Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 72303533-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la sentencia dictada el 23/12/21. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, en orden a la existencia, validez, suficiencia e identidad del /los pago/s informado/s por Medix Medial Devices SRL, y se pronuncie sobre sus posibles efectos liberatorios (cfr. Considerando VII, segundo párrafo y IX).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancias que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAF 45862/2022/CA1; SANCOR COMPAÑÍA DE SEGUROS LTDA (TF 72303533–A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
DVP Buenos Aires, de febrero de 2023 PDP Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia del 23/12/21 el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría resolvió: i) declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario dispuesto en el punto 1 de la Resolución N° 6616/19 –recaída en las actuaciones administrativas N° 17124-11236-2015–, con costas al Fisco Nacional y, en consecuencia, ii) ordenar a la DGA que corra la vista dispuesta en el art. 1101 del CA, prosiga con la tramitación del sumario infraccional y, emita una resolución, velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en plazo razonable, teniendo en consideración la alegada cancelación de los tributos por parte de la importadora.
Para así resolver, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y señalar que se había declarado la excepción de nulidad opuesta por el recurrente como de previo y especial pronunciamiento, indicó que de la compulsa del Expte. Admin N° 17124-11236-2015 surgía que el mismo se había originado con la presentación del despachante de aduana de la firma importadora, quien el 30/11/15 había solicitado la liberación de las garantías otorgadas respecto de la importación temporaria documentada mediante DIT N° 12 073 IT14 001271 F y con la consecuente formulación –por parte del servicio aduanero– de la denuncia respecto de la dicha destinación, por la presunta infracción al art. 970 del CA. Puntualizó que el referido procedimiento había culminado con el dictado de la Resolución DE PRLA Nº 6616/19, conforme la cual se dispuso la apertura y el archivo del sumario, sin perjuicio de la formulación de los cargos por tributos adeudados en concepto de derechos de importación.
Explicó que el procedimiento que había comenzado siendo infraccional, culminó con el archivo de las actuaciones y la formulación de cargos por tributos adeudados, motivado en el hecho de que la pena impuesta era inferior al importe previsto en la IG 9/17, por lo que se entendía que el servicio aduanero había considerado implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria, en los términos del art. 274 del CA. Por otro lado, luego de transcribir parte del art. 1101 del CA, señaló que con posterioridad al acto de apertura de sumario, el servicio aduanero consideró innecesaria la intervención del presunto infractor, por lo que no se le corrió vista. En esta línea, puso de resalto que la única notificación cursada lo fue a los efectos de dar a conocer el dictado de la resolución apelada, sin haber dado la correspondiente intervención para que esgrimiera las defensas que se consideraran pertinentes, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del CA. Por ello, entendió que el proceder del servicio aduanero afectó el derecho de defensa del encartado así como los más elementales principios de derecho procesal y el debido proceso. Por su parte, y en atención a la naturaleza de la infracción investigada, esgrimió que la potestad aduanera de disponer el archivo del sumario –con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la acción–, nacía cuando la referida infracción había quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado, por lo que no se trataba únicamente de verificar el monto por el cual precedería la multa, sino que resultaba imperativo determinar la existencia misma de la infracción para que, a la postre, se hiciera lugar a la aplicación de la multa.
En virtud de ello, manifestó que no resultaba procedente ninguna exigencia tributaria, habida cuenta de que su existencia nacía necesariamente como consecuencia del incumplimiento del art. 970 del CA, el cual no había sido constatado en las actuaciones administrativas. En consecuencia, concluyó que la omisión de correr vista conforme al art. 1101 del CA tornaba nulos todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, por carecer de sustento legal y fáctico al pretender fundamentarse en una imputación que no sólo no fue comprobada, sino también fue dictada sin que el imputado…pudiera participar en el proceso y defenderse.
Finalmente, remarcó que las constancias de pago acompañadas por la actora –referidas a la cancelación de los tributos por parte de la importadora–, en virtud de las cuales solicitaba la liberación de las pólizas, CAF 45862/2022/CA1; SANCOR COMPAÑÍA DE SEGUROS LTDA (TF 72303533–A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO debían ser tenidas en cuenta por la DGA a los fines de dar solución apropiada a la cuestión debatida en autos.
II. Que contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo el recurso de apelación el 11/03/22 [16:42 hs], expresando sus agravios el 04/04/22 [23:34 hs], los que fueron replicados por la contraria el 11/04/22 [15:28 hs].
La representación fiscal sostiene que el Tribunal Fiscal erró en su decisorio.
Señala que el Tribunal Fiscal declaró la nulidad del acto, sin perjuicio de que la actora había tomado conocimiento de los hechos imputados, pudiendo ejercer debidamente su derecho de defensa.
Con basamento en diversas posturas doctrinarias, esgrime que siempre ha de estarse a la validez del acto administrativo, máxime cuando en el presente caso nos encontraríamos ante un vicio de gravedad inferior y por ello, siendo subsanable el vicio, la declaración de invalidez del acto es constitutiva, o sea, produce efectos solo para futuro. En virtud de ello, argumenta que al estarse ante un acto anulable, se lo debe reputar por válido hasta su declaración de nulidad, pudiendo ser subsanado.
Finalmente, y con sustento en jurisprudencia de esta Alzada, asevera que no es condición necesaria para el nacimiento de una obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera en los términos del art. 970 CA.
Solicita que se deje sin efecto la sentencia apelada.
III. Que, previo a ingresar al tratamiento de los agravios expresados por la parte demandada es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
IV. Que, conforme con los términos en que ha quedado planteada la cuestión sometida a conocimiento de esta instancia judicial, debe determinarse si se ajusta a derecho lo resuelto por el Tribunal Fiscal, en cuanto declaró la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al auto de instrucción de sumario, ordenando que se corriera la vista prevista en el art. 1101 del CA a la parte actora.
En este sentido, es necesario recordar que el objeto y fin de las nulidades procesales –que deben ser ponderadas con criterio restrictivo– es el resguardo constitucional de la defensa en juicio y por ello, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho (v. esta Sala, “SMG Compañía Argentina de Seguros SA c/ EN-DGA”, del 15/9/15 y Sala IV, “Garnero, Victor Hugo (TF 24.331-I) c/ D.G.I.”, Causa Nº 7.707/07, del 30/07/09, entre otros).
Tal tesitura, aplicada al procedimiento administrativo, ha llevado al Tribunal Cimero a sostener que cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (cfr. CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y Causa N°. F. 1762.
XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE)”, del 16/12/08, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia de CAF 45862/2022/CA1; SANCOR COMPAÑÍA DE SEGUROS LTDA (TF 72303533–A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. CSJN, Fallos: 205:549). Así pues, en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (v. esta Sala Causa N° 36.790/2016 “Citrícola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, del 8/09/17).
En esta línea, este Tribunal sostuvo en reiteradas oportunidades que, si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (cfr. Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros; en el mismo sentido v. esta Sala, Causa N° 23005/2012, “David Lucio Alberto c/ PNA DISP 870/1”, del 4/2/14 y N° 19005/2013, “Rollero Guillermo Rubén c/ PNA DISP 113/12”, del 6/5/14, entre otros).
V. Que sentado todo ello, corresponde seguidamente adentrarnos al asunto que conducirá a la resolución de esta litis. Tal como surge de las constancias administrativas que se tienen a la vista –que a todo efecto, fueron debidamente sintetizadas en los Considerandos IV y V del decisorio del Tribunal Fiscal–, la cuestión bajo estudio se inició con la denuncia presentada por la DGA, atento a la presunta comisión de una infracción al régimen de destinación suspensiva prevista por el art. 970 CA –en relación al DIT N°. 12 073 IT14 001271 F–, con fundamento en el incumplimiento de la reexportación de la mercadería a la fecha del vencimiento del plazo debido. En virtud de ello, en un mismo acto –Resolución DE PRLA N° 6616/19, del 12/7/19–, se dictó la apertura de sumario –conforme lo normado en el art. 1090 del CA–, se dispuso su archivo en los términos de la IG 09/17, y se formularon cargos a Medix Medical Device –firma importadora– y a Sancor Compañía de Seguros Ltda –garante de la principal– por los tributos adeudados (ver fs. 30/31 del Expte. Admin).
Cabe señalar que, previo a ello –el 30/11/15–, la importadora había solicitado a la DGA la liberación de las garantías oportunamente presentadas.
VI. Que, según puede observarse, la materia en debate incluye dos cuestiones, si bien el thema decidendum “originario” de esta causa se concentraba en uno solo de ellos.
Por un lado, la firma importadora manifestó a la DGA su pretensión de que se liberaran las garantías oportunamente ofrecidas, y por el otro, la compañía aseguradora impugnó la Resolución DE PRLA Nº 6616/19 dictada por la DGA, planteando su nulidad. Esta última pretensión, precisamente, dio lugar a este expediente.
Ahora bien, el escenario descripto se vio alterado pues, al tiempo que la aseguradora mantenía su contienda con la Aduana, la firma importadora habría ingresado el valor correspondiente a los tributos exigidos por la administración.
En efecto, de la compulsa de la causa se extrae que el 9/8/19 Medix Medical Devices SRL informó a la DGA que la autorizaba a la toma de los fondos para pagar voluntariamente la deuda a su cargo, solicitando –en lo que aquí interesa– que se liberaran las garantías aportadas. En línea con ello, Sancor Seguros Ltda –el 15/7/20– hizo saber al Tribunal Fiscal que había tomado contacto con Medix Medial Devices SRL, llegando a su conocimiento que había cumplido con el reclamo de autos –acompañando una serie de documentos que darían cuenta de ello– y solicitando que se notificara a la demandada para su debida constatación y, posteriormente, para que liberara la póliza de seguro.
Prosiguiendo con el relato de los acontecimientos, luego de una serie de prórrogas concedidas por el a quo, la DGA expuso que la verificación del pago denunciado, será evaluado y decidido por el mencionado Tribunal –refiriendo al Tribunal Fiscal de la Nación–, tomando como referencia las actuaciones administrativas relacionadas con la presente causa (presentación del 15/10/20).
Luego de ello, el 23/12/21 el tribunal de grado dictó la sentencia apelada.
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VII. Que en orden a lo descripto, es claro que anular la Resolución DE PRLA Nº 6616/19 y ordenar que se corra vista a la actora de la instrucción del sumario, no sólo importa desatender a las constancias de autos y a las pretensiones de las partes, sino que se traduce en un innecesario dispendio jurisdiccional, atentatorio de la celeridad que la prestación del servicio de justicia amerita.
Más bien, el pronunciamiento esperable debe tener por epicentro la existencia, validez, suficiencia e identidad del/los pago/s informado/s, y, en su caso, sus efectos liberatorios.
Nótese que el/los pago/s fue/ron informado/s oportunamente por la importadora, elevado a consideración del a quo por parte de la aseguradora, y no desconocido por la Aduana.
Destáquese asimismo que, en oportunidad de contestar la expresión de agravios, la actora manifestó que sin perjuicio que el Tribunal simplemente ordenó se corra nueva vista a mi mandante asegurador, no podemos omitir que esta parte adjuntó (electrónicamente) las constancias de cancelación por parte del IMPORTADOR, del reclamo de autos mediante VEP, L-MANS y NOTA presentada en DGA. Inclusive surge de las LMAN que los conceptos cancelados resultan los Tributos reclamados en autos y, por tal motivo, solicitó que más allá de lo que resulte de la apelación del Fisco… se debe condenar a la contraria a que AFECTE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL IMPORTADOR Y LIBERE LA GARANTÍA INVOLUCRADA (sic).
VIII. Que, bajos tales consideraciones, no escapa a esta Alzada que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal no tuvo en consideración el/los pago/s informado/s por Medix Medical Device. Es que, el/los pago/s voluntario/s efectuado/s por el principal, aparecería/n como un claro reconocimiento de la pretensión aduanera, lo cual haría caer por tierra los argumentos de la firma actora respecto a las defensas que se habría visto privada de articular –toda vez que las mismas se sustentaban exclusivamente en información en cabeza de la importadora o de la aduana– y que motivaron la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal. Lo expuesto se suma al proceder de la actora, quien con posterioridad a tomar conocimiento del pago voluntario de los tributos, se limitó a requerir la liberación de la póliza, con independencia de la resolución del Tribunal Fiscal, y de esta Alzada, respecto del planteo de nulidad por ella esbozado. En este orden de ideas, cabe recordar que inveterada jurisprudencia del Máximo Tribunal tiene dicho que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una conducta anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz; regla que no sólo es aplicable al derecho privado sino que alcanza a todas las disciplinas jurídicas (cfr. CSJN, Fallos: 313:367; 315:59; 320:2233; 325:1787).
IX. Que a partir de todo lo analizado, se concluye que la resolución a la que arribó el a quo, en cuanto anuló la Resolución DE PRLA Nº 6616/19, no se encuentra justificada.
Así pues, revela una irregularidad, al no atender a las pretensiones de las partes contendientes, quitándole validez jurídica. En este sendero, no ha de perderse de vista que, por encima de la irregularidad detectada, la verdad objetiva a la que esta litis pretende arribar, no es un designio incumplible.
El conocimiento acerca de la existencia, validez, suficiencia e identidad del/los pago/s en cuestión, junto con sus eventuales efectos liberatorios, se impone.
Para ello, corresponde aquí declarar la nulidad de la sentencia apelada y ordenar al Tribunal Fiscal de la Nación que, por quien corresponda, se adopten las medidas del caso para tomar conocimiento de los extremos indicados en el párrafo precedente.
X. Que en esta tónica, esta Alzada ha tenido ocasión de declarar la nulidad de las actuaciones seguidas por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, cuando se evidencian supuestos como los enunciados (v. esta Sala, in re “Viña, Leonardo Hugo (TF 17036-I) c/DGI”, Causa N° 10.714/03, del 24/2/06; Sala IV, “La Elena SA (TF 19.273-I) c/ DGI”, Causa N° 13.441/07, del 24/7/08; Sala II, “Depósito Guaymallén SRL c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 13.117/18, del 29/5/18, entre otros).
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Que tal como fuera explicado supra, en atención a los objetivos y fines de las nulidades procesales, cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (cfr. CSJN, Fallos: 205:549; 247:52; 267:393 y 292:15), toda vez que se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. CSJN, Fallos: 205:549). En este esquema, tal hermenéutica resulta aplicable al procedimiento contencioso administrativo que se ventila ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. esta Sala, in re “Camuzzi Gas Pampeana SA c/DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 39015/17, del 22/11/18; “Alfinet SRL c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 15525/19, del 14/10/20 y “Bapro Mandatos y Negocios SA (TF 48037-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 35043/22, del 17/11/22, entre otros).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: declarar la nulidad de la sentencia dictada el 23/12/21. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, en orden a la existencia, validez, suficiencia e identidad del /los pago/s informado/s por Medix Medial Devices SRL, y se pronuncie sobre sus posibles efectos liberatorios (cfr. Considerando VII, segundo párrafo y IX).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancias que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, devuélvase SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia