Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 64155650-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) rechazar el recurso del actor y confirmar la resolución apelada por los fundamentos supra expuestos, con costas al vencido (art. 68, primera parte, CPCCN); b) aplicar astreintes al actor y oficiar al Sr. Representante del Fisco conforme lo ordenado en el considerando 9º supra; y c) reducir los honorarios fijados por el a quo y regular los correspondientes a esta Alzada en los términos del considerando 8º supra.
El Dr. Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
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23499/2023 SANTA CRUZ, JULIO EDUARDO (TF 64155650-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, octubre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 19/12/22, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución que había determinado de oficio la obligación del actor como responsable personal y solidario, en los términos de los arts. 6º inc. d, y 8º inc. a, de la ley 11.683, por las obligaciones tributarias intimadas a la firma Casa Lozano S.A. frente al Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 5/1996 y 6/1996, 4/1997 y 9/1997) y al Impuesto a las Ganancias (ejercicio 1996), por $1.159.032,76, más los intereses resarcitorios previstos en el art. 37 de la ley de rito. Impuso las costas al vencido y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional (conf. IF-2022-
136107833-APN-VOCXI#TFN).
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, señaló que de las actuaciones administrativas surgía “en forma indubitable que, tanto al momento de decretarse la caducidad de los beneficios promocionales a las empresas promovidas en el año 2010 en las que Casa Lozano S.A. como inversionista había diferido sus obligaciones fiscales correspondientes a los períodos fiscales 1996 y 1997 (IVA) y 1996 (Ganancias), como al intimarse el ingreso de los impuestos diferidos en el año 2014, quien ejerció la presidencia del Directorio de Casa Lozano S.A. era el aquí recurrente, el Sr. Santa Cruz, por lo que la atribución de responsabilidad, desde el punto de vista formal u objetivo, se encuentra correctamente formulada”.
Advirtió que las Actas de Directorio de Casa Lozano S.A. del 17/06/14 y del 7/07/14 y el Acta de Asamblea del 8/07/14 acompañadas como prueba documental por el recurrente relativas a su renuncia al cargo de Presidente y a la designación de los nuevos integrantes del Directorio, “no estaban agregadas en los libros cuando fueron exhibidos y compulsados por Casa Lozano S.A. a la fiscalización [en el año 2015], lo cual obsta a darles la validez y los efectos que el aquí recurrente pretende”. Desestimó el planteo formulado acerca de la nulidad de la notificación de la vista conferida mediante la resolución nº 11/2020 por cuanto no fue efectuada en el domicilio de Casa Lozano S.A. como sostuvo el actor sino en el domicilio por él mismo declarado y mantenido como domicilio fiscal vigente, en los términos y con los alcances del art. 3° de la ley 11.683 y sus reglamentaciones, que le asignan el carácter de domicilio constituido. Asimismo, precisó que la intimación al Sr. Santa Cruz había sido cursada previa constatación de la subsistencia de la deuda en cabeza del deudor principal.
Indicó que el planteo de prescripción no había sido fundado en norma alguna y señaló que el acto recurrido se encontraba dictado en el plazo decenal previsto en el art. 21 de la ley 22.021 y de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 65, inciso a, y 66 de la ley 11.683.
En lo atinente a la atribución objetiva y subjetiva de responsabilidad al Sr. Santa Cruz, puso de resalto que aquél era el administrador de relaciones de la Clave Fiscal de Casa Lozano S.A. (conf. fs. 261 de las actuaciones administrativas), por lo que desde el punto de vista legal, societario y fiscal “el responsable de Casa Lozano S.A. en los períodos fiscales intimados en la Resolución ha sido el señor Santa Cruz, quien no sólo detentó formalmente el cargo de Presidente de su Directorio sino que, además lo ejerció en forma efectiva, reuniéndose así los dos presupuestos que configuran la responsabilidad solidaria que regla el art. 8°, inc. a) de la ley 11.683”. Por último, añadió que no se había demostrado la falta de fondos para cumplir con la intimación de pago y/o su indisponibilidad para afectarlos a dicho propósito.
2. Que, contra dicha resolución, el actor apeló y expresó agravios el 22/02/23 y el 15/03/23, respectivamente (conf. IF-2023-19484415-APN-DTD#JGM y IF-2023-28578173-APN-DTD#JGM). El 20/04/23 la demandada replicó el memorial (conf. IF-2023-44482455-APN-DTD#JGM).
Señala que el Tribunal Fiscal omitió considerar: (i) su falta de vinculación con la sociedad en el momento en que fue notificada la resolución n° 11/2020 (DV DEOB) “por haber renunciado al Directorio de Casa Lozano en fecha 17 de junio de 2014 conforme surge del ACTA DE DIRECTORIO N° 355, decisión que fue posteriormente tratada y aprobada mediante ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 61 de fecha 8 de julio del año 2014”; y (ii) que la resolución n° 11/2020 (DV DEOB) fue notificada mediante cédula en el domicilio fiscal de Casa Lozano S.A. a pesar de haber renunciado al Directorio de dicha empresa 6 años antes.
Con respecto a lo señalado en el punto (i) supra, se agravia de que el a quo haya desatendido los efectos de la prueba documental acompañada toda vez que al tratarse de copias certificadas por ante escribano público, “debieron ser redargüidos de falsas”; extremo que no se verificó. Ello así, considera insuficiente fundar la invalidez de dichas actas en que “no se encontraban agregadas a los libros al momento de la compulsa y exhibición ante del funcionario inspector”. Por lo tanto, colige que “ha quedado debidamente acreditado que - mínimamente - al 8 de julio de 2014 el Sr. SANTA CRUZ no formaba parte del Directorio de la sociedad CASA LOZANO SA”. Advierte que las actas desestimadas por el Tribunal Fiscal “han formado convicción suficiente para determinar que la notificación de la Resolución N° 11/2020 (DV DEOB) al domicilio fiscal de CASA LOZANO SA fue PALMARIAMENTE POSTERIOR a que el Sr. SANTA CRUZ haya renunciado al Directorio de la sociedad mencionada”.
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23499/2023 SANTA CRUZ, JULIO EDUARDO (TF 64155650-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO notificación, es decir, la certeza o seria presunción de que el interesado tomó conocimiento de los hechos y situaciones que lo afectan, ha determinado que la ley rodee a este acto de formalidades específicas con la finalidad de brindar la debida protección a las partes”.
En ese contexto, alega la existencia del perjuicio por el sólo incumplimiento de los recaudos legales, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional comprometida, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído, y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales.
Por su parte, asevera que la determinación de la validez de la notificación de la resolución n° 11/2020 (DV DEOB) al domicilio fiscal de Casa Lozano S.A. “se sustenta en generalidades, irrazonables, y rebuscadas”.
Afirma que la responsabilidad solidaria no es una responsabilidad objetiva por el mero hecho de cubrir el cargo, de modo que no basta que haya incumplimiento, sino que aquél debe ser imputable; extremo que no se ha verificado en los presentes actuados.
3. Que, en atención a los agravios deducidos ante esta Alzada, la cuestión en debate requiere dilucidar: (i) la validez de la notificación de la resolución de vista nº 11/2020 cursada al domicilio “García Manuel J. Almt. 1041, piso 2º, depto. 2, Capital Federal”; y (ii) la configuración de la responsabilidad solidaria endilgada al actor por la deuda reclamada a Casa Lozano S.A. a la luz de la renuncia al Directorio del 17/06/14 y a la alegada inexistencia de incumplimiento imputable a su conducta.
4. Que, conforme surge de las constancias de la causa:
La División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan dictó las resoluciones n° 73/2010 (DI RSJU), del 28/05/10 y n° 76/2010 (DI RSJU) del 31/05/10, mediante las cuales sancionó a las empresas promovidas Saisha S.A. (CUIT N° 30-67186394-8) y Riojana Emprendimientos S.A. (CUIT N° 30-63150816-9), con la caducidad de los beneficios promocionales oportunamente otorgados. Ello así y en función a lo dispuesto por el art. 2º, inciso c, del decreto 918/03 y por el art. 143 de la ley 11.683, el 26/03/14 la AFIP exigió a Casa Lozano S.A. el ingreso de los impuestos diferidos en su carácter de inversionista de las mentadas empresas promovidas (conf. fs. 21/27, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
Casa Lozano S.A. no cumplió con los citados emplazamientos y el 30/04/14 la AFIP emitió la boleta de deuda compuesta por los títulos ejecutivos nº 020/40051/01/2014, 020/40051/02/2014 y 020/40051/03/2014 que fue notificada a la deudora principal el 15/05/14 (conf. fs. 28/31vta., actuación administrativa nº 11018-26- 2014);
El 11/06/14 el juez interviniente en el juicio ejecutivo declaró expedita la ejecución de la deuda contra Casa Lozano S.A. y el 14/08/14 le notificó la referida decisión (conf. fs. 32/32vta., actuación administrativa nº 11018-26-2014); Mediante nota nº 707/2014, la División Determinaciones de Oficio “B” solicitó a la División Cobranzas Judiciales y Sumarios que indicara: (i) cuáles fueron las fechas en que se tornaron exigibles a Casa Lozano S.A. las obligaciones tributarias diferidas, en virtud del decaimiento de los beneficios promocionales otorgados dispuesto por las resoluciones nº 73 y 76/2010; y (ii) quién había ejercido el cargo de Presidente del Directorio al monto del vencimiento del plazo otorgado por las citadas resoluciones para el ingreso de los importes adeudados (conf. fs. 60, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
El 30/11/09 el actor fue designado Presidente de Casa Lozano S.A. (conf. Acta de Asamblea nº 54 y Acta de Directorio nº 332 obrantes a fs. 62/68, actuación administrativa nº 11018-26-2014) y se lo ratificó en su cargo desde el 23/04/12 “hasta la asamblea que trate el balance general a cerrar el 31 de diciembre de 2014” (conf. Acta de Asamblea nº 58 y Acta de Directorio nº 346 obrantes a fs. 104/105 y 113/114, actuación administrativa nº 11018-26-2014). Según surge de la información obrante en los registros de la AFIP, el Sr. Santa Cruz mantuvo dicho cargo en los períodos 2010 (Director), 2011, 2012 y 2013 (conf. fs. 70/74, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
En la nota nº 463/15, la División Recaudación informó que “las fechas en las cuales se tornaron exigibles las obligaciones de Casa Lozano S.A., serían las fechas en las que se dictaron las Resoluciones 73/2010 para Saisha SA y 76/2010 para Emprendimientos Riojanos SA, esto es 28/05/2010 y 31/05/2010, respectivamente, ya que sería el momento a partir del cual se detectó el incumplimiento, y se procedió a declarar la caducidad de los beneficios promocionales” (conf. fs. 83/84, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
La nota nº 71/15 encomendó a la División Verificaciones del Departamento Devoluciones y Trámites la generación de un cargo de verificación para requerirle a Casa Lozano S.A. el Libro de Actas de Directorio y Asamblea, el Acta de Constitución y la constancia de presentación en la Inspección General de Justicia de la calidad de Presidente a fin de determinar quién desempeñaba dicho cargo en el momento de dictado de las resoluciones nº 73/2010 y 76/2010 (conf. fs. 85, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
Como resultado del análisis de la documentación aportada por Casa Lozano S.A. el informe final del 28/07/15 concluyó que en el año 2010 el actor ocupó el cargo de “Presidente y Director Titular” de la mentada empresa (conf. fs. 271/275, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
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23499/2023 SANTA CRUZ, JULIO EDUARDO (TF 64155650-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO El 5/11/19, la Jefa de la Agencia nº 8 – Dirección Regional Centro informó que no se visualizaban cancelaciones de la deuda por $1.159.032,76 incorporada en la boleta de deuda nº 020/40051/03/2014 correspondiente a Casa Lozano S.A. (conf. fs. 281, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
El Sistema Registral de la AFIP consultado el 13/02/20 registraba como domicilio fiscal declarado por el actor a la dirección: “García Manuel J. Almt. 1041, piso 2º, depto. 2, Capital Federal” e indicaba que había sido actualizado el 26/04/12 (conf. fs. 295, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
El 19/02/20 se notificó al Sr. Santa Cruz la resolución nº 11/2020 que le confirió vista en su carácter de responsable solidario de Casa Lozano S.A. y la cédula fue diligenciada al domicilio indicado en el punto anterior (conf. 297/298, actuación administrativa nº 11018-26-2014). En oportunidad de notificar la determinación de oficio nº 36/21, la consulta al sistema registral de la AFIP efectuada el 17/06/21, arrojó el mismo domicilio fiscal. Sin perjuicio de ello, la resolución fue notificada al domicilio fiscal electrónico del actor (conf. fs. 317 y 331, actuación administrativa nº 11018-26-2014);
En ocasión de recurrir ante el a quo, el Sr. Santa Cruz acompañó copias certificadas por escribano público del: (i) Acta de Directorio nº 355 del 17/06/14 que da cuenta de la carta de renuncia a su cargo de Director Titular y Presidente del Directorio de Casa Lozano S.A.; y (ii) Acta de Asamblea General Ordinaria nº 61 del 8/07/14 en la que se aprobó la mentada renuncia (conf. RE-2021-62650649-APN- SGAI#TFN y RE-2021-62650576-APN-SGAI#TFN);
El 14/07/21, el actor puso de manifiesto que había dejado de ser director de Casa Lozano S.A. en el 2014 y destacó que las sociedades pertenecientes al Grupo Carrefour (Carrefour Américas S.A. e INC S.A.) eran los dueños o titulares de las acciones de Casa Lozano S.A.. Ello así, alegó tener conocimiento de que “en 2004 y 2005 SUPERMERCADO NORTE (ya fusionada con CARREFOUR) emite una serie de cheques certificados (ver planilla adjunta al presente escrito) por un total de $ 1.913.980,26” que “habrían cancelado ANTICIPADAMENTE, diferimientos realizados por CASA LOZANO SA, haciendo uso de normativa por entonces vigente en materia tributaria”. En consecuencia, el recurrente aseveró que debía sufragar importes menores a los diferidos en origen y ofreció prueba informativa para acreditar tales extremos (conf. RE-2021-63010673-APN-DTD#JGM); y El 20/08/21 el a quo tuvo por agregada la prueba documental presentada por el actor (conf. PV-2021-76676351-APN-VOCXI#TFN) y el 23/08/22 rechazó la prueba informativa ofrecida “por su vaguedad e imprecisión, como tal, por improcedente y dilatoria”. Al respecto, advirtió que “con anterioridad a la notificación de la Resolución al señor Santa Cruz, el juez administrativo consultó en los sistemas sobre el estado de la obligación en cabeza del deudor principal y ésta seguía impaga, sin que desde esa fecha a la actualidad se hubiesen sancionado regímenes de cancelación anticipada de diferimientos fiscales que aún de hacerse lugar a la medida requerida pudieren arrojar un resultado diferente al que surge de dichos elementos” (conf. PV-2022-87885966-APN-VOCXI#TFNI).
5. Que, a los efectos de determinar la procedencia de la defensa de nulidad articulada, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican, concretamente, las defensas de las que se hubiera visto privado de oponer el impugnante, debiendo además, ser fundadas en un interés jurídico. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución de la Nación no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanársela en una etapa jurisdiccional ulterior (Fallos: 320:1611 y esta Sala in re “Chubb de Fianzas y Gtias SACIA Seguros (TF 15.615-A) c/ D.G.A.”, sent. del 20/10/05 y “Avital SA - TF 32754-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/02/22).
Este Tribunal tiene dicho que el litigante que pretende la declaración de nulidad de las actuaciones de conformidad con lo prescripto en los artículos 169 y siguientes del código procesal, debe necesariamente mencionar de un modo expreso el perjuicio que el vicio le causa y el interés jurídico que procura subsanar, siendo insuficiente a tal efecto la invocación genérica de principios o garantías constitucionales o el uso de fórmulas imprecisas (ver la exigencia que emana del artículo 172 del código de rito; cfr. también “Impsat S.A. c/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”, sent. del 21/12/95 y “Alonso Mario Oscar (TF 9341.-I) c/D.G.I.”, sent. del 15/10/98, entre muchos otros). Asimismo, se ha sostenido que adoptar una solución diferente significaría contradecir el principio que no admite la declaración de nulidad sin perjuicio, ni la nulidad por la nulidad misma.
En el caso, no se han invocado, concretamente, los perjuicios que habría causado la alegada nulidad, como así tampoco las defensas jurídicas de que el actor se habría visto privado de oponer (esta Sala, in re “Ossandon, Paola Carla c/ Sedronar s/ registro nacional de precursores químicos – Ley 26.045- art. 6”, sent. del 27/02/18). Dicho de otro modo, los argumentos del encartado respecto a la presunta nulidad de la notificación de la resolución nº 11/2020 y al vicio atribuido al procedimiento administrativo iniciado a partir de la vista conferida, resultan insuficientes para demostrar la efectiva afectación de su derecho de defensa, en tanto no se advierte que haya03/10/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 23499/2023 SANTA CRUZ, JULIO EDUARDO (TF 64155650-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO dirigida la cédula de notificación surgía de los datos informados a la AFIP tal como surge de los antecedentes reseñados en el considerando 4º supra; (ii) el actor no fundó su agravio en la limitación prevista en el artículo 166, segundo párrafo, de la ley 11.683 y el a quo tampoco justificó el rechazo de la prueba informativa ofrecida en aquella norma; y (iii) la resolución de vista no fue notificada al domicilio fiscal de Casa Lozano S.A. (conf. fs. 40, actuación administrativa nº 11018-26-2014); circunstancias que sellan la suerte adversa de la nulidad planteada.
6. Que, el responsable solidario es aquel sujeto que, si bien no es el realizador del hecho imponible, debe responder por un mandato expreso de la norma junto con el destinatario legal tributario, en razón de tener algún nexo económico o jurídico con éste.
Así pues, la sociedad es el contribuyente, es decir, el sujeto obligado al pago por realizar el hecho imponible, en tanto quienes la representan tienen a su cargo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, es decir, presentar sus declaraciones juradas y pagar el tributo allí liquidado con los fondos que administran. De no cumplir con estos deberes, deben responder con sus propios bienes por el tributo no ingresado [conf. esta Sala, in re “Euclides Miguel Ángel (TF 48914-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/11/22].
Los directores, gerentes, etc. no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsables por la deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal, como lo establece la ley. Ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago [conf. esta Sala -en su anterior integración- in re “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Depor. (TF 15.567-I) c/DGI”, sent. del 15/7/99 y “Marrero, Carlos Alberto (TF 16.875-
I. c/DGI”, sent. del 9/11/04].
7. Que, según los arts. 6° y 8° de la ley 11.683 (t.o vigente), para que proceda la responsabilidad solidaria deben darse las siguientes condiciones: a) que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes.
b) que dicho incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa.
c) que el deudor no cumpla con la intimación administrativa previa.
En concreto, las disposiciones normativas aplicables (arts. 6º, inciso d, y 8, inciso a, de la ley de rito) establecen en forma expresa que los directores “están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados” (…) “en la forma y oportunidad que rijan para aquellos” (el destacado es propio). Asimismo, son responsables en forma personal y solidaria cuando “por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo”, salvo que demuestre que el deudor principal “los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. En este punto, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró desierto el recurso ordinario de apelación interpuesto contra un pronunciamiento de la Sala II de esta Cámara y aseveró que no se había desvirtuado en modo alguno la conclusión de ese Tribunal en cuanto había entendido que “el actor - durante los ejercicios fiscales en que se produjeron los hechos imponibles que generaron la obligación determinada en cabeza del deudor principal-, pese a tener nominalmente el cargo de director suplente, ejerció de manera real y efectiva la representación de la empresa y tuvo a su cargo las decisiones de aquélla y el manejo de los fondos” (conf. causa CSJ 856/2013 (49-P) R.O. “Paramio, Claudio Pascual (TF 30.426-1) c/ DGI”, sent. del 11/12/14) (el destacado es propio). Al respecto, esta Sala ha interpretado que no es el acaecimiento del hecho imponible fijado en la ley del gravamen lo que determina la responsabilidad en cuestión, sino su falta de inclusión en la declaración jurada respectiva (esto, en la determinación de la materia imponible) y en el consiguiente pago del impuesto debido puesto que la ley de rito autoriza a atribuir la responsabilidad aquí analizada por la falta de pago del tributo correspondiente (conf. doctrina jurisprudencial del precedente “Colucci, Ariel Alejandro (TF 49707-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 28/03/23).
Ahora bien, conforme surge de las constancias que fueron reseñadas en el considerando 4º supra, en autos no resulta controvertido que: (i) la caducidad de los beneficios promocionales decretados en el año 2010 determinó la exigibilidad de las obligaciones tributarias diferidas por Casa Lozano S.A. aquí involucradas; (ii) en el año 2010 el actor revestía el carácter de director de Casa Lozano S.A.; (iii) la intimación recibida por Casa Lozano S.A. a cumplir con los importes impagos en concepto de Impuesto a las Ganancias (ejercicio 1996) e Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 5/1996 y 6/1996, 4/1997 y 9/1997) y las boletas de deudas emitidas el 30/05/14 fueron notificadas a la deudora principal el 26/03/14 y el 15/05/14, respectivamente, es decir, con anterioridad a la fecha en que el actor de desvinculó de la sociedad (esto es, el 17/06/14).
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23499/2023 SANTA CRUZ, JULIO EDUARDO (TF 64155650-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En este escenario, la renuncia al directorio por parte del actor a la que refieren las actas individualizadas en su memorial no tiene la virtualidad de modificar la decisión del a quo en cuanto a la atribución objetiva de responsabilidad solidaria allí endilgada. Ello es así porque tanto en el momento en que se tornaron exigibles las obligaciones tributarias diferidas por la sociedad (deudora principal) como a la fecha en que fue intimada al pago por parte de la AFIP, el actor revestía la condición de Presidente.
Por lo demás, el Sr. Santa Cruz no acreditó que Casa Lozano S.A. lo hubiera “colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.
Los agravios del apelante tampoco logran conmover lo alegado por la demandada en cuanto lo consideró “partícipe efectivo de la administración de CASA LOZANO S.A., teniendo un protagonismo permanente en las decisiones societarias, actuando en distintas oportunidades en nombre y representación de la sociedad” (conf. página 19 de la contestación del recurso de apelación deducido ante el Tribunal Fiscal incorporada como IF-2021-94238503-APN-DTD#JGM) y tuvo por acreditado que “el encartado ejerció efectivamente las funciones de administración de la sociedad anónima involucrada, en su carácter de Presidente (…) y/o administrador de relaciones de clave fiscal ante esta AFIP de la sociedad” (conf. páginas 6/7 de la resolución nº 36/2021 y fs. 43 y 261, actuación administrativa nº 11018-26-2014).
En efecto, el actor no cuestionó el alcance otorgado a su condición de administrador de relaciones de la Clave Fiscal de Casa Lozano S.A. como elemento revelador del ejercicio real y efectivo de la administración de la sociedad durante su gestión como Presidente. Dicha circunstancia sumada a la constancia de que el 31/08/11 el Sr. Santa Cruz -en su calidad de Presidente- autorizó al Sr. Valls para llevar adelante determinadas acciones ante la AFIP en nombre de Casa Lozano S.A. (fs. 93, actuación administrativa nº 11018-26-2014), conducen a rechazar el recurso intentado, con costas. A todo evento, cabe mencionar la posibilidad que tiene el recurrente, en su caso, de obtener el reembolso de lo pagado de la verdadera contribuyente que es la sociedad (conf. esta Sala in re “Euclides Miguel Ángel”, ya citado).
8. Que, con respecto a la apelación deducida por el actor en su presentación IF-2023-19484415-APN-DTD#JGM contra los honorarios regulados en el punto 2º del decisorio apelado y teniendo en cuenta, la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido, el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes, el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes en defensa de la demandada durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos regulados para la representación procesal y por el patrocinio letrado fijándolos en $61.776 -equivalente a 3 UMAS- y en $152.608,95 -equivalente a 7,41 UMAS-, respectivamente, los que quedan a cargo del recurrente (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, y ccdtes. de la ley 27.423, y acordadas CSJN 3/23 y 29/23).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, corresponde REGULAR en la suma de $74.142 – equivalentes a la cantidad de 3,6 UMAS– los honorarios de los profesionales del Fisco Nacional por su actuación en esta instancia.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
9. Que, en atención a la intimación cursada el 16/5/23 (punto V) y a la prórroga concedida el 29/5/23, sin que la parte actora haya cumplido con la obligación de liquidar y pagar la tasa de justicia, aplíquense astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta la fecha de efectivo cumplimiento, las que deberán ser adicionadas al monto por tasa de justicia a abonar.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente y por considerar que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 90/92, corresponde oficiar por Deox al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir. ASÍ SE DISPONE. Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: a) rechazar el recurso del actor y confirmar la resolución apelada por los fundamentos supra expuestos, con costas al vencido (art. 68, primera parte, CPCCN); b) aplicar astreintes al actor y oficiar al Sr. Representante del Fisco conforme lo ordenado en el considerando 9º supra; y c) reducir los honorarios fijados por el a quo y regular los correspondientes a esta Alzada en los términos del considerando 8º supra.
El Dr. Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y ofíciese al Representante del Fisco.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia