Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-15151586-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 4838 (SIGEA 12197-5223-2007), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-71497651-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Julio de 2024 SGASAD#TFN Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-15151586- -APN-SGASAD#TFN (“SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 09.02.23 la firma recurrente mediante IF-2023-15151492-APN-DTD#JGM interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 4838 de fecha 24.07.18, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12197- 5223-2007, por la cual se le formula cargo respecto de la destinación de exportación 02001IT16000600P, por un monto total de Dólares Estadounidenses Dos Mil Doscientos Once con 61/100 (u$s2.211,61.-) en concepto de tributos con más la suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos Catorce con 30/10 ($6.414,30.-) en concepto de Percepción de IVA Adicional y de Impuesto a las Ganancias. Reseña que la aduana de Buenos Aires inició sumario administrativo contra la firma AMORIN ARGENTINA SA por presunta infracción cometida al art. 970 del Código Aduanero (“CA”), atento que no habría regularizado dentro del plazo previsto la situación de la mercadería documentada mediante la DIT en cuestión, cuyo vencimiento operó el 13.10.04 con motivo de la fianza emitida por su mandante.
Manifiesta que conforme surge del propio sumario, no existe constancia alguna de que se le haya corrido vista como lo establecen los arts. 1092 y 1101 del CA, privando a su representada arbitrariamente del derecho de defensa. Asimismo, interpone la defensa de prescripción de la obligación pretendida por la DGA, indicando que la Aduana pretende imputar la infracción aduanera sobre la referida destinación, en el marco de actuaciones administrativas que se encuentran notablemente prescriptas conforme arts. 787, 803, 805, 806 y 1012 del CA y cita abundante jurisprudencia al respecto. Deja asentado que resulta improcedente el reclamo que se le hace en cuanto a los conceptos de IVA adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias.
Hace referencia a la responsabilidad de la aseguradora y señala que debe tenerse presente que la aseguradora tiene un límite máximo dado por el monto de la garantía (art. 1996 Código Civil), es decir, por el monto de la póliza otorgada en garantía y en tal sentido responde por el valor máximo de la póliza sin perjuicio de los intereses que operen sobre dicho monto (art. 1122 CA) desde el cumplimiento del plazo de la vista. Por último, manifiesta que la pretensión de liquidar la deuda en moneda dura al día anterior al de pago viola las normas dispuestas por el CA relativas a la ocurrencia del hecho imponible, momento en que debe liquidarse la obligación aduanera. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal.
Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 24.04.23 mediante el IF-2023-45595544-APN- DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas 12197-5223-2007. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Manifiesta que conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del CA el auto de apertura de sumario suspendió el cómputo de los plazos para perseguir el cobro de los tributos hasta tanto se dictara la resolución infraccional de la cual esos tributos dependían. Continua, con su análisis, y haciendo mención del art. 1103 del C.A. señala que la corrida de vista del sumario infraccional tiene los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d) del CA.
Por lo que, dice que la corrida de vista implica la interrupción de la acción del fisco para perseguir el cobro tributario y en esa precisa fecha, el plazo prescriptivo para la persecución de tributos asimismo se interrumpió. Amparada por jurisprudencia y doctrina que cita a tal fin concluye que los planteos de ineficiencia del auto de apertura de sumario, de la prescripción de la acción y del plazo irrazonable llevados a cabo por la recurrente, carecen totalmente de sustento legal y fáctico, por lo que dichos planteos deben ser desechados -con expresa imposición de costas a la actora-. En cuanto al agravio del límite de la póliza, argumenta que se trata de un contrato incuestionable e irreductible para la parte obligada en este caso.
Destaca que la finalidad del seguro de caución no es otra que la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. En este sentido, entiende que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del Tomador, bastando el mero vencimiento de la deuda, salvo que se haya pactado beneficio de exclusión, circunstancia que no ha acontecido en el caso de marras. De esa manera, entiende que la aseguradora se encuentra obligada a pagar por lo que la firma importadora resultara exigida a abonar como consecuencia de la importación temporal cuyo incumplimiento generó la configuración de la infracción tipificada y penada por el art. 970 del CA, ello dentro del límite asegurado más los intereses correspondientes.
Por último, procede a hacer referencia a la procedencia del reclamo de los intereses, conforme art. 794, 795 y 496 del CA. Hace reserva de caso federal. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Solicita se confirme la resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. La actuación 12197-5223-2007 (IF-2023-117887994-APN-DTD#JGM) se inicia con la agregación de la declaración jurada para la cancelación de importaciones temporales y su documental. A fs. 11 obra el acta de denuncia 281/07 de fecha 17.05.07, mediante la cual se indica que analizada la DIT 02001IT16000600P se entiende prima facie que la firma AMORIN ARGENTINA SA habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA. A fs. 12 se dicta la nota 3402/07 (SE PRTE) de fecha 17.05.07, se agregan las liquidaciones de tributos realizadas por el sector Sección Liquidaciones y prints de pantalla. A fs. 18, con fecha del 18.08.19 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 26 con fecha 01.10.15 se dispone continuar con las actuaciones, toda vez que con la existencia de antecedentes infraccionales firmes de la importadora, en los términos del art. 938 del CA, corresponde interrumpir la declaración de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas. Se agrega las constancias de determinación de multa y tributos art 970 (fs. 27) y print de pantalla del Sistema Informático Malvina (fs. 28/29). A fs. 30 con fecha 01.10.15 se ratifica el auto de corrida de vista y a fs. 31 con fecha 06.07.18 se deja constancia de que la firma AMORIN ARGENTINA SA no poseen antecedentes que la inhiban de del tratamiento previsto en la Instrucción General 11/16 (DGA). A fs. 32/33 obran las cédulas SICNEA, con estado “enviado” de fecha 19.01.23, mediante las cuales se notifica a las partes de la resolución de definitiva dictada en los actuados. Se deja constancia que no obra en las actuaciones la resolución DE PRLA 4838 de fecha 24.07.18, resolución apelada en autos.
IV. Que con fecha 18.10.23 (PV-2023-123378808-APN-VOCXIII#TFN) se abre la causa a prueba. Con fecha 23.05.24 se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “E”, dispone no alegar a tenor de la prueba producida en autos. Con fecha 1.07.24 se llaman autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de la recurrente.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta denuncia 281/07 de fecha 17.05.07 (v. fs. 11 act. adm.) y realizados diferentes pases, con fecha 18.08.09 se dispone la instrucción de la apertura del sumario (v. fs. 18 act. adm.). No hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente en concepto de derechos de exportación. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 24.07.18 fue notificada cinco (5) años después de su dictado (19.01.23).
De lo relatado surge manifiesto que la recurrente ha sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. La recurrente recién tomo conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela, por la cual se generó un cargo. Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Le asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Resulta claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga, por el que se exige además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA). Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 4838 apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en su carácter de garante, con costas a la Aduana.
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 4838 (SIGEA 12197-5223-2007), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria II.- Que, formulada la denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., el 17/5/2007, posteriormente luce aforo, liquidación y determinación de tributos y multa, consulta de garantías global, seguidamente se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista del 18/09/2009 y rectificación de la corrida de vista del 1/10/2015, surge palmaria la omisión de notificar las mencionadas corridas de vista. En tales condiciones, previa a una nueva determinación de multa y tributos y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada. Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N° 9/17 de la D.G.A.,por la cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 4838/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en virtud de ello, deviene nula la notificación cuya constancia luce a fs. 43 de las actuaciones, en las que incorrectamente se indica que la resolución es definitiva y que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4838/2018 dirigida a la aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2005.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (13/10/2004) -conforme surge de fs. 1 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (18/9/2009), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4838/2018 (SIGEA 12197-5223-2007) dirigida a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria..
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 4838 (SIGEA 12197-5223-2007), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.07.08 12:10:17 -03:00 Date: 2024.07.08 12:39:47 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.08 13:18:09 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.08 13:18:10 -03:00
Fin de la sentencia