Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2172/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 3331.-
2Declarar mal concedidos los recursos de casación interpuse-tos por la actora a fs. 3294/3305 bis vta. y por la demandada a fs. 3307/3311 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 3318/3332.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2172/17-TSJ Interlocutorio N°: 3349.-
Actor: SANTA CRUZ REFRES-COS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUA-RIA, INMOBILIARIA Y FORESTAL Demandada: COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A.
Objeto: ORDINARIO Fecha: 19-03-2018 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3349 FOLIO Nº 5590/5594 PROT. ELECT. TSS1 010 I.181
Río Gallegos, 19 de marzo de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “SANTA CRUZ REFRES-COS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUA-RIA, INMOBILIARIA Y FORESTAL C/ COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO”, Expte. Nº S-11.811/06 (S-2172/17-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 3331 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia de fs. 3266/3285, y la resolución interlocutoria de fs. 3318/3322.”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, -el haber dictado las resoluciones impugnadas que vienen a este Tribunal con motivo del recurso de casación-, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo en virtud de los recursos de casación interpuestos a fs. 3294/3305 bis vta., por el Dr. Mario R. Paradelo, en su carácter de letrado apoderado de la actora y a fs. 3307/3311 vta., por el Dr. Horacio Speroni Posadas, en su carácter de letrado apoderado de la demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 3266/3285, por cuanto revocó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia a fs. 3214/3219 e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida condenando a la accionada a abonar a la actora una suma de dinero con más los intereses allí establecidos con costas.-
III. Analizando los antecedentes de la causa, observamos que la parte actora inició la presente acción reclamando una indemnización por los daños y perjuicios que dice haber padecido a causa de la rescisión intempestiva del contrato de distribución decidida unilateralmente por la demandada Coca Cola Polar S.A. (conf. foja 6 y vta).-
La sentencia de Primera Instancia, rechazó la demanda interpuesta porque consideró que no se encontraba probado el carácter insuficiente del preaviso, ni la disminución de ganancias como consecuencia de la rescisión (conf. foja 3218 vta.).-
La Cámara, por su parte, revocó dicho pronunciamiento e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, reconociendo una indemnización a favor de la actora. Para así decidir entendió que el preaviso otorgado a la distribuidora fue exiguo como para poder reencauzar su empresa: “Claramente, en el contexto económico y ubicación geográfica de nuestra provincia, la rescisión bajo estudio debió colocar a la rescindida en una situación de precariedad, al verse privada en un lapso de 6 meses del 60% de sus ingresos [...] Como consecuencia de lo antedicho, estimo que el plazo otorgado como preaviso ha sido exiguo, debiendo haberse otorgado uno mayor: en el caso, 18 meses. Este guarismo surge de una ponderación de la incidencia que las ventas de productos de la distribuida tenían en la distribuidora y el largo tiempo de relación habida entre las partes.” (cfr. fs. 3282 vta./3283).- Contra esta decisión ambas partes interponen recurso de casación.-
La parte actora acusa violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal, violación al principio de congruencia y arbitrariedad en la apreciación de la prueba (conf. foja 3295 vta.), considera reducido el monto de la indemnización, señala: “...agravia a los derechos de mi parte en el punto segundo el exiguo monto de la condena aplicable de $ 148.580,90 el que no guarda relación alguna con las constancias obrantes en la causa ni se sustenta en la ley ni doctrina aplicable al caso.” (cfr. foja 3296 vta.).- Entiende que es inválido el fallo recurrido por haber incurrido en arbitrariedad y absurdo en la apreciación de la prueba. Asimismo en violación y errónea interpretación de distintas normas aplicables (art. 164, 165, 271 y 455 del CPC y C y arts. 1492 y 1493 del CC y C) (conf. fs. 3296 vta./3297).-
Sostiene que para arribar al monto referido, la Cámara realizó un razonamiento absurdo, prescindiendo de prueba esencial, como lo eran las pericias de fs. 348/354 vta., 388/390 vta. y 3193/3195 (conf. foja 3298). Afirma que el error parte de tomar como referencia el ejercicio cerrado el 30/6/2006, dado que el mismo no se condice con las pericias oficiales ni con el informe presentado como prueba (conf. foja 3298 y vta.). Apunta que “...la Excma. Cámara ha transgredido palmariamente la doctrina sentada pacíficamente por V.E., ha interpretado erróneamente el art. (sic) 1492 y 1493 del Código Civil y Comercial de la Nación, y también ha incurrido en absurdo en la apreciación de la prueba...” (cfr. foja 3299 vta.).- Sostiene: “Que de esta manera, en la estructura fondal del fallo en crisis es posible advertir estas fisuras en orden a lo absurdo o a la arbitrariedad, desde el momento en que el ‘ad quem’ derivó y encuadró equivocadamente la normativa impuesta a un caso como el presente privilegiando un único y parcial documento de prueba (fs. 323) por sobre todo un cúmulo de probanzas concordantes que dan cuenta de un monto de facturación por los productos de la demandada, sustancialmente superior al seleccionado por el Tribunal.” (cfr. foja 3301).- Finalmente, entiende que el fallo recurrido debe ser casado, haciendo reserva del caso federal (conf. foja 3305).-
Por su parte, la accionada recurre el fallo de Cámara por la causal de quebrantamiento de formas y violación de la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (conf. foja 3307) y arbitrariedad (conf. foja 3310).-
Se agravia por “...el excesivo y desatinado preaviso de 18 meses que propugna (más extenso que la duración del preaviso según fuera informado al contestar demanda...” (cfr. fs. 3309 vta./3310). Considera, arbitrario la incidencia que la Cámara le atribuye a su parte en la facturación de la actora -alrededor del 60%- (conf. foja 3310). También, dice, es arbitrario sostener, como lo hace la Cámara, que en el contexto económico y la ubicación geográfica de esta provincia la rescisión colocó a la actora en una situación de precariedad como si el plazo de las rescisiones fueran distintos según la provincia de la que se trate (conf. foja cit.). Asimismo, sostiene que “...la supuesta incidencia de condiciones climáticas desfavorables que tenía la parte actora, queda desvirtuada (o muy relativizada) a poco que se repare en que ni en el ejercicio de su actividad ni los equipos empleados para llevarla a cabo poseyeron nunca ningún tipo de acondicionamiento o adaptación especial, y menos a requerimiento de mi mandante.” (cfr. foja cit.).-
Culmina su recurso, diciendo que la resolución en cuestión es arbitraria y en consecuencia debe revocarse, haciendo reserva del caso federal (conf. foja 3311).-
A fs. 3318/3322, la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos de casación interpuestos.-
A foja 3329 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad de los recursos intentados.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir, que para que este Tribunal Superior pueda revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio.- A los fines de una mayor claridad, se analizará cada recurso por separado.-
V. Recurso de casación de la parte actora:
En primer lugar se advierte que al precisar los motivos de la impugnación la recurrente ha querido abarcar todas las vías impugnativas previstas en las normas que rigen la casación empero, ha omitido sustentar, en debida forma, sus embestidas contra el fallo de la Alzada.-
Así señala que “El recurso impugna la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones, que se sustenta en una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso, en la violación al art. 17 de la Constitución Nacional, en la violación al principio de congruencia y el valor probatorio del dictamen pericial y de los arts. 164, 165 del C.P.C. y C., 271 y art. 455 del C.P.C. y C y art. 1492 y 1493 del CC y C. Fundamentalmente se cuestiona el fallo del tribunal por su apartamiento de la doctrina sentada por el superior en lo que hace a la arbitrariedad en la apreciación de la prueba sometida a su análisis y que fuera interpretada en perjuicio de mi mandante.” (cfr. foja 3295 vta.).- En otro parágrafo invoca la causa de quebrantamiento de forma: “De igual modo se invoca conjuntamente, la causal de quebrantamiento de forma (art. 281 quater – Recursos ante el T.S.J., de la ley 3453), siendo procedente el análisis a través del andarivel señalado...” (cfr. foja 3296).-
Más adelante, ataca el fallo tildándolo de violatorio de la Constitución Nacional: “...viola las disposiciones de los arts. 18, 19 y 31 de la C.N, toda vez que los juzgadores olvidan que el primer requisito de la sentencia es que sea amparo judicial de los derechos, es decir fundada en la ley y en la prueba formalmente producida...” (cfr. foja 3304 vta.).-
El análisis de los argumentos reseñados nos devela que con relación a la violación de la doctrina legal no ha indicado, la casacionista, cual ha sido la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que ha sido violada, no ha individualizado el juicio de la cual emana y, menos aún, en que ha consistido esa violación. Nos hallamos ante la sola mención de un agravio sin fundamentación alguna que lo justifique. No debemos olvidar que doctrina legal es sólo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (conf. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871). Así lo ha sostenido este Cuerpo al expresar que “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).- Lo mismo cabe decir del acuse de violación al principio de congruencia, agravio que carece de toda motivación que explique en qué ha consistido la incongruencia alegada.-
Se advierte, en lo que atañe a la absurda valoración de la prueba, que omite explicar porqué la valoración efectuada por el Tribunal de grado es, a su criterio, absurda y, menos aún, exponer cual hubiera sido la correcta.-
En cuanto, a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional, no podemos soslayar que el recurrente sólo se ha limitado a enumerar artículos que considera violados sin explicar, de qué manera el fallo de cámara produjo esa violación. No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha puntualizado que “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).- De la reseña efectuada, surge que el libelo recursivo carece de fundamentación suficiente y los escasos argumentos brindados no han sido acabada-mente relacionados con los hechos de la causa, limitándose a ser meras expresiones dogmáticas desvinculadas del proceso.-
El recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en que se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aun fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
VI. Si bien lo señalado precedentemente lleva, sin más, a la inadmisibilidad del recurso incoado por la actora, no podemos pasar por alto que los planteos de la recurrente remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016.).- El núcleo de la controversia gira en torno al quantum de la indemnización fijada en el fallo, a favor de la actora. Para arribar a dicha suma los magistrados se han valido de pruebas aportadas a la causa, en particular de las periciales, más documentos aportados por los litigantes. La actora plantea en esta instancia una valoración distinta de las probanzas, en base a la cual, a su entender, debió otorgársele una mayor indemnización.- Esta es, sin duda, una materia privativa de los jueces de grado que no puede ser revisada en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (conf. fallo cit.).- La controversia suscitada, en la especie, en torno al examen del material probatorio es una cuestión cuyo juzgamiento, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisable en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, (conf. fallo cit., entre varios). Es así que la presente controversia sólo podría abrir la puerta de la casación en la hipótesis que se alegara y demostrara el absurdo en la valoración de la prueba, lo cual, no ha ocurrido en el caso.-
VII. En éste contexto, observamos que tampoco se encuentran reunidos los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba.-
Al respecto, tiene dicho este Alto Cuerpo que ella se produce cuando nos encontramos ante “-...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevara a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial...” (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros); y tener presente que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo. Es necesario, en cambio, que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. SCBA, “Vivas, José A. v. Oreans S.A”, del 03/09/2008, causa LP L 89381 S).-
VIII. Recurso de casación de la parte demandada:
Idéntica crítica que el de la actora merece este recurso si tenemos en cuenta que sustenta su embate en quebrantamiento de formas sustanciales prescriptas para la sentencia, aplicación errónea de la ley conforme lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (conf. foja 3307) y arbitrariedad (foja 3311); y del escrito no surgen las normas violadas, las formas quebrantadas y menos aún, una mínima explicación sobre cómo se ha producido esa violación y quebrantamiento. Tampoco explica cuáles son la formas sustanciales prescriptas para la sentencia que han sido soslayadas. Así es que el recurso bajo análisis no constituye una crítica concreta y razonada del fallo cuya revocación se pretende. Padece, en este aspecto, de las mismas falencias que el recurso de la actora, motivo por el cual, a fin de evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a los argumentos allí expuestos.-
IX. Por otro lado, la demandada, se agravia del excesivo preaviso (de 18 meses), que propugna el fallo recurrido. Asimismo considera una arbitrariedad que la Alzada entienda que la incidencia de Coca Cola Polar en la facturación de Santa Cruz Refrescos SACIAI y F, haya sido del 60% -para aplicar este porcentaje a los cálculos indemnizatorios- y que se haya considerado como agravantes, de la situación de la distribuidora, a la situación geográfica y el clima de la provincia (conf. fs. 3309 vta./3310).- Al igual que la accionante, sus agravios remiten a cuestiones de hecho y prueba que, como ya se apuntara, son ajenos al ámbito de la casación. Excepcionalmente sería plausible la apertura de esta vía si se intentara demostrar absurdo en la valoración de la prueba. Circunstancia que no acontece.-
Los magistrados de la Alzada han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3283, Folio 5461/5464).- Cabe aquí remitir, nuevamente, a los argumentos vertidos al tratar el recurso de la actora en lo que hace a la facultad de los jueces de grado en la selección y meritación del material probatorio como así también para demostrar que, en la especie, no se hallan los presupuestos que configuran el absurdo en la valoración de la prueba.-
X. Por último y dado que ambas casacionistas han tildado al fallo de arbitrario, cabe puntualizar que ninguna intenta demostrar la arbitrariedad que aducen. En el recurso no intentan demostrar que se trata de una sentencia que se aparte en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, tampoco se funda en afirmaciones meramente dogmáticas ni omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (conf. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, págs. 441).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “...no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal...” (sum.
Fallo 325:2192 -del dictamen del Procurador General al que la corte remite-) y que “...el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y procesal...” (Fallo 325:2192 -del dictamen del Procurador General que la corte comparte y al que remite-).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.’” (cfr.
Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr.
Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
XI. En resumen, la vía casatoria intentada no puede prosperar debido a que ambos recursos, resultan insuficientes para habilitar la vía extraordinaria provincial, al versar sobre cuestiones de hechos y pruebas y no intentar demostrar la arbitrariedad de la sentencia que se alega.-
Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, los recursos de casación articulados por la actora a fs. 3294/3205 bis vta. y demandada a fs. 3307/3311 vta., no han logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlos mal concedidos, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 3318/3322, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniéndose presente las reserva del caso federal efectuadas a fs. 3305/3305 bis y a foja 3311.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 3331.-
2. Declarar mal concedidos los recursos de casación interpuse-tos por la actora a fs. 3294/3305 bis vta. y por la demandada a fs. 3307/3311 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 3318/3332.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010I.181 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3349.-
Folio N°:5590/5594.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia