Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-64155650-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 36/2021, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en $50.827, equivalente a 8,89 UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $127.068, equivalente a 12,22 UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-136107833-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 19 de Diciembre de 2022 Eduardo s/ apelación”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-64155650-APN- SGAI#TFN caratulado “Santa Cruz Julio Eduardo s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Julio Eduardo Santa Cruz interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 36/2021, dictada el 16 de junio de 2021 por la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se determina de oficio su obligación como responsable personal y solidario, en los términos de los arts. 6 inc. d) y 8, inc. a) de la ley 11.683, por las obligaciones tributarias intimadas a la firma Casa Lozano S.A. frente al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 5/1996 y 6/1996, 4/1997 y 9/1997, y en el impuesto a las ganancias del período fiscal 1996, por $1.159.032,76, más los intereses resarcitorios previstos en el art. 37 de la ley 11.683; ello, bajo apercibimiento de proceder a su cobro por vía de ejecución fiscal, en caso de incumplimiento.
En su presentación ante este Tribunal plantea, por un lado, la nulidad de la notificación del acto que le confirió la vista que prevé el art. 17 de la ley 11.683 –Resolución N°11/2020 (DV DEOB) del 19/2/2020- y de todos los actos procesales y resoluciones dictadas con posterioridad.
Cuestiona al Fisco Nacional por afirmar que frente a la vista “aparentemente” notificada el 19 de febrero de 2020, no prestó conformidad a la pretensión fiscal ni presentó descargo defensivo, afirmando que jamás fue notificado de dicha Resolución, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.
A continuación, dice que, si eventualmente el Fisco Nacional consideró como válida la notificación efectuada al domicilio fiscal de Casa Lozano S.A., ello tampoco puede ser considerado un acto jurídico válido, porque a la fecha de la notificación, es decir al 19 de febrero de 2020, no tenía vinculación con la sociedad ya que había renunciado a la presidencia de su directorio el 17 de junio de 2014, lo que, según dice, surge del Acta de N°355, aprobada por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 61 del 8 de julio de 2014, cuyas copias adjunta en esta instancia como prueba documental.
Insiste en que, si el Fisco Nacional lo notificó mediante cédula al domicilio fiscal de Casa Lozano S.A., se cercenó de manera gravosa su derecho de defensa ya que jamás recibió dicha cédula, lo que le impidió oponer defensas en tiempo oportuno.
Invoca también la prescripción de la acción, dado el tiempo transcurrido, aunque no funda su planteo en norma alguna.
Respecto a la decisión recurrida en esta instancia, expresa que es ilegítima, y que no puede admitirse su responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias de Casa Lozano S.A. y menos aún que se le imponga el deber de pagar la cuantiosa suma de $1.159.032,76 en concepto de saldo, más intereses y costas. Agrega que el juez administrativo no acreditó los presupuestos para que la misma resulte atribuible. Dice al respecto que en ningún caso corresponde la imputación de dicha responsabilidad en forma automática, objetiva o genérica sino que siempre debe basarse en un factor de atribución subjetivo de culpabilidad, mientras que en el caso no hay acciones subjetivamente atribuibles al director que indiquen que haya habido alguna instrucción o mandato del directorio en el sentido de incumplir una obligación fiscal, agregando que se trata de períodos fiscales en los que él no era parte del directorio ni accionista, y que los por entonces accionistas y directores de la sociedad conformaban otro grupo diferente al que controlaba la firma.
Luego cita jurisprudencia sosteniendo que la causa determinante de la obligación personal del responsable por deuda ajena es no haber cumplido con sus deberes frente a la ley fiscal, y que para para ello es menester que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; si no los hay, tampoco hay responsabilidad, afirma. Manifiesta que para atribuirle responsabilidad solidaria por las deudas de Casa Lozano S.A., el Fisco Nacional debió haber demostrado de manera fehaciente que actuó con dolo o culpa y que tuvo participación directa en el cumplimiento de los deberes tributarios de la sociedad o bien que actúo contrariamente a un buen hombre de negocios, violando la ley, el estatuto o reglamento en abuso de sus facultades.
Se agravia también de la multa aplicada, aunque cabe ya decirlo aquí, en la Resolución no se aplica ni se exige el ingreso de multa alguna.
Aporta únicamente prueba documental, solicita que se tengan presentes los planteos de nulidad y de prescripción y, por último, que se revoque la Resolución en todas sus partes, con costas.
En otra presentación que obra en el RE-2021-63010673-APN-DTD#JGM, el Sr. Santa Cruz invoca que las sociedades pertenecientes al Grupo Carrefour (Carrefour Américas S.A. e INC S.A.) eran los dueños o titulares de las acciones de Casa Lozano S.A. en la época en la que ésta efectuó diferimientos de impuestos en diversas empresas promovidas por ley 22.021. Sostiene que, por lo que tiene conocimiento, en 2004 y 2005 Supermercado Norte S.A. -ya fusionada con Carrefour Américas S.A.-, emitió cheques certificados por $ 1.913.980,26, y adjunta una planilla confeccionada por él mismo con el detalle de los mismos.
Sigue diciendo que esos pagos fueron entregados a la Administración Tributaria para la cancelación anticipada de los diferimientos realizados por Casa Lozano S.A., haciendo uso de normativa por entonces vigente en materia tributaria y que, por causa de estas cancelaciones anticipadas, debió sufragar importes menores a los diferidos en origen. Solicita por ello como prueba informativa se requiera a los directorios de las sociedades antes mencionadas -Supermercados Norte S.A., INC S.A. y Carrefour Américas S.A.- que aporten la totalidad de la información de los diferimientos precancelados, ya que la información que pudo recabar no corresponde al total de diferimientos realizados por Casa Lozano S.A. Solicita también que dicha información sea requerida a la propia Administración Tributaria.
II. Por su parte, el 4 de octubre de 2021 en el IF-2021-94238503-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Por las razones que allí expone, pide que se rechace la nulidad y que se confirme su Resolución, también con costas.
Para ello explica que con el dictado de las Resoluciones N° 73/2010 del 28/05/2010 y N° 76/2010 del 31/05/2010, la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan, sancionó a las empresas promovidas Saisha S.A. y Riojana Emprendimientos S.A., con la caducidad de los beneficios promocionales que les habían sido oportunamente otorgados bajo el régimen de la ley 22.021 y sus reglam., y que a partir de esas fechas se tornaron exigibles los impuestos diferidos por sus inversionistas como Casa Lozano S.A. –que había diferido en dichas empresas el impuesto al Valor Agregado, de los períodos fiscales 05/1996 y 06/1996, y 04 y 09/1997, y el impuesto a las ganancias, del período fiscal 1996-.
Continua diciendo que el día 26 de marzo de 2014 y como consecuencia de los incumplimientos detectados, se le notificó a Casa Lozano S.A. las intimaciones administrativas de pago emitidas por sistema el 19 de marzo de ese año, otorgándole un plazo de 15 días para que regularizara su situación fiscal; sin embargo, al vencimiento del plazo otorgado la empresa no cumplió, por lo que el 30 de abril de 2014 la Agencia emitió las Boletas de Deuda por las obligaciones impagas e inició el juicio de ejecución fiscal, de acuerdo a lo previsto en los arts. 92 y ss. de la ley 11.683.
Acredita también que en dicho juicio, que tramitó ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, Secretaría 2, en el que Casa Lozano S.A. no opuso excepciones, se dictó sentencia el 11 de junio de 2014 declarando expedita la ejecución fiscal, que le fue notificada a dicha empresa el 14 de agosto de 2014. Agrega que como la deudora principal no canceló las sumas adeudadas, y que al momento de tornarse exigibles el señor Santa Cruz ocupaba el cargo de Presidente, se dispuso sustanciar el procedimiento establecido en los arts. 17, 70 y 71 de la ley 11.683 en su carácter de responsable personal y solidario de acuerdo a lo previsto en los arts. 6 y 8, inc. a) de la ley 11.683.
Por ello, el 13 de febrero de 2020 se dictó la Resolución N° 11/2020, la que fue notificada el 19 de febrero, en la que se otorgó vista de las actuaciones a efectos de que el Sr. Santa Cruz ejerciera su derecho de defensa y, como no prestó conformidad a la pretensión fiscal ni presentó escrito defensivo alguno, dictó finalmente la resolución aquí recurrida.
En relación a las notificaciones practicadas por la Administración, manifiesta que la notificación de la vista se realizó en el domicilio fiscal declarado por el Sr. Santa Cruz, el cual se encontraba vigente tanto al momento de la emisión del acto objeto de notificación como con posterioridad, circunstancia que surgiría de los antecedentes que acompaña. En particular, agrega que la diligencia de la Resolución N° 11/2020 fue efectuada de acuerdo al inc. e) del citado art. 100, que establece: “Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas: …e) Por cédula, por medio de los empleados que designe el Administrador Federal, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.
Acto seguido, aclara que la normativa otorga la posibilidad de concretar la notificación -ya sea por no ser atendidos por persona alguna o por negarse a recibirla aquella que sí atienda al/los funcionario/s- procediendo a fijar en la puerta del domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención - junto con la cédula correspondiente; por lo, dice, que la diligencia de anoticiamiento de dicho acto se practicó de manera transparente y por medio de cédulas de uso ordinario y regular por parte de la Administración.
Indica que la notificación fue realizada de conformidad a lo establecido por los arts. 137 al 141 del CPCCN y, respecto al requisito dispuesto en el art. 137 inc. 4) del citado plexo legal, da fe que se adjuntó en forma completa la documentación por lo que el Sr. Santa Cruz pudo tener un conocimiento acabado de la pretensión fiscal.
Por ello, solicita que se rechacen todas las defensas centradas en presuntas inobservancias de garantías de raigambre constitucional, con costas.
Respecto a la determinación de responsabilidad solidaria en cabeza del recurrente, cita la normativa que considera aplicable al caso y dice que las fechas en las que se tornaron exigibles las obligaciones de Casa Lozano S.A. corresponden a las que se dictaron las Resoluciones N° 73/2010, para las empresas promovidas Saisha S.A., y N° 76/2010, para Riojana y Emprendimientos S.A., esto es, el 28 de mayo y el 31 de mayo de 2010 respectivamente, ya que, detectado el incumplimiento de éstas a sus propias obligaciones, se declaró la caducidad de los beneficios promocionales oportunamente otorgados y a sus inversionistas también, conforme a lo dispuesto en el art. 143 de la ley 11.683 y sus reglamentaciones.
Destaca, por otro lado, que de los Considerandos de la Resolución surge que al momento de su dictado, la deuda se encontraba impaga y, por ello, se procedió a intimar el pago a su Presidente como responsable solidario. Además, al momento de tornarse exigibles las obligaciones el Sr. Santa Cruz ocupaba el cargo de presidente - desde el 30 de noviembre de 2009 conf. Acta de Directorio N° 54 a fs.254/255, Cuerpo II, ant. adm. y que tenía una participación efectiva en la administración de Casa Lozano S.A., y un protagonismo permanente en las decisiones societarias, actuaba en su nombre y representación de la sociedad, ya que figuraba como administrador de relaciones de la Clave Fiscal de dicha firma, es decir que era él quien tenía el real manejo de los fondos de la deudora principal.
También dice que el recurrente no acreditó la falta de disposición de recursos para afrontar el pago de las obligaciones, y que no rindió pruebas exculpatorias de su responsabilidad, en la forma prevista en el segundo párrafo del art. 8° de la ley 11.683.
Respecto al planteo de prescripción, manifiesta que de acuerdo al art. 21 de la ley 21.608 y 22.021, aplicables al régimen de los diferimientos, prescribirán a los diez años las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones o aplicar sanciones derivadas de incumplimientos de las obligaciones emergentes del régimen promocional y que el término se cuenta a partir del momento en que el cumplimiento debió hacerse efectivo que, en el caso, corresponde a las resoluciones dictadas en el año 2010.
Por todo ello, solicita que se confirme la Resolución, también con costas.
III. El 23 de mayo de 2022 se le requirió al Fisco Nacional que se expida sobre las pruebas ofrecidas por el recurrente en el RE-2021-63010673-APN-DTD#JGM, que fue contestado mediante IF-2022-54955998-APN- DTD#JGM, manifestando su oposición a su producción. Por auto que obra en la PV-2022-55449786-APN- VOCXI#TFN se le dio traslado al recurrente de dicha oposición, que no fue contestada. Finalmente, por PV- 2022-87885966-APN-VOCXI#TFN se decidió rechazar la prueba informativa ofrecida por inconducente y dilatoria.
El 19 de septiembre de 2022, por PV-2022-99094916-APN-VOCXI#TFN, se decide elevar las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala y, por último, el 14 de diciembre de 2022 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde entonces resolver primero los planteos de nulidad y prescripción que el señor Santa Cruz dirige contra la Resolución recurrida.
Respecto al planteo de nulidad, debe tenerse en cuenta que a fs. 1 y ss. del Cuerpo I de las act. adm. obran las Boletas de Deuda emitidas el 30 de abril de 2014 por la Agencia N° 8 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la documentación antecedente respaldo de dicho instrumento, más precisamente la Resolución del 19 de marzo de 2014 en la que se intimó a Casa Lozano S.A. a que como consecuencia del decaimiento de los beneficios promocionales oportunamente otorgados a Riojana Emprendimientos S.A. y a Saisha S.A. ingresara los diferimientos impositivos realizados en dichas empresas como inversionista, más intereses resarcitorios (fs. 21/30).
Cabe recordar que los decaimientos de los beneficios promocionales fueron dispuestos por la Dirección Regional San Juan por Resoluciones Nros. 73/2010 y 76/2010, del 28 de mayo y del 31 de mayo de 2010, respectivamente. Por su parte, a fs. 54/56 obra el Informe del Departamento Gestión de Cobro de dicha dependencia en el que se da cuenta del incumplimiento a la intimación de pago de Casa Lozano S.A.; a su vez, se detallan allí las Actas societarias con la designación de los cargos de las que surge que el Sr. Santa Cruz era el Presidente en ejercicio del cargo de dicha firma y el administrador de relaciones de la clave fiscal al momento de emitirse tales Resoluciones.
Por otro lado, a fs. 104/105 del mismo Cuerpo obra el Acta de Asamblea Ordinaria N° 58 del 23 de abril de 2012 en la que se lo designa como Presidente de Casa Lozano S.A. con vigencia hasta la asamblea que trate el balance general a cerrar el 31/12/2014. De acuerdo al Estatuto de Casa Lozano S.A., en su cláusula décimo segunda, el cargo en la Presidencia tenía una duración de tres ejercicios (fs. 115/137).
Se advierte así que de las actuaciones administrativas surge en forma indubitable que, tanto al momento de decretarse la caducidad de los beneficios promocionales a las empresas promovidas en el año 2010 en las que Casa Lozano S.A. como inversionista había diferido sus obligaciones fiscales correspondientes a los períodos fiscales 1996 y 1997 (IVA) y 1996 (Ganancias), como al intimarse el ingreso de los impuestos diferidos en el año 2014, quien ejerció la presidencia del Directorio de Casa Lozano S.A. era el aquí recurrente, el Sr. Santa Cruz, por lo que la atribución de responsabilidad, desde el punto de vista formal u objetivo, se encuentra correctamente formulada.
Si bien al recurrir ante este Tribunal el Sr. Santa Cruz adjunta como prueba documental copia certificada ante escribano de las Actas de Directorio de Casa Lozano S.A. del 17 de junio de 2014 y del 7 de julio de 2014 en las que se decide tratar su renuncia al cargo de Presidente y se designan a los nuevos integrantes del Directorio, así como el Acta de Asamblea del 8 de julio de 2014 en la que se aprueban ambas decisiones, lo cierto es que tales Actas no estaban agregadas en los libros cuando fueron exhibidos y compulsados por Casa Lozano S.A. a la fiscalización, lo cual obsta a darles la validez y los efectos que el aquí recurrente pretende. En efecto, de las act. adm. se advierte que el 10 de junio de 2015 en ocasión de cumplir con uno de los requerimientos de información que se le cursaran, Casa Lozano S.A. exhibió los libros de Actas de Directorio y de Asamblea y la fiscalización dejó constancia de ello en las actas labradas, en particular, de cuántas hojas tenían cada uno de los libros y cuáles eran las últimas utilizadas (fs. 90/92, Cuerpo I). Es evidente, así, que las Actas que ahora se invocan de supuestas decisiones adoptadas en el año 2014 no estaban en los libros cuando fueron exhibidos a la fiscalización en el año 2015, con ello, no puede ser desvirtuada la conclusión acreditada en la instancia previa de que el Presidente de Casa Lozano S.A. a dicha fecha era el Sr. Santa Cruz.
Corresponde entonces ahora analizar la validez de la notificación efectuada al aquí recurrente. El 19 de febrero de 2020, por Resolución N° 11/2020 el juez administrativo notificó el inicio del procedimiento de determinación de oficio previsto en el art. 17 de la ley 11.683 con el propósito de hacer efectiva la responsabilidad solidaria del Sr. Santa Cruz por las obligaciones fiscales impagas de Casa Lozano S.A. devengadas durante el ejercicio de su mandato como Presidente. Dicho acto, en lo que aquí interesa por vincularse con el planteo de nulidad que formula ante este Tribunal, fue notificado en el domicilio fiscal informado por éste ante la Administración Federal de Ingresos Públicos -en la calle Manuel García de la Ciudad de Buenos Aires-, conforme surge del acta de notificación obrante a fs. 298 del Cuerpo II de las act. adm., domicilio que no modificó inclusive con posterioridad, como se desprende de la impresión del sistema registral del 17 de junio de 2021, a fs. 317 del mismo cuerpo.
Con ello, la notificación no fue hecha en el domicilio de Casa Lozano S.A. como sostiene el recurrente al fundar su planteo sino en el domicilio por él mismo declarado y mantenido como domicilio fiscal vigente, en los términos y con los alcances del art. 3° de la ley 11.683 y sus reglamentaciones, que le asignan el carácter de domicilio constituido, por lo que no se advierten los vicios que invoca, por lo que corresponde rechazarlo sin más. A lo expuesto cabe agregar que a fs. 282 del mismo Cuerpo obra la información suministrada al juez administrativo por la Agencia N° 8 de la Administración Federal de Ingresos Públicos del 5 de noviembre de 2019 de la que surge que las obligaciones de Casa Lozano S.A. a esa fecha aún estaban pendientes de cancelación, es decir que la intimación al aquí recurrente fue cursada previa constatación de la subsistencia de la deuda en cabeza del deudor principal.
Por dicho motivo, resulta improcedente el planteo que realiza ante este Tribunal en el RE-2021-63010673-APN- DTD#JGM, invocando tener conocimiento de una supuesta cancelación anticipada de los diferimientos que habrían efectuado otras empresas, que allí cita, ya que lo que importa a los efectos de la aplicación del instituto de la responsabilidad solidaria, según el art. 17 de la ley 11.683, es el incumplimiento de la intimación de pago por parte del deudor principal y, en el caso, ello fue constatado.
A mayor abundamiento, cabe recordar que el criterio que adoptara la Corte Suprema de Justicia de la Nación tratándose de cancelación de diferimientos impositivos ya caducos es el de la imposibilidad de cancelarlos anticipadamente, ya que que, “…la caducidad de los beneficios acordados a una empresa promocionada, implica la extinción de los obtenidos por los inversionistas en ella, habida cuenta de que no cabe reconocer a estos últimos un derecho más extenso que el otorgado a aquélla; y el argumento referente a que si el pago efectuado en concepto de cancelación anticipada de ninguna manera dispensaba del cumplimiento de las obligaciones del régimen promocional tampoco ese pago podría importar una consolidación del beneficio al margen del propio régimen promocional del cual derivaba” –conf. “Londrina S.A.”, del 6/5/2014”-. Lo expresado es suficiente para desestimar el planteo de nulidad de la Resolución pretendido por el recurrente ya que, contrariamente a lo que sostiene, en su dictado se han respetado los procedimientos reglados tendientes a asignarles validez; la misma decisión debe adoptarse respecto al planteo de prescripción que no ha sido fundado en norma alguna, sino que ha sido esbozado en forma genérica, sin perjuicio de lo cual se advierte que dicho acto encuentra dictado en el término de prescripción –decenal- que para los casos de beneficios promocionales dispone la ley 22.021 y sus reglamentaciones.
En efecto, dicha norma, en su art. 21 dispone que “Prescribirán a los diez (10) años las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley o para aplicar las sanciones derivadas de su incumplimiento. El término se contará a partir del momento en que el cumplimiento debió hacerse efectivo”. También que “La suspensión e interrupción de la prescripción se regirán por las disposiciones de la Ley 11.683”, de lo que se sigue que el plazo se vio incidido por las causales previstas en el art. 66, primero en Casa Lozano S.A. como inversionista y por el art. 65, inc. a), segundo párrafo, como responsable solidario. Cabe recordar que esta última dispone que “La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios”.
V. Corresponde ahora analizar la legitimidad de la Resolución a partir de la atribución objetiva y subjetiva de responsabilidad que el juez administrativo dirige contra el Sr. Santa Cruz.
Lo cierto es que los agravios y las pruebas rendidas por éste han sido con el propósito de demostrar que no era Presidente de Casa Lozano S.A. al momento de notificarse el decaimiento de los diferimientos, agravio ya tratado en párrafos precedentes, más nada concreto ha alegado, menos aún probado, respecto a que frente a la Administración Tributaria era el administrador de relaciones de la Clave Fiscal, tal como se desprende a fs. 261 de las act. adm.
De ello se sigue que tanto desde el punto de vista legal y societario, como fiscal el responsable de Casa Lozano S.A. en los períodos fiscales intimados en la Resolución ha sido el señor Santa Cruz, quien no sólo detentó formalmente el cargo de Presidente de su Directorio sino que, además lo ejerció en forma efectiva, reuniéndose así los dos presupuestos que configuran la responsabilidad solidaria que regla el art. 8°, inc. a) de la ley 11.683. Si bien el segundo párrafo de dicho precepto permite invocar causales de exculpación de su responsabilidad, lo cierto es que en el caso, como ya se ha dicho, nada se ha dicho ni probado respecto de la existencia de fondos para cumplir con la intimación de pago y la disponibilidad del señor Santa Cruz para afectarlos a dicho propósito, por lo que corresponde confirmar la Resolución N° 36/21 en todas sus partes, esto es tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ella, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Dra. O' Donnell.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 36/2021, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en $50.827, equivalente a 8,89 UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $127.068, equivalente a 12,22 UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.19 10:23:28 -03:00 Date: 2022.12.19 10:56:55 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.19 11:28:59 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.19 11:29:00 -03:00
Fin de la sentencia