Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-1.942/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 25/32vta., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 575/579 vta. de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 583/584vta. de dichos autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-1.942/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.096.-
Actor: SANTA CRUZ REFRESCOS SOCIEDAD ANÓNIMA Demandado: COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A Objeto: MEDIDA CAUTELAR S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 2-3-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.096 FOLIO Nº 5042/5046 PROT. ELECT. TSS1 006 I.151 Río Gallegos, 02 de marzo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “SANTA CRUZ REFRESCOS SOCIEDAD ANÓNIMA c/ COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A. s/ MEDIDA CAUTELAR s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº S-1942/13, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 25/32vta., contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial glosada en copia a fs. 22/23vta., que declara formalmente inadmisible el recurso de casación mediante el cual se pretende la revisión del decisorio dictado por la Cámara que confirma parcialmente el fallo de primera instancia, modificando al 6 de diciembre de 2006 la fecha a partir de la que se contarán los 180 días correspondientes a la medida cautelar. La resolución de primera instancia fijó las astreintes a partir del 07/11/2006 por el plazo de 180 días por el monto total de $360.000.- Que la recurrente sostiene que la resolución de la Excma.
Cámara que motivó el recurso de casación es “...Arbitraria: Desde que omitió considerar las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por mi parte. (ii) Arbitraria: Desde que anunció el tratamiento de temas que le fueron planteados (tipo título) pero luego omitió olímpicamente su consideración. (iii) Arbitraria: Desde que la situación de hecho ya había mutado con anterioridad a la notificación legal de la medida en cuestión, por lo que ya no era una medida de ‘no innovar’ sino una innovativa. (iv) Arbitraria: Desde que a la fecha en que la Cámara dictó la resolución de fecha 17-08-2011, la relación comercial con Santa Cruz Refrescos ya había terminado, circunstancia vital que la Cámara, adrede, optó por no considerar.
(v) Arbitraria: Desde que constituye un pronunciamiento del todo incompatible con lo sostenido en una sentencia anterior, dictada por los mismos integrantes de la Cámara y en la misma causa...” (confr. fs. 29vta.).- Afirma que “...la Cámara confirmó la resolución que mandaba llevar adelante la ejecución de una sanción (astreintes de $ 2.000 por 180 días) por no haber cumplido una medida judicial que devino de cumplimiento imposible por causas totalmente ajenas a la parte sancionada. Ello por cuanto... a partir del año 2009 fue [Santa Cruz Refrescos S.A.] paulatinamente reduciendo su actividad; y... La reducción de actividades se hizo total en el rubro ‘distribución de aguas gaseosas’ a principios del año 2010...” (confr. fs. 30vta.).
En este sentido expresa que para el momento en que la medida cautelar de no innovar quedó resuelta la medida era de cumplimiento imposible, toda vez que la actora ya había dejado de operar por lo que las astreintes resultan improcedentes (confr. fs. 32).- Finaliza diciendo que “...los fundamentos expuestos demuestran que la resolución en cuestión es arbitraria y en consecuencia debe revocarse, lo que justifica la Casación que procura la presente queja...” (confr. fs. cit.).-
II. Que ingresando al estudio de los fundamentos en que se asienta la queja, conforme lo establecido en el artículo 18º de la ley 1687, cabe señalar que la misma no alcanza a superar las vallas formales que se interponen a la admisión del recurso. Se advierte que el recurso esbozado no señala deficiencias estructurales del pronunciamiento ni demuestra que el acto sentencial carezca de fundamentos que lo tornen en un acto procesal inválido. Este Tribunal ya ha señalado que el escrito de interposición de una queja debe autoabastecerse, circunstancia que pone a cargo del interesado no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando que es errónea la desestimatoria que pretende remover (confr.
Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2619, Folio 3918/3920). En efecto, el recurso de queja se desentiende de las razones aducidas por la Cámara para rechazar la casación.- Cabe señalar que el mismo carece del fundamento necesario para sostener una crítica razonada contra el interlocutorio que con este recurso pretende derribar. Se advierte que las conclusiones de la Excma. Cámara no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia el decisivo error, o arbitrariedad que torne operativa la queja a los fines de revocar la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación dictada por el ad quem, sino que se contenta con relatar las resoluciones dictadas en las distintas instancias y los recursos interpuestos.
Al efecto, se debe recordar que como todo escrito recursivo, el de interposición de una queja debe autoabastecerse, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover, circunstancia que no acontece en autos. Respecto a la carencia crítica del líbelo, es pertinente recordar lo dicho por este Alto Tribunal: “?si se le exige a los Jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate?” (confr. Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2959, Folio 4756/4760; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2954, Folio 4747/4750).- Es oportuno recordar lo dicho por la doctrina: “…si el auto que rechazó la concesión del recurso extraordinario expone razones de las cuales los recurrentes no se hicieron cargo al entablar la queja por aquella denegatoria, esa omisión obsta la presentación directa, ya que resulta así privada de fundamento mínimo tendiente a demostrar su procedencia?” (confr.
SAGÜÉS, Néstor Pedro, Recurso Extraordinario, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, T. II, p. 490; cita transcripta en TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg 2619, Folio 3918/3920. También: CSJN, Fallos: 287:237, 298:84, 302:183, 321:455, entre otros). Si el núcleo argumental del rechazo es omitido en la presentación de la quejosa, no puede tenerse al escrito como debidamente fundamentado.- Al no haberse impugnado en el recurso el argumento que da sustento para la declaración de inadmisibilidad de la casación (es decir: la omisión en explicar los agravios concretos que le causa el interlocutorio atacado), que sirve de suficiente soporte a la resolución como para considerarla válida y razonable, el mismo ha dejado incólume la sentencia por no atacar la mencionada base (confr.
Fallos: 304:267).-
Así, con el fin de que la queja sea atendible es necesario mencionar específicamente, según las circunstancias del caso, las razones de hecho y de derecho que justifiquen la impugnación; y si bien no se aplican en el recurso de queja fórmulas sacramentales, debe existir en el mismo una crítica razonada de los argumentos de la sentencia cuya revisión se pretende, requisito ausente en el escrito de impugnación analizado.-
III. Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto -lo cual resulta suficiente para el rechazo de la presentación efectuada- y en función del análisis preliminar del recurso articulado, se advierte que el argumento traído a debate mediante la queja trata sobre cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de astreintes y una supuesta causa de justificación que, en principio, resultan ajenos a la casación salvo que se demuestre absurdo, situación que no se presenta en el caso. No se advierte la violación de la ley que se le atribuye a la sentencia en base a la arbitrariedad alegada cuando la Cámara realizó una ponderación razonable de las circunstancias que se cuestionan. Ante esta tesitura, como ya lo ha dicho este Alto Tribunal, “?debe señalarse que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del Derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (cfr.
Hitters, Juan Carlos ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, pág. 285/286, Ed. L.E.P. S.R.L., ed. 1991)?” (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 390, Folio 2111/2118). Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 86, Folio 143/144).- Respecto a las cuestiones relativas a la aplicación de astreintes como materia de agravios de recursos extraordinarios, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Corresponde apreciar que el intento revisor recae en este punto sobre materias ajenas a la casación, por versar sobre tópicos de hecho y circunstanciales (arg. causas Ac. 35.474, sent. del 3-III-1987, "Acuerdos y Sentencias", 1987-I-280; Ac. 44.374, sent. del 27-XII-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-IV-657), sin demostrar que se haya incurrido en absurdo en la valoración de los elementos de la causa (conf. doct. cit. supra, ap. 1.b]). No es ocioso recordar en tal sentido que dicho vicio excepcional no queda configurado aún cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa (Ac. 74.596, sent. del 19-II-2002; Ac. 82.487, sent. del 18-XI- 2003; Ac. 87.026, sent. del 16-VI-2004; Ac. 86.829, sent. del 7-III-2005)...” (confr.
SCBA, 22-02-2012, “García, Ezequiel contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”).- La demandada entiende que al haber cesado la actora en su actividad comercial antes que el incumplimiento de la medida cautelar como la aplicación de astreintes quedaran firmes, las mismas no pudieron haber comenzado a devengarse. Cabe decir que dicho planteo ha tenido respuesta en la resolución de Cámara obrante a fs. 542/544vta. de los autos principales, al resolver que “...las apelaciones con efecto suspensivo, justamente suspenden la aplicación de la decisión hasta tanto resuelva la Alzada, por lo que una vez confirmada la decisión deben ser cumplidas tal como estaban dispuestas y a partir de la fecha de su dictado.
En el caso, tratándose de la aplicación de una sanción pecuniaria, la obligación se deberá desde la fecha en que quedó notificada de aquella decisión luego confirmada...” (confr. fs. 543vta. de los autos cit.).- Este Tribunal tiene dicho que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr.
Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2661, Folio 4030/4032; ídem, Reg. 2685, Folio 4097/4099).- Los argumentos fundamentados en circunstancias de hechos y pruebas, resultan irrevisables por esta vía, dado el carácter extraordinario de la instancia (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1075, Folio 1346/1348; Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2029/2041; Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1647, Folio 2370/2372). En tal aspecto, realizado por este Alto Cuerpo el análisis de la sentencia de Cámara, se observa que la misma ha efectuado una meritación y apreciación de los hechos con correcta calificación jurídica propia de la aplicación del derecho; y que, el mero disentimiento de la parte con lo resuelto por el ‘ad quem’, no habilita la vía del recurso extraordinario provincial deducido, más aún, como en el caso de autos, cuando los fundamentos dados por la Excma.
Cámara son coherentes, logrando una equilibrada aplicación legal. De este modo, se observa al impugnante dirigiendo su esfuerzo hacia la apreciación crítica y el análisis lógico de las probanzas meritadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Cámara directamente relacionados con el cuadro fáctico y la valoración de la prueba, pretendiendo -erradamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (confr. Hitters Juan Carlos en “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. Platense, 1984, pág. 181, párrafo primero).- Obviamente, el planteo así traído, no logra el acceso al ámbito de la casación, toda vez que las cuestiones relativas a la aplicación de astreintes, como se mencionó anteriormente, quedan en principio detraídas de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables que, por tal circunstancia, puedan afectar el derecho de defensa o el debido proceso que en autos ha sido observado por los jueces de mérito, ya que tampoco es función de la casación el reexamen de los hechos establecidos en las instancias ordinarias, salvo que los jueces de grado hubiesen incurrido en absurdo o la hubiesen elaborado en forma irrazonable, no siendo suficiente que dicha valoración sea discutible, objetable o poco convincente, para abrir la instancia extraordinaria.- El principal agravio esgrimido por la recurrente se refiere a que “…en autos NO SE PUEDE HABLAR DE INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR, porque Santa Cruz Refrescos S.A. había cesado en su actividad ANTES que las cuestiones vinculadas a la cautelar y las astreintes hubieran quedado firmes, por lo cual la aplicación de astreintes a mi representada resultaba y sigue resultando ilegítima y arbitraria toda vez que la sanción no puede comenzar a devengarse, y mucho menos aún con efecto retroactivo…” (confr. fs. 29).-
Aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de arbitrariedad o violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “…Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica - en principio - el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Interlo-cutorio, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- De esta manera, la Cámara adhiere a una corriente doctrinaria y jurisprudencial.
Así encontramos que el mismo criterio utilizado por la Cámara respecto al momento a partir del cual se entiende que se aplican las astreintes cuando estas fueron recurridas, ha sido explicado por la doctrina nacional al decir que: “...Si la condena conminatoria fue impuesta por un juez de 1º instancia, regirá a partir de su notificación al obligado, aunque éste haya apelado tal resolución...” (confr. Código Civil - Comentado, anotado y concordado, Director Belluscio - Coordinador Zannoni, Ed. Astrea, 1981, Tomo III, pág. 249). En igual sentido encontramos que “…si la imposición de astreintes por el juez de primera instancia fue efectuada para regir a partir de la notificación de la resolución respectiva, por aplicación de los principios generales debe computarse desde dicha notificación, una vez que el tribunal de alzada confirma el pronunciamiento de primera instancia…” (confr.
Derecho de las Obligaciones, Atilio Aníbal Alterini - Oscar José Ámela - Roberto M. López Cabana, Abeledo Perrot, 1998, Segunda Edición Actualizada, pág. 139).- Esta corriente doctrinaria ha tenido recepción en la jurisprudencia: “Las ‘astreintes’ impuestas por el juez de primera instancia deben computarse desde la notificación de la resolución por medio de la cual fueron fijadas, sin que corresponda condicionar su cumplimiento a la confirmación por parte del tribunal de alzada de la decisión de grado, pues lo contrario implicaría dejar en manos del intimado una eficaz herramienta para postergar injustificadamente el cumplimiento de la manda al apelar el auto que fija las ‘astreintes’” (confr.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A; L. de P., M. c. P., L. M.; 09/09/2003; Sumario; Publicado en: LA LEY 2003-F , 616).-
Por lo que, considerando la decisión que adoptó la Cámara, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse esta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Cámara.-
Cabe agregar, respecto a la alegada arbitrariedad, que la fundamentación esgrimida en el recurso no logra rebatir los argumentos con los que la Cámara sustentó su decisión en su contra. La demandada ni siquiera se hace cargo de afrontar el razonamiento de la Cámara para intentar echarlo por tierra, simplemente basa su recurso en posturas repetidas a lo largo de todas sus presentaciones, sin asumir la tarea -que le compete si quiere lograr la apertura de la instancia extraordinaria- de rebatir todos los fundamentos sobre los que basa el juez su sentencia.-
Es tesis de este Tribunal que: “?La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituída para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación?” (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros), aspectos que no se advierten en los presentes autos.-
En igual sentido el Máximo Tribunal Nacional ha expresado que la doctrina de la arbitrariedad, que es de carácter excepcional y restrictivo, sólo habilita la instancia extraordinaria en caso de omisiones o desaciertos de extrema gravedad que descalifiquen el fallo recurrido como pronunciamiento judicial (confr. CSJN, Fallos 326:3508).-
Conteste con lo señalado precedentemente el distinguido constitucionalista Germán Bidart Campos ha expresado que una sistematización de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta que el recurso extraordinario fundado en arbitrariedad no tiene por objeto remediar decisiones supuestamente erróneas, sino omisiones o desaciertos de gravedad extrema que descalifican a la sentencia como acto jurisdiccional, y reparar la anomalía de que la decisión no sea una verdadera sentencia, sino una mera expresión de voluntad del juez sin apoyo en la ley y en los hechos que deban servir para resolver la causa (confr. Bidart Campos, Germán, Manual de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1983, pág. 745).- En definitiva, no procede la queja intentada contra la resolución que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto, toda vez que la recurrente no brinda argumentos suficientes a los fines de demostrar la arbitrariedad o el manifiesto apartamiento de la legislación vigente, o ignorancia de los hechos y circunstancias de la causa, que permitan superar la valla de la admisibilidad.-
En razón de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 25/32 vta., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 575/579 vta. de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 583/584vta. de dichos autos, con costas al recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la ley 1687.-
En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 25/32vta., declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 575/579 vta. de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 583/584vta. de dichos autos, con costas.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente archívese la presente queja Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.096.-
Folio N°: 5.042/5.046.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia