Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 122/2012 (AD ROSA), dictada con fecha 28/03/2012 en el expediente SIGEA n° 12542-3270-2008 y 12539-91-2008, y el Cargo N° 231/08, con costas al Fisco Nacional (art. 1163 del Código Aduanero).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-133478873-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 12 de Diciembre de 2022 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria -por licencia de la Dra. Cora M. Musso-, a fin de resolver en los autos caratulados “SANTA SYLVINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, Expediente N° 31.106-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 13/20vta. la firma SANTA SYLVINA S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 122/2012 de fecha 28/03/20, notificada el 29/03/2012, dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en el marco de la Actuación SIGEA n° 12542-3270-2008 y 12539-91-2008, por la que se rechaza la impugnación deducida y se confirma el Cargo n° 231/08, que le intima al pago de U$S 185.803.- en concepto de Ajustes Ley 26.351 y Decreto PEN 764/08.
Manifiesta que el día 03/06/2008 oficializó por ante la Aduana de Rosario la destinación de exportación a consumo 005628P por un total de 4.080.000 Kg. de soja a granel, incluida en la DJVE 64901, que documentó, a su entender, de conformidad con la alícuota de derechos de exportación y la base imponible (precio oficial), vigentes el día de cierre de venta registrado en la correspondiente DJVE y sobre el precio oficial declarado en dicha declaración.
Realiza un detallado relato del plexo normativo pertinente; específicamente, menciona la ley 21.453 y su modificatoria, la ley 26.351. Considera que esta última violenta el derecho de propiedad porque modificaría con efecto retroactivo una disposición de aquella; misma opinión le merecen el Decreto 764/2008 y las resoluciones ONCCA 543, 1487 y 1898, todas del 2008.
Sostiene que bajo la ley 21.453 el exportador que registró una DJVE y cumplió en ella todos los requisitos exigidos por las resoluciones reglamentarias de esta norma, adquiriere el derecho a "congelar" los derechos de exportación que estaban vigentes el día inmediato anterior a aquel en que se efectuó la registración, asumiendo, al mismo tiempo, la obligación de exportar en los plazos y condiciones vigentes. Como contrapartida, el Estado se obliga a respetar, para tales operaciones, la alícuota, la base imponible y el régimen tributario del derecho de exportación así congelado. Cita jurisprudencia.
Se agravia, entonces, al desconocer los derechos adquiridos por la DJVE registrada conforme la Ley 21.463, por lo que plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 y sus normas reglamentarias y complementarias así como de las resoluciones del Ministerio de Economía y Producción que establecieron los derechos de exportación con posterioridad al registro de dicha DJVE, sus normas complementarias y modificatorias, en tanto entiende haber sido dictadas por un funcionario incompetente.
En subsidio, se agravia de las Resoluciones (ONCCA) 1487/08 y 1898/08 porque no respetarían los conceptos de "tenencia" y "adquisición" previstos en la Ley 26.351, al calcular las diferencias pretendidas de una manera “perjudicial a los derechos del administrado y contrariando a la propia Ley 26.351”.
Respecto de la necesidad de demostrar la existencia de un Contrato de Venta, recuerda que se trata de contratos entre ausentes que se hallan a grandes distancias; que las partes no negocian y cierran sus ventas cara a cara, ni dejan constancia escrita de sus asentimientos a través de firmas bilaterales. Indica que estos contratos suelen celebrarse por correo electrónico o directamente a través de compromisos telefónicos, sin la celebración de contratos solemnes con firma bipartita y mucho menos aún con intervención de un funcionario público para obtener una pretendida fecha cierta frente a terceros.
En cuanto a la dolarización del cargo suplementario notificado, plantea su oposición con fundamento en que el art. 10 de la ley 23.928 habría derogado, a partir del 10/04/1991, todas las normas legales o reglamentarias que autorizaran la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas. Y, dado que la ley 23.905 es anterior a la derogación de estas normas, no habría escapado de la abrogación antes mencionada. Así, en subsidio, se agravia de la aplicación de un “sistema de repotenciación del supuesto crédito aduanero en moneda dólar estadounidense desconociendo la prohibición expresa del Art. 10 de la Ley 23.928, con la modificación introducida por la Ley 25.561”. Por último, ofrece prueba. Hace reserva de Caso federal. Y solicita que se revoque la resolución administrativa apelada, con costas.
II. Que a fs. 34/42vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todos y cada uno de los asertos de la actora que no fueran de su especial reconocimiento.
Primeramente, el Fisco propicia una interpretación armónica de la normativa involucrada. Entiende que la ley 26351 aclara el alcance y aplicación de su similar 21453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. Recuerda que entre los objetivos de su dictado se encuentra la necesidad de equilibrar y devolver la equidad frente a quienes hayan declarado bajo juramento información falaz en perjuicio de las arcas públicas, en un marco de estado de Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría. Instruye que así es cómo debe interpretarse la normativa en crisis: mediante ellas se buscó paliar la gravísima situación que atravesó el país y, por tanto, considera que no es irrazonable la interpretación que hace la ley 26.351 de la 21.453.
Expone que esta situación no puede ser avalada por los estrados, puesto que lo cierto es que nunca puede haber una lesión al derecho de propiedad, cuando deviene evidente que no se ve afectado el patrimonio del administrado y no hubo perjuicio económico. Agrega que de los fundamentos del Decreto N° 764/2008, reglamentario de la Ley 26.351, surge que por medio de la Ley 26.351 se persigue evitar que, ante un inminente cambio normativo que aumente los derechos de exportación, se registren operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor. Y que es el mismo decreto donde se establece que será potestad de la ONCCA llevar el registro de las declaraciones juradas de Venta al Exterior, siendo entonces dicho organismo el que dicta la normativa para establecer los requisitos mediante los cuales se acreditará la tenencia o adquisición de mercadería informado con posterioridad a la AFIP.
Por lo que destaca que es en ese contexto que la ONCCA, en cumplimiento de las funciones que le fuera encomendadas, dicta las Resoluciones N° 1487/08 y 1898/08 que establecen el listado de la DJVE respecto de las cuales no ha sido acreditada por parte de las empresas exportadoras, la adquisición o tenencia de la mercadería requisito indispensable para tributar por la alícuota menor. Cita jurisprudencia. Comparte la opinión que no resulta este Tribunal el órgano competente para expedirse respecto de la legitimidad de las resoluciones ONCCA en cuestión, correspondiendo entonces su aplicación en tanto resultan actos administrativos emitidos en uso de las facultades acordadas a dicho organismo por la ley 26.351 y su decreto reglamentario y en atención al principio de presunción de legitimidad y ejecutoriedad establecido en el art. 12 de la LNPA, que determina su aplicación inmediata en tanto no exista una norma que expresamente declare lo contrario.
Indica que las normas que regulan este régimen imponen que una vez verificada el hecho de "no demostrarse la tenencia -antes- de la suba de la alícuota" se impone como solución que deba tributar conforme el régimen general. Resalta que no se aplica una pena sino que solamente se tiende a evitar que el particular se beneficie de un régimen de excepción. Y que esta doctrina del "efecto noticia" tiende a evitar los efectos de conductas elusivas del tributo por parte de contribuyentes, originadas, a su vez, por el "conocimiento" de una situación futura. Por todo lo dicho, y conforme lo establece el art. 1164 del C.A., sostiene que no cabe el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente ante esta instancia.
Con respecto al agravio en subsidio referido al planteamiento de inconstitucionalidad de los derechos de exportación cuya percepción se persigue en razón de que habrían sido establecidos por un funcionario incompetente, indica que los agravios relativos a la Resolución 11/02 fueron desvirtuados por la basta jurisprudencia del fuero, que cita y a cuyos fundamentos adhiere. Además, recuerda que el TFN tiene prohibido considerar planteos de inconstitucionalidad (Art. 185 ley y 1164 CA), y que solo puede declarar la ilegalidad de interpretaciones ministeriales o administrativas (arts. 186 ley y 1165 CA) ; razón por la cual para tratar estos temas opina que la actora debió seleccionar la otra vía y acudir directamente a la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
Sobre el planteo de la improcedencia de la dolarización de los cargos suplementarios considera que la ley 23905 no plantea la diferencia que pretende la actora en cuanto a "determinaciones originarias" y "determinaciones suplementarias", sino que hablaría de "tributos que gravaren la exportación". Entiende procedente una interpretación literal de la norma. Manifiesta su convicción de que la ley 23905 no es utilizada con fines de actualización o repotenciación de deuda sino, estrictamente, que su art. 20 dispone que el importe de los tributos deben ser determinados en dólares estadounidenses. Concluye así, que la liquidación en litigio fue realizada por el Servicio Aduanero, en estricto cumplimiento de la normativa vigente al momento de realizarla.
Ofrece como prueba documental, el expediente SIGEA N°12542-3270-2008. Solicita se declare la causa de puro derecho. Hace reserva de Caso Federal. Solicita se rechace la pretensión de la actora y se confirme la resolución 122/2012, con costas.
III. Que a fs. 56 se elevan los autos a consideración de la Sala “E” y finalmente a fs. 57 se llaman a sentencia.
IV. Que en relación a los agravios de la recurrente relativos al planteo de inconstitucionalidad de la ley 26351 dictada en función de lo previsto en la ley 22.415 -CA-, en la Ley de Ministerios -texto ordenado por decreto 438/92 y modif- y en uso de las facultades conferidas por los decretos 2752/91 y 2275/94, cabe señalar que conforme lo establece el art. 1164 del CA éste Tribunal no tiene facultades para pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones, salvo que la CSJN se hubiera pronunciado sobre la cuestión en cuyo caso éste Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal, circunstancia que no se ha producido en el caso de autos.
Que en este mismo sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal Fiscal, mediante el Fallo Plenario IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- …” (las cursivas y negritas me corresponden).
V. Que corresponde resolver en autos si la Resolución N° 122/2012 (AD ROSA) apelada, dictada con fecha 28/03/2012 en el expediente SIGEA n° 12542-3270-2008 y 12539-91-2008, y mediante la cual se confirmó el Cargo N° 231/08, formulados por diferencia de derechos de exportación en relación al PE Nro. 08 052 EC01 005628P (oficializado el 03/06/2008), vinculado a la DJVE 08 52DJVE00064901, se ajusta a derecho. Que a dichos fines en primer término cabe señalar que el cargo aludido se formuló en razón de lo indicado en las Resoluciones ONCCA Nros. 1487/2008 y 1898/2008, en las que se ha informado a la Aduana, en lo que aquí importa, que la firma recurrente no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE LEY 21453.
Que resulta procedente señalar que la Ley 21.453 (BO 11/11/76) en el art. 6 estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que consecuentemente cuando se trata de exportaciones a consumo de productos de origen agrícola, el hecho imponible acaece al producirse efectivamente la exportación conforme lo establece el Código Aduanero, pero en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 21.453 el régimen tributario aplicable debería ser el de la fecha de cierre de venta de tales productos.
Que, luego del dictado de dicha ley y bajo el título “Aclaración de la Ley nro. 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la Ley 26.351 (BO 16/1/08) en la que en el art. 1 se dispuso que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley 21.453 en el período comprendido entre el Registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo asimismo en el art. 4, la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Que, con fecha 12/5/08, se dictó el Dec. 764/08 (BO 13/5/08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/2005) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en los términos del Decreto 764/2008, la ONCCA dictó la Resol. 543/2008 (BO 30/5/08) por la que estableció el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351.
Que la ONCCA dictó las Resoluciones Nros. 1487/2008 y 1898/2008 por las cuales se informó a la AFIP cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación, en virtud de no haberse acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II).
Que con fundamento en las Resoluciones ONCCA Nros. 1487/2008 y 1898/2008, la DGA formuló el Cargo N° 231/08 aquí involucrado, el que fue impugnado por la actora con fecha 05/12/2008 (ver fs. 1/10 del expte. adm.) y confirmado mediante la Resolución N° 122/2012 (AD ROSA) apelada en la causa.
VI. Que sentado lo que antecede resulta procedente analizar el agravio de la actora referido a la ilegitimidad de la Resoluciones ONCCA Nros. 1487/08 y 1898/08.
Que para ello corresponde determinar la naturaleza jurídica de la mencionada resolución, es decir si se trata de un acto administrativo o de un mero acto preparatorio. A dichos fines cabe definir, en primer término, al “acto administrativo” como una declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio típico del Derecho Público, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Bs. As., 2006, p. 110, Tomo II, 8va. edición actualizada).
Que la Sala III de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos “Virreyes Agropecuaria S.A. (TF 25.002-A) c/DGA”, sent del 14/11/08, en los que se hizo lugar al dictado de una medida cautelar a favor de la firma exportadora, ha sostenido la caracterización de las resoluciones de la ONCCA como actos administrativos y haciendo referencia a la Resol. 1487/08, expresó que “la mentada resolución no es sino un acto administrativo de alcance particular que posee efectos jurídicos directos sobre una pluralidad de sujetos, estos son aquéllos exportadores incluidos en los anexos I –donde se encuentra la actora- y II” (considerando IX)”.
Que en lo que a esta cuestión respecta, a la fecha, existe numerosa jurisprudencia en la que se ha considerado que la Resolución ONCCA 1487/08 (y su similar 1898/08) constituyen verdaderos actos administrativos. Así lo ha sostenido, por ejemplo, la Sala II de la Excma CNACAF en las causas “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – M° Economía – ONCCA- Resol 1487/08 y 5581/10 y otros s/ proceso de conocimiento”, Expte N° 15294/2011, del 6/5/2014; “Curcija S.A. c/ EN-ONCCA-Resol. 25 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, Expte N° 22848/2009, sent 12/7/2018; “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA c/EN - Mº Economía y F - Resol. 1487/08 3451/09 y otro s/proceso de conocimiento”, Expte N° 7463/2013, del 5/9/2019; la Sala III en las causas “MSU SA c/EN – 2 Ley 26351-ONCCA-resol 543/08 (S01:109894/09) s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 3 35644/09, del 18/2/2015 y la Sala IV, “Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A c/EN - Mº 4 Economía - ONCCA - Resol. 1898/08 y 5431/10 s/proceso de conocimiento”, Expte 25716/2011, sent del 18/8/2016; y “LDC Argentina SA c/EN – Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y otro s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 13621/15, sent del 27/11/2018, debiendo aclararse que las mencionadas sentencias se encuentran firmes, toda vez que la CSJN declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional.
Que asimismo la Procuración de Tesoro de la Nación en el Dictamen IF-2017-35766568-APN-PTN del 29/12/2017, sostuvo que la Resolución 1898/08 (similar a la 1487/08 involucrada en autos) “...no es calificable como un mero acto preparatorio, sino como un acto administrativo que constata determinados hechos que, a la vez, servirán para que el exportador y la Administración Nacional de Aduanas apliquen la alícuota que corresponda tributar en materia de derechos de exportación de productos agropecuarios (conf. Ley N° 19 26.351, arts. 1° y 2°)”.
Que teniendo en consideración lo antes expuesto cabe señalar que la Resolución 1487/08 constituye un acto administrativo, dictado por la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) creada a través del Dec. 1067/2005, como organismo descentralizado, con autarquía económico financiera y técnico administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (art. 1 Dec. 1067/2005). Que la Resolución 1487/2008 ha sido dictada en ejercicio de funciones encomendadas legal y reglamentariamente (art. 3 de la ley 26.351, art. 3 del Decreto 764/08 y arts. 12 y 13 de la Resolución ONCCA 543/08) a tal organismo, por lo cual el efecto jurídico de este acto se alcanza directamente al particular (a la aquí recurrente “SANTA SYLVINA S.A”) dado que, a través del mismo, la ONCCA le informó a la AFIP-DGA el cumplimiento o incumplimiento del requisito de la tenencia de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351, lo que habilitó a esta última a reclamar el importe correspondiente a la diferencia entre la alícuota más baja de derechos de exportación y la más alta en aquellos casos en los que se consideró que no se había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE involucradas en la causa.
Que en autos, la recurrente sostiene enfáticamente la ilegitimidad de la Resolución Nro. 1487/2008 de la ONCCA, invocando que para el dictado de la misma la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, no efectuó un análisis pormenorizado de la situación de hecho de cada exportador, violando de este modo elementales derechos de la firma.
Que respecto a esta cuestión nuestro Tribunal de Alzada (la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), se ha expedido en causas similares a la presente, en diversas oportunidades declarando la nulidad de las Resoluciones 1487/2008 y 1898/08 con relación a una serie de empresas cerealeras que, como la firma “SANTA SYLVINA S.A”, se vieron afectadas por lo informado por la ONCCA, echando por tierra la presunción de legitimidad de las resoluciones mencionadas.
Que la Sala III de la CNACAF, con fecha 19/03/2009, en los autos caratulados “Tomás Hnos SA c/Estado Nacional - ONCCA -Resol 1487/08 s/amparo Ley 16.986” hizo referencia a que tipo de documentos deben ser considerado válidos para demostrar tenencia o adquisición de la mercadería involucrada en la causa y haciendo mención a la que exportadora había acompañado la misma ante la ONCCA y que no había sido analizada antes del dictado de la cuestionada Resolución 1487/2008 sostuvo que “....corresponde concluir que la incorporación de la actora en el anexo I de la resolución 1487/2008 resulta arbitraria e ilegítima en razón de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado…”. Asimismo en la causa Expte. nº 35.644/2009 “MSU SA c/EN- Ley 26351-ONCCAresol 543/08 (S01:109894/09) s/Proceso de Conocimiento” y Expte nº 34.561/2009 “MSU SA c/EN-ONCCA-resol 3406/09 1487/08 s/Proceso de Conocimiento”, sent del 18/02/2015, siguiendo el criterio expuesto en el precedente mencionado, señaló expresamente que “...cabe anotar que en litigios de ribetes similares al presente, en los que la exportadora afectada ha arrimado prueba tendiente a demostrar la tenencia, esta Sala ha afirmado que en la resolución ONCCA nº 1487/2008 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en su falta de acreditación, máxime cuando se encuentra insita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control. Es por esa razón que tampoco puede, lisa y llanamente, admitirse el planteo por el cual la ex ONCAA pretende oponer la presunción de legitimidad del acto administrativo”.
Que asimismo, más recientemente, en los autos 59415/2012 “CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, sent del 26/04/2022, remitiendo a los fundamentos expuestos en las causa Nº 16652/08, “Tomas Hermanos S.A. c/ EN – ONCCA – Resol 1487/08 s/ Amparo”, del 19/03/09; causa Nº 35644/09, “MSU SA c/ EN – Ley 26.351 – ONCCA – Resol 543/08 s/ proceso de conocimiento” y su acumulada Nº 34561/09, “MSU SA c/ En – ONCCA – resol 3406/09 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, del 18/02/15; causa Nº 35244/09, “Nidera SA c/ ONCCA Resol 1487/08, 1898/08, 4773/09 y otros s/ Proceso de conocimiento”, del 31/03/15; causa Nº 40156/2015, “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 30971-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 07/04/16; y causa Nº 21881/2009, “Noble Argentina SA c/ EN-ONCCAResol 2463/09 s/ Proceso de conocimiento”, del 16/03/17, por tratarse de causas sustancialmente análogas la Sala III destacó que: “...este Tribunal ya ha declarado, en diversas oportunidades, la nulidad de las resoluciones ONCAA 1487/2008 y 1898/08, por medio de las cuales el organismo mencionado notificó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los exportadores de productos agropecuarios que contaban con la mercadería registrada para la exportación en los términos de las Leyes 21.453 y 26.351... En tal sentido, cabe señalar que en los precedentes mencionados se sostuvo que la presunción de legitimidad de las mencionadas resoluciones no podía ser mantenida, puesto que no se hallaba explicitada la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación singular de la parte actora. En este sentido, se indicó que sólo se encontraba expresada de modo general la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I”.
Que la Sala II de la Excma CNACAF, en la causa “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – Mº Economía - ONCAA – Resol. 1487/08 y 5581/10 (S01255788/10) y otros s/ proceso de conocimiento”, con fecha 06/05/2014, confirmó la sentencia dictada en primera instancia y sostuvo que “...la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de impugnación concreta, precisa y objetiva de las defensas y la prueba aportada por la accionante (v. en idéntico sentido el fallo de la Sala III de este Fuero, in re: “Tomás Hermanos S.A. c/ EN-ONCCA -Resolución n° 1487/08- s/amparo ley 16.986, causa nº 16.652/08 ya cit.)” y concluyó que “ ... la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de refutación concreta y objetiva de las defensas y las probanzas aportadas por la accionante”.
Que la Sala IV de la Excma CNACAF, en la causa 25.716/2011/CA1: “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 18/08/2016, confirmó la sentencia dictada en primera instancia en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones 1898/08 y 5431/10 dictadas por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) destacando que “...distintas Salas de esta Cámara han afirmado que en la resolución 1898/08 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en la falta de acreditación; máxime cuando se encuentra ínsita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control” .
Que la Sala I de la Excma. CNACAF, en la sentencia del 12/07/2022, dictada en la causa 1672/2015 “MOLINO CHACABUCO c/ EN-M AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”
remitiendo al criterio expuesto en sentencias dictadas por la Sala III, resolvió declarar la nulidad de la Resolución ONCCA 1898/2008.
Que de conformidad a las argumentos expuestos por las partes en los presentes autos y las constancias obrantes en los mismos, considero que corresponde hacer extensivo al caso el criterio pacífico expuesto por la jurisprudencia de la Alzada, al considerar la nulidad y la ilegitimidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 y siendo ello así, le asiste razón al actora al plantear en los cuestionamientos que realiza con relación al Cargo n°231/08, que por los motivos mencionados carece de motivación y por ende debe ser revocado.
Que de los antecedentes del caso resulta que la Aduana para dictar la resolución apelada, por la que se rechaza la impugnación del Cargo N° 231/08, se limitó a considerar lo informado por la ONCCA en las cuestionadas Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008, sin verificar que los argumentos que la exportadora expuso en su impugnación, acerca de la tenencia y/o adquisición de la mercadería involucrada en la causa había sido acreditada ante la instancia de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria, por lo que siendo ello así y toda vez que este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para convalidar los fundamentos en que la Aduana basó la resolución apelada, no cabe más que revocar la resolución apelada, con costas al fisco nacional.
VII. Que a mayor abundamiento y teniendo en consideración las limitaciones impuestas por el art 1164 del CA, cabe mencionar que “CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B” en los autos: “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ ENA - AFIP-DGA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”, sent del 16/05/2014 -que ha quedado firme al haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario- sostuvo: “...el régimen implementado por la Ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la Ley 21.453. Esto es así, en virtud de que como se expuso, en ésta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de venta, sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma (en lo relativo a la presentación de la DJVE ante la autoridad de aplicación y el plazo prescripto)...por lo que considero que la Ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la Ley 21.453, sino que por el contrario impone un nuevo sistema – que aunque aquí no cuestionado- impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente, por los derechos que vulnera”. Agregó que “... cabe concluir que el objetivo de la Ley 21.453 consistente en la previsibilidad por parte del exportador y comprador de la carga fiscal que deben afrontar, se ve afectado por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351. Entiendo que es así, ya que las partes al regirse por la Ley 21.453, concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta, en consecuencia si por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas, el fin perseguido por la Ley 21.453, cual era que las partes sepan al momento de cerrar la operación la suma a pagar en concepto de tributos, pierde su eficacia y razón de ser” y con fundamento en todo ello consideró que “...corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4º y 5º de la Ley 26.351 y art. 2 del Decreto Nº 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones”.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 122/2012 (AD ROSA), dictada con fecha 28/03/2012 en el expediente SIGEA n° 12542-3270-2008 y 12539-91-2008, y el Cargo N° 231/08, con costas al Fisco nacional (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
Revocar la Resolución N° 122/2012 (AD ROSA), dictada con fecha 28/03/2012 en el expediente SIGEA n° 12542-3270-2008 y 12539-91-2008, y el Cargo N° 231/08, con costas al Fisco Nacional (art. 1163 del Código Aduanero).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remítanse en devolución las actuacines administrativas a la D.G.A., y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres Héctor Juárez y Juan Manuel Soria, por licencia de la Dra. Musso (conf. art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.12.12 16:01:02 -03:00 Date: 2022.12.12 16:48:46 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.12 16:48:50 -03:00
Fin de la sentencia