Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2526/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada -Municipalidad de Río Gallegos-, en PE594979-2022 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE569874-2022, con costas a la demandada perdidosa.-
2Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N° : S-2526/22-TSJ Sentencia Nº: 751 Actor: SANTILLAN TERESA DEL VALLE Demandada: MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS Y OTRO Objeto: AMPARO Fecha: 2 de mayo de 2024 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 751 FOLIO Nº 4576/4579 PROT. ELECT. TSS1 009 S.241
Río Gallegos, 2 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “SANTILLAN TERESA DEL VALLE c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS Y OTRO s/ AMPARO”, Expte. N° S-15.937/21 (S-2526/22-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
Voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada -Municipalidad de Río Gallegos-, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Gonzalo Darío Chute (cfr. PE594979-2022, PE636560-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última revocó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia; haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo incoado por Teresa del Valle Santillán, en consecuencia ordenó a la recurrente que en el plazo de cinco (5) días de quedar firme la misma, efectivice la liquidación final reconocida al amparista mediante Resolución N° 591/19 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, con más los intereses que -a la tasa activa para los descuentos de documentos comerciales a 30 días- aplica el Banco de la Nación Argentina, los que se devengarán desde el 5/12/2019 y hasta su efectivo pago; e impuso las costas de ambas instancias a la accionada perdidosa (cfr. PE569874-2022, pág. 16).- A su turno, el fallo de Primera Instancia había rechazado la acción de amparo promovida por la Sra. Teresa del Valle Santillán contra la Municipalidad de Río Gallegos y el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos; e impuso las costas procesales por su orden (cfr. PE401942-2022).-
II. La recurrente motiva su recurso en violación de la ley y vicios in procedendo por resultar arbitraria y contradictoria la sentencia; y aplicación errónea de los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 1117 (cfr. PE594979-2022, pág. 7).-
Asimismo destaca que la accionante dejó transcurrir veintitrés (23) meses para reclamar sus acreencias por vía de amparo y que tal actitud entra en conflicto con la teoría de los actos propios. Agrega que la amparista ha actuado con desidia al esperar casi dos (2) años para reclamar el cobro de su liquidación final, por lo que se articuló la demanda fuera de plazo, en tanto la vía del amparo es excepcional y limitada en el tiempo a diez (10) días desde el conocimiento del daño (cfr. PE cit., pág. 4).- Señala que la accionante no incorpora prueba alguna que acredite o demuestre su interés por percibir su liquidación final y que no existen notas ni presentaciones que hayan acortado los plazos de prescripción para accionar por vía del recurso de amparo (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que no corresponde dar curso al reclamo por vía de amparo en cuanto no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Nº 1117, pues no existe peligro en la demora, ya que la actora dejó transcurrir veintitrés (23) meses antes de reclamar, tampoco existe peligro de grave daño inminente, ya que la misma con su desinterés, convalida cualquier daño causado por la demora en el pago, siendo responsable de sus propios actos (cfr. PE y pág. cits.).- Dice que la amparista voluntariamente hizo prescribir su derecho a instar la acción de amparo como vía de excepción (cfr. PE y pág cits.).-
Expresa que: “El motivo de la casación consiste, por un lado, en vicios in procedendo, por resultar arbitraria y contradictoria la sentencia y por otro lado [la] aplicación errónea de las normas legales contenidas en la Ley N° 1117 (cfr. PE cit., pág. 7).-
Sostiene que en la acción de amparo no se admite la articulación de excepciones previas, obedeciendo tal previsión a la necesidad de brindar a los administrados una vía expedita y rápida, libre de trabas para la protección de sus derechos. Entiende que esta característica de la acción intentada se aplica también para exigir a la actora una prudencia y adecuada diligencia en su articulación. En atención a lo expuesto, sigue diciendo, si la demanda es interpuesta veintitrés (23) meses después de haberse tomado conocimiento del acto impugnado cabe razonablemente conjeturar que desaparecieron las condiciones para la procedencia de la acción intentada. Expresa que: “...la demora injustificada en iniciar el amparo es indicativa de la inexistencia de urgencia objetiva y, consecuentemente, de la necesidad de una tutela expedita y rápida como la que la acción provee.” (cfr. PE cit., pág. 9).- Manifiesta que la sentencia en crisis es dictada nueve (9) meses después de iniciada la acción de amparo dando lugar a un planteo de urgencia no acreditado en autos, por lo que se viola el debido proceso legal (cfr. PE cit., pág. 10).-
También argumenta que se ha afectado su derecho de defensa ya que el Municipio demandado se vio obligado a contestar un reclamo de origen laboral dictado a través de una resolución administrativa, con una antigüedad de veintitrés (23) meses, sin poder oponer defensa ni excepción alguna (cfr. PE y pág. cits.).-
En PE621627-2022 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE776520-2023 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho sólo la parte actora en PE795421-2023.- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina, por los motivos que expone y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, que corresponde revocar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones y hacer lugar al recurso de casación (cfr. PE859837-2023, pág. 6).-
En PE877257-2023 se llaman autos para dictar sentencia y en PE893450-2023 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la Municipalidad de Río Gallegos, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto fundamenta su recurso en violación de la ley y en la doctrina de la arbitrariedad.- De la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Así las cosas, se debe señalar que no puede prosperar la denuncia de arbitrariedad de sentencia, toda vez que no se observa la existencia de tal defecto.-
Recuérdese que es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “...‘...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…’ (confr. T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de estos supuestos se presenta en el pleito.- Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Cámara ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de arbitrariedad, violación de la ley o quebrantamiento de forma.-
Efectivamente, de las constancias obrantes en autos se advierte que la recurrente no ha cuestionado la validez de la Resolución N° 591 del 5 de diciembre de 2019 dictada por el Honorable Concejo Deliberante, que es la base de la acción de amparo-mandamus iniciada (cfr. PE336150-2021).-
Mediante la Resolución citada se dispuso la baja de la amparista como personalidad sin estabilidad y el pago de la correspondiente liquidación final de acuerdo al siguiente detalle: Segunda Cuota Proporcional de Sueldo Anual Complementario año 2019, nueve (9) días de haberes del mes de diciembre de 2019 y quince (15) días de Licencia Anual Ordinaria año 2018 y proporcional de catorce (14) días de la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2019, emitida en el marco del Expediente N° 15.065-K-2018 (cfr. PE cit., pág. 25).- Es decir que es el propio Municipio el que reconoce la existencia de la deuda a través de la Resolución mencionada. Tampoco la demandada afirmó que se hubiese abonado la deuda que en él se reconoce. Es más, admite que la deuda salarial es del H.C.D.. Concretamente dijo la recurrente en su conteste del amparo: “...si bien es cierto que la presente acción obedece a una cuestión salarial y alimentaria, en el objeto de la acción interpuesta surge que el pago de la liquidación final correspondiente a la Sra. Santillán Teresa del Valle, es una deuda salarial del Honorable Consejo (sic) Deliberante, ya que la mencionada era dependiente de aquel ente.”. Inclusive afirma que: “...las actuaciones administrativas se encuentran en proceso de pago para efectivizar la Liquidación final solicitada, conforme se ha dado trámite mediante resolución 043.” (cfr. PE383851-2022, CTR00003831.pdf, págs. 1/2).- No es razonable tampoco el planteo del casacionista referente a que la actora no acredita ni demuestra interés en recibir su liquidación final. Ya que se puede presumir, sin temor a equivocarse, que la amparista tiene interés a que se le abonen sus acreencias laborales por su trabajo como Concejal. Es más, la interposición de la acción de amparo demuestra sin lugar a dudas ese interés.- Además han pasado más de tres (3) años entre la emisión de la resolución de marras y todavía no se le ha abonado la deuda salarial, sin esgrimirse razones valederas para no hacerlo.-
También es inatendible la alegada violación de la defensa en juicio por no haber podido oponer defensas, ni excepción alguna (cfr. PE636560-2022, pág. 10).-
Desde otro cuadrante, del análisis de las actuaciones se advierte que el amparo fue interpuesto dentro del plazo legal. Es que, conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 1117, la acción se deberá deducir “...dentro de los diez días de producido o conocido por el recurrente el acto, acción u omisión objeto de la acción...”.- En atención a los planteos casatorios la discusión se centra, entonces, en determinar si transcurrió o no el plazo de diez (10) días que dispone la norma al momento de la presentación del amparo por parte de la Sra. Santillán. Para ello, debe establecerse desde qué momento comienza a correr el plazo.-
En este litigio la conducta alegada como lesiva se trata de una omisión: el no pago de la liquidación practicada en la Resolución Nº 591/19, que es la base de la acción de amparo-mandamus iniciada (cfr. PE336150-2021, AMP00000231.pdf). Mediante dicho acto administrativo se dispuso la baja como personal sin estabilidad de la Sra. Teresa del Valle Santillán y el pago de la correspondiente liquidación final por su tarea como Concejal (cfr. PE y pdf cits. pág. 25). En esta resolución no se fija un plazo para hacer efectivo el pago los haberes.- Tratándose de una omisión, a efectos de contar el plazo de caducidad “...ha de estarse a la fecha en que ‘...el acto...debió producirse...’...” (cfr. Morello, Augusto M. y Vallefin, Carlos A.: “El amparo. Régimen procesal”, 4ª edición, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 45).-
Mediante Carta Documento N° CD187653916, emitida el 24 de noviembre de 2021, la amparista intimó al pago en el plazo de veinticuatro (24) hs. para que se abonen los importes reconocidos mediante la resolución de marras (cfr. PE336150-2021, AMP00000231.pdf, pág. 23), circunstancia no negada particularmente por el Municipio local en su informe (cfr. PE383851-2022, pág. 1).- Teniendo en cuenta que la amparista intimó al pago dentro de las veinticuatro (24) hs., el plazo que tenía la Administración para cumplir con lo solicitado era a partir del 25 de noviembre de 2021. Por lo tanto, desde esa fecha puede considerarse que la recurrente ha omitido con la conducta que se reclama. Y es a partir de dicho momento que comenzó a correr el plazo para interponer el amparo.- El amparo fue iniciado el 30 de noviembre de 2021, a las 19:00 hs. (cfr. PE336150-2021). Es decir, en atención a lo antedicho, dentro de los diez (10) días que otorga el artículo 4º de la Ley Nº 1117 para articular la acción.-
Por lo expuesto el planteo vinculado con la extemporaneidad de la interposición del amparo debe ser rechazado.-
Tampoco puede prosperar la denuncia de vulneración de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
IV. Por último, es pertinente señalar que este Tribunal Superior de Justicia no puede ingresar a analizar lo resuelto en la instancia de origen en materia de intereses, habida cuenta que no fue objeto de agravio en el recurso de casación de la parte demandada y haber adquirido firmeza lo decidido en Segunda Instancia en tal sentido (cfr., Sentencia, Tomos XVII, Reg. 588, Folio 3368/3376 y XX, Reg. 685, Folio 3992/4000).-
V. Que, conforme lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada -Municipalidad de Río Gallegos-, en PE594979-2022 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE569874-2022, con expresa imposición de costas a la recurrente (cfr. art. 16 de la Ley N° 1117); difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
I. Adhiero a las consideraciones expuestas por mis distinguidos colegas preopinantes y a la solución arribada, con excepción del punto IV. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani, y el voto de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada -Municipalidad de Río Gallegos-, en PE594979-2022 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE569874-2022, con costas a la demandada perdidosa.-
2. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1009S.241 Tomo: XXIII Sentencia: 751 Folio N°: 4576/4579 Secretaría: 1
Fin de la sentencia