Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-15781674-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” respecto de la Resolución (DE PRLA) nro. 3978/2018, de fecha 15 de junio de 2018, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-9241-2007 .
2Imponer las costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-91510426-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Agosto de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, EX-2021-15781674- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, se presenta, por apoderado, la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” e interpone recurso de apelación contra la decisión del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA) de la Aduana de Buenos Aires, plasmada en la Resolución Nro. 3978, de fecha 15 de junio de 2018, dictada el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-9241-2007, que la intima, por un lado, al pago de la suma de U$S 24.167,35 en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA y, por otro lado, al pago del monto de $ 106.491,1 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, más intereses, con sujeción a los límites máximos estipulados en la póliza nro. 3421037246.
Dice que el sumario en sede aduanera se origina por una presunta infracción al artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, atribuida a la firma IMECO S.A., quien importó mercadería bajo el régimen de destinación de importación temporaria mediante el despacho Nro. 06 073 IT15 000120 B.
Plantea la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos. En ese sentido, menciona que el plazo máximo de cinco años para reclamar los tributos, conforme el artículo 803 de la ley 22.415, ya había transcurrido al momento de la notificación de la resolución aduanera en fecha 04/04/2018. Agrega que la Aduana no notificó en tiempo la apertura del sumario.
Denuncia inactividad administrativa durante largos períodos. Cita fallos de la CSJN ("Losicer", "Wonderland") y de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que establecen que la prolongación irrazonable de un trámite afecta el derecho de defensa y puede conducir a la extinción de la acción del Fisco Nacional.
Considera que deviene improcedente la inclusión en la liquidación de los tributos los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Invoca el límite de la póliza y, advierte que no puede ser superado por intereses ni actualizaciones fuera del monto asegurado.
Cuestiona la legalidad de la RG AFIP nro. 3271/2012. Impugna la conversión de la deuda a tipo de cambio del día anterior al pago y critica la aplicación de intereses en dólares desde la fecha del hecho imponible, lo que se considera confiscatorio.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento.
Manifiesta que la firma “IMECO S.A.” importó mercadería mediante el régimen de destinación suspensiva de importación temporaria. Advierte que el régimen de importación temporal impone una condición: reexportar antes del vencimiento, sin embargo, la firma importadora no regularizó ni reexportó la mercadería dentro del plazo otorgado, motivo por el cual se inició un sumario infraccional (art. 970 del CÓDIGO Aduanero). Dice que las infracciones aduaneras se configuran sin necesidad de probar intencionalidad o dolo. Añade que la responsabilidad es objetiva, y el acto de no reexportar basta para sancionar.
Rechaza el planteo de prescripción, pues el “plazo razonable” previsto en el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica no sería aplicable a personas jurídicas como Sancor.
Considera que la instrucción del sumario fue válida, en tanto se cumplió con el respective procedimiento y la acción no está prescripta.
Alega que no hubo violación al derecho de defensa. Agrega que cualquier defecto procesal fue subsanado con el traslado a sede jurisdiccional.
Señala que la póliza garantiza todos los tributos liquidados en la DIT incluyendo IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias Sostiene que el siniestro se configura con el mero incumplimiento del tomador. Señala que el seguro de caución busca eliminar el riesgo de incumplimiento.
Justifica la aplicación de intereses conforme Artículos 794 a 796 del CÓDIGO Aduanero. Descarta el argumento de confiscatoriedad. Advierte que la deuda no fue pagada ni garantizada, por lo que corresponde el devengamiento de intereses hasta el pago.
Acompaña actuaciones administrativas. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 13 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-9241-2007 obra el Acta de Denuncia N° 6/12, en la cual se deja constancia de que la firma IMECO S.A. se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero (véase fs. 13 vta.), en relación con la totalidad de la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria (DIT) N° 06 073 IT15 00120 B (véase fs. 8/11). A fs. 18, el servicio aduanero procede a la clasificación y valoración de la mercadería presuntamente infraccionada, mientras que a fs. 20 se encuentra glosada la correspondiente liquidación de tributos. En fs. 31 se incorpora la póliza de caución Nro. 3421037246, emitida por la firma aseguradora “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA”, con el objeto de garantizar la destinación de importación temporaria mencionada. A fs. 33/35 obra una nueva liquidación tributaria, junto con el cálculo de la multa mínima aplicable. A fs. 36, con fecha 18/06/2013, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario conforme a lo establecido en el artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero y, en el mismo acto, ordena correr vista de lo actuado a la firma importadora, imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del citado cuerpo normativo. Asimismo, se cita a la firma aseguradora, en su carácter de garante de la operación, siendo ambas notificadas en fechas 17/05/2018 y 03/04/2018, conforme constancias obrantes a fs. 66 y 62, respectivamente. Con fecha 13/04/2018, la aseguradora contesta la vista conferida (fs. 50/57). A fs. 68 se declara la rebeldía de la firma importadora, y finalmente, a fs. 71/73, obra la Resolución (DE PRLA) N° 3978, de fecha 15 de junio de 2018, que resulta objeto de apelación en las presentes actuaciones.
IV. Que, en primer término, corresponde entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del fisco para exigir tributos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 15 de junio de 2018 y notificada recién el 12 de febrero del año 2021, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
Que, en efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2009, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 27 de julio del año 2008), debiendo haber fenecido el 1/1/2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el 18 de junio de 2013 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 4 años, 5 cinco meses y 18 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (18/06/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 15 de junio de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 12 de febrero de 2021, cuando el curso de la prescripción había fenecido.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
Que, en consecuencia, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
En efecto, tomar la letra de la ley y sostener en base a ella el dura lex sed lex o el fiat justitia, pereat mundus, cuando es poco dudoso que eso sea justitia, se respondía otrora con el summum jus summa injuria o el summum jus summast malitia y era posible seguir con la contraposición de máximas y acabar reduciendo el derecho a un art pour l'art poco edificante y escasamente compatible con un estado constitucional de derecho (confr. doctrina de Fallos: 330:4749).
Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” respecto de la Resolución (DE PRLA) nro. 3978/2018, de fecha 15 de junio de 2018, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-9241-2007 .
2. Imponer las costas a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por el Dr. Garbarino así como también del relato de los elementos acollarados al expediente. En segundo -y neurálgicamente- adelanto que no comparto lo que desarrolla a lo largo de su propuesta -para fundar lo que propone como solución al entuerto- en razón –basalmente- de lo resuelto por la Alzada en el plenario “Hughes Tool C/ DGA” y –centralmente- lo sentenciado por nuestro tribunal Cimero en Wonderland (Fallos: 332:1109), pues entiendo que no se dan los presupuestos establecidos en el código de fondo para adoptar un temperamento extintivo como el propuesto por el Vocal preopinante en el complimiento de la “SUBLIME” misión de administrar justicia, según expone en su ilustrada deposición.
Permitiéndome una digresión en razón de los trazos que decoran la pieza que conforma el voto del dr. Gabarino, estimo importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del poder judicial y zenit de nuestro cometido jurisdiccional, mediante la Resolución N° 2640/2023 ha receptado un reclamo popular y, obrando en consecuencia, invitó a los operadores del sistema de justicia a expresarnos de manera clara, sencilla y concreta fijando lineamientos para ello. La justicia como servicio público esencial no solo debe estar disponible para quien la requiera, debe ser accesible para que el lector promedio no deba recurrir a la piedra de Rosetta para su decodificación o a la inteligencia artificial para explicar lo que el operador quiso decir al desnudar toda su sapiencia plasmándola en un lenguaje reservado a los ámbitos jurídicos y académico.
La doctrina también ha sido contundente en recoger el guante de ese desafío señalando que “(…) El juez tiene la obligación de explicarse. No se trata sólo de un derecho del usuario del servicio de justicia. El que desempeña una función pública debe hacer saber en forma clara los argumentos y razones que brinda para condenar o absolver. Estas razones han de ser entendidas, en primer lugar, por las personas a las que van dirigidas. Pero, además, por la sociedad toda, que así podrá ejercer un control democrático sobre estos actos públicos, como son las sentencias (…)” (Guillermo D. González Zurro, “Sentencias en Lenguaje Claro”, T. Edit., La Ley 2018-F del 28/12/2018, Cita ON LINE AR/DOC/2608/2018).
En lo personal, sigo convencido de que la claridad no está reñida con la sofisticación, ni el sentido común con el rigor técnico. Tal vez por eso nuestras resoluciones, sin necesidad de estocadas de vanidad vestidas de brocardos, han sido acogidas y reproducidas desde antaño por el ámbito académico.
A lo largo de su autorreferencial voto, el dr. Garbarino se alza contra la demora de la administración en notificar el acto que –según él considera- es de obligatoria notificación, reconociendo a su vez, que “no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones” y por ello aplicando supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos y puntualmente remitiéndose a lo establecido en el art. 40 del Reglamento de dicha norma, concluir que habiendo transcurrido el plazo de cinco (5) días allí sentado reanudóse el plazo de prescripción que –por disposición de lo normado en el art.805 inc. a) del C.A. (aprobado por la Ley 22415)- se encontraba suspendido y, por ello, contabilizando el tiempo transcurrido concluye que el plazo quinquenal de viabilidad de la acción para exigir tributos, se encontraba largamente excedido.
Todo ese andamiaje es tan forzado como foráneo a la norma que rige en la materia, pues claramente el legislador no previó el efecto encontrado por el Sr. Vocal.
De hecho, recién con la sanción del DNU 70/2023 se incorporan en el art. 1037 del C.A. (actos de notificación obligatoria) como incisos m) y n) los siguientes: el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; n) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. (Ver artículo 151 del DNU). Podemos afirmar entonces que la tesis del letrado instructor está sentada sólo en su particular razonamiento, más no en lo pretendido por el legislador al aprobar la Ley 22415 que a su vez, puso en vigencia el Código Aduanero. El legislador previó específicamente la situación arropándola de una manera distinta a la que recoge, con distinto sayo, el Sr. Vocal, poniéndole en acciones concretas situaciones no queridas expresamente por quien estableció la regla.
En síntesis: el legislador no quiso imponer plazo para notificar ni imponer la carga de hacerlo y por ello no hay vacío legal a completar por la vía de la supletoriedad a la que acude en defensa de su tesis extintiva. Para cuando acontecieron los eventos aquí ventilados, no había otro criterio a aplicar que el bien sentado por la CNCAF en el referido plenario “Hughes Tool” (infraccional) y por la CSJN en “Wonderland” (tributos), por lo que, a la fecha de la emisión de este pronunciamiento la acción del fisco para exigir tributos en el marco de la operación aquí en trato se encuentra vigente.
Claro está que esta Sala no ha sido pasiva ni desconoce la multiplicidad de casos en los que la aduana notifica mucho los actos administrativos como el aquí recurrido con muchísima demora. Para dar solución al caso optó por recurrir como fundamento de una decisión justa y sentada en derecho, al bloque de garantías convencionales, tal como bien destaca el Vocal Garbarino, al referenciar las sentencias de esta Sala identificando aquellas que contienen votos de su autoría.
En este caso sometido a estudio, no advierto que la inactividad estatal pueda contemplársela como lesiva del debido proceso por exceso del plazo razonable en grado tal que evidencie una afectación al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento sin indebidas dilaciones (art.8.1 CADDHH) que me conmine a considerar la inaplicación de la norma en este caso, máxime, si se considera la ausencia de proactividad útil de quien, en definitiva, debiera ser un interesado central en perseguir con celo el proceso sumarial aduanero que enmarca una discusión tributaria. La aquí actora es una empresa aseguradora que onerosamente asume un riesgo que persiste mientras la póliza no sea cancelada o devuelta. No se percibe proactividad en el sentido de exigir a la administración que se expida en defensa de sus derechos. Este Tribunal no puede –como lo hace el Vocal instructor- erigirse como el defensor de aquello de lo que no quiso defenderse durante años la aseguradora premiando la pasividad con la prescripción como se propone en este caso.
Analizar los efectos derivados del efecto suspensivo previsto en el art.805 inc. a) del Código Aduanero obliga al operador a divorciarse de estímulos estadísticos, dimensionar el contexto fáctico y probatorio del casus en su totalidad, lo que incluye -claro está- la actividad desplegada por las partes en el proceso y así, ponderando los derechos en conflicto, evaluar sus consecuencias antes de adoptar un temperamento que pudiere derivar en un extremo extintivo como el aquí propuesto por el dr Garbarino.
Empero, siguiendo -y compartiendo- con la profunda, auto referencial y sentida preocupación expuesta por el dr. Garbarino respecto a la suerte de los derechos del contribuyente en casos como el que nos ocupa, no puedo -ni debo- divorciarme del impacto que implica prolongar la ya extensa demora -e incertidumbre- que se derivan de la aplicación de un criterio que no ha sido receptado pacíficamente por el Tribunal de alzada.-
Y es por ello que, vista la latente posibilidad de que el superior no acompañe el temperamento prescriptivo propuesto por el Vocal instructor he de limitarme a votar por el RECHAZO a la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos respecto de la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA en el marco del expte SIGEA N°12206-9241-2007, debiéndose volver los obrados a la vocalía instructora para que se expida respecto al fondo de la cuestión. Así lo voto.
El Dr. Segura dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” respecto de la Resolución (DE PRLA) nro. 3978/2018, de fecha 15 de junio de 2018, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-9241-2007 .
2. Imponer las costas a la demandada vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.08.19 11:35:27 ART Date: 2025.08.19 14:33:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.20 10:03:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.20 10:03:50 -03:00
Fin de la sentencia