Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133.422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos: a) se Rechaza el recurso interpuesto por el actor y se confirma la sentencia en cuanto rechaza la demanda de daños y perjuicios interpuesta, con costas. Las costas de segunda instancia se imponen al apelante en su condición de vencido (art. 68, C.P.C.C.). b) se Admite parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, dejar sin efecto la condena en costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, confirmando lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. En cuanto a las costas, atento la existencia de vencimiento parcial y mutuo, las de segunda instancia se imponen por su orden (art. 68, C.P.C.C.).
133422 - SANCHEZ TELMO C/ LUCO RODOLFO MARIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Julio de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SANCHEZ TELMO C/ LUCO RODOLFO MARIO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.
DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) " (causa: 133422 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia definitiva dictada con fecha 13/10/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En estos actuados, el Sr. Rodolfo Mario LUCO reclamó al Sr. Rodolfo Mario LUCO -a quien luego desistió (ver fs. 149)- y la LIGA DE FUTBOL DE SALADILLO los daños y perjuicios padecidos a raíz de un golpe de puño que le propinara el Sr. LUCO -jugador del club “Unión”-, con fecha 17/10/2010, en oportunidad de desarrollarse un partido de fútbol entre los clubes “Unión” y “Atucha”, organizado por la Liga de Fútbol demandada, que se disputó en la cancha del Club Huracán de la ciudad de Saladillo, y donde el actor desempeñó la función de árbitro.
A raíz de ello se suspendió el encuentro y el actor fue derivado a través de una ambulancia a un nosocomio local.
1.2. La LIGA DE FUTBOL DE SALADILLO, en oportunidad de contestar la demanda, negó su responsabilidad con base en que no ha sido la organizadora de los partidos del campeonato amateur de Saladillo, sino que dicho rol lo cumple el club que oficie de local en cada partido, por cuenta de quien se encuentra a cargo los gastos de alquiler del estadio (si no fuere propio), la terna arbitral, personal de seguridad o adicionales de la policía y agregó que -en el caso denunciado- el local fue el club "La Unión". Señaló que el hecho dañoso invocado en la demanda le resultó imprevisible e inevitable, tratándose de una "extralimitación reglamentaria" y una conducta antijurídica por parte del jugador Luco; que la responsabilidad prevista en el art. 51 de la ley 24.192 no alcanza a su parte en tanto no revistió la calidad de "entidad o asociación participante" del espectáculo deportivo ya referido; y que el jugador/agresor es un tercero por el que no debe responder en los términos del artículo 1113 del Código Civil. Luego, expuso que en el caso se configuró la culpa de la víctima, como eximente de responsabilidad, por cuanto el actor afirmó que el estadio no estaba habilitado ni se encontraban dadas las condiciones de seguridad para el evento, a pesar de lo cual, participó voluntariamente.
1.3. La jueza de primera instancia RESOLVIÓ: 1) Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Liga de Fútbol de Saladillo, con costas a su cargo, 2) Rechazar la demanda deducida por Telmo Sánchez contra la Liga de Fútbol de Saladillo. 3) Hacer extensivo el pronunciamiento al tercero citado Rodolfo Mario Luco. 4) Imponer las costas del proceso principal al actor.
II. Fundamentos del pronunciamiento apelado.
2.1. Defensa de falta de legitimación. La jueza de origen, al tratar la excepción de falta de legitimación planteada por la Liga de Fútbol de Saladillo -cuya resolución ha sido postergada para el momento de la sentencia- consideró que la Liga de Fútbol de Saladillo tiene la calidad de organizadora del encuentro deportivo en cuestión, con base en la documental aportada por la propia demandada -planilla de jugadores y cuerpo técnico de fs. 70/73, 75/76 y 78/79, que alude a "partidos organizados por la Liga de Fútbol de Saladillo" e informes arbitrales de fs. 74, 77 y 80 en planillas de la “Liga de Fútbol de Saladillo”-, razón por la cual desestimó la excepción en tratamiento e impuso las costas a la excepcionante en su condición de vencida.
2.2. Responsabilidad. Con base en que se desistió de la acción respecto del agresor (Sr. Luco) y que el sustento de la acción se enmarca en la calidad de organizadora del evento deportivo por parte de la Liga de Fútbol de Saladillo, la jueza de origen dijo que no corresponde la aplicación al caso de la ley 11.929 ya que, rige para las cuestiones contravencionales allí previstas, ajenas al presente ámbito reparatorio de la responsabilidad civil.
Agregó que la responsabilidad atribuida a la Liga de Fútbol de Saladillo debe juzgarse por lo normado en los arts. 51 de la ley 24.192 (y modif.) y 1113 Código Civil. Ello por cuanto si bien "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios", en el caso se ha invocado el hecho de un tercero por el que no se debe responder como eximente del juicio de reproche; y la mencionada ley 24.192 aborda un régimen de responsabilidad civil -complementario o específicoaplicable al caso de daños ocurridos "con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo" (arg. art. 1) pero que -en modo alguno- puede escapar a los lineamientos genéricos que al respecto establece el Código Civil, vigente al momento del hecho.
III. Plataforma fáctica.
3.1. No se discute que el 17/10/2010, siendo aproximadamente las 15:15 horas, cuando se estaba desarrollando un encuentro futbolístico entre los equipos de Unión y Atucha, en el estadio del Club Huracán, luego del choque entre dos jugadores de ambos equipos, se generó una situación de recriminación al árbitro -el actor- por parte del Sr. Luco -uno de los jugadores del club Unión-, que culminó con un golpe de puño de este último en el rostro del árbitro, quien cayó al piso con una fuerte hemorragia nasal (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
De la pericia médica de fs. 313/314 (y placas radiográficas reservadas bajo el n° 23.394) surge que el actor presentó traumatismos compatibles con los hechos enunciados (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384, 474, C. Procesal).
3.2. La jueza consideró que fue la conducta exclusiva del Sr. Rodolfo Mario Luco la que generó el hecho dañoso que motiva este juicio, que no se aplica la ley 11.929 y que no se verifica alguna razón vinculada con la organización del evento deportivo que pudiera comprender la responsabilidad de la parte demandada dado que la inesperada acción del jugador expulsado excede las normales o habituales circunstancias que permitan ser asimiladas a un motivo o ocasión del espectáculo deportivo. Consecuentemente consideró acreditado el hecho de un tercero por el cual la accionada no debe responder por lo que resolvió desestimar la demanda contra la Liga de Fútbol de Saladillo (arts. 1113 Código Civil, 354, 384 C. Procesal).
3.3. La plataforma descripta no ha sido objeto de crítica puntual y concreta por lo apelantes -salvo en orden a la responsabilidad emergente-, por lo que con la salvedad enunciada, será el piso de marcha de este pronunciamiento (arts. 260 y 261, C.P.C.C.).
3.4. Sin perjuicio de ello, cabe analizar el alcance del pronunciamiento ocurrido en sede penal, lo que se tratará en el capítulo siguiente.
IV. Alcance del pronunciamiento obtenido en sede penal.
4.1. Se formuló la denuncia penal del caso, IPP 06-01-001737/10 que tramitó ante la UFI n° de Saladillo y el Tribunal Criminal N° 1 de La Plata (causa 1199/4207), que concluyó con la suspensión del juicio a prueba por el término de un año y seis meses en relación al delito de LESIONES GRAVES EN ESPECTACULO DEPORTIVO (ver resolución del 21/09/2011 a fs. 70/73 de la causa penal precitada) y posterior declaración de extinción de la acción penal y consecuente sobreseimiento por medio de la resolución del 12/12/2013 (ver fs. 95/96 de la causa penal).
4.2. El art. 1101 del Código Civil establece que “…no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal…”.
Por su parte el art. 1102 del código citado dispone que “Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado.”
A su vez, el art. 1103 del mismo código dice que “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”. Asimismo, el Código Penal establece que el imputado por un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba, sin que el pedido ni ofrecimiento de reparación que ello implique signifiquen confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente (art. 76 bis, incorporado por ley 24.316); que el tiempo de suspensión del juicio será fiado por el Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito, lapso durante el cual se suspenderá la prescripción de la acción penal y si durante el mismo el imputado no comete un delito y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal (art. 76 ter, Código Penal, incorporado por ley 24.316), en cuyo caso no se informará como antecedente a los jueces que soliciten antecedentes de una persona (art. 9, ley 24.316); y que la suspensión del juicio a prueba hace inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil (art. 76 quater, incorporado por ley 24.316).
4.3. En consecuencia, ante la existencia de una resolución que declara extinguida la acción penal y, a raíz de ello, dispone el sobreseimiento del codemandado Luco por el delito de lesiones graves en espectáculo deportivo, ello no importa limitación alguna para el judicante civil, sin perjuicio de que el mismo no podrá dejar de valorar -tal como se destaca en la sentencia apelada- las circunstancias probatorias contenidas en ese proceso en la medida que fueren trasladables a este juicio (arts. 1101, 1102 y 1103, Código Civil; 1775, C.C.C.N., 76 bis, 76 ter y 76 quater, Código Penal; 9, ley 24.316; 404, C.P.P.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
V. Análisis de los agravios vertidos por ambas partes.
5.1. Suficiencia del recurso.
Dando respuesta al planteo de insuficiencia efectuado, señalo el art. 260 del C.P.C.C. dispone que el escrito de expresión de agravios debe contener “…una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas…”, lo cual se completa con lo normado en el artículo siguiente en el sentido que “Si el apelante no expresare agravios … en la forma prescripta …, se declarará desierto el recurso …”. En consecuencia, el escrito a través del cual debe fundarse el recurso de apelación (memorial o expresión de agravios según el caso), importa una carga procesal en la cual el justiciable, por imperativo del propio interés, debe demostrar mediante un análisis crítico y razonado, los pretendidos errores, omisiones o deficiencias que el apelante atribuye al pronunciamiento que ataca y su íntima vinculación con la cuestión debatida (arts. 246, 260 y 261, C.P.C.C.; esta Sala, causa B. 80.169, 7/2/95, RSI.1/95).
Por ello, deben atacarse aquellos elementos del fallo que resulten fundamentales para la conclusión a la que se ha arribado, no resultando suficiente a ese efecto la mera explicitación de disconformidad con cuestiones que no sean centrales en la decisión atacada.
Ahora bien, atento la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso (deserción) y por estar en juego en derecho de defensa en juicio (arts. 18, C.N.; 15 Const. Prov.), la insuficiencia debe ser interpretada con criterio restrictivo, en sentido favorable al recurrente.
Sentado ello, las expresiones de agravios traídas, analizadas en su totalidad y con un criterio amplio, superan el test de admisibilidad (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
5.2. Rechazo de la excepción de falta de legitimación. Costas.
Frente al rechazo de la demanda, no existe agravio concreto que pueda esgrimir el demandado sobre la fundamentación del pronunciamiento apelado, y en particular en orden al rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva, sin perjuicio de que lo argumentado al respeto tenga tratamiento implícito al tratar el recurso de la demandada (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Diferente es lo acontecido con la imposición de costas.
Cuando se oponen excepciones previas como lo sería la excepción de falta de legitimación pasiva (arts. 344 y 345, C.P.C.C.), y se difiere su tratamiento -por no ser manifiesta- para el momento de la sentencia definitiva, oportunidad en la cual si bien se la rechaza por improcedente, se rechaza la demanda por prosperar otra de las defensas opuestas, no corresponde imponer las costas por el rechazo de dicha excepción, ya que su tratamiento integra el análisis de las diferentes defensas efectuadas por la demandada, debiendo regir el principio objetivo de la derrota y la calidad sustancial de vencido (art. 68, C.P.C.C.). Por ello, es improcedente la imposición de costas en forma autónoma por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, la cual se deja sin efecto (arts. 68, 345, 349 y 351, C.P.C.C.; esta Sala, causa 115.789, 3/12/2015, 3/12/2015, “Navarro, Karina Beatriz y otro/a c/Martina, Francisco Victorio s/Daños”). En dicho caso, la excepción de falta de legitimación pasiva no implicó la formulación de un incidente en los términos del art. 175 del C.P.C.C., sino una defensa más dentro del mismo proceso, tal como se regula en el Cap. III, del Titulo II del Libro Segundo, parte especial, del C.P.C.C. Por ende resulta inaplicable el art. 69 del Código ritual (Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala III, La Plata, causa 229.173, 17/2/98, “Izcurdia, Carlos Luis y otro c/Carbone, Oscar Andrés y otro s/Daños”), sino la introducción de una cuestión que por no ser manifiesta debe ser resuelta -al igual que las demás defensas- en oportunidad de dictarse la decisión definitiva, al que la imposición de costas (esta Sala, causa B. 80.115, 6/12/94, “Vouk, Carlos c/Calcon S.A. y ot. s/Cobro de pesos”).
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la condena impuesta por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva (arts. 68, 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
5.3. Responsabilidad.
5.3.1. Dado que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra en vigencia desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, y a la fecha del hecho ilícito base de la demanda regía el derogado Código Civil, en materia de responsabilidad será aplicable lo normado por esta última norma (arts. 3, Cód. Civ.; 7, C.C.C.N.), sin perjuicio de que en aquellas situaciones donde no se ha operado el consumo jurídico, se aplique la nueva normativa, como lo es con los intereses devengados a partir de la vigencia de la nueva normativa -tal como se ha resuelto en la instancia de origen-.
En el Código Civil, a la par de un régimen construido con base subjetiva, donde el título de la imputación es el dolo o la culpa del agente (arts. 1074, 1076, 1077 y 1109, Código Civil), se estatuye otro donde el factor de imputación es objetivo (art. 1113, Código Civil), normalmente sustentado en el riesgo creado, en el cual la culpa del agente es irrelevante (hoy arts. 1721, 1722 y 1724, C.C.C.N.).
Y, como regulación especial en el ámbito deportivo, tenemos la ley 24.192, que establece un sistema de responsabilidad objetivo, que limita las eximentes admisibles en función del riesgo creado para el espectador o concurrente, al que pretende dar cobertura (arts. 33, ley 24.184; 51, ley 24.192), sin perjuicio de que en ciertos casos pueda ser aplicable la responsabilidad solidaria que establece el art. 40 de la ley de defensa del consumidor, que incluye al productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.
5.3.1. La mera existencia de lesiones en el actor -hecho que arriba indiscutido- es insuficiente para responsabilizar a la liga de fútbol demandada, ya que es necesario establecer un nexo causal suficiente a fin de atribuir responsabilidad por las lesiones que se esgriman, prueba que pesa sobre la actora, sin perjuicio de que las eximentes legales están a cargo de quien las invoca (arts. 3, 43, 499, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1074, 1109, 1113, 1197 y 1198, Código Civil; art. 51 de la ley 23.184 -texto según ley 24.192-; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
5.3.2. El planteo central de la parte actora se erige en que el supuesto organizador demandado -Liga de Fútbol de Saladillo- es responsable por la agresión que sufrió el árbitro a raíz del golpe de puño que le propinó uno de los jugadores durante un partido de fútbol e invoca la aplicación del art. 51 de la ley 24.192 y 1113 del Código Civil, normativa que según su entender establece una responsabilidad objetiva, aunque luego dice que hubo una omisión del deber de seguridad que hace aplicable el art. 1109 del Código Civil (responsabilidad subjetiva).
Agrega que la cancha no estaba habilitada -a fs. 387 la municipalidad informó que la cancha de Huracán no estaba habilitada, a fs. 420/427 obra un informe de inspección de dicha cancha realizado por APREVIDE del 7/11/2008 que no se refiere a la habilitación y a fs. 521 un informe de APREVIDE que el estadio del Club Huracán de Saladillo se encontraba habilitado para realizar espectáculos deportivos el 17/10/2010-, aunque no indica cómo es que los daños que sufrió el actor tienen relación con dicha habilitación, ni se entiende como es que la habilitación hubiera podido impedir la ilícita agresión que sufrió el árbitro del encuentro, lo cual descarta la operatividad de dicha argumentación, más allá de que la falta de aptitud del campo de juego no ha sido probada (arts. 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
Luego, dice que no se ha contratado personal policial de custodia, aunque no indica con argumentos de peso cómo es que custodia hubiera podido impedir la agresión que sufrió, por lo que no es una crítica atendible, más aún cuando del acta de fs. 1 de la causa penal que obra por cuerda surge la presencia de personal policial cubriendo el servicio de cancha, lo cual hace que dicha crítica pierda consistencia (arts. 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
Por último, la considera responsable por no contratar un seguro obligatorio conforme la ley 19.628 -del informe de fs. 261/265 no surge la contratación de un seguro-, aunque omite considerar que dicha norma establece un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran los espectadores de justas deportivas, siempre que exista control de entrada (art. 1) y que dicha normativa no incluye a los árbitros, por lo que no existe incumplimiento legal en tal sentido que tenga peso para modificar lo resuelto (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
5.3.3. Dando respuesta al primer párrafo del punto anterior -ya que los interrogantes siguientes ya fueron despejados-, debo advertir que todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes, con fundamento general en los arts. 42, Constitución Nacional; 902, 1074, 1109, 1113 y 1198 del Cód. Civil y el art. 51 de la ley 24.192.
El tema es que el actor no es un espectador, asistente o “concurrente” al evento deportivo, sino un “protagonista” del mismo -conf. art. 43, ley 24.192-, lo cual limita la aplicación del régimen objetivo de la ley 23.184 -texto según ley 24.192-, tal como se desarrollará más adelante.
5.3.3.1. No es ocioso recordar que la obligación de seguridad (cuyo antecedente se remonta a los estudios efectuados por el italiano Luigi Mengoni en el año 1954, “Obligazioni di resultato e obligación di mezzi”, en Revista di Diritto Comerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni), es la obligación expresa o tácita, anexa e independiente del deber principal, existente en todo tipo de contrato, por la cual el deudor garantiza objetivamente al acreedor que, durante el desarrollo efectivo de la prestación planificada, no le será causado daño en otros bienes diferentes de aquel que ha sido específicamente concebido como objeto del negocio jurídico (ver Agoglia, Boragina, Meza, “Responsabilidad por incumplimiento contractual”, Ed. Hammurabi, 2003, pág. 131).
Ese deber de seguridad que tiene la entidad deportiva para con los espectadores, ya sea entendido como una obligación de medios o de resultado, tiende a que quienes asisten a un espectáculo lo hagan en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos.
La doctrina es conteste en que los contratos no se encuentran formados sólo por lo que fue expresamente incorporado por las partes, sino que, además, tiene también un contenido virtual que excede su estrecho marco, concluyéndose que el contenido del contrato va mucho más allá de las estipulaciones previstas por las partes, criterio que fue ampliado a múltiples especies de contratos. De tal manera, y como acertadamente observa Louis Josserand, se produjo una inflación obligacional al incorporarse a la esfera del contrato deberes que anteriormente se consideraban ubicados fuera de su marco específico (cfr. Diez Picazo, Luis, “Derecho de Daños”, Editorial Civitas, Madrid, 1999, pág. 235 y ss.). Dicho ensanchamiento, junto con otras mutaciones sustanciales, es el resultado de la tendencia hacia el favorecimiento de las indemnizaciones; es la respuesta de la sociedad ante la proliferación de los daños, la reacción del derecho frente a una sociedad de masas. Mientras que el hombre en la antigüedad se limitaba a atribuir la producción de ciertos perjuicios a la fatalidad o a la desgracia, el hombre moderno se propuso (cada vez con mayor énfasis), la búsqueda de alguien que reparase, naciendo de tal empresa la más diversas soluciones, entre ellas el instituto de la obligación de seguridad en discusión y análisis (Ubiria, Fernando-Eribe, Federico, “La obligación de seguridad. Su actual concepción en doctrina y jurisprudencia”, Conceptos, Bs. As., Sept-Dic. 2002, págs. 23/9).
En cuanto a los encuentros deportivos, se ha dicho que “La seguridad -que en este caso debe ser entendida como el simple derecho de asistir a un espectáculo público sin sufrir daño alguno- es un propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de quienes los organizan cuando éstos importan algún riesgo para los asistentes, así como de las autoridades públicas encargadas de la fiscalización", agregando que "se trata de la seguridad entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas. La incorporación de este vocablo en el art. 42 de la Constitución, es una decisión valorativa que obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos" (CSN, 6/3/2007,"Mosca", Fallos 330:563, considerandos 7 y 10).
La frecuencia de hechos de violencia, ocurridos al ingreso y/o egreso de los estadios de fútbol -tanto en el momento de los hechos como en la actualidad-, hace que no se los pueda considerar como extraordinarios y/o imprevisibles. En consecuencia, la autoridad encargada de la seguridad incurre en responsabilidad civil si no prevé lo que es previsible, si no organiza la circulación o desconcentración del público de manera de evitar incidentes.
El incremento del riesgo derivado de la peligrosidad que han asumido en los últimos tiempos las justas deportivas -especialmente las de concurrencia masiva con la problemática anexa de la responsabilidad de los daños causados por fanáticos, “hinchas” y “barras bravas”- ha merecido la atención específica del Congreso, que ha sancionado la ley 23.184 para evitar la reiteración de hechos que afectan a los concurrentes a los estadios y, a veces, a personas totalmente ajenas al desarrollo del espectáculo mismo (CSN, Fallos 317:226, considerando 9)¹.
Ya ha puesto de relieve esta Sala, que lamentablemente existe un sector de inadaptados, que sólo conocen la fuerza irracional, y que pareciera que tienen como meta la destrucción de personas -lesionan y matan- y de bienes. Las sanciones graves que contienen las leyes penales (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ley 24.192 -B.O. 26/3/93-), no los detienen y siguen cometiendo delitos con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo. Las fuerzas policiales destacadas, a su vez, en esos lugares y circunstancias suelen resultar impotentes para prevenir y evitar los desmanes delictivos. Suelen sucederse así las lesiones y homicidios, imperando lo brutal e irracional, engendrado por minúsculos grupos, que como paradoja trastocan una fiesta deportiva en un suceso trágico, que como tal infunde terror.
De allí que las entidades o asociaciones particulares que participan de un espectáculo deportivo de las características del de autos, asumen una actividad riesgosa, y todas ellas son solidariamente responsables de los daños que sufren los espectadores (art. 51, ley 23.184 -texto según ley 24.192-) (esta Sala, causa B-81.344, 9/4/96, “Moyano, Rubén Ovidio Oscar c/Policía de la Provincia de Buenos Aires s/Daños”, RSD. 52/96).
5.3.3.2. Antes de seguir con dicho análisis, corresponde agregar que la Liga de Fútbol de Saladillo es una asociación civil sin fines de lucro, que aglutina a los clubes de fútbol de la ciudad y partido de Saladillo, siendo una entidad de segundo grado que tiene personería jurídica (ver informe de fs. 320 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas) y se encuentra afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.). La propia demandada reconoce que efectuó el correspondiente fixture de los partidos entre los clubes participante y constituye el Tribunal de Disciplina, aunque niega haber contratado al árbitro y al personal de seguridad, y el carácter de “organizador”, calidad que, a su entender, recae sobre el club “Unión”. Por de pronto, es una entidad que al coordinar la acción de las entidades que practiquen ese deporte, y dentro de la amplia funcionalidad que le asigna el "estatuto", tiene el gobierno, coordinación y dirección del fútbol en los distintos clubes asociados (conf. arts. 1, 2 y 3, del Reglamento del Consejo Federal del Fútbol), por lo que no puede eludir su carácter de “organizador”.
Conforme dicho reglamento, no deberán designar para dirigir partidos oficiales, a árbitros que no tengan inscripción registrada y actuación regular en la Liga o en otra Liga afiliada (punto XVIII del art. 12), deben ratificar ante la AFA la inscripción de los jugadores de sus Clubes afiliados (art. 15), deben solicitar autorización al Consejo Federal para la realización de partidos entre los equipos de distintas ligas afiliadas (art. 17), tienen prohibido disputar encuentros con instituciones no afiliadas (art. 18), aspectos que no se observan ni denuncian transgredidos por la liga demandada.
La calidad de organizadora del encuentro deportivo en cuestión, también tiene base en la documental aportada por la propia demandada -planilla de jugadores y cuerpo técnico de fs. 70/73, 75/76 y 78/79, que alude a "partidos organizados por la Liga de Fútbol de Saladillo" e informes arbitrales de fs. 74, 77 y 80 en planillas de la “Liga de Fútbol de Saladillo”-, y no existen elementos que permitan concluir que le es ajena, lo cual torna estéril la crítica de la demandada al respecto (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
Ahora bien el carácter de “organizador” es insuficiente para atribuirle responsabilidad a la Liga de Fútbol de Saladillo, pues el supuesto de autos -golpe de puño al árbitro por un jugador durante un partido de fútbol- escapa al marco de actuación de la ley 23.184 -texto según ley 24.192- y los hechos acaecidos no tienen relación con la función de representación, organización o gobierno que pueda realizar. No se ha demostrado que el jugador que agredió al actor sea su “dependiente” -en sentido lato o amplio-, haya estado impedido de intervenir y/o haya recibido sanciones por hechos similares que lo debieron inhabilitar para participar y/o tuviera antecedentes por agresiones al árbitro. No se observa una desatención negligente o irregular en el actuar de la liga demandada, ni descuido u omisión que de haber actuado de otra manera hubiera podido evitar la agresión, ni que el jugador agresor pueda ser considerado su "dependiente", ni que el árbitro haya estado irregularmente designado.
No se trata de la actuación de una cosa riesgosa de la que tuviera la guarda o de un espectador que ingresó al predio y es agredido por la hinchada del otro club, sino de la actuación de un jugador de fútbol que, en una acción ajena al desarrollo del juego y antirreglamentaria, agrede al árbitro. No se alega tardía atención de este último, ni incumplimiento que tenga relación con la acción ilícita -golpe de puño- y los daños que de ella se derivaron.
De lo contrario se le exigiría un plus de actividad genérico, innominado y variable, fundado en el innegable "deber de seguridad", que extendería los alcances de su deber de reparar a consecuencias aun remotas, contrariando lo prescrito por el art. 906 del Código Civil sin un sustento normativo concreto (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 401 y 456, C.P.C.C.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¹ La ocurrencia de daños en los encuentros deportivos -especialmente en los partidos de fútbol- es una lamentable realidad que se registra cotidianamente en nuestra sociedad, “siendo su causa la violencia de las hinchadas como también la inadecuación de los estadios y la falta de medidas tendientes a evitarlos” (CSN, Fallos 317:1124, considerando 9°). La respuesta del legislador fue sancionar un régimen de responsabilidad civil “que se aplica a una actividad riesgosa en la generación de espectáculos en estadios deportivos. No se trata de cualquier espectáculo deportivo sino de aquél que se realiza en un estadio, con todas las conductas que implica traer una multitud para que se someta a una situación riesgosa: convivir dentro de un estadio” (conf. Diputado Cornaglia, “Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación”, días 29 y 30 de mayo de 1985, pág. 719). No debe perderse de vista que el factor de atribución genérico debe ser aplicado en función de los mencionados elementos de concretización de la regla general (arts. 1 y 2, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
5.3.3.3. En cuanto a la aplicación de la ley provincial 11.929 (B.O. 20/1/97), que consideró inaplicable la jueza de origen pese a que no había sido invocada por el actor en su demanda, lo cierto es que dicha normativa establece un régimen contravencional en los espectáculos deportivos para las faltas que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, que es ajeno al reclamo resarcitorio de autos, por lo que -tal como se dijo en la sentencia- no resulta aplicable al supuesto en análisis. Ello sin perjuicio de que dicha la ley 11.929 menciona expresamente al organizador en el caso de los arts. 14 (arresto y/o prohibición de concurrencia al que ocasione alteraciones al orden público o incitare a la violencia) y 21 (multa por infracción en materia de seguridad), y de que pueda serle aplicable en otros supuestos.
5.3.3.4. Con referencia a lo normado por la ley 23.184 -texto según ley 24.192 (B.O. 26/3/93)- promulgada el 21 de junio de 1985 (B.O. 25/6/85), que establece un régimen penal (arts. 1 a 13) y contravencional (arts. 14 a 43) para la violencia en los espectáculos deportivos, dispone que por “Concurrente” se entiende al que se dirige al lugar de realización del espectáculo deportivo, el que permaneciere dentro de aquél y el que lo abandonara retirándose”, dice que “Organizador” se considera a los miembros de comisiones directivas, dirigentes, empleados o dependientes de las entidades participantes o que organicen los espectáculos deportivos, sean oficiales o privados” y que “Protagonista” son los deportistas, técnicos, árbitros y todos aquellos cuya participación es necesaria para la realización del espectáculo deportivo de que se trata (art. 45), en el Capítulo VI, titulado “Responsabilidad Civil”, contiene un único artículo, el 51, que dispone que “Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios” (el art. 33 de la ley 23.184 en su redacción original tenía un contenido similar, aunque contenía como factor de liberación a la culpa de la víctima).
La responsabilidad que consagra la Ley 23.184 no se atribuye sólo a la entidad que se encarga de la organización en forma directa o aquella que contrata con el espectador. No es la función económica del contrato o de los negocios coligados, ni el lucro, lo que fundamenta el deber de responder que impone. El criterio es más abarcativo en atención al interés social comprometido: la prevención por los daños y la protección de las víctimas de estos sucesos, para lo cual ha extendido a otros partícipes la responsabilidad por sus consecuencias, en forma solidaria. Por ello, entiendo que esa participación a la cual alude el texto legal, ampliando el abanico de legitimados activos y pasivos, puede consistir en diferentes aportes relevantes de otras entidades o asociaciones, vinculadas en orden al resultado perseguido: la realización del evento (Cám. Civ. y Com. 2da., Sala I, La Plata, 93.642, “Vargas” y sus acumuladas 93.642/1 “Orelli” y 93.642/2, “Coletti”, 31/7/2012, RSD. 111/2012), situación en la que encuadra la liga demandada.
Además, el art. 51 establece la solidaridad entre los obligados, que hubiese sido simplemente mancomunada o “in solidum”, conforme al régimen general (conf. art. 701, Código Civil; SCBA, Ac. 61.601, 7/7/98; C. 63.430, 29/9/98). Ello sin perjuicio de las acciones de contribución que correspondan entre los responsables.
Dicha responsabilidad es de carácter objetivo (la teoría del riesgo creado o riesgo del espectáculo es el fundamento de la responsabilidad que surge de la ley 23.184), ya que se debe resarcir al espectador -o futuro espectador- damnificado, en estadios de concurrencia pública, sin que importe su causa inmediata y aunque se demuestre que no incurrió en culpa, restringiéndose la causal de exención -total o parcial- a la llamada “culpa de la víctima”, además de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor externo o extraño a la actividad deportiva (ver en este sentido: CSN, considerando 9° del voto mayoritario, párrafo sexto, Fallos 321:1124, “Zacarías”; Cám. Civ. y Com., Sala II, San Martín, 15/3/2001, “González, Javier Alejandro c/Club Atlético Chacarita Juniors s/Daños”, RSD. 61/2001, Cám. Civ. y Com. 2da., Sala I, La Plata, 93.642, “Vargas” y sus acumuladas 93.642/1 “Orelli” y 93.642/2, “Coletti”, 31/7/2012, RSD. 111/2012). La expresión “daño sufrido… durante su desarrollo”, contenida en la Ley 23.184 (art. 33), luego ampliada por la ley 24.192 los “daños y perjuicios que se generen en los estadios”, no posee carácter restrictivo. Acotar la responsabilidad civil solidaria a los hechos ocurridos “durante” el espectáculo, entendiendo por tal el partido de fútbol o evento deportivo del que se trate, se halla en la contradicción con la finalidad del régimen legal, por colocar en situación de desamparo a quienes experimentan daños antes del cotejo o finalizado éste. Una interpretación finalista e integradora de la norma permite concluir, entonces, que el régimen se aplica a los hechos dañosos que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, en estadios de concurrencia pública antes, durante o después de la confrontación que los convoca (Cám. Civ. y Com. 2da., Sala I, La Plata, 93.642, “Vargas” y sus acumuladas 93.642/1 “Orelli” y 93.642/2, “Coletti”, 31/7/2012, RSD. 111/2012).
Tal estándar evita que la responsabilidad alcance a hechos medianamente conectados, como son los daños sufridos por personas que están lejos y que son dañados por otros participantes o asistentes al espectáculo fuera del área de control del organizador.
En el contexto de la ley 23.184 el hecho del tercero por el que no se debe responder no ha sido contemplado como eximente de responsabilidad. No podría ser de otra manera, como aporta Vázquez Ferreyra (“La violencia en los espectáculos deportivos. Responsabilidad civil en la ley 23.184”, L.L. 1985-E, 587), si así fuera, la víctima quedaría desprotegida frente a los daños producidos por la acción de las “barras bravas”, que es ni más ni menos que uno de los motivos que inspiró la sanción de la norma en cuestión (SCBA, C. 117.127, 22/4/2015, “Courouniotis, Federico c/Club Estudiantes de La Plata y otros s/Daños”).
Así, resulta indiferente para la ley si el perjuicio sufrido por la víctima obedece a la violencia de las llamadas barras bravas, o a una avalancha no intencional producida en las tribunas, o a la deficiencia de las instalaciones (Vázquez Ferreyra, Roberto, “La violencia en los espectáculos deportivos. Responsabilidad civil en la ley 23.184”, L.L. 1985-E, 585).
Este régimen, que tiende a tutelar a los espectadores con el fin de que las instituciones deportivas tomen medidas para prevenir el riesgo, no deroga ni excluye al Código Civil -que también contempla al deber de seguridad-, sino que establece un régimen complementario de responsabilidad civil -aunque más riguroso-, lo cual la diferencia de otras disposiciones que crean un subsistema autónomo, con efectos derogatorios o excluyentes de la norma general, como ocurre en el caso de los accidentes de trabajo.
En definitiva, la ley 23.184 ha adaptado el art. 1113 del Código Civil a las especiales características de tales espectáculos deportivos, lo cual es razonable y tiene como finalidad la prevención del daño -a través de la toma de conciencia del ensanchamiento de la responsabilidad- y la protección de la víctima.
En consecuencia, la entidad organizadora debe responder por tener a cargo el control de la seguridad del espectáculo, quedando excluidos del mismo los daños causados por un protagonista del espectáculo (deportista, técnico, árbitro o participante necesario -art. 45-) a otro protagonista, debiendo analizarse esa responsabilidad en base a la normativa común (Código Civil), donde el organizador responde objetivamente por hechos vinculados inmediatamente a su accionar y previsibles al momento de organizar el espectáculo.
Al respecto, la jurisprudencia bonaerense ha dicho que no es aplicable la ley especial -ley 24.192- sobre responsabilidad en los espectáculos públicos, al caso de daños causados por un protagonista del espectáculo a otro protagonista, sino los principios generales que rigen la responsabilidad de los jugadores por el daño causado a otros jugadores o a terceros (Cám. Civ. y Com., Sala II, Azul, 2/8/2005, RSD. 48202, “Longo, Daniel Oscar c/Club Atlético Racing s/Daños” -director técnico agrede a un jugador del equipo contrario-; Cám. Civ. y Com. Junín, causas 638-2007, del 25/11/2010, “Kenan, Matías Adrián c/Martínez, Dardo y Club Rivadavia de Lincoln s/Daños” -preparador físico agrede a jugador del otro equipo-; 43.967, 13/7/2010, RSD. 178-51, “Lincon, Fernando Horacio c/Girard, José María, Club B.A.P. y Club Argentino de Rojas s/Daños” -agresión de un jugador al árbitro-).
Y que pese a que pueda afirmarse que la modificación efectuada a la ley 23.184 ha tenido por finalidad extender la protección especial de la ley aludida a personas diversas de los "espectadores" stricto sensu, no es dable predicar que dicha expansión llegue al extremo de admitir la aplicación del régimen especial de marras (responsabilidad objetiva) en hipótesis absolutamente ajenas a la télesis del citado cuerpo normativo, como son las lesiones sufridas por los deportistas a partir de contingencias normales del juego (SCBA, C. 101.652, 10/10/2012, “Montenegro Velázquez, Fernando Martín c/Club San Ignacio y otro s/Daños”).
Teniendo en cuenta el verdadero alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto, la referencia a "cualquier daño generado en un estadio" (art. 51, ley 24.192) debe ser interpretada en el contexto legislativo al que está integrado y, en particular, a la finalidad protectoria de dicho marco normativo, especialmente orientado a prevenir, sancionar y reparar episodios de violencia en los espectáculos públicos, y no a remediar las posibles lastimaduras experimentadas por los deportistas durante la práctica normal de la disciplina (SCBA, C. 101.652, 10/10/2012, “Montenegro Velázquez, Fernando Martín c/Club San Ignacio y otro s/Daños”).
No se desconoce que una cosa es que un jugador padezca una lesión causada en la disputa por la pelota (que puede dar lugar a la sanción del que la ha provocado según el reglamento del deporte) y otra cosa es que el árbitro sufra una lesión causada por la disconformidad con su referato, que nunca puede justificar una golpe de puño. Aun cuando se sostenga que el ejercicio de un deporte tiene riesgos inherentes que son asumidos por el jugador -y demás participantes- y que la autorización o habilitación crea una presunción de licitud, ello no debe llevarnos a mantener tal conclusión cualquiera sea la conducta asumida por el deportista, como sucede frente a un comportamiento doloso, esto es un actuar intencional que exorbita la mera infracción reglamentaria. Lo que sucede es que la reparación, en este caso, debe buscarse bajo la órbita del Código Civil y fuera del microsistema que establece la ley 24.192.
Por ello los hechos del sub lite distan de asemejarse a los considerados en oportunidad de aplicar la ley 23.184, lo cual exige una diferente valoración por cuanto, en la especie, el impugnante no reviste la condición de “concurrente” sino la de “protagonista" (arts. 45 y 51, ley 24.192).
Así se ha dicho, en un supuesto donde se trató de establecer la responsabilidad del organizador del evento frente a un jugador del equipo visitante con el cual no tiene relación de dependencia, ni su condición es la de espectador a que se ha hecho referencia, amparado también por la mencionada ley [23.184], que su aplicación analógica no resulta posible (ver CSN, considerando 10, primer párrafo, causa “Zacarías, Claudio H. c/Córdoba, Provincia de y otros s/Sumario”, 28/4/98, por mayoría, Z.15.XXIII; SCBA, C. 101.652, 10/9/2012, “Montenegro Velázquez, Fernando Martín c/Club San Ignacio y otro s/Daños” -daño sufrido por un jugador en un partido de Rugby-), lo cual constituye doctrina legal aplicable (art. 161, inc. 3 a, Const. Prov.), que hace que el precedente citado por el recurrente (“Linardi c/Machado”) no resulte aplicable.
Siendo que el régimen de responsabilidad objetiva emergente del art. 51 precitado no rige para el caso de autos, el cual se debe resolver según lo normado por el Código Civil, que también establece un deber de seguridad, cabe analizar hasta donde llega la obligación y/o el deber de seguridad de la Liga de Fútbol de Saladillo respecto de los partidos de fútbol que organiza.
5.3.3.6. Despejada la temática referente a la aplicación de la ley 23.184, corresponde avanzar en orden a la responsabilidad en base al Código Civil.
La actora basa la responsabilidad de la liga de fútbol demandada en la calidad de “organizador” del evento deportivo en cuestión y el deber de seguridad que emerge de ello, lo cual importa un supuesto de responsabilidad directa basada en la falta de servicio e impone analizar en concreto la existencia de tal calidad, la naturaleza de la actividad, los medios con que se dispone el servicio -ya sea por acción u omisión-, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Si bien el club “Unión” asumió en su calidad de local la condición de organizador del espectáculo deportivo, por lo que tuvo el deber de tomar todas las medidas necesarias para que el evento se desarrolle normalmente, sin peligro para el público y los participantes (CSN, Fallos 321:1124, considerando 11), para ello debe impedir el ingreso de inadaptados, y exigir a los concurrentes el cumplimiento de las leyes y reglamentos, extremando las medidas de seguridad a la entrada de los estadios -por ejemplo, revisando bolsos, paquetes, portación de armas, etc.- (fallo citado, considerando 14), ello no impide que pueda tener tal calidad la liga demandada, aun cuando se puede considerar que la misma organizó el campeonato, programó los partidos y tuvo el poder de juzgar las eventuales inconductas de los protagonistas de los partidos, ya que controla todo lo relacionado con la organización y desarrollo de los partidos que integran la fecha de cada campeonato de fútbol.
Excluida la presencia de una situación de responsabilidad objetiva con base en la ley 23.184, resulta relevante diferenciar las acciones de las omisiones. Así, corresponde distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados, en los que puede identificarse una falta de servicio, de aquellos otros casos en los que la liga de fútbol -y los entes que la integran- están obligados a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible (v.gr. la integridad física de los espectadores que concurren a un evento deportivo), lo cual -conforme se ha desarrollado precedentemente- no debe llevarse a extremos inadmisibles, ya que de lo contrario no existiría prácticamente acto ilícito frente al que no pudiera hacerse jugar la responsabilidad. Ello acontece con las consecuencias dañosas que se produzcan por hechos extraños a su intervención.
En este aspecto, la Corte Nacional ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada de las acciones, aunque no ha ocurrido lo mismo con las omisiones (CSN, caso “Mosca” ya citado).
No puedo soslayar en el análisis del caso el principio contenido en el art. 902 del Código Civil -hoy art. 1725, C.C.C.N.-, especialmente aplicable cuando el obligado por el “deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas”, siendo un deber primario de la liga de fútbol demandada prever y promover la seguridad en la realización de los eventos deportivos.
En este sentido -reitero- no se le endilga a la Liga de Fútbol de Saladillo una falta concreta que tenga relación causal adecuada con la lesión producida (golpe de puño de un jugador al árbitro), ni se ha demostrado que el jugador en cuestión no haya sido debidamente sancionado por hechos anteriores, ni habilitado para participar en el encuentro.
Si bien no se advierte -por parte de la Liga de Fútbol de Saladilloacción u omisión que hubiera impedido la agresión del actor (se contrató a un árbitro habilitado, no se ha probado que el jugador tuviera antecedentes agresivos que pudieran aconsejar su exclusión de la liga, ni se esgrime medida concreta de seguridad que hubiera permitido evitar la agresión) -ampliar con lo expuesto en el punto 5.3.3.2-, es importante destacar que en el mencionado caso "Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios" (Fallos 330:563), la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó la ley 24.192 y concluyó que la Asociación Argentina de Fútbol debía responder en forma solidaria con el club demandado por los daños padecidos por un sujeto en ocasión de un espectáculo deportivo en su carácter de "participante" (art. 51, ley citada), lo cual no se aplica a la liga de futbol demandada ya que -reitero- el caso de autos esta fuera de dicho sistema especial o “microsistema” de responsabilidad.
Volviendo al tema del “protagonista”, cabe destacar que mientras el jugador actúe sin transgredir las reglas del juego no incurre en responsabilidad civil por el daño que pueda causar a un contrincante, siendo el acto realizado lícito, pues mientras no medie abuso -o una situación ilicitano hay responsabilidad, correspondiendo agregar que los participantes del encuentro -jugador, árbitro, espectador voluntario del juego- se exponen a las contingencias o riesgos propios del juego en el que ha aceptado voluntariamente participar, de ahí que por ejemplo no es reprensible o responsable un jugador de fútbol que lesiona a otro al chocar violentamente con él con el afán de la disputa por la pelota -o cuando la lesión proviene de un pelotazo no intencional-, siéndolo cuando el daño se comete en infracción a aquellas reglas del juego y la lesión deriva de haber cometido una falta con intencionalidad o dolo (conf. Cám. Civ. y Com. Sala I, Quilmes, 11.078, 15/12/2008, RSD. 88/2008, “Rodríguez, Carlos c/Moriset, Rosendo s/Daños”).
Ello, por cuanto se trata de una contingencia más o propia del deporte practicado, donde los roces son lícitos y permitidos por las reglas del juego de fútbol (Cám. Civ. y Com. Dolores, 74.658, 3/8/2000, RSD. 318/2000, “Salinas, Carlos Alberto c/Círculo de Suboficiales de Agentes de la Policía Bonaerense s/Daños”).
El tema complica frente a una inobservancia grosera del reglamento del juego o por la comisión de una acción concretada con la “intención de provocar daño”, donde si bien las lesiones físicas sufridas durante el partido pueden ser producto de los riesgos corridos por el jugador o protagonista, cabe la posibilidad de indemnizar (arts. 905, 1074, 1109 y 1113, Código Civil).
Si la situación es totalmente antirreglamentaria y fuera de las contingencias propias del juego, donde uno de los participantes trompea a otro y lo lastima, es indudable que debe reparar ese daño. Si lo hace en un ring y en una pelea concertada, no hay responsabilidad alguna. Es que cuando el juego es lícito y lleva un componente de riesgo para la integridad física de los jugadores, la actualización de esa potencialidad en un daño concreto es algo aceptado por ellos de antemano como posible y entra, de algún modo, en la categoría de quien se ocasiona su propio daño (art. 1111, Código Civil) (Cám. Civ. y Com. Sala II, San Martín, 50.741, 9/5/2002, RSD. 129-2, “Gil, Exequiel Osvaldo c/Sociedad de Fomento Deportiva y Cultural Siglo XX y otro s/Daños”).
De cualquier manera, por más que se pueda considerar configurada la responsabilidad del Club Unión, por el hecho de su jugador Luco (arts. 43, 1074, 1109 y 1113 del C. Civil), la situación no es la misma con el caso de la liga de futbol de la cual el mencionado club forma parte. En este caso el jugador es equiparado a un “dependiente” del club de fútbol del cual forma parte, noción que no requiere la existencia de un contrato de trabajo ni de subordinación económica sino su inclusión en el equipo y aceptación de integrarlo, lo que se configura con su inclusión en la nómina y participación en el evento deportivo. El tema es que no se demandó al referido club, sino a la liga de fútbol en la que participa dicha entidad, lo que lleva a analizar la relación existente entre el autor del hecho, Sr. Luco, jugador del club “Unión”, y la liga de fútbol demandada, quien esgrime su condición de tercero por el que no tiene que responder. En este sentido no observo contrato y/o situación de hecho que permita considerar que el Sr. Luco es “dependiente” de la liga de fútbol demandada; ni situación que permita considerar que dicha institución integra en forma antirreglamentaria dicha liga.
Por ello considero que no existe una acción u omisión que le pueda ser imputable a dicha liga por el hecho en cuestión (arts. 1073 y 1074, Código Civil).
El mero hecho de haber contratado al árbitro del encuentro -aspecto no probado- es insuficiente para configurar responsabilidad, ni existe circunstancia que razonablemente permita tener por operada negligencia alguna con nexo causal adecuado con el daño (arts. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1073, 1074, 1109 y 1198, Código Civil).
Consecuencia de lo expuesto es que el agresor Luco -jugador del Club Unión- reviste la condición de “tercero” por quien no debe responder la liga de fútbol demandada (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.). El incumplimiento objetivo de su obligación de seguridad es insuficiente para ello, ya que, por más que se considere que no es ajeno a la actividad, el agresor esta fuera de su marco de control y/o dependencia (arts. 3, 43, 511, 512, 513, 514, 901, 902, 903, 1074, 1076, 1109 y 1113, Código Civil).
Por los fundamentos expuestos, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo:
a) Con relación al recurso interpuesto por el actor: se rechaza el mismo y se confirma el rechazo de la demanda de daños y perjuicios interpuesta, con costas. Las costas de segunda instancia se imponen al apelante en su condición de vencido (art. 68, C.P.C.C.).
b) Con relación al recurso interpuesto por la demandada: se admite parcialmente el mismo y se deja sin efecto la condena en costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, tratada en la sentencia como una defensa, confirmando lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. En cuanto a las costas, atento la existencia de vencimiento parcial y mutuo, las de segunda instancia se imponen por su orden (art. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos: a) se Rechaza el recurso interpuesto por el actor y se confirma la sentencia en cuanto rechaza la demanda de daños y perjuicios interpuesta, con costas. Las costas de segunda instancia se imponen al apelante en su condición de vencido (art. 68, C.P.C.C.). b) se Admite parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, dejar sin efecto la condena en costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, confirmando lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. En cuanto a las costas, atento la existencia de vencimiento parcial y mutuo, las de segunda instancia se imponen por su orden (art. 68, C.P.C.C.). REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia