Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.238-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto se condena a la actora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., la que se reduce y se fija en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57.-).
3Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto intima a la actora al pago de tributos (derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A.) que ascienden a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57.-), con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 18/12/2012 hasta la fecha de efectivo pago.
4Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto exige el pago del derecho adicional y de las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias.
5Costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-68447851-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Julio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 35.238-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 86/98 se presenta la firma “SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimiento Legales Aduaneros en la Actuación Nº 12206-9959-2007, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $131.750,37.- y se le formula cargo en concepto de tributos por $183.236.- con más los intereses del art. 794 del C.A. por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del Código Aduanero, con relación a la importación temporaria documentada por los DIT Nros. 06 073 IT14 003436 N y 06 073 IT14 000168 N. Reseña los antecedentes del caso. Explica que la mercadería introducida por las referidas destinaciones temporarias consistía en insumos para la producción de los medicamentos NOZINAN 100 mg. y AMPLIACTIL 25mg., en su presentación de 20 comprimidos, para la posterior exportación de los productos resultantes a Brasil. Añade que en ese país dichos medicamentos se comercializan con las marcas NEOZINE 100 mg. y AMPLICTIL 25mg., respectivamente. Plantea la nulidad de todo lo actuado y, en consecuencia, de la resolución aduanera apelada, por vulneración de su derecho de defensa. Opone la prescripción de la acción del fisco para aplicar multa y percibir tributos. Sostiene que ha reexportado la totalidad de la mercadería y detalla los Certificados de Tipificación y Clasificación (en adelante, CTC) aplicables y los permisos de embarque (en adelante, PE) que lo acreditan. Destaca que si bien los CTC Nros. 3117 y 3118/01 mencionan que los insumos fueron tipificados para la producción de los medicamentos NOZINAN 100 mg.y AMPLIACTIL 25mg., los medicamentos se comercializan en Brasil con las marcas comerciales NEOZINE 100 mg. y AMPLICTIL 25mg., respectivamente, y con esas denominaciones figuran declarados en los PE Nros. 07 073 EC03 007036 Y y 07 073 EC03 007115 M.
Asimismo, se agravia de la graduación de la multa, toda vez que la aduana se ha limitado a considerar el supuesto antecedente infraccional que surgiría de la impresión de consulta del Registro General de Infractores, pero no obran mayores datos de ese supuesto antecedente. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se haga lugar al planteo de nulidad, se declare la prescripción y, en subsidio, peticiona que se revoque la resolución.
II. Que a fs. 111/113vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula negativa genérica. Efectúa una breve reseña de las actuaciones administrativas. Sostiene que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora. Afirma que en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el artículo 970 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia que confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas a cargo de la actora.
III. Que a fs. 115 se abre la causa a prueba. A fs. 222 se cierra el período probatorio. A fs. 242 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 243 se ponen para alegar. A fs. 247/249 se agrega el alegato presentado por la actora, y a fs. 250 se deja constancia que el Fisco Nacional no hizo uso del derecho conferido. A fs. 251 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12206-9959-2007 se inicia a fs. 1/3ref. con la solicitud de liberación de la mercadería bajo el régimen de garantía y el reencuadre de las denuncias formuladas. A fs. 23/24ref. se agrega impresión de Comprobante de recepción de una garantía, y a fs. 25/26 los comprobantes de pago LMAN. A fs. 28/vta. la importadora reitera la solicitud de liberación de la mercadería bajo régimen de garantía y adjunta los comprobantes de constitución de garantía. A fs. 44 ref. mediante nota del 18/5/2009 el Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 1 solicita a la Sección Ramo “B” información acerca de “si la falta de coincidencia entre los nombres con que se comercializan los productos en el mercado local (NOZINAN y AMPLIACTIL) con las presentaciones con los que se comercializa en Brasil (NEOZINE y AMPLICTIL), obedece a una mera denominación comercial distinta (tratándose de productos diferentes) o simplemente se trata de los mismos productos –misma droga- con dos denominaciones diferentes”. A fs. 45 la Sección Ramo “B” informa que no le corresponde emitir informe comparativo, y que la Autoridad de Aplicación sobre los medicamentos comercializados y/o elaborados en el país es la ANMAT. A fs. 46 con fecha 24/8/2009 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc “c” del C.A. A fs. 48 se clasifica y valora la mercadería considerada en infracción. A fs. 49/50 se liquidan tributos. A fs. 51/52 se determinan la multa y los tributos. A fs. 53/54 se glosan impresiones de “Consulta de una Garantía Global o Unitaria”. A fs. 55/vta. se corre vista a la importadora, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. (notificada el 03/12/2012, según constancias de fs. 57). A fs. 58/64vta. contesta vista la importadora. A fs. 109 se agrega el comprobante de pago de la liquidación manual 13073LMAN071411B y a fs. 108 obra la Nota SE LIEZ Nº 495/13 por la que se deja constancia de que se procedió al ingreso en el SIM de dicha liquidación. A fs. 115/117 se glosa consulta al Registro de Infractores. A fs. 119/122 se dicta el 22/8/2014 la Resolución DE PRLA Nº 005483/2014 –apelada en la causa-. A fs. 124/vta. luce cédula notificada el 17/10/2014. A fs. 125/126 se acredita la interposición de recurso ante este Tribunal.
Por la Actuación Nº 12228-854-2007 se agrega el sobre del PE Nro. 07 073 EC03 007036 Y, y por la Actuación Nº 12228-855-2007 el del PE Nro. 07 073 EC03 007115 M, y a continuación se glosan las denuncias Nros. 534/07 (DV VEEZ) y 535/07 (DV VEEZ).
V. Que, en primer término, corresponde tratar el planteo de nulidad del procedimiento seguido en las actuaciones administrativas esgrimido por la actora.
El fundamento de ese planteo radica en que el servicio aduanero la condenó sin hacer mérito alguno sobre las innumerables pruebas documentales que le presentó. Pruebas tendientes a demostrar que los dos productos en cuestión reciben en Argentina y Brasil diferentes denominaciones comerciales, pero que son exactamente iguales en su composición farmacológica. Por ello, sostiene que el procedimiento seguido en las actuaciones adolece de vicios graves que vulneran su derecho de defensa en juicio.
Que, al respecto, cabe adelantar que atento la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con total amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades ocurridas en sede aduanera se tornan relativas y subsanables.
Que, por lo demás, teniendo en cuenta que reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que entiende el juzgador que son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa, y el hecho de que en esta instancia resulta posible merituar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente, corresponde rechazar la arbitrariedad impetrada, así como que se violó el derecho del debido proceso, ya que los alegados vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267- 393).
Que, por último, no resulta ocioso señalar que también es doctrina de la C.S.J.N. que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 243:560; 246:266; 248:584; 249:648), excepto ciertos supuestos, que no se dan en la especie, como por ejemplo la contradicción entre considerandos y parte dispositiva (conforme, entre otros, “Scicolone, Manuel S. c/ Prantera, Omar Alberto y otros”, sent. del 26/11/91).
Que, por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de nulidad opuesto por la actora, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
VI. Que la firma “SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.” plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante los DIT Nros. 06 073 IT14 003436 N y 06 073 IT14 000168 N -cuyo vencimiento operó el 19/07/2007-.
Que el fundamento esgrimido por la actora radica en que la duración del proceso infraccional ha excedido el plazo razonable.
Que el régimen de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas se encuentra regulado por el Código Aduanero, el cual, en su art. 934 establece que: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, plazo éste que conforme lo dispone el art. 935 comienza a correr “el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Que de acuerdo a la normativa transcripta precedentemente, el plazo quinquenal mencionado en la especie, debe computarse desde el 1º de enero de 2008, atento que la presunta infracción se habría cometido el 19/07/2007, fecha en que venció el plazo conferido para los DIT Nros. 06 073 IT14 003436 N y 06 073 IT14 000168 N. Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella. Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas comenzó a correr el 01/01/2008 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo el 19/07/2007) y vencía el 31/12/2012. No obstante, el dictado del auto de instrucción de sumario (24/9/2009) interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad con lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. “a” del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 25/9/2009 y el nuevo vencimiento ocurrió el 25/9/2014, pero la resolución aduanera se dictó el 22/8/2014 (apelada en autos).
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción.
VII. Que corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir el cobro de los tributos. Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 19/07/2007 (fecha de vencimiento de las destinaciones suspensivas –v. los DIT-) y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2008 y vencía el 31/12/2012 .
Que dicho plazo se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó el 24/8/2009 (v. fs. 46 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 1 año 7 meses y 24 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 años 4 meses y 7 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 24/8/2009) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda que la decisión a la que la norma refiere no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario de que se trata, esto es, la Resolución DE PRLA Nº 5483/14 del 22/8/2014.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 24/8/2009 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 22/8/2014 (fecha del dictado de la resolución). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805 del C.A., que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 22/8/2014 y la cédula de notificación es del 17/10/2014 (cfr. lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.549), por lo que cabe concluir que el servicio aduanero ha ejercido su acción para percibir tributos cuando aún no se había operado la prescripción, por lo que corresponde rechazar la excepción formulada por la actora.
VIII. Que por lo demás, no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/DGA” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años, mientras que en autos la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
Que, por lo expuesto, corresponde desestimar los planteos de prescripción opuestos por la actora, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
IX. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante los DIT Nros. 06 073 IT14 003436 N y 07 073 IT14 000168 N registrados por la importadora “SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.” ante la Aduana de Ezeiza el 15/11/2006 y 18/01/2007, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 19/07/2007.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. Que el Decreto N° 1330/04 -a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6). Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumoproducto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicosadministrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15).
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que la relación insumo/producto establecida por el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla dicho documento. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el de la especie, la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación.
Que ello significa que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la exportación para consumo en término de la mercadería (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
XI. Que la firma “SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.” (continuadora de “Aventis Pharma S.A.”)
documentó ante la Aduana de Ezeiza, al amparo del Decreto 1330/04, la importación temporaria de la mercadería de los DIT en trato, según el siguiente detalle:
• DIT Nº 06 073 IT14 003436 N, oficializado el 15/11/2006, la cantidad de 300Kg. (300 unidades) de mercadería de la P.A. 2934.30.90.100Y correspondiente a “Sicotropo (R.2017/93 ex -ANA) Los demás - Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA;
LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS”; y • DIT Nº 07 073 IT14 000168 N, oficializado el 15/11/2006, la cantidad de 300Kg. (300 unidades) de mercadería de la P.A. 2934.30.90.100Y correspondiente a “Maleato de metotrimeprazina (maleato de levomepromazina) – Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA; LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS”.
Que, en particular, las denuncias Nros. 534/07 (DV VEEZ) se fundan en el “(…) Incumplimiento de las disposiciones transitorias contempladas en el ANEXO IX de la Res. Gral nº 2147/06 por no existir proceso productivo aprobado toda vez que el Certificado de Tipificación y Clasificación declarado 3118/01 no ampara al producto AMPLICTIL 25mg. (…)”; y 535/07 (DV VEEZ) “(…) Incumplimiento de las disposiciones transitorias contempladas en el ANEXO IX de la Res. Gral nº 2147/06 por no existir proceso productivo aprobado toda vez que el Certificado de Tipificación y Clasificación declarado 3117/01 no ampara al producto NEOZINE 100mg. (…)”. (agregadas sin acumular como Actuación SIGEA Nº 12228-855-2007). La Sección Procedimientos Técnicos de la Dirección Aduana de Ezeiza mediante la Nota Nº 5937/2014 (SE PTEZ) señala que comparte lo vertido en las mencionadas denuncias.
Que por su parte la actora, tal como lo hiciera al contestar la vista en sede administrativa, manifiesta que ha regularizado la totalidad de la mercadería importada temporalmente con la documentación que en copia acompañó al sumario instruido, cuestionando la imputación efectuada por la Aduana en cuanto consideró que los CTC declarados no amparaban los productos NEOZINE 100 MG y AMPLICTIL 25 mg., en razón de que en Argentina y Brasil reciben diferentes denominaciones comerciales, a pesar de que son exactamente iguales en su composición farmacológica.
XII. Que por ello, en primer término corresponde dirimir en la causa si los CTC resultan de aplicación. A tal fin, corresponde efectuar el siguiente detalle:
El CTC Nº 3117/01, solicitud CTC Nº 061-009437/00 (fs. 78/79 de act adm), tipifica –en cuanto aquí interesa- la relación insumo-producto de mercadería de la PA NCM 2934.30.10 -insumo- para la elaboración del producto Nº 002 correspondiente a la PA NCM 3004.90.79 “NOZINAN/SINOGAN 100 MG. COMPRIMIDOS”. La referida solicitud CTC indica que se utilizan 0,135 gramos de insumo para la elaboración de 1 unidad de dicho producto (es decir, de 1 comprimido).
El CTC Nº 3118/01, solicitud CTC Nº 061-009438/00 (fs. 80/81 de act adm), tipifica –en cuanto aquí interesa- la relación insumo-producto de mercadería de la PA NCM 2934.30.90 -insumo- para la elaboración del producto Nº 001 correspondiente a la PA NCM 3004.90.79 “AMPLICTIL/ LARGACTIL 25 MG. COMPRIMIDOS”. La referida solicitud CTC indica que se utilizan 0,028 gramos de insumo para la elaboración de 1 unidad de dicho producto (es decir, de 1 comprimido).
Que, en el trámite del sumario, el Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 1 solicita información a la Sección Ramo “B” acerca de “si la falta de coincidencia entre los nombres con que se comercializan los productos en el mercado local (NOZINAN y AMPLIACTIL) con las presentaciones con los que se comercializa en Brasil (NEOZINE y AMPLICTIL), obedece a una mera denominación comercial distinta (tratándose de productos diferentes) o simplemente se trata de los mismos productos –misma droga- con dos denominaciones diferentes” (v. fs fs. 44 ref. act adm). Frente a dicha consulta, la Sección Ramo “B” de la Aduana informa que no le corresponde emitir informe comparativo, y que la Autoridad de Aplicación sobre los medicamentos comercializados y/o elaborados en el país es la ANMAT (v. fs. 45 act adm).
Que de la prueba informativa colectada en la causa, se destaca la nota del Director de Fiscalización y Gestión de Riesgos de la ANMAT (autoridad de aplicación) de la que surge que “consultada las bases de datos del vademécum brasileño, (Fuente http://br.prvademecum.com), surge que los principios activos Clorhidrato de Clorpromazina y Maleato de Levomepromazina, en su forma farmacéutica comprimidos, son comercializados por la firma SANOFI AVENTIS Farmacêutica Ltda. con los nombres comerciales ´AMPLICTIL´ y ´NEOZINE´ respectivamente” (v. fs. 211 de autos)
En sentido concordante con ello, la prueba documental aportada por la actora ante esta instancia como ante el servicio aduanero.
En definitiva, la referida nota (obrante a fs. 211 de autos) resulta concluyente a efectos de identificar que los principios activos Clorhidrato de Clorpromazina (mercadería documentada por el PE Nro. 07 073 EC03 007115 M) y Maleato de Levomepromazina (documentada en el PE Nro. 07 073 EC03 007036 Y) que se comercializan en Argentina por la firma “SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.” con las denominaciones “NEOZINE” y “AMPLICTIL”, respectivamente, son comercializados en Brasil por “SANOFI AVENTIS Farmacêutica Ltda.” con las de “AMPLICTIL” y “NEOZINE”, respectivamente.
Que, por ello, cabe concluir que los CTC Nros. 3117/01 y 3118/01 resultan de aplicación a las operaciones de marras.
XIII. Que sentado lo que antecede, corresponde resolver si con la documentación acompañada a la causa se encuentran regularizadas las temporales motivo de autos.
Que a dichos fines cabe analizar los DIT, las descargas realizadas con los PE Nros. 07 073 EC03 007115 M y 07 073 EC03 007036 Y, y los CTC involucrados.
• DIT Nº 06 073 IT14 003436 N (insumo importado: 300Kg de Clorhidrato de clorpromazina):
• DIT Nº 07 073 IT14 000168 N (insumo importado: 300Kg de Maleato de levomepromazina)
Que, en conclusión, corresponde declarar que la mercadería importada temporariamente mediante los DIT Nros. 06 073 IT14 003436 N y 07 073 IT14 000168 N fue parcialmente exportada mediante los PE Nros. 07 073 EC03 007115 M y 07 073 EC03 007036 Y, respectivamente. En concreto, se ha configurado en la causa la infracción tipificada en el art. 970 del CA con relación a 273,66768Kg. de los insumos importados por el DIT Nº 06 073 IT14 003436 N y, de 76,6776Kg. respecto del DIT Nº 07 073 IT14 000168 N, por los que corresponde el pago de multa.
XIV. Que en tales condiciones, corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, in re “Codorniu Argentina S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado.
Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que si bien la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “Fallos”, 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que, en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, cabe señalar que la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de ´obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento´ (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XV. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 51/52 de las actuaciones administrativas.
En consecuencia, la deuda tributaria a cargo de la actora es de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57).
XVI. Que sobre los tributos liquidados ($19.328,57.-) corresponde el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que deben calcularse a partir del 18/12/2012 (es decir, a los 10 días desde la notificación de la corrida de vista, producida el 03/12/2012) hasta la fecha de efectivo pago.
XVII. Que analizado el aspecto tributario, corresponde que me expida sobre la graduación de la multa impuesta por el servicio aduanero, fijada en una vez y media el importe de los tributos, en base a los antecedentes incorporados mediante impresiones de pantalla del registro general de infractores (obrantes a fs. 115/117 de las act. adm.).
Que, en primer lugar, debe destacarse que en el caso de autos el servicio aduanero consideró al graduar la multa que era razonable establecerla en una vez y media el importe de los tributos, sin efectuarse fundamentación alguna en la resolución apelada que justifique su graduación por sobre el mínimo legal. En concordancia, debe tenerse presente que la ley ritual establece que “Las penas serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor” (cfr. art. 915 del C.A.).
Que, en segundo lugar, el único antecedente infraccional que luce a fs. 117 de la act. adm. ha quedado firme con posterioridad a la comisión de la infracción de autos –indicándose sólo la fecha en que la resolución quedó firme, no la de su comisión-, por lo que no resulta un antecedente computable para el presente caso.
En efecto, no puede afirmarse que se dé la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del C.A. Ello por cuanto, conforme la redacción de la referida norma sólo se computarán como antecedentes aquellos que resulten verificables y por infracciones cometidas con anterioridad al hecho cuya sanción se revisa.
En ese orden de ideas, las impresiones de pantalla glosadas a fs. 115/117 de las act. adm. resultan incompletas para merituar la reincidencia de la apelante. Nótese que no se consigna la fecha de la comisión del hecho por el cual fue condenada la firma, lo cual impide controlar si la condena computada como antecedente es anterior o posterior al hecho que se investiga en la especie.
Que por lo expresado, propicio que la multa impuesta en la resolución apelada en la causa se reduzca, fijándose en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, es decir, en la suma de $19.328,57.
XVIII. Que en relación a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos. Que, por ello, voto por:
1. Desestimar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto se condena a la actora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., la que se reduce y se fija en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57.-).
3. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto intima a la actora al pago de tributos (derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A.) que ascienden a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57.-), con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 18/12/2012 hasta la fecha de efectivo pago.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto exige el pago del derecho adicional y de las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias.
5. Costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Desestimar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto se condena a la actora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., la que se reduce y se fija en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57.-).
3. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto intima a la actora al pago de tributos (derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A.) que ascienden a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($19.328,57.-), con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 18/12/2012 hasta la fecha de efectivo pago.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 5483/14, dictada en la Actuación Nº 12206-9959-2007, en cuanto exige el pago del derecho adicional y de las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias.
5. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.07.06 17:11:33 ART Date: 2026.07.14 17:16:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.14 17:42:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.14 17:43:02 -03:00
Fin de la sentencia