Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 120501215-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 28 de diciembre de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto;
2Hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva se pronuncie respecto de la petición actoral del 11 de septiembre de 2018 y
3Modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
25729/2022 - SANTANDER CONSUMER SA (TF 120501215-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 15 de julio de 2022.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 28 de diciembre de 2021, la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación decidió, por unanimidad, declarar la improcedencia formal de la presente acción de amparo, con costas.
Para así decidir, en primer término reseñó los antecedentes de la cuestión controvertida, al tiempo en que recordó los requisitos que la normativa aplicable establece para admitir acciones como la aquí analizada. En ese sentido, expresó que la contribuyente había presentado una nota solicitando que se tomara la declaración jurada de rectificación en menos debido a un error en el que se había incurrido y que, ante la denegatoria de la A.F.I.P., presentó un recurso de reconsideración, cuya demora en resolver provocó que la empresa iniciara estos actuados. En esas condiciones, señaló que la amparista fundaba su pretensión en la demora que se le atribuía al organismo fiscal en expedirse respecto del recurso de reconsideración por ella articulado. Asimismo, recordó que se trataba de un recurso articulado en uso de la opción prevista en el inciso “a” del artículo 76 de la ley de rito, contra un acto dictado por el organismo fiscal, en el cual se había resuelto el “trámite o diligencia” instado.
De tal manera, concluyó que “[l]a actuación a la que refiere la amparista se da[ba] en el marco de una vía recursiva, […] una vía de impugnación reglada de aquél acto, la cual no encuadra[ba] en el concepto de “trámite o diligencia” a cargo de los empleados administrativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la que se [refería] el art. 182 de la Ley procedimental […]”.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 11 de febrero de 2022 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en ese mismo acto y cuyos argumentos fueron contestados el 6 de junio de 2022 por la demandada. Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida y de la imposición de las costas.
En primer término, reseñó los antecedentes de la cuestión controvertida y, posteriormente, criticó la interpretación del Tribunal de grado en tanto estimó que lo pretendido por su parte no encuadraba en la figura de “trámite o diligencia” a la que alude el artículo 182 de la ley 11.683. Así, entendió que su parte había cumplido con todos los recaudos exigidos por la ley para poder iniciar el presente amparo.
En ese orden de ideas, adujo que se había rechazado el amparo por mora intentado en el entendimiento de que la interposición de un recurso (en el caso, del medio de impugnación previsto en el artículo 74 del decreto 1397/79) no se encontraba en el marco de las actuaciones susceptibles de ser compulsadas por el artículo 182 de la ley 11.683, por ser un “[p]rocedimiento reglado respecto del cual [procedía] la vía judicial y ello excluiría […] la vía del amparo por mora […]”.
De igual modo, esgrimió que el Tribunal Fiscal había considerado que la contribuyente debería acudir a la vía prevista por el artículo 23, inciso “c” de la ley 19.549 (medio que habilita al administrado a impugnar judicialmente un acto administrativo en el caso de silencio o ambigüedad contenido en el artículo 10 de ese cuerpo legal).
Diferenció los caminos procedimentales descriptos, en tanto uno se encontraba dirigido a hacer cesar una conducta silente de la Administración y otro tenía por contenido la presunción de que la demandada no se había pronunciado en favor de los intereses del peticionante. A su vez, destacó que “[e]n el caso de demora excesiva de la AFIP, no existe una norma análoga que la califique como una negativa. Simplemente existe un retardo excesivo que perjudica el normal ejercicio de un derecho o actividad del contribuyente […]”.
Citó jurisprudencia que consideró favorable a su postura y criticó la conclusión del Tribunal de grado, en tanto estimar que la actuación que reclamaba la firma actora no encuadraba en el concepto de “tramite o diligencia” resultaba ser una excesiva interpretación literal de la norma.
Rememoró que el instituto bajo análisis fue creado a los fines de garantizar el derecho a peticionar ante las autoridades que consagraba el artículo 14 de la Constitución Nacional, expresó que los obstáculos invocados por el pronunciamiento recurrido no surgían de las leyes 19.549 y 11.683 y recurrió al citado de precedentes de la C.S.J.N.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Finalmente, y respecto de las costas, señaló que la procedencia de esta acción justificaba la imposición a su contraria, que frente al pedido de “pronto despacho” que formuló en sede administrativa la A.F.I.P. se mantuvo silente y que “[e]l área correspondiente informó en el año 2021 que la inspección había sido cerrada en el año 2020 y que la misma resultó favorable al contribuyente, por lo que el dictado de la resolución en su favor era inminente. Casi dos años pasaron desde el cierre de la investigación, sin que el fisco se pronunciara, aún ante reiterados intentos de Santander Consumer […]”.
Por los motivos expuestos, solicitó que se revocara lo decidido (páginas 5, en adelante del PDF adjunto).
III. Que, en tales condiciones, cabe destacar que de la lectura de la documental acompañada al momento de dar inicio a este proceso surge, en lo sustancial, que:
a) El 28 de agosto de 2018 la parte actora informó al Fisco Nacional que, debido a un error involuntario, se había presentado la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado original del período fiscal 07/2018 de Santander Río Servicios S.A. con datos erróneos, arrojando un saldo a ingresar de $698.720.963,87. Además, advirtió que los datos ingresados en la declaración jurada referida correspondían a la contribuyente Banco Santander Río S.A. y que, detectado el error, en el mismo día se había procedido a rectificar la declaración jurada del tributo aludido original de Santander Río Servicios.
En razón de lo antedicho, solicitó que se dejara sin efecto la primera declaración jurada y que se eliminara la deuda que ella generó para Santander Río Servicios (páginas 63/77 del PDF acompañado en la causa).
b) El 29 de agosto de 2018 se le comunicó a la actora que las declaraciones juradas rectificativas presentadas no resultaban admisibles en los términos del artículo 13 de la ley 11.683 y que quedaba vigente la presentación original. Ello así, se la intimó a que en el plazo de 72 horas hábiles ingresara las sumas adeudadas con más sus intereses resarcitorios, bajo apercibimiento de iniciar el cobro judicial de lo adeudado. Dicho pronunciamiento fue notificado el 5 de septiembre de 2018 (páginas 58/61 del PDF acompañado en la causa).
c) El 11 de septiembre de 2018 la actora realizó una nueva presentación (que calificó como “recurso de reconsideración” en su escrito de demanda -ver página 30 del PDF de la causa-) solicitando que se eliminara la deuda indicada con motivo de su inexistencia y adjuntó documental al efecto y, finalmente, el 16 de junio de 2021 la actora peticionó el “pronto despacho” de lo actuado (páginas 41 y 56/57 del PDF acompañado en la causa).
IV. Que, ello sentado, señálese que para la procedencia del recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: a) excesiva demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; y b) que la demora provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho (artículo 182 de la ley 11.683).
Su fundamento es brindar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador (cfr. esta Sala in re “Enrique M Baya Casal SA (TF 53544773-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 17915/2021, sentencia de diciembre de 2021 y “Adblick Granos SA (TF 9974568-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 11165/2022, sentencia de mayo de 2022, entre otros).
V. Que, de esta manera, cabe advertir que el recurso intentado por la parte actora ha de prosperar; ello, habida cuenta de que se encuentran reunidos en la especie los elementos que tornan admisible la pretensión esgrimida por conducto del presente amparo.
En primer término, resulta necesario descalificar la tesis de la instancia de grado según la cual la actuación que requiere la amparista no encuadra en el concepto de “trámite o diligencia” al que alude el artículo 182 de la ley 11.683. Al respecto, debe tenerse en cuenta que acciones como la que aquí se estudia poseen un nítido marco cognoscitivo, que se encuentra limitado al análisis del expediente administrativo desde una perspectiva formal, teniendo en cuenta las incidencias perniciosas que pueden derivar, para los particulares, de la demora reprochable al Fisco Nacional en una determinada tramitación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Así, el acotado espectro de elementos de evaluación que el instituto bajo estudio confiere a las instancias revisoras, impone necesariamente que, a los efectos de no frustrar el derecho que poseen los administrados a obtener una respuesta fundada de las autoridades en un determinado plazo o en un lapso razonable, no se excluyan injustificadamente del ámbito de estudio de los tribunales situaciones procesales como la que aquí pretende compulsar la actora (esta es, aquella en la cual se peticiona al Fisco Nacional que se expida, del modo en que eventualmente corresponda, acerca de un recurso).
Sobre el punto, cabe recordar que el procedimiento administrativo comprende el conjunto de actos, tareas materiales y técnicas llevadas a cabo con determinadas formalidades por medio de las cuales la Administración Pública adopta sus decisiones, ya sean decretos, resoluciones, disposiciones o cualquier otra denominación que indique la existencia de una voluntad estatal expresada jurídicamente (cfr. Maiorano, J.L. “El procedimiento administrativo y la defensa de los intereses colectivos”, en Pozo Gowland, H. (Dir.) “Procedimiento Administrativo”, Tomo II, Capítulo IV, La ley, 2012, pág. 198).
Por ello, no existen dudas de que la vía intentada resulta admisible a los efectos de compulsar la expresión estatal, a lo que se agrega que tampoco son atendibles las consideraciones vertidas por el Tribunal de grado en cuanto estimó que con el dictado del acto administrativo impugnado se habría agotado la posibilidad de la firma actora de iniciar esta acción, si se repara en que, por un lado, la petición detallada en el punto “c” del Considerando III de la presente fue posterior al pronunciamiento del 29 de agosto de 2018 y que, por otra parte, no es posible presumir que la accionante hubiera tenido por configurado el “silencio administrativo” (instituto de la ley 19.549 aplicable supletoriamente en los términos del artículo 116 de la ley 11.683), en tanto no se colige de la lectura de la causa que la recurrente hubiera hecho uso de esa potestad.
De esta manera, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debe expedirse (esta es, la presentación formulada el 11 de septiembre de 2018 por la firma actora); b) un pedido de “pronto despacho” efectuado el 16 de junio de 2021 y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa impositiva prevé como requisito de admisibilidad para acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio.
En suma, debe concluirse que la demanda intentada por la accionante resulta sustancialmente admisible y que, consecuentemente, corresponde fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva se pronuncie respecto de la petición actoral del 11 de septiembre de 2018.
VI. Que, en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (cfr. artículo 279 del C.P.C.C.N.), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.). Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 28 de diciembre de 2021 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto; 2º) hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva se pronuncie respecto de la petición actoral del 11 de septiembre de 2018 y 3º) modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia