Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2171/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 384/389, en lo referido a la tasa de interés aplicable y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 373/379 vta., solo en lo que ha sido materia de agravio, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
2Imponer las costas en la presente instancia a la actora vencida.-
3Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2171/17-TSJ Interlocutorio N°: 667 Actor: SANTANA LUIS FRANCISCO Demandado: LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 03-07-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 667 FOLIO Nº 3859/3864 PROT. ELECT. TSS1009S.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 3 días del mes de julio de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “SANTANA LUIS FRANCISCO C/ LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº S-12886/11 (S-2171/ 17-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 384/389?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la Primera Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de éste Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Nicolás Cabanilla (cfr. fs. 384/389), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 373/379 vta., en cuanto modifica parcialmente la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 344/349 vta.. Esta última hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios entablada por Luis Francisco Santana y condenó a la accionada a abonar la indemnización, de acuerdo a los rubros por los que prospera, disponiendo que la suma resultante será acrecida con los intereses correspondientes a la tasa activa del Banco Nación.- A su turno la Excma. Cámara de Apelaciones, falla haciendo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la Policía de la Provincia de Santa Cruz “…a abonar, en el término de quince días de adquirir firmeza la sentencia de primera instancia, las sumas que deberán ser cuantificada por el Gabinete Contable acreditado ante ésta Excma. Cámara de Apelaciones con los parámetros establecidos en el considerando V) A) de la sentencia en crisis; y en concepto de daño moral la suma de $ 20.000, como consecuencia del accidente laboral ocurrido el 11 de Diciem-bre de 2009, el cual fuera declarado ‘en y por actos de servicios’, desestimase la indemnización del rubro psicológico en virtud de lo manifestado en el considerando V) D) de la sentencia en crisis y el rubro pérdida de chance por lo[s] fundamentos expuestos en la presente.” (cfr. foja 379 vta.). En cuanto al interés, confirma el de la anterior instancia, aplicando la tasa activa (cfr. fs. 377/378 vta.).-
II. La parte recurrente funda su recurso de casación en los términos del artículo 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del Código Procesal Civil y Comercial, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, “...por considerar que la resolución contra la cual es interpuesto ha violado la doctrina legal establecida...Asimismo, tal resolución ha conculcado derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional, no sien-do además, una derivación razonada de lo actuado en la causas (sic) y del derecho y jurisprudencia aplicable al caso […] El alcance de la impugnación, que motiva este recurso, está fundado en la violación de la doctrina legal por parte de la Excma. Cámara al resolver la aplicación de la Tasa Activa para cuantificar las sumas de dinero a pagar por la parte demandada. Puesto que, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (al igual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación) determina que debe aplicarse la Tasa Pasiva del B.C.R.A. para [la] referida operación de cálculo.” (cfr. foja 384 vta.). En sustento de su postura, cita precedentes de éste Tribunal Superior de Justicia, de las Excmas. Cámaras de Apelaciones locales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se aplicó la tasa pasiva.- Finalmente, hace reserva del caso federal (cfr. foja 388 vta.).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a foja 391 y vta., este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 401 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del Código Procesal Civil y Comercial, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna hiciera uso de las facultades que le otorga el citado artículo (cfr. foja 405).-
A fs. 406/407 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien concluye su análisis expresando que: “...debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada...” (cfr. foja 407).-
A foja 408 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 409 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extra-ordinaria provincial articulada por la demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido en el artículo 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, al afirmarse que la Excma. Cámara de Apelaciones, al dictar su pronunciamiento, ha incurrido en violación de la doctrina legal.-
IV. La cuestión que la recurrente ha sometido a decisión de este Tribunal Superior de Justicia es únicamente la tasa de interés aplicable a la indemnización acordada en autos. Tanto en primera como en segunda instancia se fijó la tasa activa (Banco Nación), mientras que la demandada pretende se establezca la pasiva, argumentando que esta es la doctrina legal de este Alto Cuerpo.-
V. La demandada interpone el recurso de casación en tratamiento, agraviándose del tipo de tasa elegida por la Excma. Cámara de Apelaciones. Agravio que como se verá en los párrafos siguientes, consideramos que debe tener favorable acogida.-
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha derogado el artículo 622 del Código de Vélez, el cual disponía que, a falta de interés conven-cional o legal fueran los jueces quienes determinarían el interés a abonar. El artículo 768 del Código Civil y Comercial -que reemplaza al derogado artículo- establece que ante la ausencia de interés legal o convencional la tasa de interés se determinará, en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central (cfr. art. 768, inc. c) del código cit.). En el caso de autos, no existe una tasa acordada por las partes, así como tampoco una dispuesta por una ley especial. De esta manera la cuestión debe decidirse de acuerdo a lo previsto en el citado artículo, es decir: “...por tasas que se fijen según reglamentaciones del Banco Central.”.- Se ha dicho que el sentido de la norma fue, lejos de querer someter la determinación de la tasa a una reglamentación administrativa, dotar al juez de elementos de los que pueda disponer con mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso (cfr.
Méndez Sierra Eduardo C., “Obligaciones Dinerarias. Colección Código Civil y Comercial”. Directores: Limodio Gabriel F. y Peyrano Guillermo, Ed. El Derecho 2016, pág. 232). Será el juez quien, si no hay pacto de las partes, ni ley al respecto, deberá inexorablemente determinar la tasa aplicable; mientras que las tasas provistas por el Banco Central de la República Argentina serán solo una referencia a tal efecto. Además, resultaría incoherente la ley si en materia de intereses moratorios sustrajera del arbitrio judicial la determinación del interés en ausencia de acuerdo de partes o de disposiciones legales, mientras que en el artículo anterior -para los intereses compensatorios- expresamente ha deferido su fijación al juez en análogas circunstancias (cfr. aut., ob. y pág. cit.).- La jurisprudencia también coincide con el criterio expuesto.
El Dr. Oscar J. Ameal al momento de emitir su voto en la causa: “J., A. A. y otro c/ BBVA Banco Francés s/ Daños y Perjuicios”, sostuvo en torno al mencionado artículo 768 que: “No coincido con quienes plantean que se trata de un intento para que sea la autoridad monetaria la que fije una tasa específica para dirimir la especie, sino que por el contrario, considero que esa tarea deberá ponerse en manos del órgano judicial competente, más allá de seguir los lineamientos que al respecto pudiera proveer el Banco Central.” (cfr. CNAC, Sala J, www.informaciónlegal.com.ar.. Cita Online: AR/JUR/76/2018, sentencia del 22/02/2018). También así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en el plenario “Lencinas”.
Allí el Juez Julio R. Gómez señaló que lo establecido en el inciso c) del artículo 768 no podía entenderse como una delegación de facultades judiciales en favor de una autoridad administrativa autárquica como lo es el Banco Central de la República Argentina; en tanto que su colega el Dr. José V. Valerio sostuvo que la fijación de la tasa de interés moratorio era una tarea propia de los jueces y no podía ser delegada en un órgano administrativo como sería el Banco Central (cfr. SCJM en pleno, “Lencinas, Mariano c/ Citibank NA s/ Despido”, 30/10/2017, www.información-legal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/77894/2017. v. el voto del Dr. Julio R. Gómez, y el voto del Dr. José V. Valerio, al que adhirieron sus colegas Jorge H.
Nanclares y Pedro J. Llorente). A igual conclusión arribó el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, al sostener que: “…es tarea de los jueces la determinación de la tasa de interés, y la derivación que el inc. c) del art. 768 CCCN formula a las tasas del Banco Central es sólo a los fines de que los magistrados en ejercicio de tal facultad, seleccionen la tasa entre cualquiera de las fijadas en las reglamentaciones de la autoridad monetaria…” (cfr. TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, “Nasi, Alberto Hugo Saúl c/ Rosli, Never Alberto y otros -Ordinario- Daños y perjuicios -otra forma de responsabilidad contractual- Recurso de Casación”, Sentencia N° 112 del 01/11/2016, www.actualidadjurídica.com.ar.).
Finalmente ésta fue la conclusión a la que se llegó en las XXV Jornadas de Derecho Civil. Allí el voto mayoritario de la Comisión N° 2 -que se encargó de estudiar las obligaciones de dar dinero- concluyó que: “20.1- La previsión del artículo 768 inciso c), no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizada por el juez en esta tarea (Mayoría: Urruti, Bonino, González Za-vala, Churruarin, Moia, Scotto Lavina, Rey, Márquez, Borda, Compiani, Azar, Bliss, Viale).” (cfr. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AP/DOC/1200/2015).- En definitiva, más allá del cambio normativo referido, la solu-ción que se alcance resultará aplicable tanto al periodo anterior a la sanción del Có-digo Civil y Comercial como al posterior, ya que en ambos casos, consideramos, se encuentra vigente la facultad del juzgador de determinar la tasa a aplicar.-
Despejado el tema relativo a la vigencia de las facultades judiciales de determinar la tasa de interés, corresponde ahora sí dar tratamiento al agravio relativo a la aplicación de aquélla.-
Recordemos que tanto la Magistrada de grado como el voto mayoritario de la Excma. Cámara de Apelaciones resolvieron aplicar la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina (cfr. fs. 349 vta. y 377/378 vta.). La recurrente se agravia de esta parcela del pronunciamiento sosteniendo que debe aplicarse la tasa pasiva, en base a la doctrina legal de éste Tribunal Superior de Justicia y cita en apoyo de su postura jurisprudencia de este Alto Cuerpo en la que se aplicó la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argen-tina.-
Tal y como lo adelantamos, consideramos que el recurso de casación debe prosperar, pues la Excma. Cámara de Apelaciones, al confirmar la decisión de primera instancia de aplicar a los intereses la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina, se apartó de la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia sin dar razones valederas para ello.-
Debe recordarse en tal sentido que los fallos dictados por este Alto Cuerpo, constituyen doctrina legal en los términos del artículo 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, en la cual los jueces deben con-formar sus decisiones (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677 y XV, Reg. 529, Folio 2969/2974). La finalidad de la doctrina legal no es sólo uniformar la jurisprudencia, sino también contribuir a la previsibilidad que las sentencias deben brindar a los litigantes y en definitiva procura afianzar la seguridad jurídica que la sociedad toda demanda (cfr. SCBA:, “Ferreyra de Zeppa, Petrona y otro c/ Hospital Lucio Meléndez y otros s/ Daños y perjuicios”, causa 100.228, del 16/12/2009, entre otros).- Corresponde señalar que este Tribunal Superior de Justicia ha concluido, antes de ahora y en otras causas por daños y perjuicios, que se debía aplicar a los intereses moratorios la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645; XV, Reg. 531, Folio 2979/2985, entre otros). Es la aplicación de esta doctrina de este Alto Cuerpo que la recurrente reclama para el caso y que, además, individualiza correc-tamente (cfr. fs. 386 y vta.).-
Si bien lo dicho en el párrafo precedente sería suficiente a efectos de declarar procedente el recurso de casación por violación de la doctrina legal y casar, el pronunciamiento atacado, este Tribunal Superior de Justicia juzga necesario -teniendo en cuenta el contexto económico actual- analizar nuevamente dicha doc-trina legal en el presente caso con la finalidad de discernir si ella resguarda el principio de equidad y brinda una respuesta adecuada a los derechos de las partes en pugna o, caso contrario, plantear una modificación de la misma.-
No obstante, se adelanta, de conformidad con lo expuesto en el precedente de este Alto Cuerpo “Avilez” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767), que no se observa que existan razones válidas para apartarse de la aplicación de la que ha sido la tradicional doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que aplica a los intereses moratorios la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. Todo ello en virtud de las razones que “infra” se desarrollan.-
En efecto, es necesario precisar que cuando se habla de intereses no se hace referencia a un rubro resarcitorio proveniente del daño. Una cosa es el daño que el ilícito provoca -cuya valoración y cuantificación deben efectuar los jueces de grado-, y otra es el menoscabo que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor en repararlo. Es que los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación, ya que mientras que los rubros indemnizatorios se integran por causa del daño derivado del hecho, la obligación de pago de los intereses responde a otro hecho perjudicial: la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la reparación. Por lo tanto, los intereses hacen a la produc-tividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado (cfr.
SCBA, “Ponce, Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios”, causa C. 101.774, del 21/10/2009v. voto del Dr. Luis Esteban Genoud).- Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad (cfr. SCBA, “Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido”, causa L. 94.446, del 21/10/2009; “Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios”, causa C. 105.756 del 29/06/2011, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani, entre otras). Esto último ocurriría, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado.- En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades financieras cobran por los prestamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA, “Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, causa Ac. 49.439, del 31/08/1993 y “Jotafí Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B. 58.903, del 18/06/2014, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de “escorias” (cfr. Molinario Alberto D., “Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas”. ED, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y adminis-trativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell María E., “Tratado de Derecho Bancario” Ed. Rubinzal Culzoni, 2011, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para rechazar su aplicación, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (cfr. SCBA, causa: “Ginossi” cit.).- Por lo demás, la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina también es observada de modo uniforme por las Salas que componen la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Así pues, la Sala II de dicha Cámara sostuvo en la causa: “R., G.H. c/ G.C.B.A. y otros s/ daños y perjuicios” que la aplicación de dicha tasa es un criterio: “...aceptado y de uso generalizado en el Fuero (conf. a título ejemplificativo, Sala I, en autos nº 5.562/2007 caratulados: ‘Diego, Vanesa Susana c/ E.N. - Mº Interior - P.F.A. y otros s/ daños y perjuicios’, del 12/10/2017; Sala III en autos N° 5.962/2009 caratulados: ‘Wilson, Guillermo Benjamín c/ E.N. - A.F.I.P. s/ daños y perjuicios’, del 17/12/2015; Sala IV en autos n° 17.460/2007 caratulados: ‘Desch, Patricia Liliana c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios’, del 11/7/2017; y Sala V, en autos nº 1.452/2007 caratulados: ‘Rossi, María Luján c/ E.N. - Mº Interior- P.F.A. y otros s/ daños y perjuicios’, del 6/9/2017; más recientemente, véase: Sala IV, en autos ‘V., E.
C. y otro c/ E.N. - Mº Interior - PFA - Superintendencia de Bomberos y otros s/ daños y perjuicios’, expte. 7001/2007, sent. del 19/06/2018; Sala I, en autos ‘B., V. y otro c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios’, causa nº 46.733/2007, sent. Del 31/07/2018, entre otras).” (cfr. Sala y autos citados, sentencia del 30/08/2018). En dicho pronunciamiento también se recordó que debía tenerse especialmente en cuenta que la aplicación de la tasa pasiva mencionada, coincidía con el sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes de Fallos 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847; 329:4826; 330:563; 331:2210; 334:376.- En efecto, observamos que el Alto Tribunal Federal en la causa: “Bedino” (cfr.
Fallos 340:141) se pronunció una vez más por la aplicación de la citada tasa pasiva. Para así decidir remitió a los fundamentos que en su momento había vertido en la causa “Gargano”, en donde, a su vez, había remitido al dictamen de la Procuradora Fiscal quien había sostenido que: “…el interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor, que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor. Es decir, no tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la devaluación de la moneda...sino fundamentalmente sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización a favor del acreedor a causa de tal comportamiento. Con tal comprensión, considero que la tasa pasiva resulta suficiente para cumplir tal recaudo respecto de los intereses de ese tipo aplicables a deudas de honorarios en mora.”; y recordó, a renglón seguido, que actualmente se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (cfr.
CSJN, “Gargano”,www.informacionlegal.com.ar.. Cita Online: AR/JUR/35645/ 2011). En la citada causa “Bedino” la Dra. Elena Highton de Nolasco, sostuvo en su voto que no podía perderse de vista que la tasa pasiva era la que había adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…para las causas que tramitan en su instancia originaria (cf. CSJ 457/1998 (34-S) ICS1 ‘Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios’, del 19 de agosto de 2004), a la que se consideró adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el acreedor de créditos previsionales de naturaleza alimentaria (Fallos: 327:3721; 328:2824, 3041, 4044, 329:6064, 6076; 330:4862 y 331:1329, 2538), habiéndose aplicado también para las deudas en concepto de retención de cuota sindical (Fallos: 329:5157).”.- Los precedentes jurisprudenciales tanto provinciales como de orden federal ut supra citados, resultan una referencia sólida que nos persuade a no abandonar la tradicional doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia.-
En definitiva, entendemos que resulta ajustado a derecho casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en este punto y fijar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, ya que es la que mas se ajusta a la pautas señaladas precedentemente.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Adhiero al voto de mis distinguidos colegas preopinantes. Como jueza de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial me expedí en diversas oportunidades propiciando la aplicación de la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina, por lo que estimo apropiado formular una serie de precisiones al respecto.-
La viabilidad de fijar una tasa judicial por parte de este Alto Cuerpo responde a razones de alta política judicial, ya que se halla en juego una de las piezas claves de las relaciones patrimoniales.-
La materia objeto de decisión desborda lo estrictamente jurídico, lo que hace necesario adoptar enfoques multidisciplinarios y abrevar en otras ciencias, como la economía. Desde este cuadrante, Augusto M. Morello sostiene que: “La existencia de vasos comunicantes que estrechan fluidos puentes entre el derecho (desde el vértice de la regulación legal de los aspectos patrimoniales de la interacción humana) y la economía (que queda gobernada por leyes no escritas), aflora -como en tantos otros- en el tema de la tasa de interés, como irrefutable demostración de la inescindible interrelación que existe entre ambas ramas del saber. El acaecimiento de súbitas oscilaciones que emergen de crónicas crisis y estados de emergencia producen ese conocido corrimiento entre la realidad económica y su espejo jurídico, que en tales ocasiones refleja al Derecho persiguiendo a aquella ciencia en desesperado intento por gobernarla y contenerla...” (cfr. aut. cit., “Los jueces y la tasa de interés”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1446/2004).- Bajo este orden de ideas entiendo que el carácter fluctuante que puede llegar a exhibir la temática exige un ejercicio prudente de parte de los juzgadores, quienes debemos reparar con especial cuidado en la renovada fisonomía que ha adquirido la determinación judicial del interés en los juicios, la cual no puede concretarse con un criterio atemporal o absoluto sino que, por el contrario, es esencialmente provisional, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la econo-mía de un país, en donde las mismas no permanecen estáticas, sino que con el trans-curso del tiempo, por el influjo de distintos factores, varían considerablemente lo que puede -en cualquier momento- obligar a revisar los criterios establecidos para adap-tarlos a nuevas realidades económicas.- Desde esta perspectiva, entiendo que la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina cumple actualmente con el objetivo de tutelar el crédito adeudado, compensando adecuadamente la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora sin que, por otro lado, se produzca un detrimento excesivamente oneroso en el patrimonio del deudor.-
A la Segunda Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau, Fernández y Ludueña Campos dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la Primera Cuestión, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casa-ción interpuesto por la parte demandada a fs. 384/389 con relación a la tasa de interés aplicable y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 373/379 vta., sólo en lo que ha sido materia de agravio, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. Imponer las costas en la presente instancia a la actora vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPC y C); difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias; y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 388 vta..- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 3 de julio de 2020.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 384/389, en lo referido a la tasa de interés aplicable y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 373/379 vta., solo en lo que ha sido materia de agravio, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
2. Imponer las costas en la presente instancia a la actora vencida.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 667 Folio N°: 3859/3864 Secretaría: 1
Fin de la sentencia