Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 22674-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar, en consecuencia, la resolución administrativa, con costas a la actora vencida (art. 68, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
53394/2012 SANTA INES HEAT SRL (TF 22674-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, de junio de 2014.- FR VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que por medio de la resolución 08/04, la Jefa Interina de la División Revisión Recursos – Dirección Regional Rosario II, de la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó de oficio el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta correspondiente a la empresa Santa Ines Meat S.R.L. por el ejercicio 1998 en la suma 38.108,39 pesos, más los intereses resarcitorios, y le aplicó una multa de 30.486,71 pesos, por infracción al artículo 45 de la ley 11.683, equivalente al 80% del impuesto omitido (fs. 3/17).
II. Que por medio de la sentencia de fs. 129/130 la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por el contribuyente, y, en consecuencia, confirmó la resolución 08/04, con costas a la recurrente vencida.
Como fundamento, en primer término, rechazó la excepción de prescripción, opuesta por el contribuyente sobre la base de que la obligación tributaria determinada ya había prescripto por haber transcurrido el plazo dos años que establece el artículo 56 de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras para la verificación tardía de los créditos por causa o título anterior al concurso. Al respecto, recordó que los procesos tributarios no se encuentran alcanzados por el fuero de atracción de los procesos regidos por la ley 24.522 y destacó que la naturaleza de las obligaciones tributarias es sustancialmente distinta al del resto de los créditos verificados en un proceso falencial, que se halla regulado por normas de derecho privado. Consideró que la aplicación del plazo de prescripción establecido en el artículo 56 de la la ley 24.522 a las obligaciones tributarias, implicaría extender indebidamente el ámbito de vigencia de las normas de derecho privado al régimen establecido para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y multas, y concluyó que, en el caso, correspondía aplicar el plazo de prescripción establecido en el artículo 56 de la ley 11.683.
Por otra parte, y toda vez que el contribuyente no se había agraviado con respecto a la concreta determinación de la cuantía del tributo en cuestión, el Tribunal a quo se limitó a examinar de manera genérica la legalidad del procedimiento administrativo llevado a cabo por el Fisco Nacional que, a su entender, había tramitado de conformidad con los preceptos sustanciales que establece al respecto la ley 11.683. Además, entendió que de la resolución determinativa apelada surgían los elementos de hecho y de derecho en los que el Fisco Nacional había sustentado el acto determinativo del tributo.
En cuanto a la multa, y pese a que en el recurso de apelación el contribuyente tampoco había planteado ninguna defensa al respecto, consideró que correspondía examinar su procedencia de oficio, en virtud de la naturaleza penal de esa sanción. En tal sentido, señaló que en el caso se encontraba acreditada la materialidad de la infracción prevista por el artículo 45 de la ley 11.683, y no se había demostrado la presencia de un error excusable o alguna circunstancia eximente de responsabilidad, por lo que consideró que debía ser confirmada.
III. Que contra esa sentencia, la parte actora apeló y expresó agravios a fs. 135/139, los que fueron replicados por el Fisco Nacional a fs. 142/145.
La parte actora se agravia de lo resuelto por el Tribunal Fiscal por considerar que, en el caso, en el momento en el que fue dictada la resolución 08/04, es decir, el 13 de enero de 2004, las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del tributo de la especie ya habían prescripto, porque había transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 56 de la ley 24.52 para la verificación de créditos en el concurso, que venció el 15 de marzo de 2002, ya que la presentación del concurso tuvo lugar el 15 de marzo de 2000. Al respecto, señala que el establecimiento de ese plazo en dos años tuvo como finalidad evitar que se prolongara el periodo durante el cual los acreedores del fallido se podían presentar a verificar su crédito y posibilitar la recuperación de la empresa, al reducir las contingencias futuras. Asimismo, pese a que el Tribunal Fiscal señaló que debía ser aplicado el plazo de prescripción establecido por la ley 11.683, sostiene CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que las leyes deben ser interpretadas en forma sistemática, es decir, teniendo en cuenta que forman parte de un mismo ordenamiento jurídico, y que el artículo 56 de la ley 24.522, de Concursos y Quiebras, establece un régimen específico de prescripción de los créditos de causa o título anterior a la presentación del concurso, que desplaza al establecido por la ley 11.683 de Procedimiento Tributario.
IV. Que a fs. 178/180 dictaminó el señor Fiscal General ante ésta Alzada en relación a la excepción de prescripción planteada por la parte actora.
V. Que, en primer término, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 24.522, los procesos de conocimiento en trámite, por causa o título anterior a la presentación del concurso, no se encuentran alcanzados por el fuero de atracción, y deben continuar con su tramitación en el Tribunal de su radicación. Asimismo, una vez concluido ese proceso, el actor podrá presentarse a verificar su crédito ante el Juez del concurso, y es quien debe determinar si efectivamente, el pedido mediante el cual el acreedor pretende verificar su crédito de manera tardía ha sido deducido o no, en forma temporánea (cfr. artículo 56, ley 24.522). En tal sentido, cabe señalar que el procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal, y ante esta Cámara, reglados en los artículos 86, 165, 166, 192, 194 y 195, es un proceso de revisión plena de los tributos determinados por el Fisco Nacional, así como para la investigación y juzgamiento de las infracciones impuestas en virtud de ese régimen, y como tal un “juicio de conocimiento” en los términos del artículo 21 de la ley de concursos, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por lo dispuesto en la ley 24.522 (Fallos 326:1774;326:2146;333:2335).
En tales condiciones, toda vez que el contribuyente no se ha agraviado expresamente de lo decidido por la resolución 08/04 de la Jefa Int. División Revisión Recursos – Dirección Regional Rosario II, es decir, la determinación tributaria, la liquidación de los intereses y la aplicación de la multa, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (cfr. artículo 271, ultima parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y, en consecuencia, confirmar la resolución administrativa, con costas a la actora vencida (art. 68, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y disponer que, una vez firme esta sentencia, la parte interesada proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la ley 24.522.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar, en consecuencia, la resolución administrativa, con costas a la actora vencida (art. 68, CPCCN).
Regístrese, notifíquese, y devuélvase.
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani
Fin de la sentencia