Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172.938
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve por mayoría: I) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 83, 84, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 889 y ss. del CCyC). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (art. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N° 172938 JUZGADO N° 12
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SANTANNA GABRIELA ELDA C/ CICHELLO MARIA TERESA Y OTRO/A S/ DESALOJO FALTA DE PAGO S/ CUADERNO DE APELACIÓN ART. 250 CPC", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau, y Rodrigo H. Cataldo.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la resolución dictada el día 3/8/2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
I. La jueza decretó la inhibición general de bienes de la actora con sustento en la imposición de costas a su cargo dispuesta el 9/6/2021, en ocasión de resolverse la incidencia generada frente a la orden de librar los oficios necesarios para conocer el domicilio de la heredera del codemandado fallecido (auto del 28/05/2021, recurso del 16/06/2021 y su contestación del 6/6/2021).
II. El 6/8/2021 la accionante expuso sus agravios, los que no fueron contestados.
Señaló que no se demostró el cumplimiento de los recaudos de procedencia de la medida cautelar, los que debían concurrir inexcusablemente desde que no existía un crédito líquido a resguardar. Alegó que resultaba propietaria del 50% de un inmueble y de un automotor, lo que era reconocido por el propio solicitante de la cautelar, denotando la inexistencia de peligro alguno en costear una incidencia de valores mínimos como era la acreencia generada a favor del Dr. Redivo. Consideró que resultaba más peligroso que la contraria no pudiera responder por el perjuicio que importará mantener inmovilizado todo su patrimonio ante el eventual incumplimiento al pago de las costas que se pretendía resguardar, por lo que requirió se fijara una caución real.
III. El recurso es procedente aunque por fundamentos distintos a los expuestos por la apelante.
Al proveerse la demanda se le concedió a la actora el beneficio de litigar sin gastos en los términos del art. 83 del CPCC (el 27/07/2020). En atención a ello, la peticionaria se halla exenta del pago de impuestos, sellados de actuación y costas, ya que éstas deberán ser satisfechas únicamente en caso de denegación de la franquicia o mejora de fortuna (argto. arts 83 y 84 del CPCC).
A fin de explicitar mi postura al respecto, encuentro prudente reiterar a continuación los argumentos que tuve oportunidad de exponer en ocasión de resolver planteos de similares características (esta Sala en causas nro. 161.790 RSD 262 del 31-10-2016 y 154.998 RSD- 96 del 11/06/2020).
La razón de ser del beneficio de litigar sin gastos se apoya, precisamente, en la idea de que las personas carentes de recursos tengan la posibilidad de acceder al servicio de justicia sin tener que hacer frente a los gastos que genera el proceso judicial. Ello es así en respeto de dos garantías de raigambre constitucional: el derecho a la igualdad y el de defensa en juicio, con base de sustentación en el postulado preambular de “afianzar la justicia” (arts. 8 y 24 CADH, 16 y 18 de la CN; 11 y 15 CPBA; Colángelo, “Beneficio de litigar sin gastos y tasa de justicia: un necesario replanteo a la luz del acceso a la justicia”, JA 2005-II, Fascículo 2, págs. 16 y 17).
Ahora bien, esa loable finalidad se vería por demás corroída si luego de abrir las puertas de la jurisdicción y otorgar la debida tutela judicial -concediendo la dispensa de litigar sin gastos- se permitiera a cada acreedor peticionar la traba de medidas cautelares contra los bienes y la persona del declarado pobre.
De allí que las acciones que puedan llegar a intentarse contra el beneficiario devienen estériles hasta tanto mejore de fortuna (conf. argto. y doct. art. 84 del C.P.C.C.). En este sentido se ha dicho que el beneficio de litigar sin gastos no impide la regulación de honorarios, los que quedan supeditados a la ocurrencia de dicha circunstancia (Cám. 2° Apel. Civ. y Com. de La Plata, Sala I, causa B-51.733, RS 125/82, cit. por Morello y otros, “Manual de Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, 2° ed. ampliada, LEP, La Plata, 1997, pág. 178).
En consonancia con ello esta Sala ha resuelto, ante casos análogos, que hasta tanto no se dicte una nueva resolución que haga cesar el beneficio queda descartada la posibilidad de trabar medidas cautelares contra el beneficiario (causas nro. 145.295, RSI 39 del 18-2-2010; nro. 145.632, RSI 189 del 15-4-2010; nro. 157.326, RSI 520 del 1-10-2015; entre otras).
A su vez, la jurisprudencia capitalina a expuesto que “(…) la promoción del beneficio torna per se operativa la exención, al menos hasta que se adopte una decisión a ese respecto (art. 83, Código Procesal), no parece lógico que quien se encuentra en mejor posición (por haberlo obtenido) sea pasible de una medida precautoria durante la tramitación encaminada a intentar lograr su supresión…”; y que “(…) encontrándose vigente el beneficio de litigar sin gastos concedido a la parte actora, debe levantarse el embargo preventivo trabado sobre sus bienes en los términos del artículo 212, inc. 3°, del Cód. Proc. Civil y Comercial, pues la actual imposibilidad de iure para ejecutar las costas contra ella deja huérfana de sustento en derecho la pretensión cautelar…” (CNCom., Sala D, in re “Rico, Oscar N. c/ Micropack S.A.” del 16-6-2010, La Ley cita en línea AR/JUR/39241/2010; CNCiv., Sala C, in re “Zalazar, Silvina c/ Arzalluz, Silvia” del 1-11-2012, La Ley cita en línea AR/JUR/64072/2012).
Por su parte la Corte Federal no ha permanecido distante a esta cuestión y ha enfatizado -sin ambages- que resulta improcedente peticionar embargos sobre los bienes de aquellas partes procesales que gocen del beneficio provisional establecido en el artículo 83 del Código Procesal (in re “Iturbe, Nora y ot. c/ Provincia de Córdoba”, del 8-6-2004, La Ley cita en línea AR/JUR/8426/2004).
A su vez, en los autos "Machado, Gladys c/ Aito S.R.L. s/ Daños y perjuicios" (causa nro. 144.535, RSD 122 del 30-5-2013), tuve oportunidad de efectuar algunas consideraciones atinentes a dos cuestiones íntimamente relacionadas con lo que vengo exponiendo, las que recordaré a continuación y que, adelanto, no se ven modificadas por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (arts. 889 y ss.).
Mejora de fortuna:
De acuerdo al artículo 84 de la ley de enjuiciamiento civil bonaerense, la exención en cuanto a las costas del juicio regirá hasta tanto el declarado pobre “mejore de fortuna”.
Es conteste la procesalística vernácula en cuanto a que ello importa una condición resolutoria, vale decir hasta que no se demuestre que la mejora económica ha ocurrido no renace la obligación por el pago de las costas y gastos del juicio (Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, 2° ed. actualizada por Camps, Carlos E., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, T. III, pág. 409; Díaz Solimine, Omar, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...”, López Mesa, Marcelo director y Rosales Cuello, Ramiro coordinador, La Ley, Buenos Aires, 2012, pág. 648; Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tomo tercero, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1989, p. 240; Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en costas en el proceso civil”, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2000, pág. 273; Arazi, Roland “Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo I, pág. 242, Rubinzal-Culzoni,Santa Fe, 1999; Chiappini, Julio, “El beneficio de litigar sin gastos”, DJ 1996-1, 801; entre otros). De modo que hasta que la condición no se demuestre, no se puede intentar exigir compulsivamente el cobro de las costas ni, por consiguiente, agredir patrimonialmente al condenado.
Relacionado a ello se encuentra la cuestión referida a quién debe demostrar esa circunstancia, de la que me ocupo seguidamente. Onus probandi de la mejora de fortuna:
Para dilucidar tal cuestión no debemos olvidar el postulado general que emerge del artículo 375 del Código Procesal.
En efecto, quien alegue que ha existido un cambio en la situación patrimonial del franquiciado será quien deba acreditarlo. Entonces si el letrado considera que el beneficiario ha mejorado de fortuna y por ello carece ahora del derecho a mantener la exención, deberá, en primer lugar, iniciar un incidente de modificación o levantamiento del beneficio y recién una vez que se encuentre firme la respectiva resolución interlocutoria, podrá retomar la ejecución careciendo ahora -total o parcialmente- quien hasta ese momento gozaba de la franquicia de derecho a seguir oponiéndola (Camps, Carlos E., “El Beneficio de Litigar sin Gastos”, LexisNexis, Buenos Aires, 2006, pág. 425). Colombo y Kiper enseñan que si el beneficio fue otorgado a pedido de la otra parte podrá dejarse sin efecto cuando se demuestre que quien lo obtuvo ha mejorado de fortuna y está en condiciones de sufragar las expensas del juicio (“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado”, 2ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2006, T. I, pág. 540). Finalmente, Palacio, con la claridad de siempre, enfatiza que el carácter provisional de la resolución permite que, en el supuesto de haber sido ella favorable, la otra parte pida que se la deje sin efecto, para lo cual debe producir prueba tendiente a demostrar la desaparición o la modificación de las circunstancias de hecho sobre cuya base se concedió el beneficio (Derecho Procesal Civil, tomo cit., pág. 409).
En suma, pese al carácter provisorio de la resolución, el que ha obtenido la carta de pobreza descansa en la seguridad que le da la autoridad de la cosa juzgada formal que emana de aquella sentencia determinativa –al decir de Liebman- consolidando una situación jurídica con blindaje constitucional y supranacional (arts. 17 y 18 CN, y 8.1 CADH) –bajo la regla rebus sic stantibus- que impide la agresión a su patrimonio mientras permanezcan inalteradas las circunstancias allí verificadas (Liebman, Enrico T., “Eficacia y autoridad de la sentencia”, trad. de Sentis Melendo, pág. 42, Ediar, Bs.As., 1945).
Código Civil y Comercial (arts. 889 y ss.):
Si bien el instituto del pago a mejor fortuna ya se encontraba legislado en forma dispersa en los antiguos arts. 620 y 752 del código velezano, en el nuevo cuerpo normativo aparece regulado en forma independiente y homogénea en el libro tercero, título primero, capítulo cuarto, sección tercera, arts. 889 a 891 (Lorenzetti, "Código Civil y Comercial de la Nación", p. 396, t. V, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015).
Sin embargo, la solución propuesta no varía frente a la nueva normativa: la referencia que realiza el art. 84 del ritual, en cuanto a que la franquicia del beneficio se extiende hasta que el que la obtuviere mejore de fortuna, no regula una obligación de "pago a mejor fortuna" propiamente dicha que se encuentra sujeta -como ha interpretado por la doctrina predominante- a un plazo indeterminado. Contempla, en cambio, una obligación condicionada, de aquellas que el codificador trató en los artículos 343 y siguientes del nuevo digesto civil y comercial.
Considerar que la exención del pago de las costas funciona como un plazo importaría tanto como concebir que aquella circunstancia (la mejoría económica del condenado en costas) es un hecho que fatal y necesariamente habrá de producirse en un futuro, cuando -ninguna duda me cabe- ello no necesariamente ha de ser así.
Por el contrario, una interpretación armónica de la ley sustancial y la procesal —reparando especialmente en los principios y valores que subyacen al instituto del beneficio de litigar sin gastos— permite concluir que éste fue regulado de un modo tal que la mejora de fortuna por parte del beneficiario se presenta como un suceso contingente, eventual, que puede o no ocurrir en un futuro. En su caso, y como dije, es tarea del acreedor (cuyo crédito se encuentra condicionado) quien debe acreditar en una nueva incidencia que han variado las circunstancias que el juez verificó al concederlo.
Es por ello que la doctrina y jurisprudencia mayoritarias interpretan que, más allá del giro “hasta que mejore de fortuna” utilizado por el legislador procesal en el precitado artículo 84 del CPC, la obligación del condenado en costas se encuentra condicionada (a un hecho futuro y eventual) y no sujeta a un plazo (definido por un suceso que inexorablemente se verificará, más tarde o más temprano).
Repárese, por otra parte, que las opiniones que han entendido que los arts. 620 y 752 del código velezano regulaban un plazo y no una condición no sólo han sido completamente ajenas al estudio de los institutos de derecho procesal (como lo son el beneficio de litigar sin gastos y la obligación de pagar las costas causídicas), sino que han tenido como fundamento el hecho de que este tipo de estipulaciones son acordadas "por las partes", refiriéndose -mayormente- a obligaciones con causa fuente negocial o convencional, y no a las derivadas de una resolución judicial en el marco de un proceso incidental (arts. 78 a 86, 175 a 187 del C.P.C.C.; en este sentido, véase Alterini, Jorge Horacio. "Código Civil y Comercial Comentado Tratado Exegético". Buenos Aires: La Ley, 2015 , Tomo IV, versión en línea (prevista), comentario al art. 889, ap. 1).
Parrellada explica que «en su esencia, el pago a mejor fortuna es una condición, pues el caso de que el deudor "pueda" o "tenga medios" es un hecho futuro e incierto. Sin embargo, el Código le da tratamiento de plazo; se basa en la interpretación de la voluntad de las partes presumiendo que no han querido dejar en suspenso la eficacia de la obligación a la aleatoriedad de la mejora de la posición económica del deudor, sino simplemente diferir su exigibilidad para un futuro que no precisan" (aut. cit., en Bueres, Alberto J., Highton Elena I. “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”. Buenos Aires: Hammurabi, 1998, t. 2-B, pág. 110).
El artículo 889, que es con el que principia el "pago a mejor fortuna" en el nuevo del Código Civil y Comercial, ratifica las razones expuestas al aludir que "las partes pueden acordar que el deudor pague cuando pueda, o mejore de fortuna...".
Es en el ámbito negocial donde este tipo de estipulaciones tiene su mayor aplicación, lo que explica -en paralelo- las sólidas y fundadas razones dadas por la doctrina civilista para considerar que un hecho manifiestamente contingente (como la mejoría de fortuna de una persona) debe ser tratado como si fuese un evento que fatalmente habrá de ocurrir en un futuro.
En otras palabras, el debate plazo/condición de las obligaciones que la ley sustancial califica como de "pago a mejor fortuna" se lo ha resuelto en el ámbito del derecho de las obligaciones y haciendo foco en aquellas que poseen fuente contractual, donde media un acuerdo de voluntades entre “partes” que libremente acuerdan los alcances y la modalidad de una relación jurídica.
Ninguna aplicación tiene este tipo de obligación en el ámbito del proceso judicial, y del beneficio de litigar sin gastos: aquí no hay acuerdo de partes, no hay razón para considerar inexorable aquello que es eventual y contingente, y -por último- no hay motivo para asignarle al beneficiario condenado en costas la carga de demostrar nuevamente (frente a una pretensión de cobro) una circunstancia que ya fue verificada en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada formal.
Para dirimir con mayor precisión el entuerto, bien pudo el legislador incluir una aposición a continuación de las expresión "las partes pueden acordar", que refiriera "o el juez al resolver la concesión del beneficio de litigar sin gastos", sin embargo ello no aconteció.
Por ello, reitero, no encuentro razón para considerar que este instituto tenga alguna aplicación en el ámbito del proceso judicial en materia de costas. Me inclino por considerar que el artículo 84 del C.P.C.C. no regula una obligación "de pago a mejor fortuna" de la que la ley sustancial regulaba en los arts. 620 y 752 del Cód. Civ., y ahora en los arts. 899 a 891 del Cód. Civ. y Com., sino que refiere a una obligación condicionada (arts. 527 y ss. del Cód. Civ. y arts. 343 y ss. del Cód. Civ. y Com.; esta Sala, causa arriba citada n° 161.790 RSD 262 del 31-10-2016).
IV. Por las razones expuestas -íntegramente aplicables al caso- concluyo que no es procedente el pedido del letrado representante de la demandada tendiente a cautelar los honorarios regulados a su favor y a cargo de la actora, en tanto esta última cuenta con el beneficio de litigar sin gastos otorgado en forma provisoria (el 27/7/2020).
Por lo tanto, propongo revocar la resolución cuestionada y levantar la inhibición general de bienes dispuesta sobre la Dra. Gabriela Elda Santanna con costas a la contraria en tanto el auto apelado fue dictado a instancias de ella (esta Sala en causa 166.734 RSI-50 del 6/3/2018, arts. 68, 69, 83, 84 y concds. del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada el sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
No concuerdo con la opinión de mi colega de la Sala. I.- La concesión del beneficio de litigar sin gastos a la parte actora no impide disponer su inhibición general de bienes con motivo de la imposición de costas a su cargo (arg. art. 546 Cód. Civ., ley 340). La disidencia sobre este tema registra varios antecedentes en esta Sala (causas nro. 144.535 RSD-122 del 30/05/2013,161790 RSD-262 del 31/10/2016, 154.98 RSD-96 del 11/06/2020, entre otras) por lo que me permito transcribir algunos argumentos en los que se funda mi postura.
1. La eximición de pagar las costas del proceso hasta que el beneficiario "mejore de fortuna" (art. 84 del CPC), constituye una obligación a plazo no solamente porque la ley diga expresamente que se aplican las reglas del plazo (indeterminado), sino también porque al hacerse exigible la obligación ante la muerte del beneficiario, no puede constatarse o imaginar que tal hecho sea “incierto que pueda o no suceder. Además, el beneficio de pagar a mejor fortuna no puede ser cedido, en tanto ha sido regulado como beneficio personal, no se transmite a los sucesores (Pizarro- Vallespinos, “Obligaciones”, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, T.II, p.162).
2. Considero que la obligación de pago a mejor fortuna derivada del art. 84 del C.P.C. se rige por el derecho común, y que su régimen no puede ser alterado por el ordenamiento procesal.
El Código Procesal puede establecer un régimen de costas que respete el principio objetivo de la derrota, o puede apartarse de él y establecer otro criterio rector. Pueden las leyes provinciales fijar la gratuidad de las actuaciones, pero una vez que la propia ley procesal determina que las costas a cargo del beneficiario no deberán pagarse hasta que este “mejore de fortuna”, no le corresponde regular aspectos que hacen al cumplimiento de las obligaciones, y que constituyen cuestiones propias de derecho común que han sido delegadas al Poder Legislativo Nacional de conformidad a lo dispuesto por el art. 75 inc.12 de la Constitución de la Nación.
La aclaración es solo para despejar posibles dudas, en modo alguno creo que el CPC de nuestra Provincia haya creado o pretenda regular una obligación de pago a mejor fortuna sujeta al hecho condicionante (y como tal futuro e incierto) de que el deudor mejore efectivamente de fortuna, contrariando lo dispuesto en la ley común.
3. El legislador ha decidido caracterizarla como plazo, aunque en la realidad la mejora de fortuna pueda ser una condición. El derecho puede apartarse de la realidad creando ficciones y presunciones que no respondan más que a la dirección que el legislador desea imprimirle. “Una ficción –dice Enrique Marí– es un arbitrario desvío de la realidad…” donde está ausente “cualquier reclamo de realidad” (“La Teoría de las ficciones”, Eudeba, Bs. As., 2002, p. 305). Las ficciones no admiten prueba contrario, mientras que algunas de las presunciones –las llamadas iuris tantum– si las admiten porque resguardan la hipótesis de la duda, pero ambas están emparentadas por la elaboración de la regla, dice Martí,”…la construcción del derecho que exige ciertas simplificaciones lógicas”. “La verdad está, entonces, necesariamente deformada en la ficción. En la presunción, basta decir que podría ser verdadero” (ob. cit., p. 369 con cita de Lecoq). 4.Las soluciones jurídicas no responden siempre a la naturaleza, al mundo del ser, sino que en el ámbito jurídico responden al deber ser. Se ha establecido legalmente que la mejora de fortuna es plazo y no condición, juzgando que esa mejora es un hecho que sucederá necesariamente en el plazo que el juez fije.
“La diferencia es que en los juicios de ser son enunciados descriptivos susceptibles de verdad o falsedad, mientras que los juicios de deber ser son directivos, respecto de los cuales no tiene sentido predicar verdad o falsedad” (Nino Carlos Santiago, “Introducción al análisis del derecho”, Ed. Astrea, Bs. As., 2005, segunda edición, p, 79, con cita de Kelsen).
5. Ante un hecho vulgarmente juzgado como futuro e incierto la ley opta por calificarlo como “necesario” al decir que es una obligación sujeta a plazo indeterminado (art. 889 CCyC), presumiendo que el deudor puede pagar al prescribir que al acreedor le cabe reclamar el cumplimiento de la prestación, y es al deudor a quien corresponde demostrar que su estado patrimonial le impide cumplir (art. 890 del CCyC).
El único modo de no aplicar estas normas al caso es declarando expresamente su incompatibilidad con derechos de raigambre constitucional.
6. Tampoco coincido con mi distinguido colega respecto al argumento del "foco contractual" y además exclusivo que en su estudiado voto asigna al contenido de la sección tercera del capítulo IV del título I del libro tercero de nuestro CCyC.
En mi opinión, la circunstancia de que la primera norma (art.889) autorice el pacto de pago a mejor fortuna no permite interpretar que las reglas que se enuncian en los artículos siguientes solo puedan ser aplicadas a las obligaciones de fuente contractual, excluyendo a las nacidas de fuente legal como lo es la del art.84 del CPC.
Justamente uno de los aportes más trascendentes del Código Civil de Vélez Sarfield fue el apartamiento de la metodología usada por el antecedente francés de 1804 que sigue regulando las obligaciones dentro de las normas propias de los contratos, y que por ello genera la duda sobre los límites de su aplicación, la "falsa idea" la llama Cazeaux, de que todo lo que allí se legisla solo puede ser aplicado a las obligaciones de fuente contractual (Cazeaux-Trigo Represas Obligaciones, tomo I p.56, LEP, Bs.As.1987).
Ello no sucede ni en el Código Civil de Vélez Sarfield ni en el Código Civil y Comercial. En ninguno de ellos es posible propugnar que una norma como esa solo se aplique a las obligaciones de fuente contractual, porque en este aspecto nuestro codificador siguió a Pothier y a Freitas y reguló una teoría general de las obligaciones aplicable a todas las fuentes, decisión que como es sabido le generó el unánime elogio de la doctrina (Cazeaux, ob.cit.p.58).
7. El legislador de 2015 entendió que era necesario hacer más claro el régimen para todas las obligaciones de pago a mejor fortuna. Por eso reiteró que este tipo de obligación se rige por las reglas de plazo indeterminado (889) y prescribió que la carga de la prueba (de que su estado patrimonial no le permite pagar en la fecha que el Juez fije), está a cargo del deudor (890). Esta regulación ya estaba en el Proyecto de 1998 (art.855) de donde la tomó en parte el legislador de 2015.
La ley de fondo prescribe que el pago a mejor fortuna es un plazo y que la carga de la prueba de la falta de mejora corresponde al deudor, y en el voto con el que me permito disentir se dice exactamente lo contrario. A mi modo de ver es posible interpretar la ley de modo de incluir algo que no diga expresamente, pero lo que no es posible es hacer decir a la ley exactamente lo contrario de aquello que clara y expresamente dice.
8. Si bien la mayoría actual de la doctrina que trata el tema la juzgan como una obligación a plazo (ver por todos Pizarro- Vallespinos, obra citada, p. 161), no desconozco que la teoría se ve divorciada de la práctica en que la jurisprudencia se inclinó por una solución manifiestamente contra legem.
Pero el beneficio de litigar sin gastos garantiza el acceso a justicia, y el carácter de obligación a plazo –no de condición suspensiva que en la práctica tiene- ha de garantizar que no se promuevan pedidos por montos excesivos, o que quienes accionen no descuiden los adecuados requisitos para la acción, pues si bien el acceso a la justicia puede ser gratuito, no es posible desprenderse de las consecuencias de un pleito perdido como si “nunca” debieran pagarse las costas, aunque los reclamos puedan carecer manifiestamente del más elemental sustento.
II. Por las razones expuestas propongo que se confirme la decisión apelada en cuanto decreta la inhibición general de bienes de la accionante Gabriela Elda Santanna, que cuenta con el beneficio de litigar sin gastos otorgado en forma provisoria, y se rechace el recurso de apelación interpuesto con costas (arts. 68, 84, 198, 202, 242, 246 y cctes. del C.P.C. y 889 y 890 del CCyC).
Así lo voto A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Rodrigo H.
Cataldo dijo:
Convocado a dirimir la disidencia generada entre los distinguidos colegas Dres. Monterisi y Loustaunau, debo decir que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Roberto J. Loustaunau permitiéndome agregar lo siguiente.
Más allá de la discusión que en lo fondal podría generarse en torno a la naturaleza del pago a mejor fortuna, ya sea por considerarla una obligación de plazo incierto o sometida a una condición resolutoria [de lo que ya no quedan dudas en la doctrina autoral que pertenece a la primera especie modal, incluso Guillermo Borda varió su opinión al respecto, ver, por caso Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General, t II, p. 277, ed. 1970 y p. 283, ed. 2008, quien cita en su obra el trabajo de Salas publicado en J.A:, 1962-II, p. 397 "Obligaciones a mejor fortuna"], lo cierto es que a mi entender la cuestión se dirimía simplemente por considerar si la existencia de beneficio de litigar sin gastos, aunque sea concedido provisoriamente, permitía el dictado de medidas cautelares. Al respecto, sin perjuicio de la opinión personal vertida en la causa "Laghi Oscar A. c/ Aquino Elsa s/ Reivindicación, expte n° 171784 del 14/12/21 , lo cierto es que es doctrina de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones, tanto en su integración actual como en su integración pasada el sostener que "...el beneficio de litigar sin gastos detiene la posibilidad de ejecutar contra el sujeto carente de recursos, deudas originadas en el proceso para el que fuera concedido, pero no podría ser obstáculo para que -si corresponde- se adopten cautelares que tiendan a conservar para el futuro cierto estado patrimonial (Sala I, Excma. Cámara Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, expte. 2131230, RSI 525, del 9/10/2012, con cit. de Camps). Es fácil advertir que el criterio que postulo en esta oportunidad acompañando el voto del Dr. Loustaunau, es la consecuencia lógica de considerar que estando pendiente de cumplimiento la obligación -sea sometida a plazo incierto o a condición resolutoria-, la ley sustancial permite el dictado de medidas en tutela del patrimonio (argto. arts. 242, 347, sigtes. y ccdtes. del CCyC).
Más allá de que la doctrina procesal considere que la mejora patrimonial está sometida a una condición resolutoria -lo que no comparto, puesto que no se encuentra en discusión la existencia ni vigencia de la obligación sino su exigibilidad [ver en tal sentido LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil, , Obligaciones, T II-B, p. 238 y sigtes., ed. LexisNexis, 2005 BOFFI BOGGERO; Luis M., Tratado de las obligaciones. t 3, p. 296 y sigtes., Astrea, 1975; SALAS, Acdeel E.; Código Civil y Leyes Complementarias Anotados, t. 1, p. 318, Depalma 1981; WAYAR, Ernesto C., Derecho Civil Obligaciones, t I, p. 397 y sigtes., ed. LexisNexis, , 2004 y BORDA, op. cit.], lo cierto es que encuentran sustento teórico y relación directa en las cláusulas del pago a mejor fortuna, reguladas en los arts. 620 y 752 del C. Civil derogado, hoy arts. 889 a 891 del CCyC y que la concesión del beneficio no obsta al dictado de medidas cautelares contra el beneficiario (ver CAMPS, Carlos E.; El beneficio de litigar sin gastos, ps.274/5 y 410 y sigtes., ed. LexisNexis, 2006; MORELLO-SOSA-BERIZONCE; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación; t II, p. 1048, Abeledo Perrot 2015, 4ta ed. y DIAZ SOLIMINE, Omar en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, López Mesa -Director-, Rosales Cuello -Coordinador-, t I, p. 842, punto c, cita 309 de Borda evidentemente anterior a su cambio de postura, ed. La Ley, 2014). Por ende, más allá de la concesión de la carta de pobreza a nombre de la actora, ello no es óbice para el dictado de la medida precautoria de marras por lo que existiendo bienes en cabeza de la accionante lo que correspondería sería la sustitución de la Inhibición General de bienes -la cual es de carácter subsidiario- por un embargo preventivo (argto art. 228 del CPC).
Para finalizar, dejo a salvo mi opinión por no haberse sometido a decisión el alcance de lo expuesto en el considerando I.7 del voto del Dr. Loustaunau en torno al onus probandi del cese del beneficio de litigar sin gastos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
En atención al modo en que ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde, por mayoría, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora e imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 83, 84, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 889 y ss. del CCyC).
Así lo voto.
Los Sres. Jueces Dres. Roberto J. Loustaunau y Rodrigo H.
Cataldo votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve por mayoría: I) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 83, 84, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 889 y ss. del CCyC). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (art. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.
Fin de la sentencia