Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-111145386-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°RE-2021-111138518-APN-SGASAD#TFN en los términos expuestos en el Considerando XIII.
2Declarar que el monto máximo que se le puede exigir a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA será aquél individualizado en la póliza N°6523969723, con más los intereses del art. 794 del CA.
3Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-115445988-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 16 de Octubre de 2025 SEGUROS LIMITADA En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX-2021-111145386- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución N° RE-2021-111138518-APN-SGASAD#TFN, la autoridad aduanera dispuso el archivo de las actuaciones conforme a lo previsto en la Instrucción General N° 9/17 y, a su vez, formuló cargo al presunto responsable por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 10073IT114000673X, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA presenta su apelación, planteando en primer lugar la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos como consecuencia de no haberse acompañado la liquidación de los tributos con anterioridad a la instrucción del sumario. En igual sentido, señala que la dilación excesiva en el procedimiento ha vulnerado su garantía a ser juzgado en un plazo razonable. Señala la improcedencia de los conceptos IVA Adicional, Impuesto a las Ganancias y Derecho Adicional en la liquidación efectuada. Indica que la supuesta responsabilidad tiene como tope el máximo de la póliza. Plantea la inconstitucionalidad de la liquidación por violación a los principios de confiscatoriedad y legalidad. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, el fisco se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Indica que la prescripción aludida por la actora no puede prosperar teniendo en cuenta que, al momento de aperturarse el sumario, aún no había operado el plazo de 5 años de prescripción opuesto y que el mismo había sido suspendido por aplicación del art. 805 del CA. Explica que en la liquidación tributaria surge de forma clara y precisa que no se liquidaron los tributos por los cuales la actora se agravia en su apelación, esto es, Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Cita jurisprudencia que respalda el tipo de moneda en que se liquidaron los tributos. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación impuesta, con costas.
Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 21.10.2016, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 02.08.2021. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (07.04.2011) y la notificación de la corrida de vista operada el 02.08.2021.
A su vez, tampoco puede explicarse como fue que pasaron 1.747 días entre el acto de apertura del correspondiente sumario en 2016 (a fs. 59 de las actuaciones administrativas) y la efectiva notificación a la parte afectada en 2021 (a fs. 62 ibid.), toda vez que los únicos movimientos en el expediente administrativo consistieron en la agregación de la liquidación y de un print de pantalla con la consulta de la garantía afectada, cuestiones que, desde ningún punto de vista, pudieron consumir el plazo consignado. A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. Previo a todo análisis, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VII. Sentado lo anterior, en el presente caso se constata que la infracción en cuestión se origina en una importación temporal cuya reexportación no fue acreditada en el plazo estipulado, lo que la encuadra en lo previsto por el art. 970 del CA.
Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
VIII. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (PE o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
IX. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos PE (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. A la luz de lo expuesto, y tras el análisis de las constancias obrantes en autos junto con la prueba producida, se advierte que la recurrente no acompañó los documentos que acrediten los eventos cancelatorios de la Destinación de Importación Temporal N° 10073IT114000673X. En tal sentido, es la propia importadora quien, al responder el oficio que obra en IF-2023-135387650-APN-SGASAD#TFN, informa que no posee documentación alguna vinculada a dicha DIT.
En dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Asimismo, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
XI. Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
XII. Sentado lo anterior, y en lo que aquí resulta de estricto interés respecto de la supuesta improcedencia del Derecho Adicional, el IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias en la liquidación aduanera, corresponde señalar que del propio cálculo efectuado por la aduana surge lo siguiente: “Se excluye IVA ADICIONAL y GANANCIAS según criterio del caso CLADD ITA S.A. (TF: 23343A), CSJN, de fecha 26/11/2019. Se excluye el Derecho Adicional según el caso FRISHER (TFN 16236-A), CSJN, de fecha 14/08/2013” (fs. 60 de las actuaciones administrativas).
En virtud de lo expuesto, y verificado que la liquidación en cuestión no contempla los conceptos impugnados, corresponde desestimar los agravios planteados por la actora en relación con esta cuestión.
XIII. En otro estado de cosas, y en lo ateniente a la responsabilidad de la aseguradora, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que las operaciones de marras se encontraban aseguradas por la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA mediante la siguiente Póliza:
• Póliza N° 6523969723 del 08/04/2010 (IF-2022-89054757-APN-SGASAD#TFN), mediante la cual se aseguró a la AFIP-DGA el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) correspondiente a los tributos generales y adicionales vigentes a la fecha de producción del hecho imponible, con más los intereses y demás accesorios que resulte obligado por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanera e impositiva, como consecuencia de la importación temporal de la destinación aduanera N° 10073IT14000673X.
En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de las mercaderías amparadas por la destinación mencionada.
XIV. En tal entendimiento, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
XV. Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
En consecuencia, el importe exigible a la aseguradora será el correspondiente al monto máximo garantizado por la póliza mencionada respecto de la Destinación de Importación N°10073IT14000673X en los términos expuestos en el Considerando XIII. Ello con más los intereses del art. 794 del CA.
XVI. Finalmente, en lo que respecta a la inconstitucionalidad de la liquidación aludida, corresponde referir al Acuerdo Plenario del 26/4/2022 -IF-2022-40809437-APNVOCXIX#TFN- dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales acordaron en su artículo 1° que “El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente...”. Asimismo, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 286:76; 288:325; 300:1087; 333:447, entre muchos otros).
Por lo expuesto, la inconstitucionalidad aludida no puede prosperar.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N°RE-2021-111138518-APN-SGASAD#TFN en los términos expuestos en el Considerando XIII.
2. Declarar que el monto máximo que se le puede exigir a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA será aquél individualizado en la póliza N°6523969723, con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a III del voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que en primer lugar, corresponde resolver el agravio de la actora respecto de que el auto de apertura de sumario no cumple con las exigencias establecidas en el art. 1094 del C.A. en tanto contiene deficiencias en su confección y falta de liquidación efectivamente intimada.
Que los actos que se desarrollan en el sumario en las infracciones aduaneras comienzan con el auto de apertura del sumario, que debe iniciar o impulsar los procedimientos de investigación sin que ello signifique que dichos procedimientos deban agotarse al dictarse ese auto de apertura. Más bien, las diversas investigaciones y procedimientos pueden prolongarse por períodos que pueden, en ciertas oportunidades, resultar más o menos extensos.
Que de las actuaciones administrativas resulta que se formula denuncia (20/04/2012) por infracción al art. 970 del C.A. con relación al DIT N° 10 073 IT14 000673 X con vencimiento el 07/04/2011. Con anterioridad a la denuncia, obra la nota presentada por la importadora en la que solicita la cancelación del DIT, así como también copias del DIT y del CTC. A fs. 54 la División Verificación indica la P.A., valor de la mercadería y alícuotas aplicables. A fs. 55 se practica liquidación de tributos. A fs. 59, en fecha 21/10/2016 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. por infracción al art. 970 del C.A. A fs. 60 se procede a la determinación de base tributos y de multa en la que se excluyen los rubros IVA Adicional, impuesto a las ganancias y Derecho Adicional, por aplicación de los precedentes de la CSJN “Cladd ITA SA” y “Frisher SRL”, respectivamente.
En este punto, se advierte que al momento de dictarse el auto de instrucción de sumario se cumplieron todos los requisitos previstos por el art. 1094 del CA y que la determinación de tributos de fs. 60 lo único que modificó respecto de la liquidación de fs. 55, fue la exclusión de los rubros IVA Adicional, impuesto a las ganancias y Derecho Adicional, en virtud de la jurisprudencia ut-supra citada.
Que en ese sentido, el auto de apertura del sumario por infracción al art. 970 del C.A., y el proveído por el que se ordena correr vista a la importadora se ajustan en un todo a las normas que rigen el procedimiento para las infracciones previsto en el Capítulo Tercero, Título Segundo de la Sección XIV del Código Aduanero (art. 1094 y cctes.).
III. Que en segundo lugar, declarada la validez del auto de apertura del sumario, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción de fisco para perseguir el cobro de tributos opuesto por la actora. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 07/04/2011 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2012 y vencía el 31/12/2006.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 21/10/2016 (fs. 59 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 9 meses y 20 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 meses y 10 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 21/10/2016) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución RESOL-2021- 6381-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada el 18/10/2021.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 21/10/2016 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 18/10/2021 (fecha del dictado de la resolución). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 19/10/2014. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 2 meses y 10 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que sin que haya operado el transcurso de dicho plazo se efectuó la notificación de la resolución Aduanera, el 05/11/2021, con los correspondientes efectos que la legislación le atribuye en materia interruptiva del plazo de prescripción (“... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.).
Que por ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
IV. Que por lo demás, no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y Garcia S.A. (TF 5932-A) c/DGA” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años, mientras que en autos la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
V. Que sentado ello, abordando el tema de fondo, adhiero a los Considerandos relativos a la segunda cuestión del voto que antecede, y en consecuencia, a la parte resolutiva que decide confirmar la resolución, apelada en todos sus términos.
Así lo voto.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N°RE-2021-111138518-APN-SGASAD#TFN en los términos expuestos en el Considerando XIII.
2. Declarar que el monto máximo que se le puede exigir a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA será aquél individualizado en la póliza N°6523969723, con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.15 14:35:32 ART Date: 2025.10.16 13:17:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.16 20:41:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.16 20:42:32 -03:00
Fin de la sentencia