Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.182-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA) dictada en la Actuación N° 12301-334-2006 – SC29-06-211, en cuanto condena a la firma SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A., al pago de una multa por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 16.936,90), con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-72698129-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Junio de 2023 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados "SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A c/DGA s/ recurso de apelación"; Expediente N° 30.182-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 9/12 se presenta la firma SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. por medio de apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA) dictada en el expediente N° SC 29-06-211 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 al pago de una multa de $ 16.936,90. Relata que mediante el permiso de embarque N° 05 029 EC01 006798 C la empresa exportó fardos de algodón sin cardar ni peinar, tipo grado “E”, correspondiente a la PA NCM 5201.00.20.590 B, sujeta al pago de un 5% de derechos de exportación. Arguye que tiempo después la Aduana reclasificó la mercadería en la PA NCM 5201.00.20.600 C, por considerar que el algodón exportado era de calidad “F”. Así las cosas, el servicio aduanero estimó que el precio de la mercadería era de U$S 0,68 por kilogramo, menor que el declarado de U$S 0,79. En consecuencia, instruyó sumario por la infracción al art. 954 inc. a) y c) del CA, como resultado de la comprobación de una presunta diferencia entre el precio declarado y el precio resultante percibido por la operación, con perjuicio fiscal. Sostiene que el precio declarado es correcto y es el que efectivamente facturó y percibió por la operación. En ese orden, no admite que el pago percibido desde el exterior haya sido diferente al declarado. Transcribe el art. 332 del C.A. y afirma que el precio al que refiere la norma es el precio de venta de la mercadería, que se informó en el permiso de embarque. Remite al importe y cantidad especificada en la factura comercial y en la certificación contable presentada en las actuaciones administrativas como prueba documental. Da cuenta de que la empresa percibió del comprador el importe declarado en el permiso de embarque, no existiendo comprobación alguna de que se hubiere cobrado o ingresado desde el exterior un precio menor o simplemente distinto al declarado. Plantea que la Aduana confunde los concepto de “valor imponible” con “precio de venta” de la mercadería exportada. Por otro lado, recalca que no existe perjuicio fiscal, elemento necesario para tener por configurada la infracción del art. 954 inc. a) del C.A., ya que habría pagado una suma en más de tributos a lo que hubiera correspondido. Por último, desconoce los antecedentes invocados por el servicio aduanero para atribuir a la mercadería un precio de U$S 0,68 por tonelada. Ofrece prueba y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 22/25 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas de la causa. Por imperativo procesal, niega todos y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria no sean objeto de su expreso reconocimiento. Explica que la recurrente no cuestiona la calidad real del algodón exportado, es decir, el resultado del análisis efectuado por el INTI. Asevera que ello significa convalidar la labor de la investigación realizada por el servicio aduanero y reconocer que la declaración de la mercadería difirió con el resultado de la comprobación. Alude a la Resolución N° 78/1994 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y a la Resolución N° 421/2009 del SENASA. Postula que el algodón es un commodity, con lo cual no se explica cómo pretende justificar la exportación de un commodity de la más baja calidad de su especie a un precio superior. Se agravia por cuanto la recurrente pretende generar una inexistente confusión entre valor imponible y precio de venta. Esgrime que el inciso c) del art. 954 del C.A. apunta al valor de la mercadería, es decir a su precio de venta, suma sobre la cual se deben liquidar las divisas. Cuando este valor o precio no se condice con la realidad, el ingreso de divisas, tampoco puede hacerlo. Reitera que si el algodón es un commodity y el precio de todas sus calidades es fijado mundialmente, no puede aceptarse un valor de transacción basado en una calidad o grado erróneo, a menos que la contraparte acredite alguna estrategia comercial puntual. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 26 se abre la causa a prueba, que se produce a fs. 41/42 y 52/53. A fs. 61 se cierra el periodo probatorio, a fs. 77 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 78 se ponen para alegar, agregándose fs. 82/83 vta. y 84/87, el alegato presentado por la actora y por el fisco, respectivamente. A fs. 89 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12301-334-2006 – SC29-06-211 se inicia con la cédula de notificación N° 008/2006 de la Sección Verificaciones dirigida al despachante de aduana de la firma SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A., notificada en fecha 10/02/2006 en el que se hace saber el resultado del análisis de la muestra correspondiente a la destinación N° 05 029 EC01 006798 C. A fs. 2/3 el informe de ensayos N° 05-2528 emitido el 25/11/2005 por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), correspondiente a la muestra N° 6423, hace saber que el algodón clasifica como Grado “F” (fermentado). A fs. 4 luce nota de fecha 17/11/2005 de la Cámara Algodonera Argentina, que informa que el elenco de clasificadores de esa institución determinó que la muestra N° 6423 equivale a grado “F”.
A fs. 5/6 obra acta de infracción N° 26/06 de fecha 18/08/2006, en la que se realiza la valoración y aforo de la mercadería, con la participación del despachante de aduana de la exportadora. A fs. 9 luce print de pantalla de registro de una liquidación manual. A fs. 10 el 25/08/2006 se instruye sumario en los términos del art. 1094 inc. b) del C.A. por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. A fs. 11 se rectifica el aforo efectuado en el acta de infracción N° 26/06, y en virtud de que del análisis de la mercadería exportada es de inferior calidad que la declarada y corresponde a un valor inferior, se determina el monto de la multa por infracción al art. 954 inc. c) del C.A., por el cálculo de la diferencia de valores por el giro indebido de divisas.
A fs. 13, el 31/08/2006 se corre vista de lo actuado en los términos del art. 1101 del C.A. que se notifica el 24/11/2006 (fs. 21). A fs. 20 el 04/12/2006 se amplía la instrucción de sumario contra el despachante de aduana Biassini Carlos E del R. y se le corre vista, que se notifica el 22/05/2007 (fs. 23). A fs. 24/26 y 28/29, respectivamente Santista Textil Argentina S.A. y el despachante de aduana Biassini Carlos Eugenio del Ro, contestan la vista. A fs. 38 se los tiene por presentados y se declara la cuestión de puro derecho. A fs. 41/42 se glosa print de pantalla de consulta de declaración detallada. A fs. 43/46 se emite el Dictamen N° 035/2011 (AD IGUA). A fs. 47/48 se agrega print de pantalla de consulta al registro general de infractores.
A fs. 49/52 se dicta la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA). A fs. 43/55 se emite el Dictamen N° 757/11 (DV DSAD) y a fs. 56/58 se dicta la Resolución N° 669/2011 (SDG TLA), que se notifica a la importadora y al despachante de aduana el 06/10/2011 (fs. 59/60). A fs. 61/62 la aquí recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que en primer lugar, corresponde atender el agravio de la actora relativo a que no existe perjuicio fiscal, elemento necesario para tener por configurada la infracción del art. 954 inc. a) del C.A., ya que habría pagado una suma en más de tributos a lo que hubiera correspondido.
Que a diferencia de lo que expresa la actora en su recurso de apelación, cabe poner de resalto que la resolución aduanera cuestionada no la ha condenado por el inciso a) del art. 954 del C.A.
Que si bien en el acta de infracción N° 26/06 se consignan los incisos incs. a) y c) art. 954 del C.A. (fs. 5 act. adm.), a fs. 10 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA., por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. Luego a fs. 11, se rectifica el acta N° 26/06, se determina el monto de la multa en virtud del inciso c) del art. 954 del C.A. y se deja constancia de que toda vez que la mercadería verificada es de inferior calidad y valor que la mercadería documentada no hay perjuicio fiscal por diferencia de tributos según el inc. a) del art. 954 del C.A.
Que en esa línea continuó el trámite del expediente administrativo. A fs. 13 se corre vista del art. 1101 del C.A. por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 954 inc. c) del C.A., a fs. 24/26 vta. la exportadora contesta la vista por la supuesta infracción al art. 954 inc c) del C.A. y finalmente la resolución aduanera N° 102/2011 (AD IGUA) y su aprobatoria N° 669/2011 (SDG TLA) condenan a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde resolver si la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA) por la que se le imputa a la recurrente la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. c) del C.A., con relación a la destinación de exportación a consumo N° 05 029 IC03 0006798 C, se ajusta a derecho.
Que el art. 954 del Código Aduanero tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración y en este sentido el inciso c) sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, sancionándolo con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia. Que conforme surge del acta de infracción N° 26/06, de fecha 18/08/06 y de la consulta de declaración detallada, mediante el PE N° 05 029 IC03 0006798 C, oficializado el 25/10/2005, se documentó la importación a consumo de 50.040 kg de algodón simplemente desmontado sin cardar ni peinar tipo grado “E”, en fardos por un valor FOB de U$S 39.714,58 bajo la PA 5201.00.20.590 B, circunstancia que no se encuentra controvertida en autos (ver fs. 2, 5, y 41 de las act. adm.).
Que, con fecha 27/10/2005, se procedió a la extracción de muestras, según detalle de solicitud de análisis de muestras N° 05-2528 obrante a fs. 2 de las act. adm.
Que a fs. 3 obra el informe del INTI, del 25/11/2005, en el que dice respecto de la solicitud de análisis N° 05-2528, que el resultado de laboratorio determinó la clasificación del algodón grado F (fermentado).
Que a fs. 4 se agrega el resultado del análisis efectuado por la Cámara Algodonera Argentina el 17/11/2005 que indica que de la muestra de fibra de algodón enviada bajo el N° 6423, el elenco de clasificadores de esa institución determinó que la muestra es equivalente a grafo F (fermentado), Que a fs. 5 se glosa el Acta de Infracción N° 26/06, de fecha 18/08/2006, efectuada en virtud de que del análisis de la muestra resultó Algodón TIPO GRADO F, mercadería de diferente calidad de la declarada -Algodón TIPO GRADO E-, que fuera suscripta por el despachante de aduana de la importadora y un agente del servicio aduanero. A fs. 11 se rectifica el acta de aforo y se determina el importe de la multa.
Que la actora alega que el precio declarado es correcto y es el que efectivamente facturó y percibió por la operación. Asimismo, refuta que el pago recibido desde el exterior haya sido diferente al declarado, toda vez que percibió del comprador el importe declarado en el permiso de embarque. Por último, desconoce los antecedentes invocados por el servicio aduanero para atribuir a la mercadería un precio de U$S 0,68 por tonelada.
Que no resulta argumento para sostener la inexistencia del efecto previsto en el inciso c) del ap. 1 del art. 954 el alegar que según la pericia contable el precio pagado fue el precio declarado en el permiso de embarque. Ante tal expresión resulta aplicable lo resuelto por la Excma. Cámara Federal en el caso que más abajo se cita. En efecto, para que la infracción del art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. se configure basta que el precio declarado sea distinto del que hubiera correspondido (en este caso por la diferencia de calidad demostrada), siendo irrelevante cual fue el precio efectivamente pagado, habida cuenta que la figura de riesgo del art. 954 solo requiere un resultado potencialmente posible y no un efecto cierto o real. La CNACAF, sala IV, sentencia del 21/5/1987, in re “Patanian, Roberto E. s/apel. c/ANA”, expresó: “No se requiere para tener por configurada la infracción del art. 954 del Cod. Ad. que se pruebe el efectivo desembolso del dinero por parte del documentante, sino que basta acreditar fehacientemente, que el precio declarado no se compadece con aquel que resulta....” (Conforme TFN, Sala G, sentencia del 28/6/89 in re “Editora Juan Romero S.A.”, expte. 2669-A). Que en ese entendimiento, para determinar la calidad, posición arancelaria y valor de la mercadería el servicio aduanero se sustentó en el resultado de los análisis del INTI y de la Cámara Algodonera Argentina, circunstancia que no puede desconocerse.
Que en esa inteligencia, la recurrente fue oportunamente notificada del resultado de los análisis mediante la cédula de notificación N° 008/2006 de fecha 10/02/2006 dirigida al despachante de aduana de la firma exportadora. Es decir, tuvo la oportunidad de suministrar información adicional o de objetar el resultado del análisis, pero no lo hizo en sede aduanera y tampoco ante esta instancia.
Que en razón de lo expuesto y que en el caso de autos, del análisis de laboratorio del INTI y del efectuado por el elenco de clasificadores de la Cámara Algodonera Argentina, resultó que el algodón importado era grado F (fermentado), siendo el bien jurídico tutelado el principio de veracidad y exactitud que deben regir las manifestaciones efectuadas en las destinaciones aduaneras y la correspondencia entre lo declarado con lo efectivamente comprobado por el servicio aduanero, por haber resultado en el caso bajo estudio mercadería de diferente calidad y valor, se ha configurado respecto del PE N° 05 029 IC03 0006798 C, la infracción de declaración inexacta tipificada en el art. 954 del CA inc. c) del CA por el ingreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondía.
VII. Que en consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto condena a la actora por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 in c) del CA, al pago de una multa pesos dieciséis mil novecientos treinta y seis con noventa centavos ($16.936,90), -una vez el importe de la diferencia verificada-, con costas (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA) dictada en la Actuación N° 12301-334-2006 – SC29-06-211, en cuanto condena a la firma SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A., al pago de una multa por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 16.936,90), con costas.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Si bien coincido con el resultado final del voto preopinante, encuentro necesario realizar una consideración específica de la razón que me lleva al mismo resultado. Ello así, pues las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos (Fallos:308:2188, voto del juez Petracchi; 312:1500; 326:1885; 329:4078; 332:826; 334:490;338:693; CSJ 141/2010 (46-E)/CS1 "Eraso, Raúl Alfredo y otro s/ causa n° 8264", del 18de diciembre de 2012; CSJ 69/2014 (50-D)/CS1 "Di Rocco Vanella, Daniel Federico y otro s/ causa n°16256", sentencia del 4 de noviembre de 2014; CSJ 4359/2014/CS1"Petty, Luis Guillermo y otro s/ falsificación de documentos públicos", sentencia del 2 de junio de 2015; CSJ 4139/2014/RH1 "Villalba Martínez, María Gloria y otro s/infracción ley 23.737 (art. 9)", sentencia del 9 de agosto de 2016; Fallos: 343:506;344:303; CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 “Cañete, Carlos Eusebio y otro” del 7 de diciembre de 2021).
II. De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada (Fallos: 312:1058; 326:1885; 343:506; CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 “Cañete, Carlos Eusebio y otro” del 7 de diciembre de 2021). En esa misma línea, entendió que una sentencia cuenta con mayoría aparente si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales (Fallos: 316:1991) o si se basa en fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Fallos: 312:1500; CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 “Cañete, Carlos Eusebio y otro” del 7 de diciembre de 2021). Al mismo tiempo, el Alto Tribunal ha reiterado en varias ocasiones la premisa según la cual la sentencia judicial debe ser un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico-jurídica, en la cual la validez y los alcances de la decisión dependen también de las motivaciones que la fundan. Por su parte, también ha precisado que a la hora de examinar la existencia de una mayoría sustancial de fundamentos que ponga de manifiesto la voluntad de un tribunal colegiado, no cabe atenerse a un criterio puramente formalista que permita tenerla por configurada con opiniones formalmente concurrentes que coinciden en la parte dispositiva, sin que ello implique adoptar una postura extrema que exija que las opiniones de cada uno de los miembros del tribunal resulten idénticas para tener por configurada la mayoría necesaria, toda vez que ello no se condice con la naturaleza plural y deliberativa de esta clase de tribunales (cfr. respectivamente "Municipalidad de La Matanza", Fallos: 342:2183 y sus citas; y Fallos: 341:1466, voto de la mayoría, considerando 3º, voto del juez Rosatti, considerando 6°; Fallos: 343:506; CCC 49642/2014/TO1/6/CS1 “Cañete, Carlos Eusebio y otro” del 7 de diciembre de 2021).
III. En ese marco conceptual, disiento de lo afirmado en orden a la irrelevancia de cuál fue el precio efectivamente pagado para que se configure la comisión de la infracción. La potestad sancionadora solamente puede verse realizada si el órgano competente prueba los elementos sustanciales que concurren para la aplicación de la sanción. Una discrepancia respecto de la materia de imposición puede dar lugar a la aplicación de procedimientos determinativos, pero no necesariamente pueden habilitar el ejercicio de la competencia sancionadora. Son aspectos que pueden escindirse uno del otro, ya que no debe confundirse la presunción de legitimidad de los actos administrativos con la necesidad que tiene el órgano decisor de probar los hechos que preceden al dictado del acto.
IV. Así y todo, ello no significa que la reconstrucción de la plataforma fáctica requiera la comprobación de un estado de certeza que no deje margen alguno para la duda. Como es conocido, el estándar aplicable requiere llegar a un estado de comprobación más allá de toda duda razonable para que no se vulnera el estado de inocencia es propio del ámbito punitivo. En sentido contrario, en el ámbito administrativo sancionador es impensado que pueda exigirse tan altos umbrales de conocimiento. Los objetivos involucrados y las clases de sanciones aplicables ameritan que pueda afirmarse la ocurrencia de un hecho mediante prueba preponderante y utilizando medios probatorios indirectos. En consecuencia, si bien es el órgano administrativo el que debe probar el ilícito de manera suficiente y racional, entre tanto podemos aclarar que también puede incumbir al acusado la demostración de la ruptura del razonamiento que lleva a la determinación de la responsabilidad, ya que puede incumbir al acusado la carga de romper algunos nexos que pueden presentarse concatenados entre sí.
V. Con esto en mente, debe distinguirse la acreditación del hecho por indicios consecuentes entre sí, respecto de aquellos supuestos en que existen conclusiones alternativas entre sí. En simples palabras, la duda puede suscitarse cuando el razonamiento me puede llevar a concluirse que existe un escenario A y un escenario B. En ese sentido, el beneficio de la duda es aplicable únicamente cuando no puede resolverse en contra del imputado en razones objetivas, habida cuenta de que no deben confundirse los indicios con las sospechas. Para sustentar una decisión condenatoria debemos contar con indicios probados y no con meras “probabilidades” de que el hecho haya ocurrido. El órgano nunca puede motivar la decisión en su simple y puro convencimiento subjetivo. Es menester una adecuada motivación acerca de la concurrencia de los indicios y su “relevancia probatoria”. Además, es necesario un enlace lógico y racional como también que exista una pluralidad de indicios.
VI. En esa lógica, la exigencia de la motivación respecto a la concurrencia de indicios y su consecuencia es más fuerte y debe ser más precisa que en los casos de prueba directa. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos, habida cuenta de que el proceso deductivo que debe llevarse a cabo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el cual el órgano jurisdiccional afirma su inferencia.
VII. En todo este derrotero no debe omitirse que, en definitiva, las sanciones administrativas son una herramienta para hacer efectivas las reglas jurídicas y gestionar el incumplimiento de las mismas. Evidentemente, el logro de los propósitos está condicionado por los condicionamientos utilizados para reconstruir los hechos pasados y determinar si se ha cometido una infracción. Va de suyo que, si el umbral es demasiado bajo, muchas personas inocentes podrían ser sancionadas, mientras que sí se asume un rigorismo propio de los ámbitos penales, muchas transgresiones quedarán impunes.
VIII. Así planteadas las cosas, el proceso implicado en la comprobación de los antecedentes que dan lugar a la aplicación de la sanción administrativa no es neutral. Si la reconstrucción histórica busca tener certeza absoluta será porque piensa que es preferible la impunidad de un culpable que condenar a un inocente. En materia punitiva, es una máxima que se procure evitar que se sancione a personas inocentes aun cuando se dejen impunes a los culpables. De ello se observa, a su vez, que los costos elevadísimos de los procesos penales son un precio que la sociedad en su conjunto está dispuesta a pagar para asegurar los beneficios de la libertad. No cabe duda de que, cuanto más exhaustivo, preciso y detallado sea el procedimiento, mayor será la probabilidad de acercarse a la verdad. Acaso está dispuesta la sociedad a soportar iguales costos para determinar la responsabilidad en el ámbito administrativo.
IX. En ese orden de ideas, pareciera que es un contrasentido invertir recursos en demasía para la reconstrucción de hechos que no tiene por objeto determinar nuestros ámbitos de libertad, sino reasegurar el cumplimiento de los mandatos administrativos. Efectivamente, si raramente me interesa indagar respecto de los autores de los hechos y las razones que motivaron el cumplimiento de la norma, de igual manera se comprende un renunciamiento consciente a la aproximación a la verdad.
X. Por lo tanto, si la potestad administrativa sancionadora quiere perdurar, es fundamental diseñar procedimientos que permitan una reconstrucción distante de la punitiva en la gestión del incumplimiento de las normas jurídicas. Más todavía, la libre recepción y valoración probatoria, si bien permite una mayor calidad epistémica al permitir una mayor flexibilidad y capacidad para considerar todas las pruebas disponibles, puede hacer interminable la discusión sobre la verdad de los hechos. Entiéndase bien, no se pone en duda que un modelo adversarial en la presentación de la prueba está más cerca de la verdad, pero también insume mayores costos materiales y temporales.
XI. En consecuencia, es fundamental buscar un equilibrio entre la libertad de recepción y valoración probatoria, y la regulación de las condiciones epistémicas para garantizar una reconstrucción justa y precisa de los hechos en la aplicación de sanciones administrativas.
XII. Tales exigencias se verifican en la especie, habida cuenta de que en el presente caso, sobre la base del informe presentado oportunamente por el INTI-Textiles (cuyo objetivo fue el análisis de una muestra de la mercadería sometida a una operación de exportación mediante la destinación 05 029 EC01 006798 C), el servicio aduanero terminó por detectar una diferencia entre el tipo de producto declarado y el efectivamente exportado. En efecto, si en la declaración de exportación mencionada con anterioridad, SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. había detallado la exportación de una determinada cantidad de algodón sin cardar ni peinar, tipo grado “E” (posición arancelaria NCM 5201.00.20.590B, a un valor igual a U$S 0,79 por kg.), mediante el examen de la muestra mencionada con anterioridad, se constató que la mercadería objeto de la exportación había sido, en realidad, algodón tipo grado “F” (posición arancelaria NCM 5201.00.20.600C, a un valor igual a U$S 0,68 por kg.). De esta manera, de conformidad con lo estipulado por el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., no solo se llegó a determinación una diferencia entre lo declarado y lo efectivamente comprobado por el servicio aduanero, sino que también se observó un ingreso desde el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente hubiese correspondido abonar.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA), dictada por el juez administrativo de la División Aduana de Iguazú el 23 de junio de 2011, en cuanto condena a la firma SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. al pago de un monto igual a $ 16.936,90, en concepto de multa por la comisión de la infracción prevista mediante el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.
2. Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución Fallo N° 102/2011 (AD IGUA) dictada en la Actuación N° 12301-334-2006 – SC29-06-211, en cuanto condena a la firma SANTISTA TEXTIL ARGENTINA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A., al pago de una multa por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 16.936,90), con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2023.06.24 09:51:06 ART Date: 2023.06.26 13:02:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.26 13:10:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.26 13:10:52 -03:00
Fin de la sentencia