Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 851/868 por el defensor de GUILLERMO ALBERTO SANTANDER, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:031 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 28 de junio de 2019 AUTOS: "SANTANDER GUILLERMO ALBERTO S/INF. ARTS. 84 2º P. Y 45 CP", Expte. Nº S-951/15/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 851/868 por la defensa oficial de GUILLERMO ALBERTO SANTANDER, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo, a fs. 821/827, el que resuelve "...1º) HACER LUGAR al planteo del representante del Ministerio Público Fiscal de esta Instancia, decretando la nulidad de todo lo actuado a partir de la celebración del acto procesal previsto en el art. 337 del CPP, incluyendo la sentencia impugnada a través del recurso de casación...".- II.-) Que la defensa de SANTANDER planteó "...arbitrariedad, violación a las garantías de debido proceso y defensa en juicio.
Apartamiento infundado del precedente de la Corte Suprema 'Santillán' Fallos 321:2021. Apartamiento infundado de los propios precedentes del Tribunal Superior de Justicia. Que el fallo materia de recurso federal, en cuanto procede a declarar la nulidad de oficio por la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal y resolver como lo hizo... representa la configuración plena de arbitrariedad que tal como se desarrollará, por su entidad y gravedad constitucional habilita la apertura de la instancia extraordinaria..." (fs. 861).- Agregó que "...en autos en orden a la doctrina expuesta, ha existido un debido proceso judicial toda vez que se configuró la bilateralidad mediante acusación, defensa, prueba y sentencia.
Por lo que sostenerse como se sostiene en el fallo que hubo falta de intervención del Ministerio Público Fiscal y que ello lesionó el debido proceso legal resulta infundado y arbitrario, en tanto en el proceso existió intervención del Ministerio Fiscal quien, como ya se expresara, se expidió por el sobreseimiento y en definitiva por encontrarse impedido de formular acusación; no existiendo lesión alguna al debido proceso legal en tanto existió acusación del querellante particular. Tales extremos desestiman de plano la configuración de nulidad, por lo que tal severa sanción se presenta notoriamente arbitraria mereciendo su descalificación al mediar graves defectos de fundamentación que conducen a una sentencia infundada, no constituyendo derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa (fallos: 323:2461)..." (fs. 862 vta.).- Manifestó que "...por lo que en tales condiciones V.E. esta defensa técnica considera que la sentencia recurrida adolece de una decisiva carencia de fundamentación y merece ser descalificada en los términos de la doctrina de la arbitrariedad..." (fs. 863 vta.).-
Se agravió por la "...Arbitrariedad. Inexistencia de nulidad, carencia de lesión constitucional, ausencia de interés afectado, excesivo rigor formal, afectación del principio de progresividad y de preclusión. Que desde otro punto de vista V.E. el fallo recurrido también configura arbitrariedad al hacer lugar al planteo de nulidad efectuado por el Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia; ello por cuanto esta grave sanción dictada en el fallo que se recurre se encuentra desprovista de toda fundamentación configurándose el dictado de nulidad por la nulidad misma desentendiéndose de su finalidad así como de la validez de los actos, vulnerando todo el principio protectorio en favor de mi defendido (favor rei). La declaración de nulidad en autos expone crudamente un sistema inquisitivo alejado del acusatorio... mal puede decretarse una nulidad cuando no existe interés que proteger pues es sabido que el concepto de garantías no es aplicable a la defensa de la actividad del Ministerio Público..." (fs. 864).- Sostuvo "...concretamente V.E. al haber existido en autos Acusación por parte del querellante particular, la nulidad no cumple ninguna utilidad por lo que su declaración en el fallo recurrido se encuentra desprovista de toda fundamentación y configura un excesivo formalismo... Por otra parte V.E. retrotraer las actuaciones importa quebrantar los principios de progresividad y preclusión en desmedro de la seguridad jurídica y celeridad de los procesos y en perjuicio de mi defendido que resulta ajeno al planteo de nulidad..." (fs. 864 vta.).-
Se agravió por la "...arbitrariedad, quebrantamiento del principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal así como de que nadie puede alegar su propia torpeza. Que el fallo recurrido al hacer lugar al planteo de nulidad formulado por el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior resulta arbitrario en cuanto se desentiende de las circunstancias de la causa al romper el necesario equilibrio y congruencia como consecuencia del principio de unidad de actuación del ministerio público, configurándose el planteo nulificante contrario al principio de seguridad jurídica pues se ha presentado como 'sorpresivo' en tanto desconoce la postura del Fiscal de Instrucción y del Sr. Fiscal de Cámara quienes bregaron por el sobreseimiento de mi defendido y en definitiva por no encontrarse en condiciones de sustentar en el juicio una acusación seria y fundada... cabe destacar V.E. que este quiebre sorpresivo del principio de Unidad de Actuación del Ministerio Público había sido expresamente expuesto por ésta Defensa en la audiencia de debate, cuestión que no fue contestada en la sentencia que se recurre, habiendo guardado un cauteloso silencio..." (fs. 865).- Agregó "...resulta incuestionable la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento recurrido y en consecuencia la habilitación de la competencia de V.E. a fin de que se restablezca la vigencia de las garantías constitucionales flagrantemente vulneradas en el caso.
No se trata de recurrir una sentencia injusta sino que el reclamo transita por el terreno inequívocamente constitucional que habilita la apertura del presente remedio extraordinario tal como expresamente V.E. lo tiene dicho por medio de sus precedentes. La coexistencia de principios constitucionales y preceptos convencionales directamente lesionados como consecuencia de la sentencia en crisis y la manifiesta arbitrariedad verificada permiten predicar la trascendencia del caso...." (fs. 866 vta.).- Concluyó "...en consecuencia V.E. la arbitrariedad de la sentencia que origina Cuestión Federal en los presentes se haya configurada en tanto los sentenciantes al emitir su pronunciamiento se han apartado en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso (296:120; 295:417; 303:436) no significando el fallo en ataque una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (291:382; 292:254; 293:176; 3003:120) habiendo dictado su pronunciamiento de modo contrario a la posición sustentada por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación..." (fs. 866 vta.).- Finalmente manifestó que "...este recurso... se interpone a fin de que S.E. restablezca el equilibrio jurídico perdido como consecuencia de la sentencia que se ha dictado en los presentes autos, configurando violación al debido proceso legal y a la defensa en juicio en tanto que con el decisorio se conculca, con gravamen irreparable a mi defendido, la garantía consagrada en los instrumentos internacionales incorporados a la Constitución Nacional por medio del art. 75 inc. 22 por lo que resulta procedente el presente recurso extraordinario..." (fs. 867).-
Y "...si bien V.E. tiene dicho que la apreciación de tacha de arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de superiores tribunales provinciales (Fallos 308:641) ha reconocido excepción a dicho principio cuando median graves defectos de fundamentación que descalifican el fallo como acto jurisdiccional válido. (Fallos 326:3334). De modo que la evidente arbitrariedad configurada en el fallo, claramente expuesta en los agravios desarrollados posee íntima y directa relación con los hechos de la causa y en definitiva con la Cuestión Federal, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente recurso extraordinario. Que en consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache de arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia del recurso aquí interpuesto..." (fs. 867 vta.).- III.-) Que a fs. 869 se ordena traslado del recurso extraordinario a la parte querellante (que no se ha manifestado al respecto) y al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 873/874, dictamina que: "...resulta necesario como previo, pronunciarme en cuanto a si el libelo recursivo ha superado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que tal vía recursiva exige conforme las prescripciones del artículo 14 de la ley 48 para la prosperidad de su concesión. Con ello me refiero a la interposición en tiempo y forma; a la introducción y mantenimiento de la 'cuestión federal' así como que fue deducido contra una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de la causa en el ámbito de la provincia y que ella sea contraria al Derecho Federal invocado así como la deducción, tramitación específica, oportuna y formal del recurso, entre ello si se ha dado cumplimiento a lo exigido por la acordada Nro. 04/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo debo acotar que el remedio procesal escogido, como recurso de apelación federal resulta una modalidad impugnaticia que el régimen argentino adoptó del sistema judicial norteamericano, como ya se ha dicho otras veces, con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la supremacía constitucional, garantizado en nuestro ordenamiento legal vigente por los arts. 31, 116 y 117 de la C.N. Si bien las prescripciones precedentemente señaladas se encuentran cumplimentadas en la pieza recursiva extraordinaria en análisis; el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como violación de la defensa en juicio, al debido proceso legal, al derecho de acceder a la justicia en un pie de igualdad (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22 C.N., arts. 1.8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como arbitrariedad.
En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras.
En efecto la sola mención efectuada de los preceptos constitucionales y pretendidamente desconocidos, no autoriza a concluir que la misma se haya concretado. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Resol. T.S.J., Tº VI, Rº 307, Fº 1179/1186). La doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de 'fundamentación autónoma' a que se refiere el art. 15 de la ley 48 pues según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421, 310:722, 311:499).
De su lado, el art. 3, inciso d) de la acordada 4/2007, impone al recurrente la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas. No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (fallos: 308:761, 2263 y 2421; 310:722; 311;499 y 2619). La expresión de los fundamentos del recurso extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen.
El agravio que sustente el recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del recurso extraordinario, de tal modo que su fundamento resulte de los autos y tenga una relación directa e inmediata con las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo.
En especial la cuestión federal que debe guardar con lo debatido y decidido, relación directa e inmediata pues lo contrario conduce a la no procedencia del recurso (Fallos: 294:466; 321:3630). En el sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logra demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos. En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (fallo: 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado...".- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida no es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)].-
Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito tampoco cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del artículo 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. artículo 3º inciso c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 inciso 3º, sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (cfr. fs. 868).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (artículo 14º, inciso 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (artículo 14º, inciso 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (artículo 14º, inciso 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la nulidad de la sentencia, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 851/868 están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312:2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del artículo 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Buenos Aires, La Ley 2012. pág. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Registro 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 821/837 "...corresponde en primer término analizar el planteo de nulidad, en la inteligencia que de prosperar la misma afectaría parte de lo actuado. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, en el proceso penal, constituyen una parte esencial del mismo, su función no se limita a promover y ejercer la acción penal, sino que, además, por ser el representante del orden o interés público, ha de velar y emitir su opinión en todas las cuestiones que se instalen en dicho escenario (conforme emana del artículo 59 y ss. del Código Procesal Penal y art. 75 y ss. de la Ley Nº Uno texto ordenado 1600).
Esta línea de pensamiento, necesariamente, es la que da razón suficiente a lo claramente preceptuado en el art. 351 del CPP, exigiendo indispensablemente la asistencia del Ministerio Público Fiscal en el juicio, como uno de los presupuestos de validez del mismo (art. 159 inciso 2 CPP)... Dichos principios resultan ser los pilares en los cuales se sostiene la función del Ministerio Público Fiscal, siendo omitidos por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, en virtud de no haber citado a juicio al Fiscal, independientemente de la postura de sobreseimiento mantenida por éste, siendo de carácter de orden público y del debido proceso legal, su intervención en el mismo... resulta ilegítima la no intervención del representante del Ministerio Público en la audiencia oral, motorizada con el argumento de no compartir que el mismo concluya en una condena, pues, tal circunstancia no lo exime de su obligación de velar que el juicio se desarrolle conforme las formas procesales que dan operatividad a los axiomas constitucionales, e, incluso, de opinar fundadamente, al momento de los alegatos, brindando las razones por las cuales pondera que el mismo debe concluir en una absolución...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Abonando la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente.-
En el resolutorio de fs. 821/827, este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando en un principio las nulidades planteadas agotando esta instancia casatoria con ello, su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.-
Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logran perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25. Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr.
Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre muchos otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 851/868 por el defensor de GUILLERMO ALBERTO SANTANDER, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2004O.191 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:031 FOLIO Nº: 199/206 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia