Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-72303533-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario dispuesto en el punto 1 de la Resolución N° 6616/19 recaída en las actuaciones administrativas N° 17124-11236-2015, con costas al Fisco;
2Ordenar a la D.G.A. que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, prosiga con la tramitación del sumario infraccional y emita resolución, velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y teniendo en consideración lo dispuesto en el considerando IX.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-124844601-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Diciembre de 2021 c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° EX-2019-72303533- -APN-SGASAD#TFN; En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Miguel N. Licht y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° EX-2019-72303533- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, mediante IF-2019-72301580-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 6616/19, recaída en el expediente administrativo N° 17124-11236-2015, por la que se aperturó el sumario contencioso, se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General n° 09/17 (D.G.A.) y se formuló cargo en concepto de tributos adeudados y, todo ello en relación a la DIT 12 073 IT14 001271 F. Plantea la nulidad del procedimiento y de la resolución condenatoria, la improcedencia de reclamo por el I.V.A. Adicional y Ganancias. Se refiere a los antecedentes del sumario contencioso, la liquidación de intereses, el límite de la responsabilidad de la aseguradora, la inconstitucionalidad de la deuda en dólares estadounidenses y la normativa aplicable. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2019-101380460-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fue conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos y antecedentes de la causa. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Realiza consideraciones respecto del régimen de importación temporaria. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, mediante PV-2019-111527821-APN-VOCXVII#TFN, se declara la excepción opuesta por la recurrente como de previo y especial pronunciamiento y se elevan los autos a la Sala “F”. Mediante IF-2021-123488297- APN-VOCXVII#TFN, los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa del expediente administrativo Actuación n° 17124-11236-2015, surge que el mismo se inicia con la presentación realizada por el despachante de aduana de la importadora en fecha 30/11/2015 (fecha de inicio de la actuación 02/12/2015), mediante la cual solicita liberación de garantías otorgadas respecto de la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación N° 12 037 IT14 001271 F y acompaña documentación. A fs. 22 obra el acta de denuncia labrado por presunta infracción al art. 970 del C.A. respecto de la operación mencionada. Agregadas las impresiones de pantalla del S.I.M., a fs. 26 se liquidan los tributos y la multa. A fs. 29, se informa la no existencia de antecedentes registrados computables de la importadora. A fs. 30/31, se dicta la Resolución N° 6616/19, conforme la cual se dispone aperturar el sumario, archivar el sumario, formular cargo en concepto de tributos adeudados en concepto de derechos de importación e ingresar el antecedente al registro de sumarios.
V. Que, sentado lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal el planteo de nulidad, invocado por la actora en su presentación liminar.
Que, tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron con la presentación realizada por el despachante de aduanas, mediante la cual solicitaba la liberación de garantías, informando a tal efecto la cancelación de insumos importados temporariamente mediante la D.I.T. en cuestión, acompañando el listado de operaciones y el C.T.C.
Como consecuencia de dicha presentación, el servicio aduanero decide formular el acta de denuncia respecto de la destinación señalada, por presunta infracción al art. 970 del C.A.
Agregadas las impresiones de pantalla de la destinación en infracción se liquidan los tributos y la multa y, en fecha 12/06/19, se dicta la resolución definitiva apelada en autos, conforme la cual, tal como se dijo en el considerando precedente, se dispone aperturar el sumario, archivar el sumario en los términos de la I.G. N° 09/17, formular cargo en concepto de tributos adeudados en concepto de derechos de importación e ingresar el antecedente al registro de sumarios.
Para poder comprender la decisión adoptada por la administración y analizar, consecuentemente, si la misma es ajustada a derecho, considero necesario examinar cada uno de los puntos decididos.
En cuanto al artículo 2 del citado resolutorio, se decidió archivar las actuaciones en los términos de la I.G. N° 09/17 de la D.G.A., la que tuvo su origen en la IG n° 01/98, reformulada por la IG n° 02/07.
Las instrucciones mencionadas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la Administración, disponiendo el archivo de las actuaciones que puedan importar la aplicación de las sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaban antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro. Para ello, la Administración determinó los casos comprendidos, dentro de los cuales se encontraban las denuncias por infracción al art. 970 del C.A. -cuya comisión es cuestionada en el caso traído a conocimiento-, estableció que el presunto infractor no debía tener antecedentes de casos archivados durante los últimos 12 meses anteriores a la presunta infracción, y se fijó el monto en concepto de la multa mínima, el cual no debía ser alcanzado para poder aplicar los términos de la instrucción. Posteriormente y mediante el dictado de las sucesivas instrucciones, la Administración actualizó el monto de la multa mínima, llegando a fijar mediante la citada IG n° 09/17, la suma de $30.000,00 en tal concepto.
Por su parte, en el artículo 3 de la resolución analizada, el servicio aduanero decidió formular cargo a la importadora y la garante de la operación aduanera en concepto de tributos adeudados, ello respecto de la operación de importación temporaria oficializada por la aquí recurrente.
Ahora bien, si nos remontamos a los inicios de las actuaciones administrativas, las mismas comenzaron con la presentación de la importadora, realizada mediante su despachante de aduana, conforme la cual se pretendía poner en conocimiento del servicio aduanero la cancelación de la DIT.
Tal como se señaló, dicha presentación motivó los actos administrativos dictados a continuación, a saber, el acta de denuncia, la instrucción del sumario y el dictado de la resolución definitiva.
En este orden de ideas, tenemos un procedimiento que comenzó siendo infraccional, y culminó con el archivo de las actuaciones y la formulación de un cargo por tributos adeudados, motivados en el hecho de que la pena impuesta al presunto infractor, llámese la multa mínima, era inferior a los $30.000,00, exactamente $14065,88, y la inexistencia de los antecedentes computables. En tal sentido, el servicio aduanero consideró implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
VI. Que, el art. 1101 del C.A. establece que “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
Conforme lo receptado en los considerandos precedentes, dispuesta la instrucción de sumario, el servicio aduanero no consideró necesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional incoado, motivo por el cual el presunto infractor no tuvo oportunidad alguna de presentar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Como se puede observar, la única notificación que se cursó a la aquí recurrente, se realizó a mero efecto de poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada en autos, y exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados. Está claro que el juzgador administrativo no tuvo en consideración lo previsto en el art. 1101 del C.A., citado precedentemente.
Otra de las normas que debe ser citada es el art. 1012 del C.A., el cual prevé que “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites...c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados;...”
Es indiscutible que el servicio aduanero no dio cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), omitiendo notificar la corrida de vista a la importadora, a fin de que se defienda y aporte la documentación que considere idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Así, el proceder del servicio aduanero afectó no sólo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
En consecuencia, no cabe duda que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento y no puede considerarse cumplida únicamente con la notificación de la resolución apelada.
VII. Que, en el marco de este análisis, otra de las cuestiones que no puede ser obviada es la naturaleza de la infracción.
En tal sentido y tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento radicado en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción -conforme los términos de la instrucción general referida-, el servicio aduanero debía determinar en forma fehaciente si se ha configurado la infracción que fue imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que se exigieron a la parte. Ello por cuanto la facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte del servicio aduanero recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, fijado el monto de la sanción.
Entiéndase, es la verificación de la configuración de la infracción la que da lugar a la sanción, aplicación de una multa por la infracción endilgada.
En este orden de ideas, es indiscutible que no procede exigencia tributaria alguna, por cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un incumplimiento al art. 970 del C.A., circunstancia que no fue constatada en las actuaciones administrativas, debido a que el procedimiento no se ajustó a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero; como tampoco es procedente la decisión de archivar la causa por el bajo monto de la multa, cuando tal pena se determina una vez verificada la configuración de la infracción. Por todo lo expuesto, la omisión de notificar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario administrativo que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores a la instrucción de sumario, dispuestos a continuación del punto 1 de la propia Resolución DEPRLA nº 6616/19, siendo que carecen del sustento legal y fáctico, ya que se basaron en una imputación que no sólo no fue comprobada, sino también fue dictada sin que el imputado, quién resultó condenado (Amén de que se dispone el archivo de esa imputación), pudiera participar en el proceso y defenderse.
Por ello, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo resuelto a continuación del auto por el cual se instruyó el sumario en la Resolución DE PRLA n° 6616/19, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
En consecuencia, la D.G.A. deberá proceder a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa, quedando sin efecto todo lo dispuesto a continuación del art. 1 de la resolución apelada, ello conforme lo resuelto en el párrafo precedente.
VIII. Que, en virtud de todo lo analizado y las particularidades que presenta el caso traído al conocimiento de este Tribunal, considero que las costas del proceso deben ser impuestas al Fisco.
Las autoridades competentes, deberían analizar la conveniencia de el modus en que sistemáticamente aplica la resolución que habilita el “archivo” (que no extingue la acción penal). Pues verifícase en esta Sala un cúmulo de casos sustancialmente análogos al aquí analizado, con el mismo resultado adverso al interés del Fisco. Ello se traduce en un atentado a la pretendida celeridad y economía ante la condena en costas, aumento de litigiosidad y demora en la sustanciación de los procesos que, ante las nulidades decretadas, deben sustanciarse adecuadamente en sede Aduanera.
IX. Que, mediante la presentación IF-2020-45173820-APN-DTD#JGM, la actora acompaña constancias de la cancelación de los tributos por parte de la importadora, solicitando se constate la afectación del pago en las actuaciones administrativas y se libere la póliza correspondiente a la operación en trato. Asimismo, acompaña las constancias relativas al pago señalado.
En este sentido, cabe señalar que la D.G.A. deberá tener en cuenta, a los fines de dar solución apropiada al entuerto, el pago denunciado en la presentación mencionada precedentemente por la aquí recurrente, ello a los efectos de dar respuesta al planteo liberatorio esbozado ante estos estrados.
X. Por la forma en que se resuelve el presente caso, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario dispuesto en el punto 1 de la Resolución N° 6616/19 recaída en las actuaciones administrativas N° 17124-11236-2015, con costas al Fisco;
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, prosiga con la tramitación del sumario infraccional y emita resolución, velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y teniendo en consideración lo dispuesto en el considerando IX.
Así lo voto.-
El Dr. Licht dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.-
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Juez preopinante, con expresa excepción de lo señalado en el Considerando VII -en relación al archivo del trámite de la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, dispuesto por el servicio aduanero en los términos de la Instrucción General Nro. 11/16 (DGA), modificatoria de la I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA)-, en tanto no ha sido materia de agravio y lo resuelto en tal sentido por la Administración no causa ningún perjuicio a la firma recurrente; como así también respecto de lo señalado en el segundo párrafo del Considerando VIII.
2. Que, en tal sentido, en cuanto al archivo del trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
3. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructoria, aunque jamás decisoria.
4. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructorias, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, Iiquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub exámine, ni afecta el control aduanero.
5. Que, en efecto, la Instrucción General Nro. 11/16 (DGA), modificatoria de la I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA) dispuso que los (mal denominados) jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada caso- dispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan.
Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al art. 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido (confr. Instrucción General Nro. 9/2017 de la DGA).
6. Que, por lo tanto, toda vez que la presunta infracción sometida a análisis de este Tribunal se cometió en fecha 13/08/2014 –fecha de vencimiento de la DIT 12 073 IT14 001271 F-, cabe colegir que no surge de la litis que la firma recurrente tuviera registrado antecedentes similares al 13 de Agosto de 2013, por lo que la Aduana no podrá proceder al “desarchivo” infraccional de las presentes actuaciones ni utilizar el presente Sumario en otro proceso aduanero donde intervenga la firma recurrente, máxime cuando de la foja 29 de las actuaciones administrativas que tengo a la vista se desprende –sin hesitación- del Sistema de Causas Archivables (SUMARCH) que el importador “no posee antecedentes” que lo inhiban del tratamiento previsto por la normativa de referencia, por lo que el archivo dispuesto en la causa por la DGA resulta definitivo, no causa agravios ni puede perjudicar en el futuro al particular.
7. Que, por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador.
Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
8. Que, por último, corresponde aclarar que en la especie no resulta de aplicación lo decidido por esta Sala “F” in re “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.” con fecha 12/2/2020, pues la cuestión resuelta en aquella oportunidad por este Tribunal no resulta un caso “estrictamente análogo” al aquí debatido, ni corresponde una aplicación automática de dicho precedente, pues basta una mera lectura y el cotejo de ambas causas para advertir que se trata de supuestos distintos, en los hechos como los sujetos apelantes resultan diferentes, en tanto en dicho precedente la parte recurrente era la compañía aseguradora que había garantizado la operación en trato, la que no resultaba pasible, en virtud de los principios de culpabilidad y de personalidad de la pena, de ningún tipo de reproche infraccional (sólo del tributario), mientras que en el sub lite la demandante es la propia firma importadora, a quién, a partir de su conducta, se le puede imponer tanto la sanción penal (multa) como la formulación de un cargo aduanero por los tributos presuntamente adeudados al Estado Nacional.
9. Que en virtud de las razones esgrimidas en los Considerandos que anteceden, resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 6616/19, apelada en autos, y ordenar a la DGA que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el artículo 1101 del Código Aduanero a la aquí actora y prosiga con la tramitación del sumario infraccional, solamente en relación al cargo tributario; debiendo tener en cuenta, a los fines de dar solución apropiada al entuerto, el pago denunciado en la presentación formulada en autos por la aquí recurrente, a los efectos de dar respuesta al planteo liberatorio esbozado ante estos estrados.
ASI LO VOTO.-
Que, visto lo precedente, POR MAYORIA SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de instrucción de sumario dispuesto en el punto 1 de la Resolución N° 6616/19 recaída en las actuaciones administrativas N° 17124-11236-2015, con costas al Fisco;
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a notificar la corrida de vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, prosiga con la tramitación del sumario infraccional y emita resolución, velando por el cumplimiento de la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y teniendo en consideración lo dispuesto en el considerando IX.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2021.12.22 21:25:11 -03:00 Date: 2021.12.23 00:01:08 -03:00 Miguel Nathan Licht Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.23 13:05:56 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.23 13:05:57 -03:00
Fin de la sentencia