Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo del representa del Ministerio Público Fiscal de esta Instancia, decretando la nulidad de todo lo actuado a partir de la celebración del acto procesal previsto en el art. 337 del C.P.P., incluyendo la sentencia impugnada a través del recurso de casación.-
2REENVIAR el presente proceso penal, a la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, para que integrando la misma, con los subrogantes legales que correspondan, sustancien nuevo juicio y dicten nueva sentencia ajustada a derecho.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:005 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 13 de noviembre de 2018 AUTOS: "SANTANDER, GUILLERMO ALBERTO S/INF. ARTS. 84 2º P. Y 45 CP" Expte. Nº S-951/15/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia a cargo de la Dra. Paula Ludueña, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "SANTANDER, GUILLERMO ALBERTO S/INF. ARTS. 84 2º P. Y 45 CP" Expte. Nº S-951/15/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 740/755 vta. absolvió por el beneficio de la duda (art. 4º del CPP) a Guillermo Alberto Santander por el hecho que fuera requerido ocurrido en la ciudad de Caleta Olivia el día 5 de junio de 2010 calificado provisoriamente como constitutivo del delito de homicidio culposo (art. 84 2º párrafo del CP). Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el Dr. Ramiro Serantes como apoderado por sustitución de poder de la parte querellante, el imputado Guillermo Alberto Santander, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor General Dr. Domingo N. Fernández, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Ricardo Alberto Napolitani y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 740/756, interpuso recurso de casación la parte querellante quien fundamentó su recurso en la inobservancia de las normas procesales que establece el Código Procesal Penal, precisamente el art. 381 del CPP, art. 4 del CPP, 199 del CPP.-
Manifestó que "...esta parte considera que en primer lugar que se debieron resolver las cuestiones incidentales como los pedidos de nulidad peticionados en su oportunidad por la defensa y recién analizar las pruebas, a fin de verificar con cuales son las que contaríamos para evaluar la legalidad y congruencia de la sentencia que dictara dicho tribunal... considera esta parte que la Excma. Cámara de Casación (sic), aplicó de forma errónea el art. 4 del C.P.P. mediante una deficiente interpretación del art. 199 del C.P.P. referente al principio 'in dubio pro reo'...".- Agregó que se agravia por la inobservancia a la aplicación de la ley sustantiva "...que el motivo que fundamenta la casación también por violación de la ley (Art. 453 del C.P.P.) es la errónea determinación de que al imputado de autos Guillermo Santander debía aplicársele el principio establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional... Que sobre esta base, entiende esta parte querellante –sin afectar la distinción que nos merecen dichos magistrados- que es inconsecuente la deducción a la que han arribado los votantes que conformaron la mayoría en la sentencia recurrida, en la inteligencia de que existen errores manifiestos y fundamentales en la interpretación del plexo probatorio reunido durante la audiencia de debate, habiendo esta parte oportunamente sostenido la materialidad ilícita y la autoría en la persona de GUILLERMO SANTANDER en el accidente de autos...".- Hizo reserva del caso federal. Mantuvieron el recurso a fs. 784.-
El día 28 de septiembre de 2016 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs.792/793 vta.).-
Que por auto de presidencia que luce a fs. 802, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del CPP, cuya acta se encuentra agregada a fs. 819/820 exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el querellante Dr. Serantes, ratificó el escrito casatorio de fs. 758/772 y procedió a describir el hecho por el cual se agravia y la participación del imputado "...El recurso es por inobservancia de la ley sustantiva y procesal. La fundamentación de los hechos ha sido arbitraria toda vez que se realiza una errónea interpretación de los hechos, ha sido arbitraria toda vez que realiza una errónea interpretación del art. 4 del beneficio de la duda. Que en el escrito casatorio se demuestra que tanto el voto de Monelos y Lembeye no interpretan correctamente que Santander es un conductor profesional y por lo tanto tiene un conocimiento de la normativa de tránsito superior a la media, el cual al momento de los hechos omitió, actuando en forma negligente. Solicito la nulidad de la sentencia...".- Por su parte, el Sr. Fiscal, sostuvo que "...ratifico el escrito que solicita la nulidad de todo lo actuado a partir del requerimiento de elevación a juicio. La Excma. Cámara no convoca a la Fiscalía al juicio y en eso se fundamenta la nulidad al ser una parte esencial. Reitero que debió ser citado a juicio. El garante del debido proceso es el Ministerio Público que debió intervenir en las cuestiones incidentales de la querella que planteó en el debate. Solicito la nulidad...".-
Finalmente, el defensor General, manifestó "...solicito que se rechace el recurso y se confirme la sentencia, toda vez que los votos de Monelos y Lembeye se encuentran fundados. No asistiendo razón a la fundamentación expresada por la querella, toda vez que el fallo no es una decisión antojadiza o arbitraria toda vez que no se ha arribado a una falta de certeza con lo cual ha sido correcta la aplicación del art. 4, que las pericias demuestran que fue el menor quien se metió debajo del camión y por lo tanto no fue producto de una negligencia o impericia en la conducción del camión por parte de su defendido. Analizadas las pericias al respecto donde se aclara que el niño avanzaba en movimiento lo cual demuestra una autopuesta en peligro de la víctima.
La Dra. Gil es sumamente ilustrativa al respecto. De no aceptarse lo propuesto se condenaría por una responsabilidad objetiva contraria a los principios del derecho penal. Que no hay exceso de velocidad, la visibilidad es la correcta. Le asiste razón al análisis del Dr. Monelos respecto de la escasa altura del menor y hay una culpa in vigilando toda vez que ha sido imposible verificar la presencia del menor, máxime si se tiene en cuenta la presencia de una columna que dificulta la visión. La pericia de la querella siembra dudas, que hay autopuesta en peligro toda vez que si se valora los dichos de Rodríguez debe ser evaluado en su totalidad que el nombrado le gritó al menor guarda y no obstante el menor avanzó y se produjo el resultado fatal.
No hay certeza alguna respecto de los requisitos típicos del art. 84 por lo tanto hay atipicidad, el voto de Olivera no destruye o debilita el voto de la mayoría por el contrario analiza en forma antojadiza los dichos de Rodríguez, como así también toma en forma parcializada las pericias de Rivarola, solicito se rechace lo planteado por la querella. Respecto al planteo de la Fiscalía, entiendo que el Ministerio Público Fiscal tiene una unidad de actuación de tal manera que pareciera que los dictámenes de la Fiscalía parecen divididos lo cual no es así. Que la fiscalía de primera instancia y de Cámara solicitan el sobreseimiento de tal manera que el pedido de nulidad no tiene fundamento jurídico.
Que el art. 161 no es aplicable ya que nadie puede alegar sobre su propia torpeza. Solicito el rechazo del pedido de nulidad, no se contradice con quien la produjo...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 758/771 vta. por la parte querellante? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 758/771 vta. por la parte querellante?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.-
Ingresando al tratamiento de los motivos invocados por las partes, corresponde en primer término analizar el planteo de nulidad, en la inteligencia que de prosperar la misma afectaría parte de lo actuado.-
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, en el proceso penal, constituyen una parte esencial del mismo, su función no se limita a promover y ejercer la acción penal, sino que, además, por ser el representante del Orden o Interés Público, ha de velar y emitir su opinión en todas las cuestiones que se instalen en dicho escenario (conforme emana del art. 59 y ss. del CPP y art. 75 y ss de la ley N° 1 texto ordenado 1600).-
Esta línea de pensamiento, necesariamente, es la que da razón suficiente a lo claramente preceptuado en el art. 351 del CPP, exigiendo indispensablemente la asistencia del Ministerio Público Fiscal en el juicio, como uno de los presupuestos de validez del mismo (art. 159 inc. 2 CPP).-
En este sentido cabe recrear de la obra de Francisco J. D'Albora: "... el órgano colegiado debe constituirse debidamente –al igual que el representante del MP- para no malear con un vicio insubsanable, configurativo de nulidad absoluta, toda la actividad (art. 18, 28 y 33, CN, y 167, inc. 1° y 2°, y 168, párr. 2°)..." (Código Procesal Penal de la Nación, ed. Abeledo Perrot, p. 691).-
Es por ello que, su actuación, debe guiarse por los principios de imparcialidad y legalidad (en sentido concordante A. Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal, tomo II, ed. Marcos Lerner, p. 293 y ss). Obviamente, ya que, sin hesitar, es una cuestión instalada en el terreno del Orden Público, su intervención ha de resultar insoslayable en el juicio oral, pues, ha de tener una participación activa, como mínimo, velando para que la pretensión de concluir el mismo en una aplicación razonable de la ley vigente a los hechos probados, transite a través de un Debido Proceso Legal.- Dichos principios resultan ser los pilares en los cuales se sostiene la función del Ministerio Público Fiscal, siendo omitidos por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, en virtud de no haber citado a juicio al Fiscal, independientemente de la postura de sobreseimiento mantenida por éste, siendo de carácter de Orden Público y del Debido Proceso Legal, su intervención en el mismo.-
En este sentido, oportuno es colacionar de la obra de Raúl Washington Ábalos: "...que es ínsita de la magistratura que configura una condición insoslayable que es reconocida a dicho Ministerio como presupuesto esencial para el adecuado cumplimiento de su misión de preservar el orden público y procurar la defensa del orden jurídico en su integridad…”. Los doctores Levene (h), Cavagna Martínez, Barra y Petracchi, en su voto sostuvieron: "... cabe subrayar que el Ministerio Público es un órgano de tutela social, pues el interés que lo guía es el de 'que se observe la ley en sentido puramente objetivo y no el de hacer valer en causa, como materia de juicio, derechos subjetivos y otros intereses de orden social…' (Conf.
Calamandrei, Piero, 'Derecho Procesal Civil', vol. II, p. 441, Ed. Jurídicas Europa-América, Bs. As., 1962)..." (CS, 6-10-92; Rev. Doctrina Judicial nº 40, 6-10-93, p. 533y ss.)…” (Código Procesal Penal, ed. Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 189).- Concordante con lo expuesto precedentemente resulta ser lo sostenido por la doctrina que ha dicho: “... Finalmente diré una vez más que lo expuesto no puede asimilarse a la exclusión del representante del Ministerio Público Fiscal, que sigue siendo parte vital e imprescindible del proceso, cuando existe querellante aunque aquel haya pedido sobreseimiento (...) Sentido este que se desprende de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Gostanián Armando s/ Recurso extraordinario”, citada en la causo nº 7552, “Ciccone, Héctor Hugo s/ Recurso de casación, reg.
Nº 1680/07, del 29/11/07 de esta sala, al señalar que el querellante, como órgano del Estado, no puede ejercer con exclusividad la titularidad de la acción pública. Esta, de manera directa, sigue quedando en cabeza del fiscal aunque no tome participación activa. [CFCP, sala III, 14/4/15, “Marconi, Alfredo” causa nº CCC 17246/2010/T02/1/1/CFC1, voto de la jueza Catucci, consid. 3º]. (Selecciones de Derecho Procesal Penal, Ramiro J. Rua, ed. Hammurabi, p. 86).- En razón de lo anteriormente puntualizado, resulta ilegítima la no intervención del representante del Ministerio Público en la audiencia oral, motorizada con el argumento de no compartir que el mismo concluya en una condena, pues, tal circunstancia no lo exime de su obligación de velar que el juicio se desarrolle conforme las formas procesales que dan operatividad a los axiomas constitucionales, e, incluso, de opinar fundadamente, al momento de los alegatos, brindando las razones por las cuales pondera que el mismo debe concluir en una absolución, dado su carácter imparcial dentro del proceso penal.
Por supuesto, en la hipótesis de acusación exclusiva de la parte querellante, el no mantenimiento del Ministerio Fiscal de una pretensión punitiva del enjuiciado, por los hechos objeto del juicio, no tendrá el alcance del art. 385 del CPP, que brinda operatividad al principio que no puede haber condena sin acusación.- Un claro ejemplo se desprende, conforme lo hasta aquí analizado, de la audiencia de juicio y debate, en la cual las partes, en las cuestiones preliminares, plantearan diversas nulidades (fs. 684/685), siendo imprescindible el traslado al Ministerio Público Fiscal para que formule su opinión, como órgano de contralor del Debido Proceso Legal. En este sentido, varios Tribunales han receptado esta postura, entre ellos, el T.O.C.
Nº 26, en la causa Nº 929 “Zivotinsky, Boris Moisés”; T.O.C. Nº 25 en la causa Nº 1720 “Bucceri, Ángela Teresa s/ Estafa Procesal Y Uso de Documento Privado Falso”.- En los fallos citados, precisamente en el comienzo de la audiencia se plantearon nulidades a la cual el Presidente del Tribunal corrió vista al Sr. Fiscal General, Dr. Javier De Luca, quien como en el caso en estudio, también había propiciado por el sobreseimiento de la imputada.
Resulta conveniente recrear lo afirmado por el distinguido funcionario: "...para prevenir una nulidad, ha mantenido una actitud neutral al solo efecto del control de la legalidad por aplicación del art. 120 y de la ley del Ministerio Público...de fs. 184 en adelante obran los pedidos de prueba de la querella que son autónomas de las que pide el fiscal, que hicieron, no hay incidencia u orden del Poder Judicial hacia el Ministerio Fiscal...por ende no habiendo fundamento que durante esta etapa los miembros del T.O.C. 26 me hayan indicado qué hacer, me hayan dado órdenes, que hayan violando el principio de independencia de este Ministerio, que queda demostrado por el ejercicio de ese derecho en el juicio, sin apoyarse una sola vez en un argumento, no hace más que ratificar lo que ya dije por lo que se debe rechazar lo pedido y dictar sentencia...".- En definitiva, la circunstancia que la pretensión punitiva subsista, con el exclusivo ejercicio de la acción penal de la parte querellante, no exime de intervención en el juicio del Ministerio Público Fiscal, cuyo representante debe velar que éste sea un Debido Proceso Legal, e, incluso como representante del Orden Público Jurídico, puede vertir, oportunamente, su opinión imparcial sobre el resultado que pondera como aplicación razonable del derecho vigente, a las circunstancias que estima acreditadas, aun cuando dicha postura no sea vinculante para el Tribunal.– Es por ello, que, la no intervención en la audiencia de debate del Sr. Fiscal, trae aparejada la nulidad absoluta de todo lo actuado.-
En este sentido se puede colacionar: "... Esta nulidad existe de derecho. No resulta convalidable en el proceso por inacción de las partes (salvo excepción, art. 62) o del órgano jurisdiccional, habilitado para declararla oficiosamente, en cualquier estado y grado del mismo [CNP, Sala I, LL, 1995-C-522, DJ, 1995-2-490; CNCP, Sala II, JA, 1994-II.448; CNCP, Sala III, JA, 1999-IV.32; entre muchas]. Puede ser planteada hasta por quien no tenga interés en ella o, aun, haya dado causa [Manzini, Tratado…, t. III, p.111]. Es ejemplo el procesamiento sin indagatoria previa, que viola el art. 306. Será deber del órgano jurisdiccional verificar si existe vicio que la provoque [CS-Fallo, 319:1496; CNCP, Sala I, LL, 1995-C-522, DJ, 1995-2-490]. ..." (Código Procesal Penal de la Nación; Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray; pág. 424; ed. Hammurabi).- "... En opinión de la Corte Suprema, no puede convalidarse la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y afectar una garantía constitucional, pues constituye la exigencia previa, emanada de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público..." (Código Procesal Penal de la Nación; Francisco J. D´Albora; pág. 266; ed. Abeledo Perrot).-
"...En este contexto, el Alto Tribunal (ver consid. 5) expresó dos cosas que nos interesan considerar: a) “que, en efecto, si bien es doctrina de este Tribunal que sus sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público” (el subrayado me pertenece). Adviértase la importancia de lo expresado por la Corte: nada menos que el contralor de oficio de la regularidad del procedimiento cuando está en juego el orden público. b) El Alto Tribunal vincula la idea de nulidad absoluta a la idea de “orden público”; en el citado considerando 5 se lee “cuando se encuentren involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada”... Esta es la idea central: estaremos frente a una nulidad absoluta cuando la irregularidad procesal sea de tal entidad que signifique que el acto procesal lesione una regla constitucional consagrada a favor de la persona sometida a proceso penal, determinando así que el proceso penal cause una situación jurídica perjudicial para el sujeto afectado..." (La Nulidad en el Proceso Penal; Nelson R. Pessoa; págs. 122/124; ed. Mave).- Significa ello que, no es posible, cuando hay una irregularidad formal del acto procesal que afecta el principio constitucional que ella tutela, aceptar que la misma se encuentra saneada, por no haber sido instada por la parte, o bien, por resoluciones del órgano jurisdiccional intervinientes en el mismo proceso, ya que se encuentra en juego la garantía constitucional del debido proceso legal que integra, necesariamente, el orden público jurídico.-
Ilustrativo, en el sentido de la corrección de los asertos expuestos precedentemente, la colación de la doctrina expuesta en el siguiente fallo:
“... El Tribunal de Casación de la provincia señaló que:
(3). El código Procesal Penal establece un sistema en el que las nulidades si son opuestas por las partes en tiempo oportuno, no quedan saneadas por el transcurso de cada etapa del procesamiento. Así, las producidas durante la investigación penal preparatoria, es oportuno alegarlas hasta el término de ésta o el de la citación a juicio (art. 205, inc. 1º, Cód. ritual), en tanto que la audiencia del art. 338 del Cód. Proc. Penal brinda oportunidad para que un órgano distinto al que intervino en la etapa investigativa las verifique.
Y si se denegaran en esta última oportunidad, con la sentencia definitiva podrían ser revisadas por el Tribunal de Casación de haberse efectuado la protesta exigida por la última parte del art. 338 cit. e, incluso, ser dictadas de oficio si percibiera la existencia de aquellas que implican violación de normas constitucionales (art. 203, Cód. de forma).
Vale decir que el Código de rito convierte a las nulidades de la investigación penal en revisables, lo cual impide considerarlas, en principio, como definitivas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas en casación. [Tribunal de Casación Penal La Plata, Sala II, 5/9/00, "P., G. W. s/ Recurso de Casación", LP 1456 S, JUBA-W, versión 2.0] (Nulidades Procesales; Gabriel H. Di Giulio; pág. 198, 199; ed. Hammurabi)...”.-
En el mismo sentido, oportuno es recordar, también, la doctrina contenida en el lúcido fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“...(2). El respeto a la garantía del debido proceso, invocable tanto por la persona que se encuentra sometida a juicio como por los demás actores del proceso, consiste en la correcta observancia de estas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Y es aquí donde los principios de preclusión y progresividad encuentran su límite: es axiomático que los actos procesales precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, salvo supuestos de nulidad (del dictamen del Procurador General de la Nación a cuyas consideraciones y conclusiones adhirió la mayoría de la CSJN, conformada por los jueces Nazareno, Moliné O´Connor, Fayt, Belluscio –según su voto-, Boggiano – según su voto-, López, Vázquez –según su voto- y Maqueda) (Leonardo G. Pitlevnik; Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pág. 112; ed. Hammurabi). [CSJN, 10/4/03, “VERBEKE, VICTOR JULIO s/HOMICIDIO S/CASACIÓN”, (CSJN-Fallos, 326:1149)]...”.- En la misma oportunidad en los autos antes referenciados, se sentó:
"... Es doctrina de esta Corte que constituye un requisito previo, emanado de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría ser confirmada (del voto de los jueces Bellucio, Boggiano y Vázquez)...".-
Lo expuesto ha sido meramente ilustrativo respecto a que este Tribunal Superior de Justicia puede aún de oficio decretar una nulidad absoluta, pero en autos contamos con el dictamen del Sr. Agente Fiscal Subrogante que transcripto en lo pertinente dice: "...Que al notificarme del emplazamiento respectivo y luego de analizar las presentes actuaciones, pude advertir como preocupante la falta de actuación necesaria del Ministerio Público de la instancia, toda vez que como surge de fs. 649 vta., esa fue la última oportunidad en la que el mismo interviniera. Agrega "...Si bien es cierto que el Fiscal de Cámara no hubo de cumplimentar en debida forma con lo dispuesto en el art. 337 del C.P.P., omitiendo ofrecer prueba en función del objeto de debate lo que puede ameritar actuaciones administrativas, también es cierto que el Tribunal Oral por motivos que no encuentran fundamento alguno, omitió citar al funcionario a la audiencia de debate que se fijara para el dia 13 de octubre de 2015, notificar el fallo y de la debida intervención al Ministerio Público en el trámite casatorio que nos ocupa, habiendo tramitado las actuaciones durante todo ese período sin su asistencia tal cual se desprende del acta de audiencia de fs. 684/689.- Asimismo, concluye que: "...En virtud de todo lo expuesto y conforme lo previsto en el art. 159 inc. 2, el cual expresamente dice:"Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: 1)...2) A la intervención del Juez, Ministerio Fiscal y parte Querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria", considera el suscripto que teniendo en cuenta el rol que le cabe a las partes en el proceso, deberá declararse la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 649 vta...". (fs. 785).- El dictamen citado fue ratificado por el Sr. Agente Fiscal por ante este Tribunal Superior de Justicia en la audiencia de debate a fs. 819/820.-
En conclusión de lo precedentemente expuesto, insoslayable es concluir en la necesidad de imponer la sanción procesal de nulidad del juicio celebrado, que dio como fruto el fallo impugnado a través del recurso de casación, como consecuencia de la ilegítima falta de intervención en el mismo del representante del Ministerio Público Fiscal, resultando dicha irregularidad procesal la concreción insanable de la lesión de la garantía constitucional del Debido Proceso Legal, que integra el Orden Público y trasciende los límites del interés de las partes, circunstancia, justamente, que habilitó el planteo de nulidad por parte del Fiscal en esta Instancia.- III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 159 inc. 2°, 160, 164, 351, 357, 446, 448 y 454 del C.P.P., y conforme lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia (fs. 819 vta.) corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado desde la citación a juicio preceptuada en el art. 337 C.P.P., remitiendo la presente causa a la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, a los efectos que con una nueva integración del Tribunal del Juicio, a través de un debido proceso legal, se dicte una nueva sentencia.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACER LUGAR al planteo del representa del Ministerio Público Fiscal de esta Instancia, decretando la nulidad de todo lo actuado a partir de la celebración del acto procesal previsto en el art. 337 del C.P.P., incluyendo la sentencia impugnada a través del recurso de casación.-
2. REENVIAR el presente proceso penal, a la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, para que integrando la misma, con los subrogantes legales que correspondan, sustancien nuevo juicio y dicten nueva sentencia ajustada a derecho.-
3. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2028S.181 TOMO:VII– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:005 FOLIO Nº: 061/067 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia