Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.491-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2021-7803-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 18 de noviembre de 2021 en la actuación administrativa SIGEA N° 12210-1543-2014, en cuanto es materia del presente recurso de apelación, esto es, en lo que respecta al cargo tributario formulado a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA en su carácter de garante de las obligaciones emergentes del DIT N° 08 073 IT14 000392 N, hasta el límite de la póliza de caución N° 4424347992, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (U$S 18.418,76), con más los intereses que correspondan conforme al régimen legal aplicable. Con costas a la actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-41770932-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Abril de 2026 SEGUROS LIMITADA Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/DGA s/ Recurso de Apelación" EX-2022-114613717- -APNSGASAD#TFN El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que, mediante presentación IF-2022-114613619-APN-DTD#JGM, la actora SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 7803/2021, dictada en el marco del trámite del expediente SIGEA N° 12210-1543-2014 el día 18 de noviembre de 2021, notificada el 17 de octubre de 2022, en la que se CONDENÓ a la firma IMECO S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON 21/100 ($ 70.912,21), con relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, en los términos del artículo 1.112 del C.A., le FORMULÓ CARGO por el monto de la multa y asimismo FORMULÓ CARGO por los tributos adeudados a la firma citada IMECO S.A. y a la compañía aseguradora SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA por la póliza otorgada y hasta el límite afianzado en ella, el que ascendía al monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 76/100 (U$S 18.418,76).
Describe someramente los antecedentes del caso, explicitando que la Aduana de Bs. As., inició sumario administrativo contra la firma IMECO S.A., por presunta infracción cometida al art. 970 del C.A., por no haber acreditado la reexportación de mercadería importada bajo la destinación de importación temporal a territorio aduanero, mediante Despacho de importación Temporal Nro. 08 073 IT14 000392 N, cuyo vencimiento operó el día 11/02/2010, y con motivo de la fianza emitida por la aseguradora documentada en la Póliza de Caución Nro. 4424347992.
Plantea prescripción fundándola en el hecho que la primera notificación de las presentes actuaciones, a partir de la cual tomó conocimiento de apertura del procedimiento y corrida de vista, la recepcionó con fecha 27/07/2020, aseverando que, el presunto hecho imponible que se le imputa a la firma importadora y a la actora, acaeció el 11/02/2010.
En su presentación la actora manifiesta que los tributos reclamados tienen su origen en una importación temporal, cuyo vencimiento operó, como se indicó más arriba, con fecha 11/02/2010 y el sumario se aperturó el día 28/12/2015, ordenándose correr vista del mismo en la misma fecha, pero notificándose recién el día 27/07/2020. Esgrime que tomando el plazo de prescripción reglado en el C.A., art. 803 y ssgts., el mismo comenzó a computarse desde el 01/01/2011, siendo insólito lo que aduce la Aduana como argumento a favor del hecho de plazo razonable, siendo, según la postura que esgrime, en exceso extensos los períodos de inactividad de la administración, que denotan lo contrario a saber, un plazo irrazonable, desde el 11/02/2010 vencimiento del DIT al 28/12/2015, fecha consignada en la apertura del sumario, más de 5 años; y desde el 11/02/2010 al 27/07/2020 (notificación de la vista de la actuación) donde transcurrieron más de 10 años.
Aclara que, frente a lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del C.A., la obligación ya se encontraba prescripta, por cuanto -según sostiene- había transcurrido el plazo máximo legal para pretender su cobro. Agrega que la dilación verificada en el procedimiento administrativo resulta irrazonable e incompatible con el derecho al debido proceso, en tanto desde el vencimiento de la destinación temporal hasta la notificación de la corrida de vista transcurrió, a su criterio, un lapso excesivo, sin que obren constancias de actos idóneos con entidad suspensiva o interruptiva de la prescripción invocada.
Invoca que la responsabilidad de la aseguradora es de carácter accesorio, condicionada al incumplimiento de las obligaciones asumidas y a la prueba de ello en el sumario aduanero y suma que dado lo expuesto la responsabilidad de la fiadora es diferente de la del tomador, y enfáticamente recalca, que la obligación de la garante se encuentra limitada a los tributos de importación y no comprende todos los impuestos y gravámenes que adicionalmente percibe y/o retiene el servicio aduanero. Cita normativa y jurisprudencia.
Solicita la citación del importador y del despachante de aduana, a fin que justifiquen y acrediten el cumplimiento total o parcial de la temporal cuestionada.
Alude acerca del límite de la responsabilidad de la aseguradora, aseverando que la aseguradora solo responde por el monto de la póliza otorgada en garantía y en el supuesto de garantías otorgadas en dólares, deberán ser convertidos a la fecha que ocurrió en el hecho imponible, es decir al vencimiento del DIT.
Se agravia de la liquidación aduanera. Acusándola de confiscatoria, toda vez que la Aduana rectificó y modificó, en la propia instrucción del sumario y corrida de vista, el tipo de cambio por uno distinto, el del día anterior al de pago, y disponiendo la aplicación de intereses fijados por ley para deudas en pesos, al cambio según cotización desde la fecha que operó el hecho imponible.
Acusa que la pretensión de liquidar la deuda en moneda dura al día anterior al de pago, viola las normas dispuestas por el C.A. relativas a la ocurrencia del hecho imponible, arts. 635 a 639 del CA. Deja planteada la inconstitucionalidad de la liquidación por violación al principio de confiscatoriedad constitucional, violentando el principio de legalidad tributaria, avanzando sobre atribuciones reservadas al legislador.
Indica que la administración, por medio de un reglamento a saber la Resolución General AFIP 3271/2012, intenta modificar la forma del cómputo de intereses y de la tasa aplicable planteando el cálculo previsto por el art. 794 del C.A (art. 1°) a la deuda repotenciada en dólares al momento de pago y además desde la fecha del hecho imponible para el capital determinado en divisa a la fecha de pago.
En definitiva impugna la liquidación en virtud de lo detallado, ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se decrete la prescripción del reclamo tributario en los términos referidos, y eventualmente, se haga lugar a la impugnación de la forma en que la Aduana pretende liquidar, se determine el cálculo en que tal liquidación debe proceder, así como se aplique el tipo de cambio correspondiente al hecho imponible (vencimiento del DIT).
II. Que a través del IF-2023-50866662-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Y, a través del IF-2023-80566950-APN-DTD#JGM, acompaña a las actuaciones administrativas relativas a la causa, SIGEA Nro. 12210-1543-2014.
Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento.
Recuerda que la finalidad del contrato de garantía es la eliminación del riesgo de mora del deudor principal. Y que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador, bastando el mero vencimiento de la deuda, salvo beneficio de excusión. Agrega que no debe desconocerse que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador. Cita jurisprudencia.
Adiciona, que según surge de las constancias del expediente, el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas, como consecuencia del beneficio del régimen otorgado en una importación temporal, configurándose el siniestro.
Insiste en que habiéndose detectado la falta de regularización de la mercadería, la importadora fue debidamente notificada de la formación del sumario contencioso y declarada rebelde, ante su incomparecencia, según consta a fs. 19 del expediente administrativo.
Refuerza la idea que por las características de la figura infraccional en trato, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de Importación Temporal recae sobre la importadora. Es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado.
Afirma que carece de asidero pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma. Sostiene que ello ha quedado validado jurisprudencialmente. Cita fallos a fin de sustentar lo que propugna. Ello además por cuanto, si bien el acto administrativo de instrucción sumarial tiene una importancia fundamental en cuanto constituye la primera intervención del administrador, también es cierto que el administrado toma contacto con la causa con la corrida de vista.
Remarca, por otra parte, que la falta de notificación de la resolución aduanera condenatoria por infracción al Código Aduanero no invalida el efecto interruptivo del curso de la prescripción fiscal. Cita precedentes de nuestro más alto Tribunal que avalan esta postura.
Respecto del planteo de prescripción impetrado expresa que debe tenerse en cuenta lo previsto por el art 937 del C.A. en tanto establece que la interrupción del plazo de prescripción se produce, entre otras causas, por el dictado de la resolución condenatoria, remarcando que el texto legal menciona “dictado” y no “notificado”, siendo cualquier otra conclusión diferente que se pretenda extraer contraria a lo previsto legalmente en la norma. (El entrecomillado no me pertenece)
Añade que en todo caso por las características de la figura infraccional de autos la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora/ y/o tomadora del seguro, a saber, demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que cumplió total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado lo cual acusa, la actora no hizo.
Advierte que con relación al límite de la póliza la actora, según el contrato de seguro en estudio, no se obligó a abonar la suma que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A.
Respecto del agravio en traslado, relativo a que la acción del Fisco se haya prescripta, expresa que la actora realizó una mera repetición mecánica de los argumentos vertidos en sede aduanera, ya analizados en esa instancia. En lo relacionado con el planteo de nulidad, afirma que la falta de notificación de la resolución aduanera condenatoria por infracción no invalida el efecto interruptivo del curso de la prescripción de la acción fiscal. Cita jurisprudencia y doctrina a fin de validad su postura.
Sobre el agravio vertido acerca del plazo razonable, el que señala adquirió jerarquía constitucional en el año 1994 con la última reforma al texto de nuestra Constitución Nacional, trae a colación lo señalado por algunos doctrinarios en el sentido que el plazo razonable es un concepto indeterminado, abierto y que no puede fijarse un período de tiempo determinado, de aplicación general para todos los casos de una misma naturaleza, por cuanto en cada supuesto se puede apreciar el delicado equilibrio que debe existir entre la celeridad de la decisión, la posibilidad de las partes de desarrollar sus defensas y la posibilidad del juez de disponer del tiempo necesario para examinar cuidadosamente las alegaciones y pruebas. Cita doctrina sobre el particular.
Asimismo afirma que no pretende la limitación caprichosa de esta garantía sino su aplicación mesurada, a lo que agrega y resalta que la actora no intentó, durante la sustanciación del proceso, dinamizar el caso. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia, desestimando los agravios de la actora y confirmando in totum la resolución aduanera recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que se inician las actuaciones SIGEA Nro. 12210-1543-2014 a fs. 1 con el acta de denuncia N° 39-14, por presunta infracción al art. 970 del CA respecto de la destinación de Importación temporal Nro. 08 073 IT14 000392 N. A fs. 2 donde consta la denuncia por falta de regularización de la mercadería correspondiente al despacho indicado. A fs. 11, luce agregada una liquidación de tributos y multa. A fs. 21 se instruye sumario en los términos del art. 1090 del C.A. y se dispone correr vista de ley a la imputada y citar a la garante según lo previsto en el art. 1101 del C.A. A fs. 40 obra la constancia de notificación de la corrida de vista a la imputada quien fue notificada de la misma con fecha 05/05/2021. A fs. 44 luce la declaración de rebeldía impuesta a la firma IMECO S.A., por cuanto aun estando debidamente notificada, no se presentó, dentro del plazo legal, a estar a derecho. A fs. 25 luce notificación a la aseguradora SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, fecha de notificación 27/07/2020 quien presenta su descargo a fs. 26/34 del sumario aduanero. A fs. 45 consta un nuevo cálculo liquidatorio de los tributos y la multa realizado por el servicio aduanero y, a fs. 46, la Resolución dictada por la División Secretaría N° 4 del Departamento Procedimiento Legales Aduaneros, ordenando pasen los autos a resolver. A fs. 47/53, obra la Resolución Nro. 7803/2021, que en autos se cuestiona, dictada el día 18 de noviembre de 2021, y notificada a la firma IMECO S.A. el día 17/10/2022 y a la garante SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en la misma fecha. A fs. 57/58 se acredita la interposición de recurso ante el TFN.
IV. Que por providencia PV-2023-116946515-APN-VOCXV#TFN, de fecha 2 de octubre de 2023, se declaró la causa abierta a prueba por el término de sesenta (60) días, teniéndose presente la documental acompañada y autorizándose a la actora a diligenciar los oficios ofrecidos.
Que, con posterioridad, mediante providencia de fecha 28 de noviembre de 2023, se aclaró que los pedidos de informes ordenados debían diligenciarse en los términos del art. 400 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Que obran luego agregadas a la causa las contestaciones remitidas por el despachante de aduana y por la Dirección General de Aduanas, de las que se corrió vista a la actora mediante providencia de fecha 27 de diciembre de 2023.
Que, ulteriormente, por providencia de fecha 5 de junio de 2024, se tuvo por acreditado el diligenciamiento de la prueba informativa y, a pedido de la recurrente, se ordenó librar oficio reiteratorio a la firma IMECO S.A. Que, asimismo, por providencia de fecha 3 de febrero de 2025, se tuvo por acreditado el diligenciamiento del oficio reiteratorio dirigido a la citada firma.
Que, finalmente, la actora efectuó diversas presentaciones vinculadas con la prueba informativa producida, desistiendo del oficio dirigido a IMECO S.A.
Con posterioridad, a través de PV-2026-39572464-APN-VOCXV#TFN de fecha 20/04/2026, se declaró clausurado el período de prueba y se elevaron estos actuados a conocimiento de la Sala “E”. Y, a través del IF- 2026-40277482-APN-VOCXV#TFN emitido el día 21/04/2026, se determinó que no existía mérito a los efectos de la producción de alegatos, ordenándose que pasaran las presentes actuaciones, a dictar sentencia.
V. Que en primer lugar corresponde evaluar el planteo de prescripción formulado por la apelante. Que la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos está reglada en los arts. 803 y siguientes del CA. Que, el art. 803 del C.A. dispone: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que, por otra parte el art. 805 inc. a) del C.A., en lo que hace a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos establece que esta se suspende: “desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Entonces, en relación al agravio planteado por la actora sobre la prescripción, corresponde señalar que, respecto de la acción del Fisco para percibir tributos e imponer multa, conforme lo establecido en los arts. 934 y 803 del CA, es decir, la acción para imponer penas por la comisión de infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción (art. 935 del CA), que constituye el hecho gravado (804 del CA). Reitero, en el caso de autos comenzó a correr el 1º de enero de 2011.
Que teniendo en consideración la fecha en que se configuró el hecho gravado (11/02/2010) -804 inc. a) del CA –fecha de vencimiento de la importación temporal-, el plazo comenzó a correr el 1º de enero de 2011 y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (28/12/2015), se concluye que no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 937, inc. a), del C.A., sin exigirse la notificación del referido auto.
Tampoco se constata la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificado a la parte.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas VI.- Que, seguidamente, corresponde analizar la aplicabilidad o no del principio del plazo razonable invocado por la actora en sustento de su pretensión recursiva.
Este principio, receptado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (con jerarquía constitucional por vía del art. 75, inciso 22 de la C.N.) establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable …”
Que la parte actora en la presente causa es SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, esto es, una persona jurídica que comparece en autos exclusivamente en su carácter de garante de la obligación tributaria reclamada, cuestionando el cargo formulado en su contra y la validez de la resolución recurrida en cuanto la alcanza.
Que, en ese contexto, corresponde destacar que la garantía convencional antes transcripta ha sido concebida, en resguardo de derechos fundamentales de las personas humanas, por lo que su invocación por parte de una persona jurídica como la aquí recurrente no puede ser acogida en los mismos términos en que ha sido elaborada por la jurisprudencia para supuestos de responsabilidad sancionatoria personal.
En tal sentido, con fecha 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que "El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado" (Cfme. "ABB S.A. e/ D.G.A. s/ recurso de apelación" Expte. T.F.N. N° 35.759-A). La claridad del texto me exime de cualquier otro comentario.
En el punto 43 de dicha Opinión Consultiva especifica: “Como se indicó el objeto y fin de tratado es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”, lo cual demuestra que este fue creado con la intención de proteger exclusivamente a aquellos. De esta forma una interpretación teleológica de la norma sería conforme con la conclusión a la cual se arribó por medio de la interpretación literal, en el sentido que las personas jurídicas están excluidas de la protección otorgada por la Convención Americana”. Insisto, la claridad de los textos me eximen de cualquier otro comentario.
Téngase presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es precisamente, el órgano competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención (Art. 62.3 de la CIDH).
A más de ello, tampoco le resulta aplicable a la actora, el beneficio del plazo razonable desde el aspecto tributario, por ser contrario a su naturaleza jurídica y por carecer esta instancia de dicha facultad en virtud del Principio de indisponibilidad del crédito fiscal (conforme antecedente de este TFN en autos “ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 34.491-A, a cuyos fundamentos –de la mayoría- me remito).
Sentado lo expuesto, no resulta ajeno al suscripto el excesivo plazo transcurrido en la tramitación de la causa, pero tampoco debe obviarse que los antecedentes citados por la actora para fundamentar la aplicación del principio de plazo razonable en autos, fueron procesos que tuvieron una extensión superior a la verificada en el presente proceso. Asimismo, no escapa a mi evaluación, que este proceso se vio atravesado por la sanción de la Ley 27.562, que suspendió por el plazo de un año el término de la prescripción de los procesos en curso y luego el dictado de sendas resoluciones que determinaron extensos períodos de ferias fiscales extraordinarias en virtud a una situación de fuerza mayor como lo fue la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), días inhábiles fijados en línea con los que mediante acordadas, declaraba nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En consecuencia, a la luz de lo precedentemente expuesto, corresponde desestimar el planteo articulado por la actora.
VII. Que resueltos los temas precedentes, corresponde determinar si resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria que fuera intimada a cancelar a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en su calidad de garante de la obligación tributaria, respecto del DIT Nº 08 073 IT14 000392 N, documentado por la firma importadora IMECO S.A., por infracción al art. 970 del CA.
Que por el DIT N° 08 073 IT14 000392 N, oficializado el 21/02/2008, se importó en forma temporaria, mercadería de la P.A. 7222.20.00.120T descripta como “(...) barras simplemente obtenidas o acabadas en frío. BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE”, por un total de 1.547,000 kgs. Y, por un valor en aduana de u$s 47.785,07, cuya fecha de vencimiento era el día 11/02/2010, según constan en las actuaciones administrativas, en varias de sus fojas.
Que mediante la póliza de seguro de caución Nro. 4424347992, acompañada por la actora, junto con el escrito de inicio incorporada como documento RE-2022-114610578-APN-SGASAD#TFN, la aquí apelante aseguró a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas hasta la suma máxima de dólares estadounidenses cincuenta y tres mil (U$S 53.000), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria efectuada.
Que por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la importadora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A. o, eventualmente, puede solicitarse su importación definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A. Que del cotejo de las actuaciones administrativas lo descripto supra no se constata. De hecho a fs. 5 del expediente, la División de Verificación emitió la Nota N° 3298/2014 que indica que no se presentó expediente de cancelación en el marco de destinación temporal en juego por el total de la mercadería objeto de la misma. No hay tampoco impresiones de pantalla que den cuenta de la reexportación a que se obligó la importadora desde el momento mismo en que documentó una importación temporal u otro material probatorio como por ejemplo otro tipo de constancias extraídas del Sistema Informático Malvina (SIM) que pudieran erigirse como probanzas de la reexportación de las mercaderías objeto de autos.
A fin de iluminar lo que se describe es dable recordar lo que sobre este tipo régimen establece nuestra normativa .. “Destinación suspensiva de importación temporaria art. 250. – La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo.” Como también lo previsto en el art. 274 que prevé . – “ 1. La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar; b) no se cumpliere con las obligaciones impuestas como condición de otorgamiento del régimen, salvo que se tratare de obligaciones meramente formales. 2. En los supuestos previstos en el apartado 1, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que el incumplimiento del referido plazo de permanencia sin que se acreditase la regularización de la mercadería importada en forma temporaria configura el ilícito previsto en el art. 970, apartado 1, del C.A. y perfecciona, asimismo, el hecho generador de la obligación tributaria al momento en que se produjo la transformación irregular en importación para consumo de la mercadería no exportada, conforme a los arts. 250, 274 transcritos supra y 638, inc. e), y 639 del C.A.
No escapa al análisis de la presente que el incumplimiento en que incurrió la importadora IMECO S.A. se ve corroborado por diversas circunstancias fácticas, entre ellas, la ausencia de documentación idónea que acreditara, en cualquier etapa del procedimiento, la reexportación de la mercadería importada temporariamente. Adquiere asimismo relevancia en este análisis, el informe incorporado a fs. 15 a 17 del sumario administrativo, consistente en la Consulta de Juicios, que da cuenta del proceso concursal seguido contra la empresa IMECO S.A., expediente fechado en el año 2012, siendo este un indicio de la situación comercial y financiera de la importadora.
Por otra parte, un elemento normativo a tener en cuenta surge de las previsiones de la Resolución ANA Nº 479/95, vigente a la fecha de oficialización de la destinación, que enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.), insumos que no se corroboran acompañados de un simple cotejo del sumario aduanero.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
En lo que respecta a la liquidación tributaria, la misma aduana, a fs. 45 de las actuaciones administrativas reformula la liquidación que había practicado con anterioridad a fs. 11 de las actuaciones administrativas y en el fallo puesto en crisis en autos, señala que en razón de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en consecuencia, por razones de economía procesal y seguridad jurídica revoca el derecho adicional que antes exigía la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/08/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente. Asimismo también eliminó de la nueva liquidación los rubros relativos a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343- A)”, fallado el 26/11/19, en donde se dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”, ameritando revocar dichas percepciones.
VIII. Que, finalmente, corresponde examinar el agravio relativo al límite de cobertura asumido por la actora en su condición de aseguradora.
Que de la póliza de seguro de caución N° 4424347992, acompañada por la recurrente junto con su escrito de inicio, surge que SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA afianzó a favor de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas las obligaciones emergentes de la destinación de importación temporaria de autos, hasta la suma máxima de dólares estadounidenses cincuenta y tres mil (U$S 53.000), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del Código Aduanero.
Que, a su vez, de la resolución apelada se desprende que el cargo tributario formulado a la aquí actora lo fue hasta el límite afianzado en la póliza, fijándose el monto reclamado en la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil cuatrocientos dieciocho con setenta y seis centavos (U$S 18.418,76), importe que resulta notoriamente inferior al tope de cobertura asumido contractualmente.
Que, en tales condiciones, no se advierte que la decisión apelada haya excedido el marco de responsabilidad patrimonial asumido por la aseguradora ni que, desde esta perspectiva, se configure afectación alguna al derecho de propiedad invocado por la recurrente.
Que, por ello, el agravio bajo examen no puede tener favorable acogida.
IX. Que, finalmente, resta considerar los agravios vinculados con la forma de liquidación del cargo tributario, en particular los referidos al tipo de cambio aplicable, al cómputo de intereses y al carácter supuestamente confiscatorio de la pretensión fiscal.
Que, sobre el particular, de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que el servicio aduanero reformuló la liquidación originariamente practicada y que, al dictar la resolución aquí apelada, adecuó el alcance del cargo tributario a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes allí citados, excluyendo de la nueva liquidación el derecho adicional previsto en el art. 15 de la Resolución M.E. N° 72/92, así como también las percepciones correspondientes a IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. En consecuencia, el cargo finalmente formulado quedó circunscripto al monto de U$S 18.418,76, dentro del límite de la póliza, con más los accesorios que correspondan conforme al régimen legal aplicable.
Que, en ese marco, los cuestionamientos de la recurrente referidos a la composición originaria de la liquidación han quedado, en buena medida, desplazados por la reformulación efectuada por la propia Aduana al momento de dictar el acto recurrido.
Que, sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la obligación tributaria debatida tiene su causa en el incumplimiento del régimen de importación temporaria y en la consiguiente configuración del hecho gravado al vencimiento del plazo acordado sin haberse acreditado la reexportación o regularización de la mercadería, extremo que determina la aplicación de las disposiciones del Código Aduanero en materia de tributación e intereses.
Que, en tales condiciones, y no habiendo acreditado la actora de qué modo concreto la liquidación finalmente aprobada en sede aduanera excedería el marco normativo aplicable o importaría una absorción sustancial o irrazonable de su patrimonio, el planteo de confiscatoriedad no puede prosperar.
Que, por lo expuesto, corresponde también desestimar los agravios examinados en este apartado.
X. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, corresponde confirmar la Resolución DE PRLA N° 7803/2021 dictada en la actuación administrativa SIGEA N° 12210-1543-2014, con fecha 18 de noviembre de 2021, en cuanto condenó a la firma IMECO S.A. al pago de la multa de $ 70.912,21 por la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero y formuló cargo por los tributos adeudados a la importadora y a la aquí actora SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en su carácter de garante, respecto del DIT N° 08 073 IT14 000392 N, hasta el límite de la póliza de caución N° 4424347992, por la suma de U$S 18.418,76, con costas a la actora vencida (art. 1163 del C.A.).
Por ello VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2021-7803-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 18 de noviembre de 2021 en la actuación administrativa SIGEA N° 12210-1543-2014, en cuanto es materia del presente recurso de apelación, esto es, en lo que respecta al cargo tributario formulado a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA en su carácter de garante de las obligaciones emergentes del DIT N° 08 073 IT14 000392 N, hasta el límite de la póliza de caución N° 4424347992, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (U$S 18.418,76), con más los intereses que correspondan conforme al régimen legal aplicable. Con costas a la actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución RESOL-2021-7803-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 18 de noviembre de 2021 en la actuación administrativa SIGEA N° 12210-1543-2014, en cuanto es materia del presente recurso de apelación, esto es, en lo que respecta al cargo tributario formulado a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA en su carácter de garante de las obligaciones emergentes del DIT N° 08 073 IT14 000392 N, hasta el límite de la póliza de caución N° 4424347992, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (U$S 18.418,76), con más los intereses que correspondan conforme al régimen legal aplicable. Con costas a la actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y el Dr. Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación- (cfme. art. 52 RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2026.04.24 17:32:34 ART Date: 2026.04.24 18:39:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.24 18:39:46 -03:00
Fin de la sentencia