Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-26990071-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución (AD BARI) n° 193/17, recaída en el SIGEA n° 17781-5-2017, en cuanto ha sido materia de agravio.
2Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30107771-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Marzo de 2026 ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “SANCHO ACOSTA JOSE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 38.651-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 11/29, se presenta por apoderado el Sr. José Acosta Sancho e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD BARI) n° 193/17, recaída en el SIGEA n° 17781-5-2017, que lo condena al pago de una multa por $ 173.797,00 en los términos del 979 del C.A. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Expresa que llevaba consigo un total de U$S 10.000 dólares destinados al pago de gastos. Sostiene que el dinero era del matrimonio (Sr. José Sancho y la Sra. Gladys E. Saez) por cuanto no se excedió del monto de dinero que cada tripulante del vehículo podía llevar de viaje sin declarar. Manifiesta que no se ha infringido el régimen del art. 979 del C.A. y la Resol. Gral. n° 2705/09. Realiza consideraciones relacionada a la normativa mencionada. Hace hincapié en que no está permitido salir del país con más de U$S 10.000 dólares y que en el caso no se superó tal monto. Subsidiariamente, solicita que la base de la multa se fije sobre el excedente que fue considerado en U$S 1.986 dólares. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 39/41, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Hace consideraciones respecto de la infracción endilgada y al Decreto n° 1570/01 y sus modificaciones. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 43, se declara la causa de puro derecho. A fs. 46, se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De las actuaciones administrativas SIGEA n° 17781-5-2017 se inician, a fs. 1, con la constancia del Sistema de Intercambio Aduanero de Información Internacional. A fs. 10, obra la Declaración de Ingreso de Porte y Transporte de Efectivo n° 231698. A fs. 19, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 21, se corre vista de todo lo actuado. A fs. 22/25, se notifica (23/6/17). A fs. 35/50, contesta la vista la actora. A fs. 75/75 vta., obra el Dictamen n° 42/17. Finalmente, a fs. 78/80, se dicta la Resolución (AD BARI) n° 193/17, aquí apelada.
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada por la que se condena a la recurrente en los términos del art. 979 del C.A. se ajusta o no a derecho.
De las actuaciones administrativas surge en base al “Sistema de Intercambio de Información Internacional” entre las aduanas de Argentina y Chile, que mediante documentación aportada por el Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile, esto es la “Declaración de Ingreso de Porte y Transporte de Efectivo n° 231698”, el Sr. José SANCHO ACOSTA de procedencia argentina declaró el ingreso de US$ 11.986 dólares al realizar el ingreso al mencionado país.
En virtud de esta información, el servicio aduanero consideró que la recurrente había incumplido con las obligaciones establecidas en la Resolución General AFIP n° 2705/09 y, dispuso la apertura de sumario por la presunta infracción del art. 979 del C.A.
Al contestar la vista conferida la actora sostuvo que “al revisar el personal de aduanas de Chile el auto, constatan que en la guantera se llevaban tres sobres. Un sobre con US$ 8.000, otro con US$ 2.000 y un sobre con $ 29.000”. Además, aclaró que en el vehículo viajaban cuatro personas mayores de edad y que el dinero pertenecía a todos ellos, razón por la cual no había infringido el régimen en cuestión. Sin embargo, el servicio aduanero dictó la resolución aquí apelada por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción al art. 979 del C.A.
VI. Que en razón de ciertas particularidades que se observan en la causa, corresponde previamente expedirme sobre el ámbito espacial de validez de las normas aduaneras en razón de la jurisdicción donde acaece el supuesto hecho y la infracción aduanera que se intenta endilgar.
Es menester señalar que, sin perjuicio de haber adherido –en una causa de similares características- al voto de la Dra. Cora M. Musso en la fallo “RESSI, ENRIQUE LUIS c/ DGA”, expte. n° 38.635-A, de fecha 15/7/22, un nuevo examen de la cuestión me lleva a cambiar el criterio allí impreso toda vez que en el citado precedente no se realizó un adecuado análisis acerca de la control ejercido en el punto de frontera, con ello me refiero a que el antecedente paso por alto el hecho de que no se trataba de un control integrado entre Aduanas, sino de un control independiente y separado por parte de la Aduana del país vecino. Al respecto, entiendo conveniente aclarar que el Paso Cardenal Samoré funciona como paso internacional con controles argentinos en su “Centro de Frontera” y controles chilenos en su “Complejo Fronterizo”, pero no como “paso aduanero integrado” (control integrado binacional en una única cabecera operativa). La ficha oficial argentina del Centro de Frontera Cardenal Samoré describe operación coordinada de organismos nacionales argentinos (Migraciones, Aduana, Gendarmería, SENASA), sin describir un control integrado binacional.
Que, si bien existe un proyecto binacional específicamente titulado “Implementación del control integrado” para Cardenal Samoré, en etapa de pre-ejecución, y se habla de “paso integrado doble cabecera”, en la actualidad no es el esquema implementado (o, al menos, no como modalidad final consolidada).
Es decir, que la “integración” binacional plena aparece como objetivo/proyecto, no como descripción actual del funcionamiento, por lo que hasta el presente ambos países (Argentina/Chile) poseen controles independientes en cada país.
En ese sentido, obsérvese de las constancias glosadas en las actuaciones administrativas que la detección de la supuesta cantidad de US$ 11.986 dólares al Sr. José Sancho Acosta acaece en el ingreso a la República de Chile, por el Paso Internacional Cardenal Samoré, sobre jurisdicción de la Aduana de ese país (ver fs. 8/11 de las act. adm.).
Por lo tanto, se advierte de la propia causa que el servicio aduanero carecía de jurisdicción para imputar la calificación infraccional respectiva –referida a las transgresiones al régimen de equipaje-, toda vez que el supuesto hecho se haya fuera del territorio aduanero y externamente al despliegue de la función controladora de la Aduana.
Cabe aclarar que la situación hubiere sido distinta si se tratara de una Aduana con control integrado, ya que es un área específica dentro de un país sede donde funcionarios de un país limítrofe se encuentras habilitados por un Tratado o Convenio para ejercer sus funciones, permitiendo una extensión del territorio aduanero a los efector del control, contexto este que no se da en el caso –como fuere ya expuesto-. Que al tratarse de Aduanas independientes, una vez atravesada la zona de frontera -la cual constituye zona primaria aduanera-, en el que el servicio aduanero se encarga de controlar el ingreso y egreso de equipaje, sin que se haya advertido una consecuente ilicitud en los elementos que llevaba consigo el viajero, en ámbitos excluidos del territorio aduanero, la infraccionalidad que la Aduana intenta perpetrar carece de virtualidad.
En ese sentido, la legislación argentina admite un solo principio para la validez espacial de la normas y es el principio de territorialidad, que si bien el mismo posee algunas excepciones estas no son de aplicación al caso.
Que la jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha dicho que a las infracciones aduaneras se le aplican las reglas y principios del derecho penal, específicamente el Código Penal en su art. 1 establece como principio fundamental el de territorialidad, cuando determina que se aplicará en “los lugares sometidos a su jurisdicción”, que en materia aduanera se circunscribirse al ámbito considerado territorio aduanero. Asimismo, corresponde agregar que las circunstancias de la causa no se encuentran comprobadas habida cuenta de que la simple comunicación efectuada por la Aduana de Chile no resulta prueba suficiente a los fines de la tipificación de la infracción en cuestión, máxime teniendo en consideración que no se hayan actas o documentos emitidos por autoridades competentes al efecto que informen del egreso de los US$ 11.986 dólares que el servicio aduanero manifiesta, no encontrándose secuestrado el excedente por el que se la condena a la supuesta infracción (US$ 1.986).
Concretamente, el elemento y el acto que la ley tipifica como infracción en los términos del art. 979 del C.A. no puede verificarse en el campo de los hechos, los cuales no surgen palmariamente de la propia causa.
Por ello, en razón de las condiciones expuestas, corresponde por los fundamentos antecedentemente desarrollados revocar la resolución apelada, con costas a la demandada vencida, conforme el art. 1163 del C.A.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución (AD BARI) n° 193/17, recaída en el SIGEA n° 17781-5-2017, en cuanto ha sido materia de agravio.
2. Costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que sin perjuicio de la opinión esbozada por el suscripto con las fechas 4 de septiembre de 2024 en re “MAZA, MARÍA JOSEFA c/D.G.A. s/recurso de apelación” (Expediente EX-2023-26990071-APN- SGASAD#TFN) y 11 de febrero de 2025 in re “PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación” (Expte. n° 35.323-A), entre otros, habida cuenta las particularidades de la causa y el modo en que se decide, adhiero en lo sustancial, al voto que antecede. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución (AD BARI) n° 193/17, recaída en el SIGEA n° 17781-5-2017, en cuanto ha sido materia de agravio.
2. Costas al Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del CA Date: 2026.03.25 14:41:02 ART Date: 2026.03.25 17:24:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.25 17:25:32 -03:00
Fin de la sentencia