Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-134291480-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 2° de la Resolución nro. RESOL-2022-8268-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 2/12/22, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 12210-3140-2011, en tanto exige el pago de tributos a la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” por la suma de TRES MIL CUARENTA Y UN DÓLARES ESTADOUNIDENSES con NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (U$D 3.041,93) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA más los intereses del artículo 794 del CÓDIGO aduanero desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 65.000) monto al que deberán adicionársele los intereses del artículo 794 del CÓDIGO aduanero desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago 2) Costas a la actora vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-78366379-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Julio de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, EX-2022-134291480- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, se presenta, por apoderado, la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” (en adelante “SANCOR”) e interpone recurso de apelación contra la decisión del Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires plasmada en la Resolución Nro. RESOL-2022- 8268-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 2 de diciembre de 2022, dictada el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-3140-2011. Dicha resolución intima a “SANCOR”, con sujeción a los límites máximos estipulados en la póliza de caución N° 6449269000, al pago de la suma de U$S 3.041,93 (tres mil cuarenta y un dólares estadounidenses con noventa y tres centavos), en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, más los intereses correspondientes, en su carácter de garante de la firma importadora VISTEON S.A. (en adelante, “VISTEON”), la cual habría incurrido en incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria, en el marco de la destinación aduanera N° 10073IT114000459K. Dice que la importación temporaria (DIT) venció el 7/03/2011, y el plazo de prescripción de la acción fiscal (según los artículos 803 y 934 del Código Aduanero) comenzó a computarse el 01/01/2012. Señala que la instrucción del sumario es nula por cuanto faltaría la liquidación tributaria debidamente intimada. Menciona que la vista fue corrida recién el 10/1/2022, es decir, más de 10 años después del hecho imponible. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que señala que las dilaciones indebidas en la actuación administrativa violan el derecho a ser juzgado en plazo razonable (art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica). Solicita la intervención del importador y Despachante de Aduana para que acrediten la reexportación o cumplimiento del régimen de importación temporaria. Invoca el límite de la póliza y, advierte que SANCOR garantizó la operación con una póliza de caución por $65.000. Advierte que dicho importe no puede ser superado por intereses ni actualizaciones. Impugna la conversión de la deuda a tipo de cambio del día anterior al pago y critica la aplicación de intereses en dólares desde la fecha del hecho imponible, lo que se considera confiscatorio. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado del recurso de apelación interpuesto por “SANCOR” contra la Resolución N° 8268/22. Luego de efectuar un breve resumen de los hechos acontecidos en sede aduanera, niega todos y cada uno de los hechos y afirmaciones vertidos por la contraria que no sean objeto de reconocimiento expreso. Señala que la firma importadora “VISTEON” efectuó una importación temporaria de mercadería bajo la destinación aduanera Nro. 10073IT114000459K, cuyo vencimiento operó el 07/03/2011, sin que haya acreditado su reexportación ni otorgado destino legal a la mercadería. En consecuencia, se habría configurado la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. Rechaza el planteo de nulidad formulado por la actora, fundado en la supuesta omisión de la liquidación tributaria en el auto de apertura del sumario. A este respecto, sostiene que el artículo 1094 del Código Aduanero no impone un orden estricto para las diligencias allí enumeradas, ni contempla la nulidad por la eventual ausencia de alguno de sus requisitos. Agrega que el acto de apertura fue válido, conteniendo los elementos esenciales exigidos, tales como la identificación de la operación y la descripción de los hechos imputados. En cuanto a la prescripción, sostiene que el plazo quinquenal previsto en el artículo 803 del Código Aduanero comenzó a correr el 01/01/2012, pero fue válidamente suspendido e interrumpido por el dictado del auto de apertura del sumario con fecha 05/02/2016, conforme a los artículos 805 y 937 del mismo cuerpo normativo. Resalta que, de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Wonderland SRL, la notificación del auto de apertura no resulta necesaria para interrumpir el curso de la prescripción. Considera improcedente el planteo referido al principio del “plazo razonable”. En cuanto a la determinación del crédito fiscal, afirma que la deuda debe liquidarse en dólares estadounidenses hasta su efectivo pago conforme al artículo 20 de la Ley 23.905 y la Resolución General AFIP 3271/2012. Asimismo, sostiene que los intereses fueron correctamente calculados según los artículos 794, 795 y 796 del Código Aduanero, y que la actora no acreditó la existencia de confiscatoriedad ni afectación patrimonial alguna. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva del caso federal y solicita el rechazo del recurso interpuesto, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12210-3140-2011 se inician a fojas 1/47 con la presentación de la firma “VISTEON S.A.”, mediante la cual intenta acreditar la cancelación de la destinación de importación temporaria N° 10073IT114000459K. A fojas 48 luce el Acta de Denuncia N° 149/12, donde se deja constancia de que la firma importadora se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, en relación con la mercadería amparada por la referida destinación, cuyo vencimiento operó el día 07/03/2011 (véase fs. 4). A fojas 52, el servicio aduanero procede a la clasificación y valoración de la mercadería presuntamente infraccionada, y a fojas 53 obra agregada la liquidación de los tributos correspondientes.
Con fecha 05/12/2016, mediante providencia obrante a fojas 57, se dispone la apertura del sumario conforme lo establecido en el artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero. A fojas 58 se incorpora una nueva liquidación tributaria, junto con el cálculo de la multa mínima aplicable. A fojas 60, el servicio aduanero ordena correr vista de lo actuado a la firma importadora, formulando imputación en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, y asimismo cita a la firma “SANCOR” en su carácter de garante de la operación. Ambas notificaciones fueron diligenciadas en fechas 18/01/2022 y 01/02/2022, respectivamente, conforme surge de las constancias obrantes a fojas 64 y 65. Con fecha 03/02/2022, la aseguradora “SANCOR” presenta escrito de contestación de vista (fs. 66 y vta.), mientras que la firma importadora “VISTEON” contesta en similar sentido a fojas 72/80. Finalmente, a fojas 85/87, obra la Resolución (DE PRLA) N° RESOL-2022-8268-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, de fecha 2 de diciembre de 2022, que resulta objeto de apelación en las presentes actuaciones.
IV. Que corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
V. Que, en primer lugar, debe señalarse que no es únicamente la firma importadora quien puede acreditar la reexportación total de la mercadería importada temporariamente, ya que la aseguradora, en virtud del principio de subrogación, puede asumir las defensas de aquella. En consecuencia, también está facultada para probar dicho extremo mediante la presentación de la documentación que acredite la efectiva salida del territorio aduanero de la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporaria.
Que, cabe aclarar que, en materia tributaria —a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal— el onus probandi del cumplimiento de las condiciones del régimen de importación temporaria recae, en principio, sobre el importador o la aseguradora. Esto se debe a que dicho régimen constituye un beneficio excepcional, al permitir el ingreso de mercadería extranjera sin el pago de los tributos correspondientes a su importación. Que, en el presente caso, la parte recurrente no logró demostrar, ni en sede aduanera ni en este proceso, la reexportación de la mercadería con la documentación pertinente. Nótese que la recurrente no acompañó los permisos de embarque que acreditarían la descarga. En consecuencia, se configura la responsabilidad de la aseguradora en su carácter de garante de la operación de importación temporaria de marras.
VI. Que incumbe, en segundo lugar, entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la supuesta invalidez del auto de apertura de sumario y, como consecuencia de ello, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos.
Que corresponde aclarar que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación de este, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable.
Que el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario y, en este sentido, dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos SIGEA N° 12210-3140-2011 se verifica que el servicio aduanero dispuso la apertura del sumario con fecha 05/12/2016, es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo de prescripción que operaba el 01/01/2017, considerando que la presunta infracción aduanera habría tenido lugar el 07/03/2011.
Que dicha instrucción de sumario cumple con la totalidad de los requisitos previstos en el mencionado artículo 1094 del Código Aduanero. En efecto, al momento de su dictado, el servicio aduanero contaba con la DIT N° 10073IT114000459K (v. fs. 4 de las actuaciones), la cual constituye el antecedente de la obligación tributaria, y ya había realizado la correspondiente liquidación tributaria (v. fs. 53), precedida por la clasificación y valoración de la mercadería involucrada (v. fs. 52).
Que si bien con posterioridad a la apertura del sumario se efectuó una nueva liquidación tributaria (v. fs. 58), ello no invalida el acto cuestionado, ya que dicha liquidación constituye una rectificación —y no una sustitución— de la primera, practicada dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento aduanero.
Que, en consecuencia, el auto de apertura de sumario dictado en el presente caso no puede ser considerado como un acto dictado con el único fin de suspender el curso de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir el pago de tributos.
VII. Que, sobre la base de las consideraciones anteriores, corresponde destacar, en relación al agravio prescriptivo articulado por la recurrente, que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/01/2012, en los términos del artículo 804 inc. b), del referido ordenamiento legal, (atento a que el hecho gravado, es decir, el vencimiento del plazo de permanencia de la destinación de importación temporaria tuvo lugar en fecha 7 de marzo de 2011), debiendo haber operado el 1/01/2017, de no haberse producido causales suspensivas.
Que, en fecha 5/12/16, el servicio aduanero dispuso instruir el correspondiente sumario, habiendo transcurrido hasta ese momento, desde el 1/01/12, la cantidad de tiempo exacta de 4 (cuatro) años; 11 (once) meses y 15 (quince) días. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió desde la apertura de sumario, es decir, desde el 5/12/16 "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805 inc. a).
Que las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (5/12/16) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 2 de diciembre de 2022- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo se notificó el 12 de diciembre de 2022, cuando aún no había fenecido el curso de la prescripción por lo que no procede aplicar en la presente causa, la doctrina emanada en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN- SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos no se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual no corresponde hacer lugar al planteo de prescripción, sin costas, atento su tratamiento conjunto con el fondo del asunto.
VIII. Que en relación al límite máximo garantizado por la recurrente, ya se ha expedido la Dirección General de Aduanas en el artículo 2 de la Resolución N° RESOL-2022-8268-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA conforme a derecho. En efecto, el servicio aduanero determinó, criterio que este Tribunal comparte, que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza nro. 6449269000 que totaliza la suma, en concepto de capital, de sesenta y cinco mil pesos $ 65.000 (sesenta y cinco mil pesos). A dicha suma deberán adicionarse los intereses previstos en el artículo 794 del CÓDIGO Aduanero, desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago.
IX. Que la recurrente se agravia, asimismo, de la forma en la que el servicio aduanero liquida el capital. Impugna que la conversión de la deuda se efectúe al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago. Que en relación al agravio expresado por la actora relativo al capital, es decir, a la aplicación al caso de autos de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley nro. 23.905, cabe remitirse a lo expuesto por la Procuradora Fiscal en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, dictamen al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 23 de agosto de 2011, en el sentido de que dicha norma no fue dejada de lado por la ley 23.928; es decir, que resulta razonable considerar vigente lo dispuesto en el artículo 20 de le ley 23.905 en cuanto estableció que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, “se determinarán en dólares estadounidenses”, y el pagó podría efectuarse –entre otras opciones- en la moneda nacional, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”, tal como se establece en la nota externa nº 2/2004 emitida por la Dirección General de Aduanas y en la resolución general AFIP nro. 3271/12.
X. Que, por otra parte, la firma recurrente también se agravia respecto de la tasa de interés en dólares aplicada por el servicio aduanero. Considera que la misma es confiscatoria. Plantea la inconstitucionalidad contra la forma de liquidación que pretende la Aduana respecto de la deuda perseguida en dólares estadounidenses y contra la norma que le da sustento para tal mecánica.
Que, en tal sentido, corresponde recordar que al efecto me he pronunciado en el precedente “ALPEMAR S.R.L c/DGA s/ recurso de apelación”, Expte. n° 36.199-A, sentencia de fecha 21/12/18, en cuanto a que las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal (nuevamente “Fallos” 315:1492), derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos –nominados en su artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, con más los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Congreso apruebe con ulterioridad, bien que éstos en las condiciones de su tercer párrafo– (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 133). Todo ello sin perjuicio de la doctrina legal establecida por el Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de este Tribunal con fecha 26/4/2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, en relación a la imposibilidad de esta magistratura de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
Que, no obstante la vigencia de dicha doctrina plenaria, tampoco debe perderse de vista que conforme a una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, la confiscatoriedad acaece frente a una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 314:1293 y sus citas; 322:3255, entre muchos otros). Y dentro de esta doctrina, siempre se debe requerir del actor una prueba concluyente a su cargo acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros), lo que en la especie no ha acontecido.
XI. Que la Resolución General (AFIP) N° 3271/12 dispuso que al efectuar las liquidaciones de deudas por tributos aduaneros (derechos de importación y exportación entre otros) por hechos imponibles generados luego de la sanción de la ley 25.561, el monto del impuesto originariamente determinado en dólares estadounidenses, debía mantenerse en dicha moneda hasta el día anterior a su cancelación. En síntesis, el capital de la obligación tributaria se mantiene “actualizada en dólares hasta su efectivo pago”. Asimismo, la mentada Resolución en cuanto a los intereses aplicables dispone que los mismos deberán ser calculados sobre el capital adeudado –en pesos- hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido en el art. 794 y concordantes del Código Aduanero”.
Que tanto en materia impositiva como aduanera la tasa y el mecanismo de aplicación de los intereses resarcitorios y punitorios son fijados con carácter general por la SECRETARÍA DE HACIENDA de conformidad con los arts. 37 y 52 de la ley 11.683, y los arts. 794 y 797 del Código Aduanero, respectivamente.
Que, en ese sentido, resulta de aplicación a la presente causa la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en las Resoluciones Nros. 598/2019, 559/2022, 3/2024 y 823/2025 del Ministerio de Economía –siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado-.
En virtud de las razones esgrimidas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Confirmar el artículo 2° de la Resolución nro. RESOL-2022-8268-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 2/12/22, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 12210-3140-2011, en tanto exige el pago de tributos a la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” por la suma de TRES MIL CUARENTA Y UN DÓLARES ESTADOUNIDENSES con NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (U$D 3.041,93) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA más los intereses del artículo 794 del CÓDIGO aduanero desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 65.000) monto al que deberán adicionársele los intereses del artículo 794 del CÓDIGO aduanero desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago 2) Costas a la actora vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta del Sr. Vocal Instructor.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo 2° de la Resolución nro. RESOL-2022-8268-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 2/12/22, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 12210-3140-2011, en tanto exige el pago de tributos a la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA” por la suma de TRES MIL CUARENTA Y UN DÓLARES ESTADOUNIDENSES con NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (U$D 3.041,93) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA más los intereses del artículo 794 del CÓDIGO aduanero desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 65.000) monto al que deberán adicionársele los intereses del artículo 794 del CÓDIGO aduanero desde el 15/02/22 hasta la fecha del efectivo pago 2) Costas a la actora vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.07.18 14:26:39 ART Date: 2025.07.18 14:54:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.18 14:55:00 -03:00
Fin de la sentencia