Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-85358782-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº 12197-5709-2012 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 07 001 IT14 4351 H.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-52159653-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Mayo de 2024 LIMITADA (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico N° EX-2019-85358782- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este tribunal se formuló a la recurrente, en concepto de garante y hasta el monto afianzado en las pólizas suscriptas, un cargo por USD 5.887,46 en concepto de tributos adeudados y de $19.749,35 en concepto de IVA Adicional y Ganancias. Ello, como consecuencia de haberse condenado a la firma Amorin Argentina S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (“CA”).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora presentó un recurso de apelación, mediante el cual arguye que la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos se encuentra prescripta. Se agravia de la resolución al advertir que el importe intimado en concepto de tributos es distinto en “letras” (5.887,46) que en “números” (35.887,46). Rechaza el reclamo pretendido por la aduana en concepto de IVA Adicional y Ganancias, por no encontrarse garantizados mediante la póliza de caución afectada a la temporal denunciada. Indica que la aseguradora responde por el valor máximo de la póliza. Señala que la liquidación aduanera resulta ser confiscatoria, persiguiendo el pago de tributos en divisa y pretendiendo la conversión de la misma según cotización del día anterior al de su pago. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se traten las cuestiones planteadas en su defensa.
III. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Sostiene que la infracción enrostrada no ha sido cuestionada en autos, por lo que se han acreditado los extremos que habilitan al servicio aduanero el reclamo de los montos consignados en la resolución apelada. Menciona que los argumentos de la actora, en cuanto pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
Primera Cuestión IV.- De lo expuesto, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En efecto, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en precedentes anteriores, cabe señalar que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01.01.2010 (atendo a que el vencimiento de la DIT se produjo el 04.06.2009), mientras que el auto de apertura de sumario fue dictado el 12/11/2014, no advirtiéndose en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa constancia alguna de su notificación al interesado, sino hasta la corrida de vista de fecha 03.06.2015, esto es, cuando el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido. De eso se sigue que el incumplimiento de la notificación, el acto de apertura sumarial carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA. En este orden de ideas, es de advertir que, iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2010, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2014 (todo ello cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 18/03/2019).
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
De lo expuesto, se desprende que el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del C.A.
Por los motivos señalados, considero que, en lo que aquí interesa, la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados se encontraba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada. Segunda Cuestión V.- Sentado lo anterior, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, respecto de la necesidad de notificar el auto de apertura de sumario, corresponde analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. En tal sentido, resulta pertinente esclarecer con antelación que, debido a la discrepancia detectada por la parte demandante con respecto al monto de los tributos reclamados, y conforme surge de la liquidación presente a fs. 29 de las Actuaciones Administrativas, el importe total de dichos tributos asciende a USD 5.887,46.
VII. En otro estado de cosas, y en lo que respecta a los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
VIII. En otro aspecto, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
IX. Dicho esto, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
X. En ese orden de ideas, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del CA prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de "asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone", las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Más aún, podemos citar los dichos de la Alzada en la causa “COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA c/EN – DGA s/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”, Sala V, sentencia del 17/09/2019, donde expresa que “…La aseguradora, en virtud de la garantía dada, responde 'conceptualmente’, por todos los tributos, adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo del incumplimiento infraccional de la importadora y/o realización del hecho gravado irregular (arts. 274, 638 inc. e y 639 del CA). De modo que si el importe que, producido el siniestro -importación para consumo irregularmente producida correspondía abonar por tributos hubiera sido inferior (por reducción de las alícuotas, por haberse derogado tributos, o por cualquier otra razón) o igual al liquidado por tributos al tiempo de la temporaria, debería abonarse el nuevo importe liquidado en consecuencia del siniestro, con más los accesorios correspondientes; y aun si hubiera sido mayor (por aumento de las alícuotas, por nuevos tributos, o por cualquier otra razón) pero menor o igual a la suma máxima establecida. En cambio, si el nuevo importe derivado del siniestro (sin accesorios) fuera mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes (cfr. esta Sala V en la causa n° 77.468/2016, caratulada 'La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo', del 4 de abril de 2017, 'Argentina de Seguros S.A. (TF 20.324-A) c/DGA', expediente n° 46.311/2012, del 16 de mayo de 2013, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, en los autos caratulados 'Chubb de Fianzas y Garantías S.A.', expediente n° 16.636-A, del 14 de noviembre de 2008 y Sala F, en los autos caratulados 'STP S.A. c/DGA y su acumulado', expediente n° 20.369-A, del l6 de agosto de 2006, entre muchos otros)”.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por las pólizas electrónicas obrantes en RE-2022-36232551-APN-DTD#JGM y RE-2022-36232293-APN- DTD#JGM, con más los intereses del art. 794 del CA. Ello, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran debidamente identificadas en el Sistema de Consulta de Pólizas Electrónicas AFIP (conforme surge de la presentación efectuada en IF-2022-69179069-APN-DTD#JGM) y su validez no ha sido cuestionada por el fisco.
XI. Como consideración final, resulta dable expedirse en torno a si el sindicado como responsable ha cometido la infracción prevista en el art. 970 del CA. En tal sentido, cabe indicar que no resulta controvertido que el importador se obligó a reexportar la mercadería importada temporalmente y que pesaba sobre él la carga de la prueba del cumplimiento de la debida reexportación. Es que, en efecto, es criterio reiteradamente expuesto que es suficiente para el servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Ahora bien, de la compulsa de las Actuaciones Administrativas, surge que el servicio aduanero corre vista a la firma importadora para que ejerza sus defensas como consecuencia del supuesto incumplimiento al régimen de importación temporal, debiendo presentar las pruebas necesarias a efectos de acreditar la reexportación de la mercadería amparada por la DIT N° 07001IT14004356H. A fs. 28 se declara la rebeldía de la importadora por no haberse presentado a contestar la corrida de vista anteriormente mencionada, por lo que el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dicta la Resolución DE PRLA N° 1534/19, condenando a la firma al pago de multa y tributos, estos últimos solidariamente con la aseguradora.
Del análisis de los antecedentes detallados ut supra, como así también de la documentación acompañada ante este tribunal, no parece haber prueba alguna que acredite el cumplimiento de la reexportación de la mercadería amparada mediante la DIT 07001IT14004356H, siendo que, como fue expresado anteriormente, la carga de la prueba recae exclusivamente en el importador. Por lo expuesto, no caben dudas de que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 970 del CA.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 1534/19, dictada en las actuaciones N° 12197- 5709-2012 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en los términos expresados en los considerandos IV y X. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Costas por sus respectivos vencimientos.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
I. Que, en honor a la brevedad, nos remitimos a lo expuesto en los considerandos I a III de la presente.
II. Que cabe efectuar una disquisición relativa al cómputo del plazo de prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones (conf. arts. 934 y ss. del C.A.)
Al respecto, como lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades, consideramos que la interrupción de dicho plazo se produce con el dictado del auto de apertura (en fecha 12/11/2014) en los términos de lo preceptuado en el art. 937 inc. a) del C.A. y no con su notificación.
Así lo ha entendido la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al considerar que “…el legislador previó específicamente como causales de suspensión y/o de interrupción del plazo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional el simple dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin (…)Por tanto, conforme lo normado por el Código Aduanero, tanto el auto de apertura del sumario como la resolución condenatoria del Fisco Nacional, tienen la virtualidad de interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción, según el caso, independientemente, en principio, de que lleguen a conocimiento del afectado. Al punto, cuadra reflexionar que la referencia al “dictado” del acto no puede considerarse superflua, pues si la intención del legislador hubiera sido que dichas causales operasen a partir de la notificación del acto, hubiese hecho una referencia precisa en tal sentido, como la que efectuara en el artículo 806, literal a), del Código Aduanero.” (conf. Sala II, “Carraro Argentina SA (TF 30838-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, 09/04/2024, Sala IV del Fuero, en autos 39.480/2015 “Lito Diesel SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2015 y 87.451/2017 “Chubb Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/11/2018; entre otros).
III. Que corresponde tratar la excepción de prescripción planteada por la actora.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción-relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: "Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 04/06/2009 (prórroga - ver fs. 2 de las act. adm.). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2010 y que el mismo vencía el 31/12/2014.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario.
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos (fs. 6/7 de las act. adm.).
Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 12/11/2014 (ver fs. 12 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 10 meses y 11 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que de dicho plazo- restaban cumplirse 1 mes y 20 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 12/11/2014) “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (12/11/2014) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 18/03/2019- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 09/09/2019, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
Por todo lo expuesto, VOTAMOS POR:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº 12197-5709-2012 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 07 001 IT14 4351 H.
2).- Costas a cargo del Fisco.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº 12197-5709-2012 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 07 001 IT14 4351 H.
2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.16 11:20:10 ART Date: 2024.05.16 13:50:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.20 14:56:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.20 14:56:59 -03:00
Fin de la sentencia