Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28946-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la oposición formulada y reiterar por igual plazo la intimación de pago cursada el 10/7/25.
26226/2025 SANCOR CUL (TF 28946-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 30 de octubre de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, en el punto V del primer auto, notificado a la actora el 10/7/2025, se la intimó “a que en el plazo de cinco (5) días abone la suma de $ 2.350 en concepto de tasa de justicia, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la ley 23.898”.
2. Que, el 11/7/25, la actora pidió ser eximida del pago de la tasa, dado que se encontraba en concurso preventivo de acreedores desde principios de 2025;
circunstancia que acreditó con una copia de la sentencia que así lo había declarado.
3. Que, de la oposición al pago, se dio vista al Representante del Fisco en los términos del artículo 11 de la ley 23.898; quien dictaminó que la exención era improcedente.
4. Que la tasa de justicia es una obligación dineraria creada por el Estado en ejercicio del poder de imperio y en virtud de una ley, exigida de modo coactivo para la satisfacción de una necesidad pública. El hecho imponible del tributo es la prestación efectiva o potencial del servicio de justicia, que tiene lugar desde el mismo momento en que el actor pone en actividad el órgano judicial en procura del reconocimiento de su derecho (cfr. esta Sala, causa “José Grisolía SA-incidente de tasa c/Superintendencia de Seguros de la Nación”, sent. del 16/9/99). Es por ello que la contraprestación debe abonarse por el solo hecho de recurrir ante el órgano jurisdiccional y promover una actuación judicial, con prescindencia de la suerte que corra la pretensión del peticionario y con absoluta abstracción de las ulterioridades del proceso (Fallos: 330:547; entre otros; cfr. esta Sala, causas “Incidente en autos: Sideco Americana SACIIF c/DNV”, del 7/12/92; “Sanym SA”, del 14/5/93; “Cobos, Alfredo y otros c/BCRA”, del 24/3/94 y “Velarde, Carlos Alberto (h) y otro c/Dirección General Impositiva”, del 22/12/98; entre otras).
En este sentido, la ley 23.898 dispone que, a todas las actuaciones judiciales, cualquiera sea su naturaleza, se les aplicará una tasa siempre que esa u otra norma no establezcan una exención (art. 1°). Además, precisa que por tal concepto se abonará una alícuota del 3% sobre el valor del objeto litigioso que constituya la petición del obligado al pago (art. 2º) y que el importe del tributo se reducirá en un 50%, entre otros supuestos, en los procesos judiciales que tramiten recursos directos (art. 3º, inc. g).
5. Que, en el caso, corresponde que la actora abone la tasa porque no se ha invocado —ni se advierte— que su situación encuadre dentro de las exenciones taxativas previstas para el tributo.
En efecto, la presentación en concurso preventivo de acreedores no se encuentra prevista como tal en el artículo 13 de la ley 23.898; como sí lo está, en cambio, en el artículo 9° de la ley 25.964 con relación a la tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Tampoco puede obviarse que, a pesar de la fecha desde la cual manifiesta encontrarse concursada, la actora no solicitó en la oportunidad prevista en el artículo 78 del CPCCN un beneficio para litigar sin gastos ante esta Cámara; que era el medio procesal específico para acreditar la imposibilidad de pago (cfr. esta Sala, causa 12886/12, "Torres Mena, Oalila (TF 31170-I) –BLSG", sent. del 17/6/14, entre otros) y, además, hubiese permitido eximirla de hacerlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, inciso a, de la ley del tributo.
Por ello, y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el Representante del Fisco, SE RESUELVE: Desestimar la oposición formulada y reiterar por igual plazo la intimación de pago cursada el 10/7/25.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO VINCENTI
Fin de la sentencia