, además de que no refiere cuál es la base salarial que aplica para requerir la indemnización. Rechaza el reclamo por la pérdida de chance, por lucro cesante y por daño moral. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y funda en derecho.-
III. A fs. 60/62 se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida y se clausura el período probatorio a PE784871-2023, fijándose fecha para que las partes aleguen sobre el mérito de la misma. Realizando lo propio el actor a PE866652-2023.-
IV. A PE1383206-2024 se dicta sentencia de primera instancia que admite la demanda articulada por Fermin Sánchez Sánchez en contra de Experta AR.T. S.A., y condena a abonar a esta última en concepto de daño material ($2.200.000) y daño no patrimonial ($880.000). Dispone que a dicha suma se le adicionará desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago en concepto de intereses compensatorios la tasa activa cartera general (préstamos) vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. A las sumas resultantes, deberá deducirse el monto ya percibido por el actor, de pesos cinco mil ($ 5.000) el cual se actualizará según idéntica tasa que la mencionada supra, desde la fecha en que fue percibido. Condena en costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.- La sentencia es recurrida por la parte demandada, quien interpone recurso de apelación a PE1396253-2024.-
V. Como primer agravio la recurrente hace mención a la ausencia de responsabilidad civil. Afirma que la sentencia se conforma de afirmaciones dogmáticas y abstractas y por ello la sentenciante no pudo identificar acción u omisión concreta que permita atribuir responsabilidad civil a Experta A.R.T. S.A. Enfatiza en que la póliza de seguro en función de la cual se impuso responsabilidad civil inició su vigencia el mismo día del siniestro, es decir que a partir del 21/03/19 nació en su representada la carga de evaluar las condiciones de trabajo, higiene y seguridad del establecimiento laboral y su personal, por lo que resulta evidente que no existió tiempo material suficiente para que fuera posible cumplir con algún acto en materia de prevención de siniestralidad, lo que desprestigia el razonamiento expuesto en la sentencia.
Enfatiza en que para formular una correcta imputación por incumplimiento normativo en los términos del derecho civil, deben reprocharse conductas concretas, activas u omisivas, que hayan causado el daño y pesaran sobre el presunto responsable. Agrega que el incumplimiento que se le reprocha a Experta ART S.A. corresponde a una normativa derogada, y además, los planes de acción que rigen actualmente no aplican a actividades como las que desempeñaba el actor. Destaca también, que se encontró culpable a la aseguradora respecto de un trabajador cuya contratación desconocía, y un empleador que acababa de afiliarse ese mismo día. Como segundo agravio refiere una infundada cuantificación del daño, debido a que no se tuvieron en consideración los ingresos del trabajador, la incapacidad determinada y la edad del actor.
Considera excesivo y contrario a la doctrina judicial cuantificar el daño no patrimonial en el 40% del material, toda vez que no describe el daño espiritual o moral que justifique esa condena. Cita doctrina y jurisprudencia que hace a su derecho. Mantiene reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo de la instancia inferior, se disponga el rechazo de la demanda con imposición de costas.- La actora contesta el traslado de los agravios en PE1416192-2024. Aduce que la demandada no puede alegar que era la primera vez que era contratada por el empleador del actor, lo que quedó acreditado con el informe de AFIP, certificado de afiliación y listado de trabajadores asegurados con EXPERTA ART S.A. agregados en los presentes, por lo que al momento del accidente el actor tenía asignada la cobertura de la demandada.
Considera que el hecho de que coincida la renovación de la póliza con el primer día del accidente laboral es indiferente a la hora de establecer la responsabilidad civil en el marco del reclamo efectuado. No se puede limitar la responsabilidad de la ART al encuadre de la Ley N° 24.557, toda vez que no se trata de una pretensión sistémica sino de un reclamo en el marco del art. 1722 y ccs. del C.C.y.C.N.. Cita jurisprudencia que hace a su derecho y peticiona se rechacen los agravios con imposición de costas.- Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
VI. Que expuestas así las quejas de la recurrente en contra de lo decidido en la instancia de grado, como así también la réplica que le dedicó la parte actora, abordaré el tratamiento del primer embate desarrollado en agravios y me referiré primero a lo atinente a la vigencia de la póliza a la fecha del siniestro laboral que dio origen al reclamo y a la tardía inclusión en nómina del trabajador que sostiene la quejosa. Entiendo ello necesario dado que esa parte alude a que en la sentencia de grado, no se le dio ningún análisis a esa circunstancia, la que va de suyo, reviste trascendencia determinante puesto que, los demás planteos formulados quedan condicionados al resultado de éste punto. En ese sentido, parto de la base de que aquella, arguye sobre el particular, de que tal como lo expuso al contestar demanda, más allá de la fecha de inicio de tareas reportadas, el empleador registró al actor en AFIP, el mismo día del accidente pero a las 23:01:34 hs, después de ocurrido el hecho y que ésta inclusión en nómina es extemporánea ya que los trabajadores deben ser declarados antes del inicio de tarea, sosteniendo que la inclusión el día 21 de marzo hizo nacer su cobertura a partir del día 22.
Desde ya anticipo que la queja, en la medida que pretenda dejar sin efecto la cobertura del siniestro por inclusión tardía del trabajador en la nómina, a mi juicio, no puede recibir favorable resolución.- Sostengo ello, dado que aquí, lo que determina la obligación de cobertura en cabeza de la aseguradora, no es la fecha en que se declaró al trabajador ante el organismo tributario pertinente, sino la fecha de vigencia del contrato de afiliación entre empleador y ART al tiempo del siniestro. Sobre ésta aspecto, la recurrente reconoce que la vigencia del contrato de afiliación entre el empleador y la aseguradora se inició el día 21 de marzo de 2019, es decir, el mismo día del accidente y ello es suficiente para sellar la suerte del planteo que se está tratando.
La respuesta está dada en el art. 28 inc. 2 de la ley 24557, el que dice: “Responsabilidad por Omisiones: …inc. 2) Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones y podrá repetir del empleador el costo de éstas…”. El inciso en cuestión, parte de la premisa de la existencia de un contrato de afiliación vigente entre empleador y ART y una situación en la que el primero omitió denunciar ante su aseguradora la contratación de algún trabajador. Surge con claridad que la ART otorgará igualmente las prestaciones, recuperando luego del empleador los costos en los que haya incurrido. Por ende y encontrándose fuera de discusión que al día 21 de marzo de 2019 se encontraba vigente la Póliza nro. 4776933, el planteo de la recurrente sobre este aspecto no puede ser escuchado.- Decidida así la cuestión, corresponde entonces abordar la crítica esbozada hacia lo decidido en grado con el fundamento de que no se han configurado los presupuestos de responsabilidad subjetiva y por ende ha sido condenada sin fundamento jurídico ni normativo.
La apelante sustenta esa premisa argumentando que es insostenible reprocharle omisión en materia de seguridad de los trabajadores y entre ellos el actor, ya que, el día en que ocurrieron los hechos fue el primer día de cobertura y no se supone que la Aseguradora haya debido adoptar medida correctiva alguna en las primeras horas de vigencia de la relación contractual, afirmando que la ley le concede un plazo de 90 días hábiles para evaluar el relevamiento de riesgo. Sostiene igual, que desconoce cuál fue la omisión culposa de su parte causalmente relevante para la producción del accidente cuya mecánica en ningún momento se analizó, afirmando que ni el Juez ni el actor, pudieron definir concretamente que acción preventiva hubiera evitado que el día del hecho cayera el cajón y en qué medida era factible que esa acción preventiva pesaba sobre la aseguradora y no sobre el empleador.- Surge evidente que dicha crítica está orientada a cuestionar la relación causal.
Sentado ello y siendo que el trabajador reclamante para obtener el cobro de la indemnización que entiende adeudada, ha optado por encauzarlo a través de la acción civil, se aclara que ingresó integramente al marco normativo del Código Civil y Comercial de la Nación y por ende se sometió a todas las disposiciones de ese cuerpo legal, estándole vedado tomar lo más conveniente de él y pretender utilizar las normas y principios del derecho laboral para las demás cuestiones. Es entonces bajo ese prisma que habrá de analizarse si en la sentencia apelada se merituaron adecuadamente los elementos fácticos y jurídicos que hacen al punto cuestionado.- En esa faena, tomo como punto de partida, que la responsabilidad civil que se le achacó a la ART condenada en la resolución en crisis, tiene como fundamento que se acredito el incumplimiento de sus obligaciones legales y por ende quedo comprometida su responsabilidad en orden a las omisiones en las que ha incurrido y que fueron las productoras del daño que sufrió la víctima, tomando como fundamento para tal decisión, las disposiciones del CCCN y la doctrina que emana del precedente “Torrillo, Atilio Amadeo y otro C/Gulf Oil Argentina SA y otro.-
Dicho ello, y conforme a los lineamientos sobre los que se construye la sentencia apelada, tengo presente que nuestro Cimero Tribunal, a través de ese precedente, subrayó que la Ley de Riesgo de Trabajo, expresamente declaró que uno de sus objetivos era reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, haciendo hincapié en el derecho del trabajador a un ambiente de trabajo sano y seguro, contracara natural del deber de prevención de los riesgos del trabajo, para los que encuentra fundamento constitucional y normativo internacional.-
En ese sentido nuestra Corte Suprema, preciso los alcances de las obligaciones de las ART en materia de prevención, subrayando que: “Resulta manifiesto que la LRT, para alcanzar el objetivo que entendió prioritario, la prevención de riesgos laborales, introdujo e impuso, un nuevo sujeto, las ART. En este dato, y no en otro, finca la diferencia esencial que, para lo que interesa, separa a la LRT del régimen anterior, juzgado insatisfactorio. Luego, ninguna duda cabe en cuanto a que, para la ley y su reglamento, la realización del mentado objetivo en concreto, su logro en los hechos, se sustentó fuerte y decididamente en la premisa de que el adecuado cumplimiento de las ART de sus deberes en la materia, contribuye eficazmente a esa finalidad, …. control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visita a los lugares de trabajo y denuncia (considerando 6)”.- Al decir de la Corte, las ART “…se exhiben como destacados objetos coadyuvantes para la realización plena y efectiva de las finalidades preventivas…”.-
Queda claro entonces que son los alcances de las obligaciones que la Ley de Riesgo de Trabajo pone en cabeza de las Aseguradoras las que comprometen su responsabilidad en caso de incumplimiento u omisión, puesto que sobre ellas recae un manifiesto deber legal de prevención.-
Es sobre ese piso que debo juzgar si la quejosa tiene éxito en su pretensión de persuadir, que no se ha acreditado el nexo causal tal como se ha decidido en la instancia de grado. Bajo esa premisa, inicio el análisis teniendo en cuenta que ni el infortunio laboral acaecido ni tampoco el daño sufrido por el trabajador, se encuentran controvertidos, pues como se dijo al inicio del presente punto, la crítica está orientada a cuestionar la relación causal.-
Conforme con lo expuesto no puede haber dudas de que el factor de atribución es de carácter subjetivo por haber omitido la aseguradora una debida diligencia en la materia que le es propia, es decir, en la prevención de riesgos de trabajo. A partir de allí, es que entiendo necesario precisar, que es a esa parte a quien le cabe la carga de aportar las probanzas pertinentes que la eximan de responsabilidad, pues es quien está en mejores condiciones de acreditar lo que hizo y lo que no en cumplimiento de las obligaciones que la LRT pone a su cargo en los términos y con los alcances asignados. En otras palabras, debe demostrar haber tenido una conducta diligente.-
Se advierte que la estrategia de la recurrente en ese sentido, tiene que ver con señalar, que fue el mismo día del siniestro, es decir el 21 de Marzo de 2.019, que nació para su parte la carga de evaluar las condiciones de trabajo, higiene y seguridad del establecimiento laboral y de su personal, por lo que a su entender no se le puede reprochar cualquier omisión en materia de seguridad de los trabajadores. Hace hincapié en la Res. 462/09 SRT, que le concede a la ART una plazo de 90 días hábiles para evaluar el relevamiento de riesgos.-
Veamos si esto es así conforme al elenco de pruebas que se ha incorporado. En primer lugar, tengo presente que la actividad laboral que el actor desarrollaba en favor de su empleadora, era de tipo eventual, es decir, aquella que se cumple en periodos discontinuos de tiempo. Ello surge de la documental acompañada con el informe de PE 164494 - 2021, evacuado por el Sr. Luis Santander, con la que se acredita que el Sr. Fermín Sanchez Sanchez, se desempeñó para la empresa “Estibajes FER” (propiedad del nombrado en primer lugar) en carácter de trabajador eventual en la estiba en Puerto Caleta Paula. De la hoja de Simplificación Registral – Constancia del Trabajador - Baja de la AFIP, acompañada con ese informe, surge que la modalidad de contrato del actor, era trabajo eventual y el tipo de servicios eran Servicios Comunes Discontínuos, con fecha de inicio el 21/03/2.019 y Fecha de Cese el 31/08/2.019. También ello se corrobora de la PE 325595 - 2021 y con el informe de ANSES agregado a fs. 71 en el que se da cuenta de que el nombrado se encontraba dado de alta desde el 03/2.019 como trabajador de la estiba, registrando aportes y contribuciones para el empleador Luis Antonio Santander. Por otra parte, de la Póliza Digital N° 4776933 acompañada con la PE 121639 - 2021, surge que la actividad principal del empleador Santander, Luis Antonio, era la de Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario, información que también consta en el expte digital nro. 115020/19 tramitado por ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo acompañado en copia mediante PE 169798.- Tenemos entonces por acreditado la modalidad de la relación laboral entre el actor y su empleador y el tipo de actividades que éste último realizaba.-
Veamos ahora, cuando nació el vínculo entre el Sr. Santander, Luis Antonio y la Aseguradora de Riesgo de Trabajo demandada. Del Registro de Contratos de Afiliación acompañado en PE 121639 - 2021, más precisamente bajo el título historial de vigencias, se aprecia que previo al Contrato Nro. 4776933 vigente al momento del siniestro, las partes ya habían estado vinculadas a través del Contrato Nro. 557442 desde el 1/10/2.017 fecha en que opero un traspaso de la ART Swiss Medical hacia la demandada, el que perduro hasta el 7/03/2.019. En esa fecha, el contrato 557442 fue rescindido por falta de pago y el 21/03/2.019, es decir, 14 días después, se da de alta al contrato 4776933.-
Es decir, Experta ART previo al contrato vigente a la fecha del siniestro, ya tenía entre sus afiliados al empleador del reclamante y es por eso que puedo afirmar que esa aseguradora no podía ignorar o desconocer las características de la actividad que aquella desarrollaba y por tanto, los riesgos que lleva ínsita una tarea como la estiba la que ciertamente reviste el carácter de peligrosa. Así también, debería haber adoptado las medidas eficaces para prevenir los riesgos del trabajo en cumplimiento de la obligación que el art. 4 ap. 1 de la ley 24557 establece en cuanto dispone: “Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgo de trabajo”.- Es por esto que no advierto acertada su estrategia de señalar, que no existió tiempo material suficiente para que fuera posible cumplir con ningún acto en materia de prevención, puesto que para ensayar ese argumento tomó como punto de partida el 21 de Marzo de 2.019, fecha de alta del nuevo contrato de afiliación y también del infortunio, dejando de lado todo el tiempo que transcurrió previamente y desde el 1/10/2017, en el marco de la vigencia del contrato 557442, lapso en cual, entiendo yo, no tuvo la limitación temporal invocada para cumplir las obligaciones que en la materia le caben e implementar respecto del empleador afiliado, las medidas eficaces de prevención ya aludidas.-
Asi ello, y teniendo como regla como ya se anticipó, que en los casos como el presente en los que se imputa responsabilidad a las ART “cobra especial relevancia la noción de las cargas probatorias dinámicas, que hace recaer la carga de la prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejor situación para probar” (Revista Derecho Laboral – Ley de Riesgo del Trabajo – III – Ed. Rubinzal Culzoni Editores – pág. 189) es a esa parte a quien le corresponde aportar las constancias de sus actuaciones en materia de seguridad y prevención, pues “pretender que al trabajador siniestrado o a sus causahabientes en caso de muerte se le aplique rígidamente los principios de distribución de la carga de la prueba, resulta ostensiblemente injusto e inocuo, ya que aquellos normalmente desconocen por completo la actividad que pudo haber desplegado la ART en materia de prevención de riesgo” Revista Derecho Laboral – Ley de Riesgo del Trabajo – III – Ed.
Rubinzal Culzoni Editores – pág. 189).- Apoyado sobre esos cimientos de doctrina procesal y repasada la prueba, advierto que la demandada Experta ART, aporto solo una constancia de visita a la empleadora Santander, Luis Antonio de fecha 18/08/19 acompañada a través de PE 121639/21, en la cual se detalla que la visita lo fue en el marco del contrato 4776933. Esa actividad probatoria por supuesto que deviene insuficiente para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y por ende no le alcanza para revertir la alegada omisión de una debida diligencia en la materia que le es propia y por la que está obligada por imperativo legal, pues no probó tal como era su carga, haber llevado adelante visitas periódicas y sistemáticas al lugar de trabajo, control de suministro de instrumentos de protección, capacitación de dependientes o denuncias realizadas ante la autoridad correspondiente tras detectar incumplimientos entre otras cuestiones.- En ese sentido tengo presente que la actividad de la estiba portuaria tiene una peligrosidad intrínseca a la propia tarea, la que va desde las peculiaridades del lugar en el que se desarrolla (un puerto), hasta la pluralidad de sujetos que intervienen en distintos roles tanto arriba como afuera del buque.
Los testimonios prestados en autos, dieron cuenta de las tareas que llevaba a cabo el actor y del contexto laboral en las que se desarrollaban. No hay dudas entonces que las condiciones de seguridad laboral deben ser rigurosas y es deber de las ART controlar tanto la provisión de elementos de protección laboral del empleador a sus operarios como así también, que la manipulación de la mercadería y de los objetos propios de la actividad sea la adecuada para prevenir accidentes, todo lo cual en el caso, a la luz de los resultados, fue claramente omitido.- Y es aquí en donde encuentra anclaje la responsabilidad de la demandada en los términos del art. 1716, 1717, 1724 y 1725 del CCYC, pues sin dudas, un control estricto de su parte del cumplimiento de tales medidas mediante visitas periódicas al empleador afiliado lo hubiese evitado.
No es necesario que se le impute a la demandada situaciones o conductas concretas, sean activas u omisivas, como aquella pretende, sino que lo que se espera, es que demuestre haber tenido una conducta diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, cuestión que aquí no ocurrió, y es en virtud de lo cual que no puede aceptarse el agravio en tratamiento.-
VII. Se agravia también la recurrente por encontrarse infundada la cuantificación del daño. El daño a la integridad física no sólo influye en los ingresos que pueda aspirar una persona. Aquí el actor, con 40 años de edad al momento del siniestro sufre una incapacidad parcial y permanente. La integridad física es un derecho humano fundamental de reigambre constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 5 inc. 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.” Y por ende todo menoscabo debe ser indemnizado por el responsable. Se lo debe reparar toda vez que le puede traer dificultades en su trabajo y en su vida de relación.
Y el actor reclamó la indemnización por incapacidad física parcial y permanente, puesto que la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable toda vez que la capacidad plena tiene un valor económico. El juez de grado realizo una valoración de estas circunstancias para llegar al monto de condena, por lo que no se trata de un monto carente de fundamentación como se sostiene en agravios. En esa dirección se resalta que valoró la pericia médica practicada por el Sr. Médico Forense de éste Poder Judicial y desestimó la impugnación realizada por la parte demandada en el entendimiento de que no advirtió razones que justifiquen apartarse de la exposición del galeno, criterio que voy a compartir en un todo ya que su razonamiento se ajustó a las pautas prescriptas por el art. 455 del CPCC.
El informe percial aludido arrojó una incapacidad parcial y permanente de 16,32 %, lo que sumado a la gravedad de las lesiones que sufrió en el rostro, la necesidad de operación de rinoplastia, como así también el sometimiento a tratamiento odontológico y médico se entiende justa la indemnización pecuniaria por incapacidad fijada en la instancia de grado, pues, la indemnización debe ser plena conforme a los arts. 1738, 1740 y concordantes del CCYC. Razones por las cuales, este agravio no puede prosperar.- En similar situación se realiza el análisis del daño llamado extrapatrimonial. El actor fue sometido a una pericia psicológica que es clarificante sobre el punto y demostrativa de los padecimientos del actor.
Sin perjuicio de que se trata de un monto sometido al arbitrio judicial, entiendo en el particular se ha establecido en forma prudencial y ponderando las satisfacciones sustitutas y compensatorias que pueden procurar la suma estimada, razones por las cuales entiendo que es justo el monto determinado y debe confirmarse.-
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa y debe confirmarse, con imposición de costas a la vencida. Asi lo propongo al acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
VIII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones por considerarlas justas y conforme a lo debatido. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora. 2º) Confirmar en su totalidad la sentencia obrante a PE 1383206-2024 inscripta al Tº I/2024 Rº 21 Fº 128/140. 3º) Imponer las costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Eugenio Gómez Carrasco en un 30 % y de la Dra. Mariana Clement en un 27 % de los que se regulen oportunamente en la instancia de grado (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
X. Adhiero a la propuesta formulada por el Dr. Horacio Fernández. -
Por ello, se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 19 de noviembre de dos mil veinticuatro. -
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial,
2. Confirmar en su totalidad la sentencia obrante a PE 1383206-2024 inscripta al Tº I/2024 Rº 21 Fº128/140.-
3. Imponer las costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 C.P.C.).-
4. Regular los honorarios profesionales del Dr. Eugenio Gómez Carrasco en un 30 % y de la Dra. Mariana Clement en un 27 % de los que se regulen oportunamente en la instancia de grado (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). -
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría. - Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; ANTE MI: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201047S.241 Tomo: CI Sentencia: 3087 Folio Nº: 129/137 Secretaria: 1
Fin de la sentencia