Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 178.132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Confírmase la resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios. II.) Impónese las costas de esta instancia al apelante, en su carácter de vencido (art. 68 del CPCC). III.) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 51. párr. 2° Ley Prov. N° 14.967).
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 178132.
Autos: "S. J. G. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA S/ EXPTE. ART. 250 CPCC "". Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez y 2º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "S. J. G. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA S/ EXPTE. ART. 250 CPCC" (Expte. N° 178132).
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
Mediante resolución electrónica de fecha 22/02/2023 10:10:54, el señor Juez de Primera Instancia decretó medida cautelar innovativa, ordenando a la obra social PAMI, respecto del afiliado J.G.S., DNI N° xxxxxxxx otorgar en forma urgente e inmediata la cobertura total (100%) e ingreso al Centro de Día AIPE, con modalidad de doble jornada de lunes a viernes.
Las presentes actuaciones vienen a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la obra social PAMI, el cual fue concedido, fundado, sustanciado y contestado (e.e. 01/03/2023 08:44:49, r.e. 05/05/2023 11:47:42, e.e. 8/05/2023 12:09:12, r.e. 29/06/2023 10:10:08, e.e. 10/07/2023 10:16:06, r.e. 13/07/2023 10:27:46, y e.e. 15/08/2023 11:01:35).
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la resolución apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
a. Competencia.
El magistrado de origen, en su carácter de juez en asuntos de familia interviniente en el proceso de determinación de capacidad, dictó una medida cautelar innovativa a ser cumplida por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en virtud del poder genérico emanado de los artículos 34 del Código Civil y Comercial y 232 del Código Procesal Civil y Comercial, los cuales permiten a los Tribunales crear precautorias no reguladas específicamente.
El apelante resiste la interpretación judicial reseñada en párrafo anterior. Funda su postura en lo previsto en la ley 19032, de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), norma legal que en su artículo 14 establece que "El Instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor." Sostiene que por tal motivo se encuentra legalmente determinado el ámbito jurisdiccional donde puede ser demandado el Instituto, afirmando que la señora Jueza resulta notoriamente incompetente para entender en la presente medida cautelar dirigida contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
No le asiste razón.
Esta sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en un supuesto similar al presente en donde se señaló que el Código Civil y Comercial otorga competencia para el dictado de medidas precautorias al juez interviniente en el proceso de determinación de capacidad (art. 34 del Cód. Civ. y Com., Peyrano, Guillermo F. y Laferriere, Jorge Nicolás, Código Civil y Comercial de la Nación, Restricciones a la capacidad civil, El Derecho, 1ra. ed. especial, Bs. As. 2016, p. 115). En interpretación que comparto, se ha sostenido que el magistrado al amparo de esa norma se encuentra habilitado para el dictado de medidas cautelares en modalidad innovativa o tutelas anticipadas dirigidas a agentes del sistema de salud, con el fin de resguardar la salud integral del afectado (Fernández, Silvia E., art. 34 – Medidas cautelares en Herrera, Marisa y Carmelo, Gustavo, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015).
En otro contexto, pero con conceptos también aplicables al presente caso, se expresó que los principios de inmediación, celeridad y economía procesal deben primar por sobre cualquier otro en situaciones donde se trata de la asistencia de una persona en situación de vulnerabilidad. El tema excede entonces una mera resolución de 'competencia' para involucrar los derechos del afectado, razón por la cual el principio de inmediación adquiere una relevancia preponderante dado posibilitar que el tribunal interviniente en el proceso de determinación de capacidad, cuente con un conocimiento cabal del estado del causante (SCBA, C. 109.819 -sent. del 17-VIII-2011-). base de tal afirmación.
Un criterio contrario que reniegue de la trascendencia que en esta temática reviste el conocimiento exhaustivo del cuadro del afectado, preponderantemente adquirido por el magistrado que está interviniendo en el proceso de determinación de capacidad, dada la estructura interdisciplinaria que lo caracteriza, terminaría sustrayendo parte sustancial de la competencia material propia de este cauce en materia cautelar, poniendo de ese modo en serio riesgo la eficacia misma del instituto (v. e.e. 18/09/2018 en autos Expte. N° 178156 – S.J.G. S/DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA”). Ello desde que no sólo la ley de creación del PAMI contiene una regla especial de determinación de la competencia cuando éste fuere demandado, sino también la Ley de Obras Sociales que somete a estos entes a la justicia federal, a lo que se suma la interpretación según la cual toda contienda donde se encuentre en juego la planificación y concreta instrumentación del seguro de salud corresponde al fuero de excepción. Esto sucedería aunque en realidad la medida sólo trate de establecer la terapia adecuada según el estado del sujeto cuya capacidad se analiza, conforme las revisiones y controles periódicos, a los fines de que las limitaciones dispuestas reconozcan una verdadera vocación de transitoriedad, (art. 1° Ley 23.660, arts. 8, 15 y 16 de la Ley 23.661, art. 1° Ley 24754, art. 37 Ley 26.657, art. 1° Ley 26.682, CSJN, 01/03/2016, “F., M. S. y B., A. G. c/ Obra Social de Personal de la Construcción –OSPECON- s/Queja”, SAIJ:
SUJ0041653).
Escasos supuestos donde el afectado cuente con cobertura asistencial escaparían del universo de casos comprendidos en las exclusiones reseñadas precedentemente, lo que terminaría convirtiendo a la excepción en regla trastocando los principios en que se asienta la asignación de causas a los distintos fueros. Y un temperamento de tal factura, en nuestro sistema de distribución constitucional de los poderes vigentes, se mostraría ilegítimo puesto que aquí la potestad atribuida a los jueces les es dada indeclinablemente por la ley, siendo su deber primario y fundamental el de administrar justicia cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto (art. 168 de la Const. Prov.).
Cuadra recordar que para resolver las cuestiones de competencia en razón de la materia y teniendo presente el orden público que ello involucra, corresponde tomar en cuenta principalmente la exposición de los hechos que el actor hiciere en la demanda, y en su defecto, el derecho que invoca como fundamento de su acción (art. 4° del CPCCC; CSJN, Fallos: 279:95; 281:97 y 286:45). Debe considerarse la relación de los hechos contenida en el escrito inicial, e indagar el origen y la naturaleza de la petición, así como la relación jurídica existente entre las partes (CSJN, CSJ 3384/2015/CS1, "Fiorda, Norberto Gustavo c/ Galeno S.A. s/ amparo ley 16.986", sentencia del 6 de octubre de 2015; CSJ 602/2016/CS1, "Pino, Evangelina Magalí c/ ACA Salud sI amparo ley 16.986", sentencia del 30 de agosto de 2016; CSJ 859/2019/CS1, "B. C., V.E. c/ Agencia Nacional de discapacidad s/ acción de amparo", sentencia del 11 de junio de 2019). Desoír el curso de acción que aconsejan las consecuencias prácticas que se siguen del temperamento propuesto, conduciría a admitir la posibilidad de que un proceso de determinación de capacidad deba tramitar en sede provincial o federal, según quien sea el circunstancial destinatario del cumplimiento de la medida sanitaria dispuesta, situación que podría variar, incluso, durante el transcurso de las distintas etapas que compromete el mencionado procedimiento.
Con lo expresado no descuido la existencia de pronunciamientos en apariencia encontrados con lo que vengo proponiendo, pero analizados esos precedentes en profundidad advierto que en realidad allí el máximo tribunal nacional sólo se limitó a expedirse en favor de la competencia de la justicia federal para entender en acciones de amparo donde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados revestía la calidad de demandado, a fin de lograr la cobertura que establecen las leyes 24.091 y 26.657, para lo cual en uno de ellos procedió a descartar la conexidad de la acción de amparo con aquella otra de determinación del capacidad instada ante un juzgado nacional (CSJN, “Squarzon” remite a Dict. Proc. Gral del 01/02/2019, y “F.D.A.”, 23/07/2020).
El razonamiento desandado conduce a confirmar la competencia ejercida.
b. Procedencia de la medida dispuesta – Verosimilitud en el derecho - Ausencia de denegatoria - Limitaciones materiales – Peligro en la demora. El embate contra la decisión judicial recaída no se detiene en el desconocimiento de la habilitación del Juez Provincial para dictar una medida como la adoptada, también se apunta contra la procedencia de la tutela dispuesta. Con ese fin, la recurrente señala que la cobertura del cuadro sanitario revelado por el actor no ha sido negada, careciendo por ende su actuación del carácter lesivo de derechos que requiere la concesión de la medida dispuesta, como así también que la asistencia necesaria es dable de hallarse dentro de la modalidad organizativa y de prestación con que se ampara a todos sus afiliados. Agrega que la solidaridad que preside el sistema, impide que se otorgue a un afiliado una prestación que excede largamente el menú prestacional y la capacidad de brindar servicios de salud del Instituto, la cual debería ser reclamada ante el Estado Provincial o Nacional. Cuestiona también la existencia de peligro en la demora. Principio por destacar el carácter inoficioso que reviste la pretensión de que se acredite previamente la denegación extrajudicial de la prestación, cuando tal actitud surge clara y ostensible de la postura sostenida en esta sede. El derecho de defensa y su sucedáneo de obtención de una resolución en tiempo razonable, no emergería indemne de exigirse lo que en este escenario se presentaría como un ritualismo inútil (arg. art. 18 de la C.N. y 15 de la Const. Prov.).
Similar apreciación a la del párrafo anterior cabe destinar a la pregonada ausencia de peligro en la demora: la índole sanitaria de las cuestiones involucradas y las características del cuadro sanitario revelado, acreditan la concurrencia de este presupuesto (e.e. 18/09/2018, inf. de fecha 10/09/2018, vg. psicosis simple, antecedente de autoeleminación, pronóstico reservado, etc.).
Pues bien, desde el punto de vista formal, menos desde lo sustancial, podría negarse la función de agente de seguro de salud que el mencionado organismo desempeña dentro del sistema de salud instrumentado por el Estado Nacional (arg. art. 2° Ley 23661; MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Editorial Abeledo y Perrot, Sexta Edic. actualizada, Tomo IV, ps. 47 y ss. y Dictámenes PTN 118:102; 187:104; 211:470 y 242:494). A la asignación de ese rol dentro de las medidas internas instituidas por la República Argentina para honrar los compromisos internacionales asumidos, le sigue el carácter obligatorio de la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley 24.091 (Hauriou, Maurice, "Principios de Derecho Público y Constitucional", 2° ed., Instituto Editorial Reus, Madrid). Esto frente a cuadros que revelen la necesidad del ingreso a un centro de día, entendido éste como el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades, conforme pautas contenidas en un dictamen del equipo interdisciplinario fundado en los postulados que informan a la ley (v. e.e. 18/09/2018 en autos Expte. N° 178156 – S.J.G. S/ DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA, arts. 24, 25 y 26 ley 24.091; esta sala, 29/12/2021, Expte. Nº 173082 - "M.C. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA -ART.250 del CPCC-, RS-81-2021).
El escenario reseñado descarta el cuestionamiento a la concurrencia de la verosimilitud en el derecho y de peligro en la demora que subyace en la impugnación, circunscribiendo la objeción del apelante a una cuestión entre los actores que desempeñan distintos roles en la dinámica que impone la estructuración del sistema de salud, cuyo propósito es prestar un adecuado servicio social que permita gozar del más alto disfrute de la salud y que propenda al mejoramiento permanente de todos los aspectos relacionados con la prevención y el tratamiento de las enfermedades (art. 25-, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales — art. 12-, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, - inciso iv) del apartado e) del artículo 5-; en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,- apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 y en la Convención sobre los Derechos del Niño — art. 24- entre otros instrumentos internacionales, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social", 24/10/00, fallo 323:3229, fallo cit.).
No descuido con esto que ese objetivo se identifica con el máximo nivel que permitan los recursos públicos y la comunidad, y que tal grado de realización en el caso de las obras sociales debe lograrse mediante criterios de justicia social, vale decir ordenando la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con miras a lograr que todos y cada uno de sus integrantes participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización (art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; CCAF, 02/06/98, in re "Viceconte, María Cecilia c/Estado Nacional - M° de Salud y Acción Social - s/ amparo ley 16.986"; Kraut, Alfredo; "Los derechos de los pacientes", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1997, pág. 197 y ss.). Más la calidad de eventuales limitaciones materiales para el cumplimiento de la finalidad propuesta que las cuestiones alegadas reconocen, sitúan al planteo en latitudes lejanas a esta contienda en la cual las restricciones procesales propias del cauce formal adoptado impiden un debate pleno de tales vicisitudes y el despliegue de la actividad probatoria necesaria para acreditarlas. La ventilación aquí de las circunstancias en que se funda el impedimento desplazarían indebidamente el centro de atención hacia puntos ajenos al de las medidas idóneas para el resguardo de la persona del asistido, que es el objeto propio para el que fue legislado este procedimiento (arg. arts. 618, ssgtes, y ccdtes. del CPCC, fallo cit.).
El panorama repasado perfila a la presente temática como un terreno propicio para la recepción de la postura doctrinaria que difiere la discusión amplia del universo de contingencias que hacen a la procedencia definitiva del mantenimiento de la medida dispuesta a un proceso declarativo posterior, donde más allá de su aptitud sanitaria se exponga y pruebe la real imposibilidad de su prestación mediante el sistema de salud ideado por el Estado, o más bien el efecto negativo que los recursos necesarios para su concreción es capaz de proyectar sobre la sustentabilidad de esa estructura (Leyes N° 23.660, 23.661, 24.455 y 24.764, ). La dimensión del derecho en danza y la urgencia que entraña el cuadro sanitario, justifica la vigencia de la medida dispuesta y la separación y el aplazamiento de tal porción del contradictorio (e.e. 08/07/2021, doc. adj. en pdf, Cavagnaro, María Victoria, “Nuevas respuestas en el Derecho de Familia: Las medidas autosatisfactivas”, Marzo de 2009, www.saij.jus.gov.ar, id SAIJ: DACF090010, fallo cit.).
No conmueve esta afirmación la diferencia formal entre la prestación ordenada y la prevista en el Programa Médico Obligatorio, toda vez que una concepción taxativa de esa nómina lo volvería una herramienta inútil para cumplir con el referido mandato de optimización de los recursos disponibles, dejando al derecho a gozar del más alto grado de salud factible, huero de contenido. Los constantes cambios que se producen en un campo como el de la salud, donde la evolución de la ciencia es vertiginosa y cotidiana, atenta contra la posibilidad de concebir un mecanismo que carezca de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los mismos con idéntica velocidad. Médico Obligatorio". JA-1999-IV- 1219, esta Cámara, 01/07/2010, en autos EXPTE. Nº 142919 - "STABON, RICARDO ARMANDO C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS DE ALIMENTACION S/ REPETICION, REGISTRO Nº295 S FOLIO Nº1762).
La sola reforma reglamentaria, para cuyo ejercicio tórnase necesario poner en marcha el pesado aparato de la Administración, no luce un procedimiento razonable para receptar con la celeridad indispensable las modificaciones que a diario se operan en esta disciplina.
El piso mínimo de prestaciones médico sanitarias que asegura el PMO, se exhibe así como un concepto dinámico, no estático, y esencialmente variable, cuya apreciación en cada caso dependerá de múltiples circunstancias imperantes (fallo cit.).
La misma dirección cabe imprimir a la pretensión del apelante de que el sujeto pasivo de esta obligación sea el Estado Nacional o Provincial. Más allá de los reparos que doctrina de la calificación jurídica mediante, me merece la denominación de ente público “no estatal” que la Ley N° 19032 reserva para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, lo cierto es que los deberes estatales y las obligaciones internacionales oportunamente asumidas en la organización del sistema de salud, coexisten con aquellas que las obras sociales tienen asignadas dentro de esa estructura, pero no se identifican con ellas (CSJN, Fallos 312:1684; 323:1339; 3229, entre otros, fallo cit.).
Tal como lo indican las citas, cumplo en informar a las partes que en el propósito de respetar la uniformidad de criterio en los razonamientos y decisorios que involucra la función judicial, muchos de los párrafos utilizados tanto en este acápite como en el anterior han sido tomados de causas que reconocen importantes puntos de contacto con el hecho que aquí se juzga, lo cual los torna plenamente aplicables al sub iudice.
En virtud de lo expuesto, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Corresponde, confirmar la resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios e imponer las costas de esta instancia al apelante, en su carácter de vencido (arg. art. 68, primer párr. del CPCC).
EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Confírmase la resolución apelada en todo lo que ha sido materia de agravios. II.) Impónese las costas de esta instancia al apelante, en su carácter de vencido (art. 68 del CPCC). III.) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 51. párr. 2° Ley Prov. N° 14.967). NOTIFÍQUESE la presente por el sistema automatizado a los 3991/20-). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia