Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal Sala I · Causa 118.476
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas, con costas;
II. Diferir la regulación de honorarios de los defensores particulares, hasta tanto sean fijados en la instancia;
III. Ordenar la exclusión de las fotografías de la víctima del registro informático de este causa.
IV. Tener PRESENTES las reservas del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 45 y 119, párrafo tercero del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 118476 caratulada “SANTA MARIA, ALEJANDRO AGUSTIN; VELOZO, RICARDO; Y RODRIGUEZ; OMAR ALBERTO S/ RECURSOS DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
El Tribunal de Jurados se pronunció, con fecha 26 de mayo de 2022, dictando veredicto de culpabilidad por unanimidad de sus doce miembros, respecto de los acusados Omar Alberto Rodriguez, Alejandro Agustin Santa Maria y Ricardo Velozo por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra la víctima D.V.A. el día 6 de abril de 2017 en la localidad de Berazategui. Celebrada la audiencia de cesura de juicio el Dr. Edgardo Salatino, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Quilmes, condenó a cada uno a la pena de once (11) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 45 y 119, párr. tercero, Cód. Penal).
1. El defensor particular Dr. Sergio Ayala interpuso recurso de casación en favor de Ricardo Velozo y Omar Rodriguez.
Luego de señalar que asumió el caso con posterioridad al dictado de la condena, alega que los acusados se encontraron en estado de indefensión durante todo el proceso y especialmente al seleccionar el “acuerdo de juicio por jurados” en tanto no se les explicó su alcance, sumado a que “se consintió la responsabilidad en un hecho arbitrariamente demostrado y calificado, como también se admitió la aplicación de una pena de prisión por demás alta, privando con todo ello a los imputados de discutir los hechos haciendo uso del [derecho de] ser oídos”.
Agrega que “la sentencia se aparta de las reglas de la sana crítica racional” pues se sustenta “en simples convicciones -la de los jurados- lo que implica que su fundamentación es errónea y arbitraria”. Considera que presenta vicios de motivación que la descalifican. Seguidamente denuncia: “A) falta de motivación y fundamentación de las atenuantes y agravantes”. En ese marco, alega que no se probó la autoría de sus asistidos en hecho y que el único elemento de cargo fue el relato de la mujer, por lo que corresponde rechazar la agravante consistente en “la violencia sobre la víctima por violar de manera flagrante el derecho de defensa en juicio”.
Estima que la pena impuesta a sus asistidos resulta excesiva. Agrega que el magistrado, al valorar los padecimientos que sufrió la víctima como agravantes de pena, no reparó en que “se trata de una persona que reconoce consumos de medicamentos y bebidas”, “así como antecedentes de haberse autoinflingido heridas”, que “no puede achacarse a circunstancias como las denunciadas”.
Por otro lado y previo aclarar que no intenta cuestionar a la víctima, explica que “no puede dejar de incorporar hechos que debieron ser ventilados durante la sustanciación del plenario” en cuanto la mujer “se dedica a ofrecer servicios sexuales” (aporta fotos que avalan ese dato), lo que en su opinión robustece las dudas que surgieron en el caso. Explica que los resultados de las pruebas de ADN “son concluyentes en cuanto son totalmente incompatibles con las de [sus] asistidos” y afirma que los rastros “pudieron pertenecer a un eventual cliente”.
Agrega que de una denuncia de averiguación de paradero se derivó en una privación de libertad y abuso. Que hubo dos versiones encontradas, “la primera expuesta en la etapa de instrucción (…) en cuanto [D.A.] no recordaba nada”, por lo que estima “ineludible la revisión de los audios del debate, así como la lectura de las piezas por la cual se arriba al mismo”. Invoca el beneficio de la duda. Cita y transcribe tramos de diversas testificales que corresponderían a las constancias de la IPP. Estima que la mera enumeración de las agravantes y atenuantes sin explicar cómo inciden en el monto de la pena fijado en modo alguno puede suplir la motivación exigible de toda resolución judicial.
Afirma que personas como sus asistidos “con familia, trabajo estable, choferes de la línea de colectivo”, quienes se “realizan estudios psicológicos periódicos” no presentaron “antecedentes y/o rasgos perversos”.
Por otro lado, denuncia: “B) arbitrariedad en la valoración de la prueba”. Explica que se dictó una condena mediante una “sentencia [que] solo toma en cuenta la prueba aportada por la fiscalía y la ha valorado minuciosamente y no así con la prueba aportada por la defensa”.
Agrega que solo se valoraron los dichos de la víctima durante el debate y de los testigos de oídas.
Considera que la declaración de la víctima fue inconsistente y que el sentenciante descartó cualquier hipótesis que pudiera favorecer a sus asistidos, en contradicción con la opinión del fiscal de la instrucción, quien frente a “lo endeble de las pruebas no solicitó la cautelar”. En igual sentido cuestiona la posición del fiscal que intervino en el juicio oral pues considera que hizo hincapié en la perspectiva de género y en que “no es no” [es decir, en el consentimiento], pero no en la acusación formal donde “circunstancias de tiempo, modo y lugar no estaban determinados, mucho menos el rol que le cupo a cada uno de [los acusados]”.
Agrega que “el sentenciante para construir su decisorio utilizó como complemento y como elementos suficientes y acabados las dos declaraciones de la víctima y de un testigo que no estuvo en el lugar del hecho, puntualmente la hermana de la víctima”, quien describió que padecía situaciones de crisis.
Señala que el sentenciante cayó en el absurdo de valorar “las contradicciones de la víctima y los testigos, si estaba ebria o no estaba ebria, si estaba drogada o no estaba drogada”, sin reparar en el video donde se la ve “lúcida”, “no está condicionada, está libre, ejerció su consentimiento y con total discernimiento” y otro en el que se la ve llegar a su domicilio “a bordo de una motocicleta, supuestamente después de haber sido privada de su libertad y abusada, hecho que roza lo absurdo”. En definitiva, afirma que sus asistidos no tuvieron intimidad con la víctima, que “las pericias ginecológicas así como el semen sujeto a estudio demuestran la imposibilidad fáctica en cuanto se trató de un solo material genético incompatibles con los de Velozo y Rodríguez”. Dicho esto, denuncia: “C) orfandad probatoria” y “D) falta de motivación suficiente”. En lo esencial, insiste en el resultado de la pericia de ADN y explica que la víctima mintió en el debate oral al declarar que “fue víctima de un abuso sexual entre tres personas cuando en la realidad hubo un ofrecimiento verbal de un servicio sexual (…) a cambio de dinero en el cuál la propia declarante que se pone en lugar de víctima mintió al Jurado, al agente fiscal y al juez”.
También denuncia: “E) ausencia de conducta” y señala que sus asistidos “no realizaron conducta alguna sobre la víctima de autos porque no tuvieron ninguna relación sexual con la misma, y al no haber una conducta no puede haber un reproche penal”.
Expone que Velozo y Rodriguez “en ningún momento tuvieron alguna conducta dañina sobre la víctima que pudiera ser abarcada por el tipo penal”. Señala que estuvieron con la víctima pero “no tuvieron algún contacto físico de tipo sexual que requiera desnudarse y acceder a la víctima como quedó demostrado con la pericia de ADN de resultado negativo”. Agrega que “en ningún momento le dieron bebidas alcohólicas y muchos menos drogas y tampoco la víctima estaba obnubilada porque se ve en el vídeo como sube por sus propios medios al ciclomotor”. Afirma que no hubo una conducta típica, que sus asistidos no sometieron a la víctima “porque la misma quería que los hoy condenados tuvier[a]n sexo con ella a través de un contrato verbal de servicio sexual denominado prostitución”.
En definitiva, alega que la oferente de sexo por un precio no puede “decir que la han violado cuando eso nunca ocurrió y tampoco los condenados tuvieron relaciones sexuales con el consentimiento por un precio y tampoco sin el consentimiento, por lo tanto no hay acción por parte de ellos más allá que la víctima quería que ellos contrataran su servicio”.
Finalmente, la defensa denuncia: “F) ausencia de la verdad material”. Señala que el fin del proceso penal es el descubrimiento de la verdad y que el sentenciante “construyó un resolutorio viciado de nulidad porque tiene en su origen una mendacidad de la propia víctima”. En lo esencial, reitera que la mujer “nunca manifestó a qué se dedicaba”, “nunca dijo la verdad”.
Solicita se case la sentencia dictada en contra de sus asistidos y se los absuelva en orden al delito imputado.
Hizo reserva del caso federal.
2. Por su parte, el Dr. Sebastian Badia, defensor particular del acusado Alejandro Santa María, denuncia:
“A) inobservancia y/o errónea aplicación del estándar de duda razonable contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional”. Sostiene que pese a la orfandad probatoria, el Jurado emitió juicio de culpabilidad. Indicó que el veredicto se sostuvo tan solo “con testimonios y prueba psicológicas, no se pudo individualizar la acción penal reprochada, vulnerando todas las garantías procesales y constitucionales (…) no habiendo prestado declaración el perito genetista que realiz[ó] los cotejos de ADN dando como resultado negativo, esto es una prueba objetiva y directa que el ministerio publico fiscal y el particular damnificado omitieron, afectándose su derecho de defensa”.
“B) inobservancia y/o errónea aplicación, de lo normado por el artículo 371 bis del C.P.P., en cuanto no agregó la instrucción final de cómo debían valorarse los testimonios de oídas, circunstancia que condicionó la decisión del jurado”;
“C) inobservancia y/o errónea aplicación al no citar a la licenciada María Isabel Ortiz perito del servicio de análisis comparativo de ADN de la Asesoría Pericial”, quien “llegó a la conclusión: 'el análisis realizado en base a los resultado obtenidos, no permite vincular a Alejandro Santa María con el material genético detectado en las evidencias analizadas”;
“D) Inobservancia y/o errónea aplicación, el fiscal Sebastian Videla en su alegato dice: le creyó a Daniela y por eso llegó al juicio, le hace saber al jurado”. Señala que “el fiscal no está para creer un relato de la víctima, está para probar con pruebas objetivas el relato de la misma, el agente fiscal sostiene la acusación con pericias psicológicas, todas pruebas subjetivas” .
En función de lo expuesto, considera que la autoría de su asistido no se probó. Solicita se anule el veredicto de culpabilidad y sentencia, y se reenvié la causa a la instancia de origen. Hizo reserva del caso federal.
3. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. Ambas defensas desistieron de la celebración de la audiencia de informes.
4. La particular damnificada, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Ignacio Bellocchio, solicita se desestimen los recursos interpuestos en contra del veredicto del Jurado popular.
Afirma que no existió rechazo de la prueba de ADN tal como intentan demostrar los recurrentes; que no se demostró arbitrariedad o apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate para llegar al veredicto de culpabilidad; que las instrucciones finales fueron debidamente controladas y convenidas por todas las partes; y que la sentencia no estableció un monto de pena arbitrario.
Como cuestión preliminar, señala que en las audiencias de juicio y de cesura “hubo una defensa técnica que asistió a los señores Velozo, Santa María y Rodriguez, para que se respeten y se hicieran valer sus derechos. Los actos procesales fueron válidos y los imputados estuvieron debidamente asistidos” y que “el cambio de abogados en instancia recursiva no habilita a retrotraer la discusión a otras instancias ya precluidas. Los acusados acordaron someterse a juicio por jurados, y lo hicieron debidamente asesorados, como parte de la estrategia de su anterior representación”.
Agrega que incluso en el alegato de clausura, el anterior defensor de los imputados explicó a los miembros del Jurado porqué prefería ese tipo de proceso, frente a la convicción de que darían un veredicto de no culpabilidad. Que los acusados no demostraron ninguna disconformidad con el letrado de confianza y “festejaron con aplausos el alegato final de la defensa”.
Dicho esto, recuerda que el tribunal de impugnación debe actuar en la revisión con un criterio restrictivo a fin de no sustituir de manera indebida la actividad del jurado; a la vez que es fundamental tener presente que “el jurado representa la voluntad de la sociedad” y “no debe dar razones de su decisión”.
Luego, señala que de los fundamentos incorporados en los escritos de los recurrentes se aprecia una notoria confusión entre el sistema de jurados y el de magistrados profesionales, y explica que los agravios que invocan las defensas son insuficientes para atacar la decisión del Jurado popular.
En primer lugar, expone que la falta de convocatoria de la licenciada María Isabel Ortiz, quien realizó el análisis comparativo de ADN en la presente causa o la incorporación por lectura de sus informes “se debe exclusivamente a que la defensa no mostró ningún interés en el ofrecimiento y producción de dicha prueba”, de acuerdo con lo discutido en la audiencia preliminar (art. 338, CPP).
Sin perjuicio de lo expuesto, alega que “tampoco se demuestra una incidencia en la decisión del jurado” por aquel motivo. Considera “que el resultado del peritaje de ADN no hace mella al plexo probatorio de la causa, al ser lógico que ante la existencia de pluralidad de hombres que mantienen relaciones sexuales con una mujer, estos hayan usado preservativo y no dejaran rasgos del semen”. Agrega que “otra circunstancia no menor, es que el informe pericial (…) indicó problemas con las muestras recabadas para el estudio comparativo de ADN, ya que se concluyó que las muestras obtenidas estaban al límite de detección. Véase que la perito Lic. María Isabel Ortiz, deja constancia a fs. 266 que: “El perfil minoritario masculino se encuentra en el límite de detección”, por lo que llegado el caso se podría controvertir el resultado negativo que arrojó la comparación genética.
Conocido ese detalle, infiere que “la contraparte omitió deliberadamente convocar a la experta que realizó el estudio para no tener que exponer las falencias del mismo o que quedase en evidencia la mala calidad de las muestras tomadas de prendas e hisopados”.
En ese marco, señala que hubo una clara intención de confundir al jurado, durante el alegato final, por parte del abogado defensor, pues “exhibió de manera indebida las fojas del expediente donde estaban los resultados de esta prueba de ADN (cfr. filmaciones del día 26/5/2022)”, lo que llevó a la fiscalía a formular una queja. En su opinión, “la acción concreta de valerse de una prueba que no estaba correctamente incorporada al debate oral, vino a romper el equilibrio que debe existir entre las partes; básicamente, por no permitir un amplio control sobre la prueba y a la vez, dándole al jurado información confusa o parcial, que no podía ser corroborada por la especialista en el tema”. Bajo esas condiciones, estima que no se configuró ningún perjuicio para la defensa pues, aun indebidamente, logró su cometido de mostrar al jurado los resultados del informe comparativo de ADN.
Señala que la valoración de la prueba que después realizaron los miembros del jurado no puede ser tenida por arbitraria y tampoco debe exigírsele dar razón de qué tipo de valoración le dieron a cada prueba, durante la deliberación que mantuvieron.
Luego, observa que los recurrentes intentan introducir una versión falaz sobre lo sucedido, que no estuvo presente durante la instrucción de la causa ni durante el debate, en tanto argumentan la existencia de un supuesto comercio sexual del que ninguna prueba tienen.
La particular damnificada explica que no era trabajadora sexual al momento en que fue abusada sexualmente y que en ese entonces estaba desempleada. Que el hecho se cometió en el año 2017 y el juicio se celebró cinco años después, en el año 2022. Expone que su profesión actual o la forma en que se gana la vida nada tiene que ver con el hecho que denunció. Agrega que la defensa tenía conocimiento del dato temporal aludido, pues en el contra-examen de Paula Ameri se limitó a preguntarle si sabía “cuál e[ra] la ocupación laboral actual de su hermana” y la testigo respondió “trabajadora sexual”. En definitiva, afirma que no se le ocultó al jurado cuál es su actividad laboral en el presente y que la defensa intenta que se revise una decisión en base a prejuicios. En ese sentido, cuestiona la incorporación injustificada de fotografías por parte de la defensa que violentan su intimidad.
Concluye que los recurrentes no demuestran que el jurado se haya apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate, tampoco que se lo haya “privado de ver prueba alguna, que, por su contundencia y por sí sola, fuera capaz de inclinar la decisión por la no culpabilidad”. En definitiva, alega que la defensa no demostró que la decisión del jurado esté en contradicción con el conjunto de evidencia disponible.
Finalmente, explica que las instrucciones finales al jurado fueron claras, previamente controladas y que la defensa no planteó disconformidad alguna en su formulación. Especialmente, señala que se informó al Jurado cómo debía valorar la prueba testifical y que las alegaciones de las partes no constituían prueba. En consecuencia, considera irrelevante que el fiscal haya dicho que creía en el relato de la víctima.
En función de lo anterior, solicita se rechacen los recursos de casación interpuestos por las defensas e hizo reserva del caso federal, para el supuesto que se revoque el veredicto del Jurado.
5. Por su parte, el fiscal adjunto de Casación, Dr. Fernando Galán, postuló el rechazo de los recursos interpuestos por las defensas.
En lo esencial, observa que “los agravios que surgen de las presentaciones de los tres imputados, no resultan idóneos para atacar la decisión del jurado ya que no se encuentran contemplados en el art. 448 del CPP, ni resulta un motivo especial de impugnación previsto en el art. 448 bis del CPP, toda vez que no se denuncian violaciones a las reglas que rigen este tipo de juicios, sino que únicamente se pretende violentar la voluntad popular que no les es favorable a sus intereses”. Sobre los agravios que invoca la defensa de Alejandro Santa María, expone que las “cuestiones acerca de la insuficiencia probatoria ya fueron planteadas por el defensor anterior durante su alegato frente a los miembros del jurado. Sin embargo, y pese a ello, el jurado por unanimidad entendió que la prueba cargosa sí era suficiente y decidió la culpabilidad de los tres encausados”.
Agrega que el recurrente “plantea el absurdo valorativo a partir de la insuficiencia de la prueba cargosa, pero omite la parte esencial del recurso, cual es, la demostración cabal del quiebre en el razonamiento, es decir la contradicción palmaria entre lo escuchado en le debate y lo decidido”.
En ese marco, afirma que el testimonio de un único testigo es apto y válido si se armoniza con el resto de la evidencia disponible, como ocurrió en el presente caso. Señala jurisprudencia que avala esa posición.
Con relación al recurso de los acusados Ricardo Velozo y Omar Rodriguez, observa que la defensa se limita a descalificar la labor y estrategia del letrado que intervino durante el juicio oral, circunstancia que no configura el estado de indefensión que denuncia. En ese sentido, señala que todos los actos procesales cumplidos fueron válidos y los imputados estuvieron debidamente asistidos por un defensor de su confianza, sin que el cambio de abogados en instancia recursiva habilite a retrotraer la discusión a otras instancias ya precluidas.
Por otro lado, observa que las argumentaciones del recurrente se centran en descalificar a la víctima, circunstancia insuficiente para controvertir su testimonio y, finalmente, en orden a la determinación de la pena de los acusados, advierte que la defensa se limita a calificar de “arbitrario y excesivo” su monto, pero sin aportar ningún argumento que demuestre su posición, lo cual torna insuficiente su reclamo. Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. En lo que importa destacar, la fiscalía acusó a Alejandro Santa María, Ricardo Velozo y Omar Rodriguez de haber abusado sexualmente de D.A. mediante acceso carnal vaginal y anal, aprovechándose de que la mujer no pudo consentir libremente la acción. La fiscalía señaló que esa noche D.A. estaba con su novio e hijo y fue a comprar una cerveza a un local ubicado frente a la linea de colectivos 98. Explicó que allí le dieron una cerveza abierta, que se quedó bebiendo con los choferes y en un momento se sintió mareada y descompuesta. Desde allí, los recuerdos de la mujer fueron fragmentados. Expuso que la subieron al auto de Rodriguez y fueron a su casa, que cesó la buena onda y los flashes siguientes son estos tres sujetos y tres más pasando de a dos para violarla, por turnos. Explicó que eso sí lo recordaba D.A., y que no podía gritar ni moverse. Agregó que la mujer podía recordar el día después, que se despertó semidesnuda en la cama de la casa, con dolores genitales y en el cuerpo. Explicó al Jurado que la ley protege la libre determinación para tener relaciones sexuales, mediante el consentimiento, ausente en el caso concreto.
Luego de la deliberación del Jurado y por unanimidad, sus doce miembros encontraron a los acusados Omar Alberto Rodriguez, Alejandro Agustin Santa María y Ricardo Velozo CULPABLES del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra la víctima D.V.A., entre las 06:00 y 17:10 hs. del día 6 de abril de 2017 en el interior del domicilio sito en calle 139 nro. 2545 de Berazategui.
2. La defensa de Velozo y Rodriguez denuncia que sus asistidos quedaron estado de indefensión durante el trámite de la causa y especialmente al momento del juicio oral, pues no habrían comprendido el alcance de ser juzgados mediante un Jurado popular. Al igual que lo destacan el fiscal y la particular damnificada en sus presentaciones ante esta sede, advierto que en este tramo el recurrente se limita a cuestionar de manera genérica la actuación del anterior colega que intervino en defensa de los acusados, pero sin incorporar ningún dato concreto que permita demostrar que quedaron en estado de indefensión o que no fueron asesorados debidamente sobre la elección de ser juzgados por un Jurado popular. No se denuncia un presupuesto concreto que ampare tal conclusión (por ejemplo, ausencia de información respecto de la modalidad de enjuiciamiento y sus consecuencias). En ese sentido, el recurso refleja una mera disconformidad con el resultado del juicio, motivo insuficiente para demostrar afectación alguna a la garantía constitucional de los imputados de contar con una defensa técnica eficaz.
3. Similar déficit en la técnica recursiva se advierte en el resto de los argumentos que traen los recurrentes, pues la decisión del Jurado es cuestionada de manera genérica pero sin indicar las razones concretas que demostrarían que el veredicto de culpabilidad no superó el estándar probatorio de culpabilidad más allá de toda duda razonable o que la decisión de sus miembros se apartó manifiestamente de la prueba practicada en el juicio oral.
4. Cabe recordar que de acuerdo con nuestra legislación procesal, en el sistema de Jurados la defensa puede recurrir -entre otras facultades- bajo el argumento de que el veredicto de culpabilidad no superó el estándar probatorio de duda razonable, es decir, cuando estima que el veredicto no resulta compatible con el peso convictivo de la evidencia disponible, y dentro del amplio margen de agravios que se abren para el recurrente bajo el test de la duda razonable, el inc. d) del art. 448 prevé la situación particular donde la defensa cuestiona de manera directa los hechos probados por el Jurado.
Aquí el centro del recurso no será el posible error en las instrucciones al Jurado, sino su apartamiento manifiesto de la prueba de refutación que se practicó en el juicio o de la insuficiente evidencia para condenar, pues ello convierte en arbitraria o irrazonable la decisión sobre los hechos. En definitiva, se trata de demostrar que el veredicto es contrario a la prueba.
Ahora bien, la revisión de la decisión del Jurado bajo este especial supuesto de procedencia (art. 448 bis d), CPP), exige de la defensa explicar que el veredicto carece de una base razonable si se lo confronta o coteja con determinada o determinadas pruebas que se practicaron en el juicio oral y ese razonamiento probatorio tiene que exponerse con precisión en el escrito y en la audiencia del recurso. En otras palabras, la interposición del recurso de casación contra el veredicto inmotivado del Jurado exige indicar exactamente la porción de la evidencia practicada en el debate que demuestra que la decisión es irrazonable (valiéndose del registro del juicio o de las instrucciones), y exponer claramente el proceso lógico que lleva a esa conclusión, pues solo de ese modo -desde lo metodológico- será posible, en el marco de la revisión, confirmar la veracidad de las afirmaciones que hace el recurrente, al cotejarlas con lo que dijo un testigo, un perito o con la prueba material exhibida y/o reproducida en la audiencia (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 345).
Importa destacar que la tarea revisora de este tribunal no pasa por la realización de un nuevo juicio, sino controlar la corrección del razonamiento inferencial que avala la decisión del Jurado y para ello es necesario que la defensa explicite cuál es la evidencia de la que se apartaron sus miembros en forma manifiesta y la conclusión que era razonable inferir de ella, en la medida que demuestre que la decisión fue arbitraria o irrazonable. Ello, en definitiva, permite articular la base objetiva sobre la cual debe decidir este Tribunal.
5. Como dije, se constatan serios déficits en la técnica recursiva de ambas defensas, pues describen muy vagamente los presupuestos fácticos que sustentarían sus argumentaciones, situación que no pudo ser superada en el marco de la audiencia del recurso, ante el desistimiento de las partes.
En efecto, sin reparar en las particularidades del veredicto inmotivado del Jurado, la defensa de Velozo y Rodriguez argumenta -en lo esencial- que la víctima mintió sobre la existencia del abuso y que el análisis comparativo de ADN demuestra la inocencia de sus asistidos.
La defensa de Santa María también insiste sobre el resultado de la pericia de ADN y a partir de ese dato alega la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado.
6. La incidencia que se planteó en el juicio relativa a la pericia de ADN puede reconstruirse sin dificultad a partir de lo informado por las partes y las constancias del acta de debate.
Conforme lo explicó la particular damnificada en su presentación, no medió arbitrariedad alguna por parte del magistrado que dirigió el debate al resolver sobre la admisión y rechazo de la prueba, pues esa evidencia no fue ofrecida por la defensa en la audiencia preliminar y ese dato no viene controvertido.
En efecto, el acta de debate refleja que durante los alegatos de clausura el defensor se refirió “al examen de ADN de fs. 262/267”, circunstancia que motivó la objeción de la fiscalía, al señalar que no era evidencia incorporada al juicio ni novedosa. El juez indicó al fiscal que tendría réplica y la posibilidad de proponer una instrucción admonitoria, continuándose con los alegatos. Conforme consta en el acta, seguidamente el defensor mostró “al jurado resultados de ADN de los aquí juzgados. Prueba fundamental -dice el defensor- que el fiscal se cuidó de presentar”. Más allá de la adecuada decisión del magistrado en punto a su exclusión probatoria y a las características de la instrucción a impartir al jurado, es oportuno destacar que ante tal cuadro el director del proceso tiene facultades para admitir la objeción y de tal modo impedir que la defensa prosiga con una conducta que conlleva riesgo de contaminar la visión del jurado, evitando de ese modo que, por ejemplo, sean afirmadas conclusiones acompañadas de la exhibición de piezas que no forman parte del material disponible de prueba.
A su turno, el fiscal manifestó que la perito que hizo la pericia de ADN no estuvo en el juicio oral y esa evidencia no podía valorarse. Aclaró que la muestra era insuficiente, según el informe, y que “el defensor omitió ese detalle”. El representante de la particular damnificada confirmó que la pericia no había sido introducido por lectura al debate y la defensa respondió que esa “informalidad” no podía impedir que se valore pues debía determinarse la verdad de lo sucedido.
7. Luego, constato que si bien el magistrado instruyó al Jurado sobre la imposibilidad de valorar esa pericia por no encontrarse incorporada al conjunto de evidencia disponible, lo cierto es que los déficits que señaló la acusación sobre las muestras tomadas a la víctima y la ausencia de refutación de esa proposición fáctica por parte de la defensa, permiten inferir que sus resultados no eran concluyentes, al menos en el sentido que intentó atribuirle la defensa.
Observo que los recurrentes omitieron cualquier referencia a la incidencia que se planteó en el juicio en torno a esa evidencia y, en consecuencia, no controvierten lo que informó el fiscal sobre las muestras peritadas, sino que insisten sobre sus resultados, método insuficiente para mostrar que esa prueba tenía capacidad para modificar la decisión del Jurado.
8. La forma en que las partes litigaron ese tramo del debate y especialmente la ausencia de réplica de la defensa frente a los señalamientos concretos de la contraparte, resulta compatible con la interpretación que hace la particular damnificada, al estimar que el defensor omitió deliberadamente convocar a la experta que realizó el informe al juicio oral para “no tener que exponer las falencias del mismo o que quedase en evidencia la mala calidad de las muestras tomadas de prendas e hisopados”, pues “exhibió de manera indebida las fojas del expediente donde estaban los resultados de esta prueba de ADN” en el alegado final, con una “clara intención de confundir al jurado” al darle información confusa o parcial, cuando la práctica de la prueba ya había sido superada, imposibilitando el control de la calidad de esa información.
En definitiva, los recurrentes no demuestran que haya mediado arbitrariedad por parte del magistrado al resolver sobre la admisión y rechazo de la prueba, ni que los miembros del Jurado hayan sido condicionados en modo alguno para decidir sobre las versiones que se confrontaron en el juicio oral.
9. Luego, en orden a la fiabilidad de D.A., constato que las argumentaciones del defensor de los acusados Velozo y Rodriguez se centran en la descalificación sistemática de la víctima, mediante una estrategia cargada de estereotipos que establecen cuáles mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual: las que se mantengan “honestas”.
En efecto, los argumentos del recurrente (coincidiendo en buena parte con la línea que mantuvo el defensor que intervino en el juicio oral) se enfocan en describir e interpretar conductas de la víctima, de nula vinculación, por cierto, con el objeto del debate, como por ejemplo por qué “una madre” había salido sola a comprar una cerveza en horas de la noche (conforme acta de debate) o directamente descalificando su fiabilidad por su actual condición de trabajadora sexual.
Ciertamente, una adecuada perspectiva de género implica, en el sistema judicial, reflexionar sobre la utilización y reproducción de prejuicios, en la medida que invisibilizan las causas reales de la violencia sexual, desplazando el foco de atención hacia la propia víctima. La correcta individualización de los estereotipos permite erradicarlos del razonamiento probatorio y centrarse en la evidencia del caso. La argumentación del recurrente se basa en las falsas creencias que construyen las características de las mujeres que pueden ser “verdaderas” víctimas la violencia sexual (las “buenas”, las “honestas”) y la idea de que otras mujeres, las que se apartan de aquel estándar, las “promiscuas” y de “mala reputación”, no pueden ser violadas, pues se infiere su predisposición para mantener relaciones sexuales, cuando su pasado sexual poco tiene que ver con el consentimiento (confr. Di Corleto, Julieta; Límites a la prueba del consentimiento en el delito de violación, Nueva doctrina penal, Nº 2, 2006, pág. 411-440).
Esa es la visión que intenta instalar la defensa en su presentación, pues argumenta que D.A. ocultó su condición de trabajadora sexual, dato insuficiente para cuestionar su fiabilidad como fuente de información; además de no reparar en que la damnificada no negó que esa fuera su actividad actual y señaló que la defensa introdujo esa información frente al Jurado a través del contra-examen de su hermana (circunstancia que se constata mediante el alegato de clausura de la defensa, conf. acta de debate).
En otras palabras, el recurrente intenta suplir la prueba del consentimiento a partir de referencias sobre el comportamiento sexual de la víctima, que nada tienen que ver con el hecho que juzgó el Jurado.
En efecto, con la misma falta de rigurosidad que se constata en diversos tramos del recurso, la defensa se limita a invocar -ahora, en la etapa recursiva- una nueva hipótesis alternativa que no se presentó ni discutió en el juicio oral, donde afirma que D.A. intentó ofrecer sus servicios sexuales a los acusados a cambio de dinero, sin éxito, y luego inventó que la habían abusado.
La revisión de ese argumento confirma la introducción de otros mitos, que bajo aparentes máximas de la experiencia no reflejan más que prejuicios o generalizaciones infundadas, como el que sugiere que las mujeres denuncian haber sido abusadas sexualmente por venganza.
En resumen, los prejuicios que subyacen al razonamiento de la defensa técnica de los acusados, muestran -en mi opinión- que su única finalidad es desvalorar la reputación de la mujer, pues su invocación no es razonable y tampoco es pertinente para la resolución del caso. En igual sentido, considero que la inclusión de fotografías de D.A. en la presentación de la defensa solo persigue la divulgación de información que intenta perjudicar a la víctima, práctica que no debe ser tolerada y, en consecuencia, propondré su exclusión de los registros informáticos de la causa.
10. Por otro lado, que la prueba de cargo se haya edificado sobre la testifical de D.A. no es motivo suficiente para demostrar la existencia de una duda razonable en favor de los imputados, en la medida que la acusación presentó en el juicio distintos elementos de prueba que -en su opinión- permitían corroborar objetivamente el relato de la mujer y así lo valoró el Jurado pues encontraron culpables a los acusados Velozo, Rodriguez y Santa María, por unanimidad.
11. Establecido lo anterior, constato que la defensa no cuestionó la formulación de las instrucciones finales que se impartieron al Jurado (conforme surge del acta de debate), ni explica de qué modo aquellas pudieron condicionar la decisión de sus miembros, requisitos exigidos por el art. 448 bis inc. c) del CPP para la interposición del recurso. Aun así, entiendo “que la tarea de revisión puede abordar, aún de oficio, un grave y manifiesto error en las instrucciones impartidas, cuando de ello haya derivado un grave perjuicio para el imputado, vale decir, cuando de la constatación de esos defectos pueda estimarse un claro condicionamiento a la decisión del jurado” (TCP, Sala I, causa 72.016 “Mazzon, Marcos Ezequiel s/Recurso de Casación, rta. 27.10.15, entre otras).
En efecto, el imputado no puede cargar en su perjuicio la eventual omisión de deberes de quien tiene a su cargo la asistencia técnica. Situaciones de estas características ponen en evidencia un estado de indefensión que afecta a las formas esenciales del proceso, con grave detrimento de las garantías fundacionales, tornando nulo su pronunciamiento.
No obstante, ninguna de estas circunstancias se constatan en las instrucciones que ahora se controvierten. En ese sentido, observo que se instruyó suficientemente al Jurado sobre la valoración de la prueba testifical y especialmente sobre el valor de las manifestaciones de las partes, en tanto se les recordó que “no [eran] pruebas ni los alegatos de las partes, ni los dichos de la Fiscalía, la defensa, el particular damnificado ni los [del juez]”. Bajo esas condiciones, que el fiscal haya manifestado que creía el relato de la víctima, no es razón suficiente para demostrar que la actividad decisoria del Jurado haya estado condicionada.
12. En definitiva, la defensa no demostró que el Jurado se haya apartado manifiestamente de la evidencia que se practicó en el debate. Tampoco que haya validado arbitrariamente el veredicto de culpabilidad frente a un cuadro de duda sobre la autoría de los acusados, como el que sostienen los recurrentes. Recuerdo que en lo que respecta a un caso penal, no deben tratarse de dudas subjetivas, sino de aquellas que puedan surgir del examen objetivo de la evidencia, circunstancia que no se demostró en el presente caso.
13. Finalmente, observo que la defensa se limita a calificar de "arbitrario y excesivo" el monto de las sanciones impuestas a Velozo y Rodriguez; y a cuestionar las agravantes valoradas por el magistrado, de manera genérica y bajo el argumento de que no se probó la autoría de sus asistidos, método insuficiente a los fines de la revisión de la determinación de la pena.
Constato que el magistrado valoró, entre otros agravantes, el daño físico y psíquico causado a la víctima, solicitado por la fiscalía y la particular damnificada, quienes describieron el tratamiento psiquiátrico y medicamentoso que requirió D.A. con posterioridad al hecho, como su intento de suicidio, circunstancias sobre las que se expidieron las profesionales de la salud que declararon en el juicio oral, de acuerdo con lo que refleja la sentencia.
Por lo demás, recuerdo que la sistemática de los arts. 40 y 41 del Código Penal no fija la incidencia que debe tener cada una de las pautas mensurativas –atenuantes y agravantes- en la composición final de la pena, ni impone a los jueces y juezas la obligación de partir necesariamente del mínimo legal posible.
Desde el punto de vista constitucional, la reprochabilidad, como fundamento y medida de la responsabilidad penal, establece como criterio rector que la sanción a imponer no puede superar la gravedad de la culpabilidad, en tanto debe guardar proporción con el hecho ilícito incriminado.
Así, siendo graduable el injusto y consecuentemente el reproche, la pena debe ajustarse a dichos parámetros, siempre que se respeten los marcos punitivos previstos en la ley de fondo. En definitiva, no advierto que la defensa haya demostrado una errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal que pueda incidir en la determinación del monto de la pena, tornándola arbitraria o desproporcionada, por lo que debe mantenerse.
14. En orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo RECHAZAR los recursos deducidos por las defensas, con costas y a esta PRIMERA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 45 y 119, párr. tercero, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas, con costas; II. DIFERIR la regulación de honorarios de los defensores particulares, hasta tanto sean fijados en la instancia; III. ORDENAR la exclusión de las fotografías de la víctima del registro informático de este causa; IV. TENER PRESENTES las reservas del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 14, ley 48; 45 y 119, párr. tercero, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas, con costas;
II. DIFERIR la regulación de honorarios de los defensores particulares, hasta tanto sean fijados en la instancia;
III. ORDENAR la exclusión de las fotografías de la víctima del registro informático de este causa.
IV. TENER PRESENTES las reservas del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 45 y 119, párrafo tercero del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia