Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar los recursos de casación interpuestos por la defensa pública que asiste a Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; la que asiste a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Ricardo Pérez; la que asiste a Claudia Yamila Ferrando; el defensor particular de Javier Alejandro Caffarena y el de Héctor Mario Coquean, por mayoría, con costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener PRESENTES las reservas del caso federal formuladas.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, en la causa FLP 7671/2015/TO1/113/CFC128 del registro de esta Sala, caratulada “SANTORO, Mauro Hernán y otros s/recursos de casación” de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por veredicto del 20 de abril de 2023 -cuyos fundamentos fueron leídos el 21 de junio de 2023-, resolvió: “I. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD POR CAMBIO CALIFICACIÓN POR AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA interpuesto por la Defensora Pública Coadyuvante, Dra. María Laura Giacomelli; los Defensores Oficiales, Dres. Gastón Barreiro y Pablo Beltracchi; la Defensora Particular, Dra. Viviana Pérez; el Defensor particular, Dr. Cristian Villegas; el Defensor particular, Dr. José Senia; los Defensores particulares Dres. Augusto Nino Arena e Iván Coquean y el Defensor particular, Dr. Antonio Gómez. II. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD AL ACUERDO CON EL ARREPENTIDO EN LOS TERMINOS DE LA LEY 27.304 interpuesto por la Defensora Pública Coadyuvante, Dra. María Laura Giacomelli; el Defensor Público Coadyuvante, Dr. Sergio Jalil; los Defensores particulares Dres. Augusto Nino Arena e Iván Coquean y el Defensor particular, Dr. Antonio Gómez. III. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL Ley 27.304 interpuesto por el Defensor Público Coadyuvante, Dr. Sergio 1 REGISTRO N° 1361/24.4 Jalil. IV. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD DEL ACTA DE PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN Y REQUISA DE SEBASTIÁN PÉREZ efectuado por los Defensores Oficiales, Dres. Gastón Barreiro y Pablo Beltracchi. V. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL DOMICILIO DE CLAUDIA FERRANDO efectuado por el Defensor Público Coadyuvante, Dr. Sergio Jalil. VI. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD DEL ALEGATO POR EL USO DE LA TRANSCRIPCIÓN QUE CONSTA EN EL INFORME DE FS. 676 efectuado por los Defensores particulares Dres. Augusto Nino Arena e Iván Coquean. VII. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO IMPROPIO QUE REALIZÓ LA TESTIGO N° 7 DE FERRANDO efectuado por el Defensor Público Coadyuvante, Dr. Sergio Jalil. VIII. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE INVALIDEZ DE LA TESTIMONIAL BRINDADA EN CÁMARA GESELL POR LA TESTIGO N° 6 efectuado por Defensora Pública Coadyuvante, Dra. María Laura Giacomelli. IX. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 189 BIS CP interpuesto por la Defensora Pública Coadyuvante, Dra. María Laura Giacomelli, los Defensores Oficiales, Dres. Gastón Barreiro y Pablo Beltracchi y el Defensor Público Coadyuvante Dr. Sergio Jalil.
PRESCRIPCIÓN POR LA TENENCIA DE ARMA DE FUEGO interpuesto por la Defensora Pública Coadyuvante, Dra. María Laura Giacomelli; el Defensor Público Coadyuvante, Dr. Sergio Jalil y el Defensor particular, Dr. Cristian Villegas. XI. NO HACER LUGAR A LA OPOSICIÓN A LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, POR SER LA LEY POSTERIOR A LOS HECHOS.- LEY 27.508 efectuado por el Defensor Público Coadyuvante, Dr. Sergio Jalil. XII. NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACCESORIAS DEL ART. 12 C.P. efectuado por los Defensores Oficiales, Dres. Gastón Barreiro y Pablo Beltracchi. XIII. CONDENAR A HÉCTOR MARIO COQUEAN, a la pena de NUEVE (9) años de prisión, accesorias legales, costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser CO-AUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial, todo ello conforme los artículos 12, 20 bis, 29 inc. 3, 40 y 41, 45, 127 incs. 1 y 3 del Código Penal; art. 531 del CPPN y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -de Belem do Pará-, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Ley 26.485.
XIV. CONDENAR A FÉLIX NICOLÁS BREGLIA a la pena de OCHO (8) años de prisión, accesorias legales, costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser CO-AUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial, todo ello conforme los artículos 12, 20 bis, 29 inc. 3, 40 y 41, 45, 127 incs. 1 y 3 del Código Penal; art. 531 del CPPN y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -de Belem do Pará-, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW) y Ley 26.485.
XV. CONDENAR a JAVIER ALEJANDRO CAFFARENA a la pena de CINCO (5) años de prisión, accesorias legales, costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser CO-AUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial (...) XVI. CONDENAR a JORGE ABEL VIRREIRA a la pena de OCHO (8) años de prisión, accesorias legales, costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser CO-AUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial (...) XVII.
CONDENAR a CLAUDIA YAMILA FERRANDO a la pena de OCHO (8) años de prisión, multa de sesenta (60) unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia, por ser CO-AUTORA del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionaria policial y AUTORA del delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y del delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de este delito, todos ellos en concurso real entre sí (...).
XVIII. CONDENAR a CÉSAR RICARDO PÉREZ a la pena de CINCO (5) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia como CO-AUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial y AUTOR del delito de tenencia simple de arma de guerra, el que concurre en forma real entre sí (...).
IXX. CONDENAR a MAURO HERNÁN SANTORO a la pena de OCHO (8) años, accesorias legales y costas del proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE NECESARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad, en concurso real, en calidad de AUTOR, del delito de tenencia simple de arma de guerra sin la debida autorización legal, (...) XX. CONDENAR a SEBASTIÁN ALEJANDRO PÉREZ a la pena de SIETE (7) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE NECESARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (...) XXI.
HACER LUGAR a la unificación de condena requerida por los Dres. Pablo Beltracchi y Gastón Barreiro y CONDENAR a SEBASTIÁN ALEJANDRO PÉREZ a la PENA ÚNICA de NUEVE (9) años de prisión, comprensiva de la pena impuesta en el punto XX. y de la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo dictada en la causa n° 07-01- 004013-16 caratulada ‘Pérez Sebastián Alejandro s/ robo simple, coacciones y representación de imágenes de menores de 18 años de contenido sexual’ por el Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y la pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo dictada en la causa n° 07-01-1474-17 (n° interno 6105) caratulada ‘Pérez, Sebastián Alejandro s/ amenazas, lesiones leves calificadas y lesiones leves en concurso real entre sí” del el Juzgado Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (art. 54 del Código Penal)’”.
XXII. CONDENAR a MANUEL ANTONIO MARÍN TRUJILLO a la pena de SEIS (6) años de prisión accesorias legales y costas del proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE NECESARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (...) XXIII. CONDENAR a JOSÉ MARIO PONCE a la pena de TRES (3) años de prisión en suspenso, accesorias legales y costas proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE SECUNDARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (...). XXIV. CONDENAR a JAVIER OMAR SANTORO a la pena de TRES (3) años de prisión en suspenso accesorias legales y costas proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE SECUNDARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (...) XXV.
CONDENAR a DAMIÁN ARIEL ROMERO a la pena de TRES (3) años de prisión en suspenso, accesorias legales, costas proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE SECUNDARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (...) XXVI. CONDENAR a CARLOS ELISEO AMAYA a la pena de TRES (3) años de prisión en suspenso accesorias legales, costas proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser CO-AUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (...) XXVII. CONDENAR a Patricio Miguel KEARNEY HERRERA, a la pena de SEIS (6) años de prisión accesorias legales y costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y DIEZ MIL pesos ($10.000)de multa, por ser AUTOR del delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil y armas de guerra sin la debida autorización, los que concurren en forma real…”
II. Esta decisión fue impugnada por los Defensores Públicos que asisten a Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; los que asisten a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez; la que asiste a Claudia Yamila Ferrando; el defensor particular de Javier Alejandro Caffarena y el de Héctor Mario Coquean; recursos concedidos por el a quo el 8 de agosto de 2023.
III. a. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez. Luego de fundar la admisibilidad del remedio y de relatar los antecedentes del caso, la defensa planteó la nulidad de la acusación fiscal por violación al principio de congruencia y afectación del derecho de defensa.
Expuso que, en la etapa de instrucción, Santoro y Pérez fueron intimados por haber “recibido y acogido a mujeres y transexuales, a través de un reparto de roles y mediante el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el objetivo de explotarlas sexualmente, explotación que logró ser consumada”. Mientras que, al momento de alegar en el debate, se les atribuyó “haber explotado económicamente el ejercicio de la prostitución de las presuntas víctimas de autos, conducta que además se veía agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad”. Puntualizó que, sobre el final del juicio, sus dos asistidos se convirtieron en “intermediarios” con el personal policial, conducta diferente a las originalmente endilgadas.
Cuestionó que el tribunal haya rechazado este planteo, explicando que no se trataba de una mera modificación de la calificación legal, sino que se habían modificado los hechos objeto de imputación.
En segundo lugar, planteó la nulidad del acta de procedimiento en la que constó la detención y la requisa de Sebastián Alejandro Pérez.
Señaló que el tribunal consideró, a su juicio equivocadamente, que la oportunidad para plantear ese remedio había precluido al momento de requerirse la elevación a juicio de estas actuaciones.
Explicó que esa posición, además de constituir un excesivo rigor formal, omitía considerar que las circunstancias que motivaron esa petición habían surgido en el transcurso del debate, a partir de las declaraciones de los testigos de actuación.
Dijo que existieron contradicciones entre todos los testigos y que incluso una persona mencionada en el documento, la licenciada Gasparini, no había estado presente en los hechos descriptos. Entendió llamativo que el paso del tiempo, motivo invocado por el tribunal para desechar la crítica aquí analizada, haya afectado por igual a todos los testimonios y destacó que, en todo caso, la demora de más de cinco años era atribuible única y exclusivamente al tribunal y no podía ser valorada en perjuicio de sus defendidos.
También resaltó que el Ministerio Público Fiscal había perdido un CD que contendría dichos de una de las presuntas víctimas que desvinculaban a Pérez y que el a quo había validado la ausencia de convocatoria al proceso de esta damnificada con el fin de evitar la reedición de los efectos negativos sobre su psiquis, obviando que aquella tampoco había declarado en etapa de instrucción.
Explicó que del acta se desprendía que “siendo aproximadamente las 03:20 horas, la ciudadana [S.L.A.] manifestó espontáneamente en presencia de los testigos, que la persona que era su ex pareja y que la regenteaba hasta hace unas semanas, de nombre Sebastián, que además la había amenazado de muerte a ella y a sus hijos en varias oportunidades, había pasado caminando por la vereda de enfrente del lugar donde se estaban labrando las actuaciones (...) por ende, se comisionó personal con el fin de identificar fehacientemente a la persona sindicada, resultando que no poseía ningún documento que acredite su identidad, pero sí una licencia de conducir n° 31.830.420 a nombre de Sebastián Alejandro Perez (...), siendo estos datos coincidentes con los obrantes en una restricción obligatoria ambulatoria que la ciudadana [A] presentó con posterioridad, la cual prohíbe el acercamiento en un radio menor a los trescientos metros de Sebastián Pérez con respecto a la ciudadana [A]”.
Sin embargo, argumentó, “el desarrollo del juicio y la escucha de prácticamente todos los firmantes del acta, tanto personal de Gendarmería como testigos civiles, así como también personal del Equipo de Rescate que allí se menciona – la licenciada Daniela Gasparini–, nos permite afirmar que las razones en las que se fundó la detención de PÉREZ y la posterior requisa no sucedieron como surge del este instrumento, y que en rigor de verdad, la Sra. [A] nunca señaló a su ex pareja como su supuesto explotador, razón por la que no había ningún motivo ni causa que ameritase detenerlo en el marco de estas actuaciones”.
Concluyó esta sección de su impugnación haciendo hincapié en que nadie había escuchado a S.L.A. afirmar que Pérez era quien la explotaba sexualmente y recordando que fue ello “lo que motivó supuestamente - y justificó - su detención y requisa, más aún cuando PÉREZ era completamente ajeno a la investigación. Nadie conocía de su existencia ni lo había visto en el lugar, incluso luego de más de un año de investigación”.
Como tercer motivo de agravio, postuló una inobservancia de la aplicación de la ley sustantiva en relación a la conducta endilgada a sus defendidos.
Afirmó que, al contrario de lo sostenido por el a quo, la prueba producida permitía descartar la participación criminal de Pérez en los hechos imputados. Expuso que “ese Tribunal Oral condenó al Sr. PÉREZ en orden a la supuesta explotación sexual de mujeres basándose en los informes elaborados por el Programa Nacional de Rescate de Víctimas del Delito de Trata de Personas en base a la única entrevista mantenida con éstas apenas fuera llevado a cabo el procedimiento en Ruta 4 de Lavallol, sin atender mínimamente a los dichos de la propias víctimas quienes, ya sea en cámara gesell o en el caso de la Testigo No 7 en el juicio, refirieron no conocer al imputado”.
Agregó que en la extensa investigación realizada y de toda la prueba documental recabada no se habían obtenido indicios que fundaran la responsabilidad de Pérez y reiteró que el tribunal decidió condenarlo “sin siquiera oír en instrucción o en el juicio a la única persona que supuestamente lo había sindicado, es decir la Sra. [S. L.
A.]”.
Asimismo, cuestionó que el a quo tuviera por acreditado que su asistido “amenazaba, usaba un arma, reclutaba mujeres incluso menores de edad”, cuando, a su entender, “no se encontró ningún arma en su poder, ni se lo observó portando una a lo largo de la investigación, ni tampoco se halló elemento alguno en el marco de los allanamientos desarrollados”.
Por estos motivos, afirmó que no se había acreditado con el grado de certeza necesario su responsabilidad en los hechos, por lo que correspondía declarar la absolución de Pérez.
En relación con la situación de Mauro Hernán Santoro, expuso que su intervención en los hechos había sido a título de partícipe secundario. Explicó que “el aporte que se le podría endilgar SANTORO, en todo caso, no ha consistido en una contribución esencial ni determinante sin la cual el hecho no se hubiera podido concretar, tratándose más bien de una colaboración no indispensable”.
Señaló que el tribunal no había reunido constancias suficientes para acreditar que Santoro hubiera intermediado con el personal de la Comisaría 4ta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni que hubiera tenido a su cargo “el cobro de los cánones que le entregaban las mujeres que ejercían la prostitución en Camino de Cintura, Lavallol”. Resaltó que “parte de las víctimas lo han mencionado como un supuesto recaudador de ‘Juan’ (es decir Virreira)”, pero que, en realidad, era este último quien concurría al lugar a cobrar, acompañado por Santoro en rol de remisero y que sólo ocasionalmente, cuando el primero no podía ir, éste le llevaba el dinero.
Agregó que su asistido ni siquiera era el único chofer de Virreira, sino que ese rol lo desplegaron varias personas. Destacó que ninguna de ellas impartía órdenes ni directivas a las mujeres, ni organizaban las paradas ni consignaban el valor de los denominados “pases”.
Expuso que “tanto las conclusiones que podemos obtener de los dichos de los propios gendarmes que participaron en la investigación – ya sea más por sus contradicciones o imprecisiones -, así como también fundamentalmente por los dichos de las propias víctimas, podemos afirmar que Mauro Hernán SANTORO, tal como lo ha explicado él en su declaración indagatoria, prestó colaboración en el hecho desplegado por quien fue individualizado primeramente como ‘Juan’ (Virreira). Dicho aporte consistió fundamentalmente : respuesta punitiva Argumentó que el aporte de su defendido no constituía una contribución sin la cual el hecho no podría haberse consumado, pues “‘Juan’ concurría personalmente al lugar y era quien tomaba el cobro del dinero producto de la prostitución y lo hacía con distintos choferes o remiseros que actuaban de manera indistinta”.
Luego, postuló la falta de fundamentación de la decisión cuestionada en tanto condenó a su asistido como autor del delito de tenencia simple de arma de guerra, afirmando que no se había demostrado en el caso que el arma estuviera dentro del ámbito de custodia de Santoro. Agregó que “tampoco quedó acreditado que SANTORO tuviera conocimiento de que se tratara de un arma de fuego y de tenerla sin la debida autorización, cualquiera sea la finalidad de dicha tenencia, más aún cuando el nombrado no era el único morador de la finca allanada”. En subsidio al resto de sus agravios, planteó la arbitrariedad en la mensuración de las pautas previstas en los artículos 41 y 41.
Indicó que los sentenciantes habían hecho un análisis escaso de los atenuantes aplicables al caso y habían partido del máximo de la escala penal para construir la respuesta punitiva, que había resultado desmedida y desproporcionada.
Asimismo, afirmó que “se ha efectuado la doble valoración de las circunstancias previstas por el ordenamiento legal. No procede valorar diferentes circunstancias, las cuales son subsumidas en lo referente a la ‘modalidad del hecho’, ello en perjuicio de los condenados, violándose de esta manera el principio del ‘non bis in idem’”.
Acerca de Santoro, manifestó que “se consideró (...) el modo en que se habría cometido el injusto, la forma desplegada, esto último en referencia a la supuesta intermediación con personal policial y la toma ‘a su cargo del cobro del canon diario’ de las presuntas víctimas. Estas circunstancia, como otras al integrar el tipo penal sobre el cual se monta la imputación, ya está contemplada en el reproche mínimo que la ley dirige al supuesto autor o partícipe y no puede ser desvalorada nuevamente sin violar la racionalidad de la respuesta penal”.
La misma situación, a su entender, se presentaba respecto de Pérez; en tanto se valoró como agravante su participación “en la explotación manteniendo un contacto y control directo sobre las víctimas, a quienes les cobraba un monto de dinero”.
Agregó que debía haberse contemplado como atenuante el contexto socioeconómico de sus asistidos, así como el excesivo tiempo que demandó su juzgamiento, el tiempo que permanecieron en prisión preventiva y su comportamiento a lo largo del proceso.
Puntualizó que Santoro carecía de antecedentes condenatorios, que no se acreditaron hechos de violencia física, que la intervención endilgada se limitó a un lapso de siete meses, menor al de otros imputados y que trabajaba en condición informal.
Sobre Pérez, sostuvo que no había elementos que acreditasen hechos de violencia o intimidación vinculados a la explotación imputada y que las condenas previas que registraba en su contra no debían ser consideradas.
Por estos motivos peticionó que, en el caso de que se rechazaran los agravios anteriores, se hiciera una nueva mensuración de pena y se considerasen las circunstancias apuntadas.
Hizo reserva del caso federal.
b. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez.
Luego de discurrir acerca de la admisibilidad del recurso, de narrar los antecedentes del caso y de transcribir los extractos pertinentes de la sentencia impugnada, invocó una afectación al principio de la congruencia que había sido arbitrariamente desestimada por el a quo.
Destacó que sus asistidos habían sido condenados por un delito por el que no habían sido indagados ni procesados. Ello, a su entender, generó una situación jurídica que afectó el derecho de defensa en juicio.
Recordó que esa parte “se defendió de la imputación que dio inicio al debate oral y público y que fue el delito de trata de personas con todas las conductas que ella contiene, pero no ejerció la defensa de la atribución legal con la que finalmente terminó acusándolos a mis representados”. Esta fue, continuó, ”explotación económica del ejercicio de la prostitución de una persona aunque mediar el consentimiento de la víctima, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad conforme artículo 127 inciso 1° del Código Penal como partícipe secundario en el caso del Sr. Romero y en el caso de Breglia y César Pérez por ser funcionarios públicos se agrava el delito por lo establecido en el inciso 3 del mencionado artículo”.
Afirmó que las diferencias de las conductas sancionadas en ambas figuras era radical y que ambas protegen bienes jurídicos disímiles, por lo que la modificación efectuada afectó la estrategia defensiva llevada a cabo por esa parte.
A continuación, cuestionó el rechazo de un planteo de nulidad del acuerdo de colaboración efectuado entre el coimputado Amaya y el Ministerio Público Fiscal. Argumentó que “la falta de registración audiovisual impiden una real y efectiva evaluación posterior del mismo, porque la ausencia del mismo provoca un impedimento al control de la prueba utilizada finalmente como de cargo contra mis asistidos, y en ese sentido, los recaudos para garantizar posterior control del acto de colaboración perjudica efectivamente el derecho de defensa en juicio, porque mis asistidos ni sus defensas pudieron tener acceso al desarrollo de dicho acto, esto es, control de fluidez de la declaración y demás pormenores que hacen al acto de la declaración propiamente dicha, generándose directamente en ese sentido una vulneración al derecho de defensa”.
Sin perjuicio de ello, entendió que el testimonio no debía ser considerado un elemento de cargo contra su asistido, porque el declarante no aportó una descripción fisionómica ni ningún otro dato además de su nombre como titular de la Comisaría 4ta de Llavallol. En ese sentido, explicó que el imputado colaborador “brindó referencias vagas, imprecisas, inciertas, para intentar cumplir un recaudo legal establecido [en] la ley 27.304. (...) No aportó una información útil para la investigación con respecto a mi representado, ni aportó datos que hayan dado una ayuda efectiva y concreta que demuestre la participación del señor Breglia en la organización delictiva…”.
Cuestionó la valoración probatoria efectuada por el a quo al sostener la responsabilidad de Breglia por el denominado Hecho I, afirmando que no se había observado ninguna participación de su asistido junto al resto de las personas identificadas en el procedimiento realizado en la Ruta 4 y que de la presencia de sus subalternos y del cargo que ocupaba no se podía derivar, sin más, su responsabilidad. Cuestionó, a su vez, que se haya omitido analizar prueba de descargo, entra la que enumeró “los registros de los libros de guardia como el n°19 fs 21, 34, 58 72, 22, 79, 84, 85 donde inclusive se registra que en la zona 23 recorre el móvil 21007, fs 91, 111, 113, 114 donde consigna que el móvil 17264 operativos en Ruta 4 y Dávila, fs. 117 donde consta Personal de Móviles CPU con números de teléfono y diversas zonas, fs. 130, 135, 136, Libros 21, 25 donde consta el registro de entrevista con los móviles del Comando de Patrullas Comunitaria y móvil de Policía Local, Libro 29 fs. 28 donde consta la entrega de la dependencia por parte del Comisario Breglia al Comisario Caffarena con 25 detenidos, armas y sin móviles)”.
Explicó que “los registros de los libros de guardia como el n°19 fs 21, 34, 58 72, 22, 79, 84, 85 donde inclusive se registra que en la zona 23 recorre el móvil 21007, fs 91, 111, 113, 114 donde consigna que el móvil 17264 operativos en Ruta 4 y Dávila, fs. 117 donde consta Personal de Móviles CPU con números de teléfono y diversas zonas, fs. 130, 135, 136, Libros 21, 25 donde consta el registro de entrevista con los móviles del Comando de Patrullas Comunitaria y móvil de Policía Local, Libro 29 fs. 28 donde consta la entrega de la dependencia por parte del Comisario Breglia al Comisario Caffarena con 25 detenidos, armas y sin móviles)...”. También cuestionó que no se hayan valorado las escuchas a los subalternos de Breglia, de las que surgiría que aquél se encontraba al margen de lo que sucedía. Citó diálogos en el que otros funcionarios policiales decían: “que Breglia no sepa” o que “El Tano no tiene que ver...”.
Sostuvo que los testimonios de las víctimas no señalaban directamente a Breglia, sino que relataban que “el Jefe de calle DECIA que el dinero se lo tenían que rendir al Comisario”.
Criticó la interpretación dada en la sentencia al término “citación” la que fue entendida como un eufemismo de los pagos que se les exigían a las trabajadoras sexuales, indicando que “los diálogos mantenidos en ese material probatorio incorporado al juicio, demuestran que el reclamo de esas citaciones son a los efectos de dar cumplimiento a los expedientes sumariales y prevencionales que estaban desarrollándose bajo la responsabilidad de mi representado, Breglia”.
Luego, analizó la responsabilidad de César Ricardo Pérez, sosteniendo que no se había demostrado su intervención en los hechos endilgados. Expuso que “ni la única víctima que prestar declaración testimonial en el debate con nombre oculto y sin cámara sindicó a mi representado, no fue reconocido en la exhibición fotográfica efectuada, por lo tanto su participación no puede encontrarse sostenida sólo por los elementos secuestrados en su oficina”. En tal sentido, cuestionó que no se haya realizado un peritaje scopométrico sobre dicha prueba documental.
Explicó que “los hechos investigados datan de una situación de trata de personas consumada por lo menos desde febrero del año 2015 hasta el 10 de marzo del 2017 y es dable destacar que después del 10 de marzo del 2017, no hay víctimas identificadas o sea carece víctima identificada a partir del 10 de marzo del 2017.
Es decir que la atribución de responsabilidad de mi asistido debe circunscribirse entre el 7 de marzo del 2017 cuando asume el señor Caffarena como titular de la de la Comisaría 4ta de Llavallol, a las 13:30 horas, hasta el 10 de marzo del 2017 en donde se produce el procedimiento en la rotonda de Lavallol- ruta 4 y que dá origen a las declaraciones de las víctimas allí detectadas por personal de Gendarmería Nacional”.
Finalmente, señaló que las anotaciones que se le achacaban a su defendido no eran de su autoría, que esa parte había rechazado su autenticidad desde un primer momento y que el sentenciante las había considerado de manera arbitraria. A continuación, postuló un error de prohibición directo e inevitable que eliminaría la culpabilidad respecto de Damián Romero.
Desarrolló su agravio, diciendo que “a la luz de las probanzas colectadas en el debate surge que el mismo actuó bajo un error de prohibición invencible, pues nunca se planteó que su conducta podría haber encuadrado en una conducta ilícita porque el único motivo que lo convocó a mi asistido en ese lugar fue realizar un trabajo de remisero que cumplió con un pedido de trabajo de una persona que iba a ese lugar a ejercer su actividad, percibiendo por ello sólo el costo del viaje, ningún otro tipo de beneficio económico tuvo mi asistido”.
En lo que respecta a sus asistidos Kearney Herrera y Pérez, planteó la inconstitucionalidad del tipo penal previsto en el artículo 189 bis, indicando que “el hallazgo de un elemento que no ha sido usado contra persona alguna, que se encuentra en la esfera íntima del ciudadano, no puede ser sancionado, causándole de tal manera un gravamen que lleva a la aplicación de la tacha de inconstitucionalidad”.
Manifestó que las armas cuya tenencia se le imputa fueron halladas en su morada, estaban guardadas y pertenecían a familiares que se las habían entregado para que las guardara.
Peticionó que se declarase “la inconstitucionalidad de la norma por la cual han sido imputados mis representados Patricio Kearney Herrera y César Ricardo Pérez y absuelva de culpa y cargo a los mismos conforme el art. 19 de la CN”. Al mismo tiempo, entendió que se había producido la prescripción de la acción penal del delito de tenencia de armas de uso civil imputado a Herrera y Pérez.
Argumentó que el a quo había efectuado una errónea aplicación de la ley sustantiva, en la medida en que no había reparado en que sus asistidos no habían tenido las armas en su condición de funcionarios policiales. Detalló que “en el caso de Kearney Herrera las tuvo en su domicilio particular por ser custodio de armas familiares, habiendo dado las explicaciones pertinente que prueban dicha circunstancia , y en el caso de César Pérez la tenencia de dicha arma no se presentó en el ejercicio de su función policial, sino que la misma se hallaba guardada en una habitación bajo llave, amén que dicho sitio fuera un ambiente de la Comisaría 4ta de Lavallol, situación que no debe modificar la mirada respecto a la ajenidad respecto a la condición de policía”.
Por otro lado, planteó una omisión de tratamiento de un planteo efectuado en favor de Patricio Herrera, consistente en que sea depositario judicial del vehículo Citroën C4 secuestrado al momento de su detención.
En carácter subsidiario a todo lo anterior, afirmó que los montos de las penas establecidas a Breglia, Herrera y Romero resultaban excesivos. Sobre el primero de ellos, dijo que “no se encuentra suficientemente fundado en la sentencia los motivos por los cuáles VE se apartó del mínimo legal del art. 127 inc. 1 y 3 CP cuando mi asistido no tiene antecedente penales previos, y cuando la normativa prevee las agravantes que elevan el mínimo de la figura básica, es decir el mínimo de la figura legal achacada, ya prevee una pena que por política criminal ya fue pensada por el legislador para responder al injusto atribuido a mi respresentado”.
En cuanto a Herrera, resaltó que se omitió valorar diversas pautas atenuantes, como “el tiempo de duración del proceso, la conducta procesal del Sr. Kearney Herrera, su situación familiar, sus condiciones personales etc”. Por último, sostuvo que la pena impuesta a Damián Romero se había alejado del mínimo sin una justificación acorde a la normativa aplicable y sin tener en cuenta “la falta de antecedentes, la conducta procesal del mismo, su situación socioeconómica”.
Hizo reserva del caso federal.
c. Recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Claudia Yamila Ferrando.
Luego de discurrir acerca de la admisibilidad de la impugnación y los antecedentes de la causa, se agravió del rechazo de la nulidad del acuerdo de colaboración celebrado y de todos los actos que son su consecuencia.
Fundó esta sanción en dos motivos:
1. La ley 27.304 se sancionó el 16 de octubre de 2016, y si bien el acuerdo se realizó en una fecha posterior (el 7 de abril de 2017) este versa sobre hechos que se suscitaron a partir de febrero de 2015, por lo que el hecho habría empezado a ejecutarse antes de la vigencia de la ley citada. De esta manera, a su entender, se produjo una violación a la prohibición de retroactividad de una ley penal perjudicial para la imputada.
2. El acuerdo no fue registrado a través de un medio técnico idóneo que permita la evaluación posterior de la declaración del imputado delator, conforme lo exige el art. 6 de la ley 27.304.
Destacó que su asistida “no tuvo la posibilidad de controlar adecuadamente los dichos de Amaya, no tuvo la ocasión de ejercer la debida fiscalización del acto que en definitiva la colocó como imputada en este proceso y por la cual finalmente resultó condenada en la sentencia ahora discutida”.
Hizo hincapié en que no existía un cauce de investigación independiente que hubiese permitido imputar a Ferrando estos delitos, pues la investigación se construyó exclusivamente a partir de los dichos del imputado delator. Como segundo motivo de agravio, criticó la atribución de responsabilidad efectuada por el a quo en el Hecho I, destacando que esta había sido realizada “en base a una apreciación sesgada, parcial y subjetiva de los elementos probatorios producidos en el juicio, sin perspectiva de género, y con sustento en una interpretación arbitraria de normas procesales que tienden a asegurar la garantías y derechos constitucionales en favor de toda persona sometida a un proceso penal”.
Cuestionó que el tribunal haya valorado el reconocimiento de Ferrando por parte de la testigo de identidad reservada n° 7, indicando que aquella declaró “de manera virtual, sin imagen y con la voz distorsionada. (...) se desconoce si estaba comprenda por las generales de la ley, si tenía un interés particular en la resolución de la causa o alguna enemistad con algunas de las personas imputadas. También, al haberse desarrollado su declaración de manera virtual y sin cámara, las partes no tuvimos la posibilidad de observar sus gestos y expresiones mientras deponía, aspecto fundamental en la psicología del testimonio para valorar la declaración de cualquier testigo”.
Por otro lado, sostuvo que esta declaración contenía severas contradicciones que le restaban cualquier valor como medio de prueba. Puntualizó que “cuando le mostraron la fotografía de mi asistida y si la reconocía, dijo: ‘no estoy segura pero creo que sí’. Dijo que le pareció que esta esa persona había llegado al lugar en un auto, en un móvil. Dijo que la había visto en un auto, no en una camioneta. Pero contrariamente a lo que dijo el 20 de octubre, el día anterior la testigo 7, había señalado que los móviles que pasaban de la policía era ‘las grandes, como se llaman, las Hilux’. Pero al día siguiente habló de un auto. En el mismo sentido, el día 19 esta Defensa le preguntó si había tenido algún intercambio con algún policía, específicamente con una mujer policía, a los fines de evaluar si podía describir algún personal policial, y dijo que no, que nunca había tenido. Pero sorpresivamente al otro día dijo que le parecía reconocer a una mujer policía”. En tercer lugar, recalcó que el reconocimiento no fue espontáneo sino a instancias de un pedido de la fiscalía, que la testigo ya había visto a su asistida en las audiencias de debate y que en la fotografía exhibida Ferrando vestía una camisa negra, vestimenta propia del personal policial. También indicó que el hecho había ocurrido hacía aproximadamente seis años y en horario nocturno, lo que llevaba a cuestionar la eficacia que el acto en cuestión pudiera tener.
Dijo que los dichos de la testigo no coincidían con el resto de la prueba producida, que el personal de gendarmería había estado apostado en la zona, realizando tareas de inteligencia, durante dos años sin que se hubiera incorporado fotografías de Ferrando ni se hubiera, siquiera, mencionado su presencia en el Camino de Cintura.
A continuación, criticó el análisis efectuado por el tribunal de los mensajes telefónicos intercambiados por su asistida. Expuso que se habían seleccionado arbitrariamente algunas transcripciones para otorgarles un sentido que sostenga la tesis de la fiscalía.
Cuestionó el sentido que se le había dado al término “citaciones” en el análisis de ese medio de prueba. Expuso, a modo de ejemplo, que se valoraba como incriminante una conversación en la que Ferrando le dice al coimputado Virreira “¿A qué hora me traes las citaciones?”, soslayando que, en esa misma conversación, a continuación, se daba el siguiente intercambio “‘¿A qué hora traes el resultado?’ Y después (...) ‘Ahí el jefe me dijo que ya no sabe qué decir en la Fiscalía’”.
Sobre la cuestión, señaló que “en contrasentido a la construcción forzada realizada por el Tribunal Oral, que efectivamente lo que Ferrando le reclamaba a Virreira eran justamente citaciones judiciales. ¿Por qué Ferrando haría alusión a la Fiscalía si la palabra ‘citaciones’ tuviera el doble sentido o la finalidad espuria que se le pretendió asignar en la sentencia? ¿Qué sentido tendría que se refiriera a la Fiscalía y el reclamo que desde esa institución le hacían a Breglia?”
Luego, se agravió de cómo se había valorado la declaración del imputado colaborador Amaya. Comenzó por señalar que, del Boletín Formativo N° 76, de fecha 29/09/2009, incorporado al debate por lectura, surge que “luego de un procedimiento administrativo y disciplinario en el ámbito de la policía de la provincia de Buenos Aires se determinó que Amaya infringió los artículos 205 incisos ‘a’ y ‘h’ y artículo 208 incs. ‘d’, ‘e’ y ‘h’ del decreto 1050/09, motivo por el cual desafectó del servicio de la policía. Es decir, se estableció en sede disciplinaria que Amaya faltó a la verdad y falseó informes, entre otras infracciones”.
Manifestó que de la certificación actuarial incorporada al debate a fs. 486/487 “de la causa TO1”, surgía cómo Amaya amedrentaba a las denunciantes, aprovechándose de su condición de ex policía, del uso de armas de fuego y de la vulnerabilidad en la que se encontraban las mujeres. Lo mismo se desprendía de las transcripciones telefónicas incorporadas al debate por lectura. El impugnante cuestionó que el tribunal haya utilizado esta prueba para tener por acreditada “la utilización del engaño y la violencia para cometer el delito por el cual resulta condenado”, pero no para considerar que haya falseado su declaración como arrepentido.
Sostuvo que el a quo había desacreditado sin argumentos válidos el descargo que su asistida había mantenido desde la etapa de instrucción, oportunidad en la que denunció actos de violencia sexual y psicológica de parte de Amaya, quien podría haber mentido en su declaración sólo para perjudicarla, como represalia por no haber accedido a sus insinuaciones. En tal sentido, agregó que su parte había intentado, en el transcurso del debate, aportar una captura de pantalla que acreditaba que el hostigamiento continuaba, pero que el tribunal la había descartado por ser un intercambio de mensajes sin fecha cierta, desconociendo la dinámica en la que tiene lugar la violencia contra las mujeres.
Sobre este mismo punto, entendió que, a diferencia de lo considerado por el tribunal, la declaración de Amaya como arrepentido estaba plagada de contradicciones: no había especificado fechas; omitió mencionar que se presentaba como policía, lo que surgía de la declaración de una de las víctimas; dijo que no sabía cuánto pagaban las mujeres porque estas le entregaban el dinero en sobres, pero aquellas no nombraron ningún tipo de envoltorio, una afirmó que “le abonaba a Amaya la suma de $ 200” y otra que “actualmente es intimidada por Amaya quien le exige no sólo el pago de ‘la cuota’, sino que también le cobra el remise y se queda con gran parte del dinero producto de su trabajo”.
Al valorar puntualmente los dichos del imputado colaborador contra su asistida, destacó que aquél, al conocer a Ferrando a principios de 2016 le había dicho que él había dejado de “recaudar” porque la mamá de su hijo le había dicho que “iba a terminar preso”. A su entender, lejos de ser conteste con el resto de la prueba, esta declaración se oponía a lo sostenido por las víctimas, que en diciembre de 2015 habían manifestado ser intimidadas por Amaya.
Señaló que existían numerosas pruebas de la inocencia de su defendida que habían sido soslayadas por el a quo: “tanto a preguntas de esta defensa como de la fiscalía durante las audiencias de debate, a ninguno de los gendarmes le sonaba el nombre de Ferrando. Tampoco, pese que la vigilancia y observación sobre la ruta 4 fue realizada de forma diaria, y durante varias horas del día, de lunes a sábado según el Comandante Céspedes (a cargo de la investigación), ningún Gendarme mencionó a una mujer, ni menos a una mujer policía como una de las personas que tenía como función cobrar o controlar la actividad que se desarrollaba sobre la ruta 4”. Agregó que la sentencia había sido dictada sin perspectiva de género respecto de su asistida, y soslayando el carácter verticalista y patriarcal propio de las fuerzas de seguridad. Sobre el punto, desarrolló que “siguiendo el razonamiento que se efectuó en la sentencia, Ferrando ingresó en el año 2016, y en un asunto en el que había dinero de por medio, el comisario le ordenó que controlara a Virreira y la actividad y que asegurara el cobro de la recaudación. Según el razonamiento efectuado por el Tribunal Oral, un comisario confió en una mujer para realizar la tarea de controlar a un policía sumamente violento, que estaba hacía más de diez años en la comisaría y conocía por demás la jurisdicción, lo que luce a todas luces inverosímil. Suponer, sin prueba alguna, que una mujer policía que ostentaba el cargo de oficial principal, tenía el encargo por parte de un comisario, en un asunto de recaudación y en el que había dinero en juego, de controlar a una persona violenta con múltiples problemas en la institución y en relación con una actividad ilícita no encuentra asidero”.
Como siguiente motivo de agravio, postuló una errónea interpretación de la ley sustantiva en el rechazo de la nulidad del registro realizado en el domicilio de su asistida. Explicó que “las fuerzas de seguridad que intervinieron en el referido procedimiento extralimitaron sus atribuciones ya que, sin motivo alguno y por fuera de lo que establecen las reglas procesales, ampliaron el objeto de lo que establecía la orden de allanamiento y buscaron lugares y espacios de la vivienda (...) que no se vinculaban en modo alguno con el hecho inicial objeto de investigación (el delito de trata de personas)”. Puntualizó que no se podía afirmar válidamente que el material estupefaciente se hubiera encontrado a simple vista o de manera casual, pues había sido hallado debajo de un tanque de agua, en un techo, a la intemperie.
Adunó que “las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio de calle Eucaliptus 163 de Lomas de Zamora el 19 de mayo de 2017 a las 13:10 horas y recién a las 22:10 horas se dio aviso al secretario del juzgado interviniente. Es decir, no se comprende -y tampoco los funcionarios de gendarmería pudieron explicarlo en el debate porque no recordaban nada del procedimiento- por qué omitieron comunicarse con el magistrado que había emitido la orden de allanamiento y solicitar una ampliación al objeto de pesquisa, si no se trataba de una cuestión urgente ni existía un peligro en concreto”. En carácter subsidiario, cuestionó la acreditación de la responsabilidad criminal de su defendida en el hecho 3. A su entender, los magistrados fundaron la imputación, de forma sesgada, parcial y arbitraria, en el procedimiento antes referido, sin demostrar la existencia de una relación de disponibilidad efectiva entre la droga incautada y Ferrando. Dijo que el a quo no había valorado la ausencia de menciones al tráfico de estupefacientes en las conversaciones telefónicas analizadas.
Señaló que, en caso de descartar los agravios anteriores, la conducta endilgada a la nombrada debía haberse encuadrado en el delito de tenencia simple de estupefacientes, pues no se había demostrado el dolo de tráfico exigido por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por otro lado, argumentó que el tribunal había efectuado una interpretación inadmisible del instituto de la prescripción. Cuestionó, puntualmente, la aplicación de la causal de suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo, resaltando que “por cargo público no debe entenderse cualquier empleo estatal, sino al funcionario cuya jerarquía o vecindad con ésta permita sospechar que puede emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal o de sus cómplices o personal de estricta confianza”. Por último, sostuvo que se había producido una arbitrariedad en la individualización de la sanción impuesta. A su entender, no se valoraron las consecuencias socioeconómicas y familiares producidas que la detención cautelar sufrida en mayo de 2017. “Tampoco se ponderaron las circunstancias familiares de la nombrad[a], y su situación educativa ni cultural, ni las repercusiones que le ocasión a nivel psicológico y médico el excesivo tiempo de encierro cautelar. Así, tampoco ponderó todos los problemas que mi asistida enfrentó mientras estuvo detenida en el CPF IV de Ezeiza, en su condición de integrante de una fuerza de seguridad”. Afirmó que, en caso de que se descartasen el resto de sus agravios, Ferrando debía ser condenada por el mínimo de la escala penal aplicable.
Hizo reserva del caso federal.
d. Recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Javier Alejandro Caffarena Luego de relatar los antecedentes del caso que consideró pertinentes, analizó críticamente los fundamentos provistos por el tribunal en la condena dictada contra su asistido.
Indicó que el a quo no explicó por qué había considerado que Caffarena “no hizo nada para evitar la continuidad del sistema de explotación sexual y que se aprovechó económicamente de ello, máxime cuando está acreditado en autos que (...) estuvo tan solo tres días al frente de la dependencia y, para más, no posee un patrimonio considerable, sino que, más bien, tiene una condición pecuniaria modesta”.
Afirmó que se había omitido valorar los dichos del nombrado, consistentes en que al asumir la titularidad de la Comisaría 4ta de Llavallol debió abocarse prioritariamente a la consideración de otros delitos que causaban alarma social y adentrarse en las condiciones edilicias de la dependencia. En ese mismo sentido, tampoco se había tenido en cuenta su descargo, recalcado al momento de alegar, con respecto a que “ el automóvil Citroën X Sara Picasso, dominio GKB002 si bien era (y es) de propiedad del citado Sr Caffarena, era utilizado de manera exclusiva por el Sr Oficial César Ricardo Pérez”. A la vez que “de la sola lectura de las anotaciones obrantes en el papel secuestrado en dicho vehículo no surge, ni remotamente, que las mismas tengan relación alguna con los hechos juzgados en el presente proceso”. Cuestionó, en el mismo sentido, que no se haya relevado en la sentencia que “las anotaciones halladas en el interior de la billetera de César R. Pérez se encontraban dentro de la habitación ocupada exclusivamente por dicho funcionario policial”. Consideró que estas circunstancias no eran un detalle nimio, sino que constituían un dato esencial, pues demostraban que aquellas eran de exclusiva pertenencia de este último.
Entendió que el a quo había errado al vincular las menciones al local “SEVEN” con el ilícito investigado, explicando que éste es un local comercial de venta de artículos de deporte, que se encuentra lejos del albergue transitorio del Camino de Cintura.
Su siguiente crítica fue a la valoración de las escuchas telefónicas realizadas. Puntualizó que la conversación mencionada por el tribunal “es de fecha 15/06/2016 y nuestro defendido se hizo cargo de la seccional 4ta de Lomas de Zamora (LLavallol) el día 3/03/2017”. Hizo hincapié en el escaso tiempo en el que Caffarena se desempeñó en la Comisaría de Llavallol, lo que tornaba inverosímil o imposible que haya podido ejecutar las conductas que se le endilgaban.
Destacó que “el Excmo. a quo da por probada la colusión entre los Comisarios Breglia, Coquean y Caffarena por el hecho de que el Sr Virreira desempeñó funciones en la Comisaria de LLavallol durante las tres gestiones, sin interrupción. Pero este argumento no tiene en cuenta que el personal de una dependencia policial no es designado por el titular de la misma sino por la Jefatura, con lo cual la permanencia del Sr. Virreira durante las tres gestiones mal puede ser tomada como prueba de la supuesta colusión entre los tres comisarios que se sucedieron al frente de la seccional”. Peticionó que esta Cámara ordenase el libramiento de un oficio a la División de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, “para que remitan la Instrucción Sumarial Administrativa (ISA) labrada en la Comisaria Primera de Avellaneda en el año 2016 y en la que, de alguna manera, estuvieron involucrados Javier Alejandro Caffarena y Fabricio Alfaro (ambos personales policiales bonaerenses)”.
Sostuvo que el tribunal invirtió la carga de la prueba, al tener por demostrado que su defendido se benefició económicamente con el delito investigado, hecho sobre el que no había ninguna prueba.
Hizo reserva del caso federal.
e. Recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Héctor Mario Coquean El impugnante fundó la admisibilidad de su presentación y se agravió, en primer lugar, del rechazo de un pedido de nulidad del alegato fiscal por afectación al principio de congruencia.
Explicó que se produjo una modificación sorpresiva en la plataforma fáctica, en el marco de la discusión final del debate oral, que impidió la preparación de una estrategia de defensa y el ofrecimiento de pruebas para controvertir estos hechos y la nueva calificación atribuida.
Afirmó que en el requerimiento de elevación a juicio se había intimado a Coquean por un aporte esencial a una organización dedica a la trata de personas, donde se encontraban acreditadas todas las modalidades previstas en el art. 145 bis del Código Penal. Sin embargo, continuó, al momento de alegar, el fiscal entendió que Héctor Mario Coquean y los coimputados habían “…conformado una organización criminal con división de roles y funciones, de un sistema de explotación sexual implementado con cobertura de las autoridades de la dependencia policial (…) en todos los casos se verificó la explotación que padecieron las victimas por parte de los imputados, en tanto debían abonar diariamente una suma de dinero, entre $250 y $400 pesos, suma que podía ascender hasta $500, para poder ejercer la prostitución sin tener problemas”.
Concluyó este acápite señalando que “el cambio de ‘apreciación jurídica’ tal como lo ha postulado el Ministerio Público Fiscal, no suplanta un tipo penal por otro como un acto jurídico sencillo, ya que la atipicidad respecto de la intimación primigenia implica necesariamente una absolución en relación a hechos y tipos penales imputados”.
Como segundo motivo de agravio, criticó que el a quo haya descartado la nulidad del acuerdo del arrepentido en los términos de la ley 27.304.
Al respecto, manifestó que se había efectuado un quebrantamiento al principio de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, porque el hecho sobre el que versó la declaración era anterior a la sanción de la norma mencionada; al mismo tiempo, cuestionó la falta de registración del acuerdo a través de un medio idóneo. Agregó que “no hay un cauce investigativo independiente que hubiese permitido sindicar a Coquean como responsable de los delitos imputados. La investigación e imputación en su contra se construyó solamente a partir de los dichos del imputado delator”.
A continuación, cuestionó la fundamentación de la condena de su defendido, exponiendo que se había afectado el principio de inocencia. Destacó que el a quo había apoyado el juicio de reproche en una responsabilidad objetiva, basada exclusivamente en el cargo que aquél ocupó dentro de la fuerza de seguridad.
Indicó que la sentencia había incurrido en severas contradicciones, puntualizando que “el comisario Coquean nunca pudo haber ‘pergeñado, dirigido y controlado’ una actividad ilícita que según el a quo se ha acreditado que se venía desarrollando desde al menos el año 2011, pues como dije, mi defendido comenzó a trabajar en esa dependencia en el mes de agosto de 2013”.
Criticó que el a quo hubiera dicho que tenía en cuenta que Coquean había reconocido que había mandado móviles al camino de cintura -donde se ejercía la prostitución-, sin explicar cómo esta circunstancia acarrearía la responsabilidad penal de su asistido. Por el contrario, indicó, esta afirmación reflejaba los esfuerzos de Coquean para intentar prevenir el desarrollo de actividades ilícitas en la zona. Cuestionó que se hubiera hecho alusión a las actuaciones administrativas labradas por la Auditoría General de Asuntos Internos, sin tener en cuenta que en aquéllas Coquean había sido sancionado por razones de responsabilidad objetiva, “por ser superior del efectivo policial Virreira y estar a cargo de la dependencia donde ocurrieron los hechos descriptos”. Agregó que “siquiera existe congruencia con la imputación que se le ha efectuado en este proceso penal a nuestro asistido con la sanción de carácter leve que se le impuso a Coquean en el sumario administrativo traído a colación por el a quo, reitero, se lo sancionó con diez días de suspensión de empleo, similar castigo que se le impone a un efectivo policial por presentarse tarde al servicio, por dar un ejemplo”.
Hizo hincapié en que el tribunal había dado valor a unos dichos, que habría efectuado una mujer que no fue identificada, vinculados a que un comisario de la zona las “hacía trabajar”; sin embargo, relató, la declarante “nunca prestó declaración testimonial en ninguna instancia, ya sea administrativa o penal, de manera tal que asignarle valor probatorio a estos presuntos dichos no corroborados que para colmo esta defensa no tuvo oportunidad de controlar y/o controvertir, violenta la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio de nuestro asistido. (...) Los presuntos dichos de la mujer surgen a raíz de un llamado anónimo obrante en el expediente administrativo N° 21100- 010.058/14, en el cual el llamante manifestó que se acercó a un grupo de 6 mujeres que ejercían la prostitución, quienes le habrían referido tales circunstancias, destacando que el llamante tampoco fue identificado y tampoco depuso en ningún momento”. Aseveró que esta prueba ni siquiera llegaba a ser un caso de testimonio de oídas.
Indicó que el a quo se había basado en los dichos de la “testigo 7” para achacarle a su defendido la gestión de la prostitución en la zona, más concretamente que “eran llevadas a la Comisaría en caso de que no pagaran y que eso ocurría con asiduidad, es decir, era una práctica, de lo que podemos inferir que sus detenciones no eran registradas, sino que se utilizaban como medio de extorsión”. Sin embargo, expuso, no había reparado en que, según esa misma testigo, “antes del procedimiento del 10 de marzo de 2017 podía trabajar tranquilamente en el lugar donde se paraba, que pasaba la policía y no decía nada, que era como que estaba todo bien”. De allí derivó que las circunstancias a las que aquélla aludía pertenecían a un espacio temporal posterior a la intervención de Coquean como Comisario.
Expuso que el a quo había valorado de manera descontextualizada la declaración del imputado arrepentido. Explicó que, a partir de esos dichos, concluyó que Coquean había sido el nexo entre los imputados Virreyra y Amaya, soslayando que “estas dos personas ya se encontraban vinculadas porque habían trabajado juntas en la comisaria investigada”.
Refirió, además, que la delación había oficiado como única prueba de cargo, sin ser corroborada con otras constancias para alcanzar una sentencia condenatoria. Por otro lado, dijo que el a quo había omitido deliberadamente “considerar lo alegado por esta parte en cuanto a que Coquean el 3 de marzo de 2016 con numerarios de su seccional policial y la colaboración de otros estamentos independientes de la misma fuerza de seguridad tales como el GAD (Grupo de Apoyo Departamental) y el Centro de Prevención Urbana de Lomas de Zamora, inició e incentivó un operativo para combatir justamente el delito que aquí se le endilga. Como resultado de ello se obtuvieron pruebas fílmicas, fotografías, se efectuaron aprehensiones y se dio comunicación a la justicia ordinaria, y sospechosamente cinco días después fue desplazado de la dependencia a un destino prácticamente degradado y sin función específica”.
Afirmó que las escuchas telefónicas habían sido analizadas de manera descontextualizada, y que de su análisis integral se podía comprobar que su defendido no había tenido un vínculo con el arrepentido Amaya ni ninguna intervención en los hechos investigados.
Agregó que se habían soslayado las constancias aportadas espontáneamente por su parte, que consistían en correos electrónicos remitidos por su defendido en la época en que era comisario de la dependencia de Llavallol, en los que le requería a un delegado de la Municipalidad de Llavallol y al Jefe de Distrito de Lomas de Zamora la instalación de cámaras de seguridad en zonas aledañas a donde se ejercía la prostitución.
De este hecho derivó la incongruencia de que “Coquean por un lado haya formado parte de la organización criminal investigada y por otro se encuentre solicitando cámaras de seguridad para que se instalen en cercanías de la zona donde se ejercía la prostitución, pero ello no fue valorado por el Tribunal Oral”.
En subsidio, cuestionó la individualización de la pena impuesta a su asistido, afirmando que sólo se valoraron pautas agravantes, sin considerar suficientemente las que deberían tener un impacto favorable en el monto de la sanción. Agregó, en el mismo sentido, que se había partido del máximo de la escala penal aplicable.
También se produjo, a su entender, una afectación al ne bis in idem, porque se tuvieron en consideración para graduar la respuesta punitiva circunstancias que forman parte del tipo penal endilgado. Señaló que “se ha considerado como agravante el modo en que se habría cometido el injusto, la forma desplegada, el beneficio económico a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar y que se les indico a las victimas donde debían ubicarse donde a los fines de ejercer la prostitución”.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Que, en la etapa procesal prevista por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, la Defensa Pública Oficial que asiste a Mauro Santoro y Sebastián Pérez; la que asiste a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez; la defensa particular de Javier Caffarena y el representante del Ministerio Público Oficial efectuaron presentaciones.
a. El letrado que asiste a Santoro y Pérez se remitió y desarrolló los motivos de queja introducidos en el recurso de casación, a la vez que incorporó nuevos motivos de agravio.
En primer lugar, cuestionó que se haya tenido por acreditada la existencia de un abuso en la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Expuso, al respecto, que “la definición de si una persona es vulnerable no le cabe a un trabajador social, a un psicólogo o a un policía, sino que su determinación queda reservada al juez, que debe hacerlo fundadamente. Y justamente aquí no solo no se haya fundada la decision sino que que lo expuesto en el debate fue por profesionales de un modo en general y no en concreto”. Agregó que no era suficiente acreditar tal condición, sino que también se debía demostrar que los imputados habían abusado de ella.
Por otro lado, se agravió de la mensuración de la sanción realizada en la sentencia impugnada, indicando que “no valoraron los atenuantes y ello lo que ocasionó fue la omisión de que la necesidad de que la fijación de una pena en concreto se exige que parta de posicionarse sobre el mínimo previsto por ley y desde allí, ascender o descender en su escala”. Solicitó la exención del pago de costas en la instancia.
b. La Defensa Pública Oficial que asiste a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez y la defensa particular de Javier Caffarena ampliaron las razones que sustentan los motivos de agravio del recurso de casación.
c. En esa misma oportunidad se presentó el Ministerio Público Fiscal y peticionó que se rechazaran los recursos de casación interpuestos, explicando por qué los agravios de las defensas no rebatían los fundamentos expuestos en la resolución analizada.
V. Que, a los fines establecidos en los arts. 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, se llevó a cabo la audiencia para informar prevista por dicha norma, las defensas particulares de Javier Alejandro Caffarena y Héctor Mario Coquean y las defensas públicas de Claudia Yamila Ferrando y Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Ricardo Pérez, presentaron breves notas, en las que ampliaron los fundamentos del recurso oportunamente interpuesto.
Superada dicha etapa, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. Admisibilidad Los recursos de casación interpuestos son formalmente admisibles, toda vez que del estudio de las cuestiones sometidas a escrutinio surge que los agravios planteados encuadran en los motivos previstos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y la sentencia impugnada es de aquellas previstas en el art. 457 del mismo cuerpo normativo.
Las partes recurrentes se encuentran legitimadas para hacerlo (art. 459 ibidem) y sus presentaciones cumplen con los requisitos de temporaneidad y fundamentación previstos en el art. 463 del digesto formal citado.
En este sentido, cobra vocación aplicativa la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal, Matías Eugenio” (Fallos: 328:3399), que impone el control de la sentencia de acuerdo con los estándares de ese fallo, a cuyo tenor se exige un máximo esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de ser revisado.
De todos modos, el examen casatorio quedará ceñido a las cuestiones planteadas oportunamente al interponerse los recursos y, además, no implicará una revisión integral de oficio de la sentencia impugnada.
En cuanto a los nuevos agravios introducidos por la Defensa Pública Oficial ante esta Cámara durante el término de oficina, deviene oportuno destacar que el art. 463 ibidem prevé que en la interposición del recurso de casación “…deberá indicarse separadamente cada motivo. Fuera de esa oportunidad no podrá alegarse ningún otro”, de lo que se desprende el carácter perentorio del término, como así también que la deducción y motivación debe realizarse al mismo tiempo, pues de ahí en más no puede añadirse otro motivo diverso, incluso para el que impugnó en casación.
Una consecuencia de ello es que ni durante la oportunidad prevista en el art. 466 del C.P.P.N. -donde se puede ampliar fundamentos- ni durante la audiencia establecida por el art. 468 ibidem, las partes se encuentran facultadas a introducir nuevos motivos de casación. Es claro entonces que una cosa es ampliar fundamentos de los motivos y otra diversa extender el recurso a otros no determinados oportunamente. Sin embargo, cabe hacer excepción cuando se introduzcan fundadamente afectaciones a garantías constitucionales, planteos de inconstitucionalidad o nulidades absolutas, supuestos que no se encuentran presentes en el caso.
II. De los hechos imputados Para una mejor comprensión de los agravios introducidos, considero pertinente realizar una breve reseña de la plataforma fáctica acreditada en la sentencia impugnada. a. HECHO I El a quo tuvo por probado que “HÉCTOR MARIO COQUEAN, JORGE ABEL VIRREIRA, FÉLIX NICOLÁS BREGLIA, CLAUDIA YAMILA FERRANDO, JAVIER ALEJANDRO CAFFARENA y CÉSAR RICARDO PÉREZ, en su carácter de funcionarios de la Comisaría 4ta. de Lomas de Zamora, y CARLOS ELISEO AMAYA con la participación de MAURO HERNÁN SANTORO, MANUEL ANTONIO MARÍN TRUJILLO, SEBASTIÁN ALEJANDRO PÉREZ, contando con la colaboración, entre otros, de JOSÉ MARIO PONCE, JAVIER OMAR SANTORO y DAMIÁN ARIEL ROMERO, formaron parte, con una clara división de roles y funciones, de un sistema explotación sexual implementado por las autoridades de esa dependencia policial, el que se desarrolló en la zona de la Ruta Provincial N° 4 -Camino de Cinturadelimitada entre la denominada Rotonda de Llavallol y la calle Seguí de la localidad de Llavallol, con el objetivo de explotar sexualmente a las mujeres cis y transgénero que allí ejercían la prostitución y mediante el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, explotación que logró ser consumada, al menos, entre el mes de febrero del año 2015 y el 10 de marzo del año 2017, y del que resultaron víctimas, entre otras, las diecinueve personas individualizadas en ocasión del operativo realizado en esa zona, el 10/03/2017, entre las que se encuentran aquellas cuyos testimonios bajo reserva de identidad fueron identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7”.
Asimismo, corroboró que “todas las víctimas fueron explotadas en un abuso de su situación de vulnerabilidad, como consecuencia de su apremiante necesidad económica, sus frustrados intentos de inserción en el mercado laboral formal y, en algunos casos, su condición de mujeres transgénero y migrantes. De igual modo se acreditó que en todos los casos se verificó la explotación que padecieron las víctimas por parte de los imputados, en tanto, debían abonar diariamente una suma de dinero -entre $250 y $400 pesos, suma que podía ascender hasta $500-, para poder ejercer la prostitución sin tener problemas, incluso, debían pagar, aunque no concurrieran al lugar y que se les indicó dónde debían ubicarse a los fines de ejercer la prostitución. De tal manera, todos los imputados se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de las víctimas”.
En cuanto a los roles endilgados a cada imputado, se expuso que “MAURO SANTORO, intermedió con el personal policial de la Comisaría Lomas de Zamora 4ta., y tomaron a su cargo el cobro del canon diario que cada una de las víctimas debía abonar para poder ejercer la prostitución en el lugar Por su parte, SEBASTIÁN ALEJANDRO PÉREZ Y MANUEL ANTONIO MARÍN TRUJILLO, participaron de la explotación manteniendo un contacto y control directo sobre las víctimas en la zona mencionada, a quienes les cobraban un monto de dinero, bajo el amparo de la organización criminal dirigida por el personal policial.
Por su parte, DAMIÁN ARIEL ROMERO y JOSÉ MARIO PONCE facilitaron el sistema de explotación mediante el traslado de las víctimas al lugar.
(...)
Respecto al funcionario policial JORGE ABEL VIRREIRA, que fue el instrumento, con plena conciencia y dolo, utilizado por las máximas autoridades de la Comisaría 4ta. de Lomas de Zamora para hacer efectiva la explotación, ya que conforme declararon las víctimas era quien organizaba el lugar, asignaba lugares y también cobraba el canon diario o mandaba a otros cobradores. También se ha acreditado la responsabilidad de los funcionarios de la Comisaría 4ta. de Lomas de Zamora: HÉCTOR MARIO COQUEAN, como Jefe, es responsable por el tramo que va desde febrero de 2015 hasta el 06/03/2016, FÉLIX NICOLÁS BREGLIA, como Jefe, desde el 07/03/2016 hasta 06/03/2017, CLAUDIA YAMILA FERRANDO desde el 08/3/2016 en que fue designada Jefa del gabinete de prevención (o jefa de calle) durante la gestión de Breglia, JAVIER ALEJANDRO CAFFARENA, como Jefe, debe responder por el tramo que va desde el 07/03/2017 al 10/03/2017 y CÉSAR RICARDO PÉREZ desde el mes de marzo de 2017, como Jefe de gabinete de Caffarena. Se ha corroborado que la explotación funcionó bajo el dominio de ese personal con capacidad de mando de la dependencia, quienes con la cobertura e impunidad que se derivaba de sus cargos, se beneficiaron económicamente a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar - concurrieran o no- y se les indicó dónde debían ubicarse a los fines de ejercer la prostitución. En consecuencia, se confirmó que se trató de una organización delictiva compuesta por funcionarios policiales con intervención de civiles que, aprovechando esa función montaron un sistema de explotación sexual de mujeres cis y mujeres transgénero, que logró su propósito”.
b. HECHO II El tribunal tuvo por acreditado que Mauro Santoro “tuvo bajo su dominio sin la debida autorización legal, desde fecha no determinada y hasta la de su efectivo secuestro, al producirse un allanamiento, el 10/03/2017, en la vivienda en la que residía -sita en Machado de Asís n° 169 de Lomas de Zamora- un revólver calibre 38 corto, con seis municiones en su tambor y ocho proyectiles -tres (3) calibre 28 S&W SPL, tres (3) calibre 38 special y dos SPL-”.
c. HECHO III En la sentencia se consideró demostrado que “CLAUDIA YAMILA FERRANDO tuvo ilegítimamente en su poder un revólver color plateado con empuñadura encintada de color negro, con tambor con capacidad para cinco municiones, sin marca visible y con numeración en la base de la empuñadura 501 y de una carabina 22 largo serie N° 59349. También, se ha probado la tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización por parte de FERRANDO, agravado por ser funcionaria pública encargada de la prevención o persecución de este delito, en su domicilio, específicamente la cantidad de trescientos cuarenta y nueve (349) gramos de Clorhidrato de Cocaína con envoltorio -ello conforme consta en el acta de procedimiento, acta de pesaje y de test de orientación de fs. 435/441 y fs. 447 respectivamente, ambas de la TO2, y en el requerimiento de elevación a juicio-, fraccionados en casi seiscientos envoltorios de papel glasé de colores varios. d. HECHO IV Asimismo, se acreditó que “CÉSAR RICARDO PÉREZ tuvo ilegítimamente en su poder una pistola marca Glock, modelo ‘17’ con su numeración suprimida con dieciocho proyectiles l9 mm marca SP y su cargador marca Glock, hallados en el interior de la habitación perteneciente al asiento de la Comisaría Lomas de Zamora 4ta. por él utilizada. Ello fue verificado, el 19/05/2017, al producirse un allanamiento en dicha dependencia, en la que se desempeñaba como jefe del gabinete de prevención”.
d. HECHO V En la sentencia se estableció que Patricio Miguel Kearny Herrera “tuvo ilegítimamente en su poder las siguientes armas de fuego: una pistola marca Bersa modelo 223, calibre 22 mm, LR, serie N° 90834 con un cargador; una pistola marca BROWNING’S, serie n° T08996, calibre 9 mm. con la inscripción ‘Policía Prov. Bs. Aires - 68’, con su respectivo cargador; un revólver sin marca ni modelo a la vista de 5 alvéolos, calibre 38; un revólver marca BAGUAL calibre 22 de 8 alvéolos sin número de serie visible; un revólver marca JC de 5 alvéolos sin número visible; una pistola calibre 22 LR serie N° 10916; un pistolón marca MAHELY calibre 22 LR, serie N° 115277; una escopeta marca BATAN, modelo 71, serie N° 7528; una ametralladora marca HALCON modelo ML63, serie N° 05-10400 calibre 9 mm. y dos cargadores y un rifle marca BATAN modelo SUPER 54, serie N° 79875-86-42-86452-86494, calibre 22 con su respectivo cargador; todos ellos hallados al producirse el allanamiento, el 19/05/2017, en el domicilio que habitaba el imputado, sito en Pedro J. Waimayer 2031 entre Yapeyú y Nicolás Vega de la localidad de Berazategui”.
III. De los planteos de nulidad a) Inicialmente, he de formular algunas consideraciones generales respecto a los principios que rigen el régimen de nulidades de conformidad con la ley procesal vigente y los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La nulidad es una sanción procesal que tiene por objeto privar de eficacia a un acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir los efectos legalmente previstos, al contener en alguno de sus elementos un vicio que lo desnaturaliza.
El principio general que regula el instituto de la invalidación de los actos procesales es el de trascendencia –“pas de nullité sans grief”- a cuyo tenor se exige la existencia de un vicio que revista trascendencia y afecte un principio de raigambre constitucional. Ello sólo se concreta con la generación de un perjuicio que no haya sido subsanado, toda vez que las formas procesales han sido establecidas como garantía de juzgamiento y no como meros ritos formales carentes de interés jurídico.
Conforme surge del tenor literal del artículo 2 del Código Procesal Penal de la Nación, toda disposición legal que establezca sanciones procesales, como es la nulidad, debe ser interpretada restrictivamente.
En consecuencia, a la luz de los principios de conservación y trascendencia, no corresponde la declaración de nulidad si el vicio del acto no le ha impedido lograr su finalidad o si no media interés jurídico que reparar. Así lo ha sostenido inveteradamente nuestro Máximo Tribunal, señalando que “…es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo que también está interesado el orden público…” (Fallos: 325:1404).
Asimismo, se ha afirmado que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, y que quien la invoque deberá indicar qué alegaciones fue privado de ejercer y qué pruebas hubiere propuesto si el acto cuestionado no exhibiese el defecto que motiva el cuestionamiento (Fallos: 302:179; 304:1947; 306:149; 307:1131 y 325:1404, entre otros). b. La defensa de Sebastián Alejandro Pérez postuló la nulidad del acta de procedimiento en la que se hizo constar la detención y la requisa de su asistido.
Como se explicó al reseñar los agravios del impugnante, esta queja se sustentó, por un lado, en que el tribunal habría rechazado la nulidad por un rigorismo formal - el momento procesal en el que se efectuó el planteo- y, por el otro, en que existieron contradicciones y falsedades en el contenido del acta.
En cuanto a la primera de las quejas articuladas, considero que la lectura de la sentencia, y del propio recurso de casación, demuestran que la circunstancia aludida no produjo ninguna afectación al debido proceso ni al derecho de defensa del imputado. Es que, si bien el a quo mencionó que, de acuerdo a la normativa procesal vigente, el momento oportuno para la interposición de este tipo de planteos había fenecido; a continuación desarrolló los motivos que lo llevaron a descartar la nulidad pretendida, por lo que no es cierto que la pretensión no haya sido objeto de tratamiento en la sentencia.
En efecto, consideró que el acta de procedimiento aludida había sido confeccionada conforme los requisitos de los artículos 138 y 139 del C.P.P.N., por lo que da plena fe de su contenido según los artículos 289, inciso b, y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Expuso que de la lectura de las actuaciones cuestionadas se desprendía que, en medio de la requisa ordenada por el juzgado instructor, “la ciudadana [S.A] manifestó espontáneamente, en presencia de los testigos, que ‘la persona que era su ex pareja y que la regenteaba hasta hace unas semanas, de nombre Sebastián, que además la había amenazado de muerte a ella y a sus hijos en varias oportunidades, había pasado caminando por la vereda de enfrente de lugar donde se estaban labrando las actuaciones’. Por ende, se comisionó personal con el fin de identificar fehacientemente a la persona indicada, resultando que no poseía ningún documento que acredite su identidad, pero sí una Licencia Nacional de Conducir n° 31.830.420, a nombre de Sebastián Alejandro Pérez, con fecha de nacimiento 08/07/1981, con domicilio en calle Arenales n° 1662, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires, siendo estos datos coincidentes con los obrantes en una Restricción Obligatoria Ambulatoria que la ciudadana [S.A.] presentó con posterioridad, la cual prohíbe el acercamiento en un radio menor a los trescientos metros de Sebastián A. Pérez con respecto a la ciudadana [S.A.]’”. Recordó que “ante tales circunstancias, el personal actuante de Gendarmería se contactó de manera telefónica con el Sr. Secretario Federal de la causa, Dr. Callizo, quien, interiorizado de los pormenores del caso, y por orden de S.Sa., dispuso la detención del nombrado Pérez en carácter de incomunicado, así como la incautación de todo elemento que resulte de interés a la causa -lo cual, motivó la requisa personal de Pérez- y dio intervención al Programa Nacional de Rescate respecto de [S.A.]. Que, de lo ordenado, se procedió, ante los testigos hábiles, a la requisa de Pérez, secuestrando en tal acto, tres celulares, los cuales fueron rotulados, y se procedió a la detención de Pérez, previa lectura de sus derechos, labrándose las actas correspondientes y la ratificación de todo lo actuados por los testigos supra mencionados”.
En lo que hace a las críticas efectuadas por la defensa sobre las contradicciones en las que habrían incurrido los testigos respecto al contenido del acta, se explicó que estos “han aportado datos respecto de los hechos, han reconocido su rúbrica en las actuaciones -las cuales, reiteramos, gozan de plena fe de lo actuado-, y, en el caso de las manifestaciones de la Sra. [S.A.] que se han omitido, no resulta un indicio vehemente de que aquello no haya ocurrido, pues es perfectamente atribuible al paso del tiempo, en tanto han declarado en el marco del presente debate oral cinco años después de que los hechos acontecieron, implicando, por tanto, que ello puede incidir de manera directa en lo que puedan a llegar a recordar en detalle”.
Expresó, en esa misma dirección, que los letrados habían omitido cuestionar a los testigos de cargo a lo largo de la audiencia de debate, a pesar de que esa posibilidad se encontró a su disposición durante el juicio oral.
Sobre la ausencia de la testigo [S.A.] en el debate, los magistrados destacaron Los lineamientos del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, receptado por la ley 25.632 y el régimen de protección y asistencia en sus derechos a las víctimas, establecido por la ley 26.364, y su modificatoria, ley 26.842, que procura evitar que “el testimonio de una víctima de hechos de suma gravedad como los aquí investigados se reitere en instancias posteriores, a fin de evitar la reedición de los efectos negativos sobre la psiquis de las víctimas que implica someterse nuevamente a la evocación de un suceso que, en la mayoría de los casos, intentan olvidar”. Acerca las circunstancias particulares de la víctima, indicaron que aquella es una persona de extrema vulnerabilidad, que posee denuncias por violencia de género contra Sebastián Pérez -por las que él registra una orden de restricción-, que alegó haber sido amenazada por el nombrado y por miembros de su familia, circunstancias que hacían recomendable no volver a exponerla a prestar testimonio en el debate.
Finalmente, sobre el extravío de un CD en el que se demostraría la falsedad de la información vertida en el acta, expuso que si bien este “no fue habido en oportunidad de ser solicitado por esta judicatura, en virtud del amplio criterio probatorio sostenido por este Tribunal Oral a lo largo del proceso, se admitió a la Sra. Gabriela Fernanda Pérez -hermana del nombrado- a fin de que preste declaración en los términos del art. 388 CPPN, testimonio que brindó en la audiencia de fecha 12/10/2022, y manifestó que (...) la ex pareja de su hermano le dio su número telefónico y que, a posteriori, tuvieron una conversación vía telefónica en la que le dijo que su hermano no tenía nada que ver, que ella trabajaba por su cuenta, pero que le pagaban a la policía por su seguridad, citamos textualmente: ‘ella para lo único que le daba plata era los policías al jefe, al comisario. Después me dijo que era todo eso, era una lucha de poder por agarrar la plata algo así. Y después me habló de un paraguayo que ya había caído también en ese momento de que lo iban a soltar, pero tenían que pagar una suma de 50.000 pesos. Que las chicas que trabajaban para el paraguayo estaban juntando esa plata’. Manifestó la Sra. Pérez que toda esa conversación la grabó en un CD, aportándola luego en la causa, ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora”.
De las citas efectuadas surge con claridad que el a quo analizó y respondió todos y cada uno de los argumentos que ahora la parte trae a esta instancia revisora, dando respuestas razonables y razonadas que las críticas efectuadas no rebaten.
En esa misma dirección, considero que el impugnante no ha explicitado en dónde radicarían los defectos que justificarían la anulación del acta, sino que se ha limitado a realizar una crítica genérica e insustancial de su contenido. En esas condiciones, el agravio bajo estudio no puede prosperar.
Tampoco se evidencia la violación de garantía constitucional alguna, ni se dan los motivos de nulidad previstos en el art. 140 del Código Procesal Penal de la Nación.
Los requisitos establecidos por los arts. 138 y 139 del C.P.P.N. para la confección de actas hacen a las formalidades de las que debe estar revestido el instrumento, y su nulidad -en principio de carácter sólo relativo- es declarable en el caso de que se hubiesen omitido los que taxativamente enuncia el art. 140 del mismo código. Si el acta no es declarada nula por los defectos señalados en esta última norma, hace plena fe, hasta que sea argüida de falsa por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el tribunal o juez o funcionario de que emana exprese como cumplidos por él mismo o como sucedidos en su presencia (Código Civil y Comercial de la Nación según ley 26.994, art. 296), sin perjuicio de la libre valoración que le corresponde al juzgador respecto de la fuerza de convicción de los hechos afirmados y de las declaraciones receptadas en el acta.
La realización de actas, de conformidad con las disposiciones procesales citadas, no es constitutiva ni mucho menos, condiciona la validez del acto de secuestro o detención que reflejan sus términos, sino que solamente ella está prevista para dar fe de su cumplimiento y de sus circunstancias y resultados.
Reiteradamente ha sostenido esta Cámara que las actas labradas por los funcionarios policiales, son consideradas instrumentos públicos en los términos del antiguo art. 979 del Código Civil, actual artículo 289 inc. b) del Código Civil y Comercial (cfr. Sala IV, FRE 32000440/2012/TO1/CFC1, “Nieva, Guillermo Matías y otros s/recurso de casación”, Reg. 1701/19, del 29/8/2019 y sus citas).
Así, toda vez que el acta es un elemento que consiste en una probanza más y no uno de carácter sacramental, los jueces deben apreciarla en consonancia con los restantes medios de prueba legítimamente adquiridos, lo que determina el carácter relativo de su nulidad y posibilita su subsanación durante la sustanciación del juicio mediante la incorporación de nuevas probanzas, tratándose en definitiva de una cuestión de aptitud probatoria.
Teniendo todo ello en consideración, toda vez que la nulidad incoada carece de sostén normativo y no ha demostrado la irrazonabilidad de lo resuelto por el a quo, considero que el agravio analizado debe ser rechazado.
c. Las defensas de Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; la de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez y la de Héctor Mario Coquean se agraviaron del rechazo de un planteo de nulidad por afectación al principio de congruencia, fundada en la aplicación de una calificación sorpresiva que no había sido discutida por las partes.
Ahora bien, considero pertinente recordar que la inteligencia de ese principio fue enunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al entender que “…cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva” (Fallos: 329:4634; 330:4945) y que los cambios de calificación “…sólo se ajustarán al art. 18 de la Constitución Nacional los que no hayan desbaratado la estrategia defensiva del acusado impidiéndole formular sus descargos” (Fallos: 330:5020, voto de los doctores Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raúl Zaffaroni).
Desde antaño esta Cámara considera que "…el juez sólo está subordinado en cuanto a los ‘hechos’ contenidos en la acusación y que el ‘derecho’ aplicable al caso, la apreciación jurídica de los hechos constitutivos de la imputación la determina libremente, pudiendo apartarse en dicha tarea de la calificación legal sustentada en aquélla, sin que ello provoque la nulidad de la sentencia, toda vez que la correlación requerida no deja de existir, siempre que la situación de hecho descripta en el ‘requerimiento fiscal’ sea esencialmente igual a la enunciada en la ‘sentencia’" (cfr. voto del doctor W. Gustavo Mitchell, Sala II, “Ponce, Luis C. s/recurso de queja”, causa nº 720, reg. nº 915, rta. el 15/4/96, con cita de causa “Waisman, Carlos s/recurso de casación", causa n° 84, rta. el 4/4/1994).
En definitiva, lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto los imputados como sus defensores pudieron tener presente, ya que si no ocurriese de este modo se vulneraría la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), privándose a los procesados del derecho de probar, contradecir y alegar sobre el hecho que se les atribuye (cfr. voto del doctor W. Gustavo Mitchell, Sala II, “Issa, Camilo Moisés s/recurso de casación”, causa nº 1245, reg. nº 1662, rta. el 22/10/1997). En el caso que nos ocupa, las defensas no demuestran que haya existido una mutación en los hechos por los que sus asistidos fueron indagados, requeridos a juicio y, a la postre, condenados, sino que cuestiona que el fiscal haya utilizado, y el a quo haya receptado, un tipo penal que no había sido discutido por las partes.
Esta premisa no es suficiente para alcanzar la consecuencia buscada por la parte, ya que contraviene la conocida doctrina que establece como facultad de los magistrados el precisar las figuras delictivas que juzgan con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley penal, sin más limitación que la de restringir su decisión a los hechos que constituyeron la materia del proceso. En la medida en que esto se cumpla, como aquí se ha cumplido, queda salvaguardada la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 242:207; 250:572; 274:402; 302:791; entre otros).
De esta manera lo entendió también el tribunal a quo, al explicar que “ninguna de las defensas intervinientes realizó un análisis pormenorizado y circunstanciado de los hechos que alegaron como dañosos, ni explicaron de manera fundada cómo los derechos y garantías fundamentales de sus asistidos se habrían visto conculcados, lo cual es un requisito esencial para que un pedido de nulidad en los términos en que las partes aquí lo interpusieron pueda prosperar”.
A ello agregó que “los elementos típicos de la explotación sexual fueron materia de investigación y acusación durante todo el proceso, inclusive en la oportunidad del art. 393 CPPN, por lo que, a criterio de los Suscriptos, fueron objeto de debate y prueba en el juicio”.
Continuó indicando que “en tanto la plataforma fáctica de la acusación no ha variado, pues los hechos achacados a las personas aquí imputadas han sido siempre los mismos, alterándose únicamente la calificación legal en la acusación final dispuesta por el art. 393 CPPN, de acuerdo con cómo fueron esgrimidos los planteos efectuados en torno a este punto, no se evidencia una afectación al principio invocado. Es decir, por todo lo expuesto, en virtud del principio de congruencia sólo procederá la nulidad si la alegada incongruencia se manifiesta en la falta de identidad fáctica entre el hecho por el que resultó condenado el encausado y el enunciado en la acusación intimada, independientemente de cual fuere la calificación jurídica definida, por aplicación del principio iura novit curia, salvo notoria indefensión”.
En efecto, considero que en el sub lite hubo un efectivo ejercicio de la defensa material y técnica de las imputaciones que pesaban en contra de los imputados, plenamente conocidas por sus respectivas asistencias técnicas, que tuvieron oportunidad de escuchar la descripción de los hechos y, de ese modo, en la liza del juicio, ejercer sus defensas y presentar sus teorías del caso sin impedimentos de ningún tipo. En tales condiciones, no puede sostenerse válidamente que la condena dictada por el tribunal de juicio importe una situación de indefensión, violatoria del principio de congruencia.
Del examen de las presentes actuaciones surge que los impugnantes han participado en la producción de prueba de su interés y, de la lectura del acta de debate, se evidencia que también lo han hecho en la discusión final, efectuando distintas apreciaciones sobre el plexo probatorio cargoso, oponiendo sus planteos y argumentos para refutar las acusaciones, siempre basadas en el hecho originariamente atribuido a cada cual.
De acuerdo a lo expuesto, concluyo que se ha verificado la capacidad real de la defensa y su efectivo ejercicio, por lo que el agravio planteado carece de sustento suficiente y, por lo tanto, debe ser rechazado.
d. Las defensas de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez planteó la nulidad; de Claudia Yamila Ferrando y de Héctor Mario Coquean se agraviaron del rechazo de la nulidad del acuerdo realizado en los términos de la ley 27.304 entre el imputado Amaya y el representante del Ministerio Público Fiscal.
Fundaron esta petición en que el acuerdo no había sido registrado por un medio idóneo que habilitara su posterior control y en que este versaba sobre hechos anteriores a la sanción de la ley citada, produciendo una afectación al principio de legalidad.
Ahora bien, aprecio que la nulidad articulada fue debidamente descartada por el a quo, con razones que los recurrentes no han logrado rebatir.
Al respecto, sobre el primero de los motivos en el que se fundan los planteos de nulidad -ausencia de registración en un medio idóneo-, señaló que “el acuerdo aquí cuestionado se encuentra agregado bajo la forma de acta en el legajo de arrepentido del imputado Amaya, y que, asimismo, se encuentra rubricado por el encartado, su defensa, y el representante del Ministerio Público Fiscal de la primera instancia; legajo en el que también se halla anexada el acta de homologación suscripta por el juez a quo, quedando así homologado el acuerdo de colaboración del arrepentido Amaya. En ese orden (...) vista la existencia de un registro –más allá de su formato- de las declaraciones de Amaya, de las que se posibilitaría su evaluación posterior, no corresponde declaración de nulidad alguna, restando, en su caso, determinar su peso de convicción al momento de valorar la prueba –que se rige por el principio de libertad probatoria- a la luz del método de la sana crítica racional, observando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”.
A ello se agregó que “las defensas no han logrado demostrar el agravio concreto que la omisión de un registro visual y auditivo de las declaraciones del arrepentido les ha causado a sus defendidos, ya que tanto con un registro escrito como con uno visual o auditivo es posible efectuar, en principio, un control posterior”.
Hizo hincapié en que el acuerdo había sido ratificado por Amaya durante el debate oral y público, al momento de prestar declaración indagatoria, “formando parte, por ende, del ejercicio de su defensa material”.
Finalmente, tuvo en consideración que “por más eficaces que hayan resultado los dichos de Amaya en su acuerdo de colaboración, no han tenido carácter dirimente por sí solos, sino por el contrario, han sido valorados con la totalidad de la prueba realizada en el debate, pues allí se desarrollaron de manera amplia y garantizando el contradictorio todas las cuestiones relativas a la materialidad del hecho, las pruebas de éste y de la responsabilidad de las personas aquí imputadas”.
A partir de estos razonamientos, concluyó que los defectos en la registración del acuerdo de colaboración invocados no habían afectado la validez de este acto, por lo que no correspondía hacer lugar a la nulidad pretendida. Las razones brindadas por el tribunal no han sido rebatidas en el recurso bajo estudio, en el que se han reiterado argumentos que ya habían sido expuestos y debidamente tratados ante aquella instancia.
Acerca de los medios idóneos para registrar este tipo de declaraciones, autorizada doctrina, en comentario al nuevo Código Procesal Penal Federal, precisamente al artículo 206 que dispone que “…las manifestaciones que el imputado efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse mediante cualquier medio técnico idóneo que garantice su posterior evaluación”, sostiene que “...(u)n eventual déficit en la registración de las filmaciones no generará su invalidez, salvo que en el caso en concreto pueda argumentarse y demostrarse una violación a la regla del art. 12, párr. 1º, en perjuicio del imputado delatado como del delator, que no pueda superarse tampoco, por ejemplo, a través de la registración escrita que se hubiere verificado y rubricado” (cfr. Daray, R. y AA.VV. Código Procesal Penal Federal. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 2, segunda edición, Buenos Aires, 2019, Editorial Hammurabi, p. 88). Conforme se desprende del art. 6 de la ley 27.304, el registro de las declaraciones del imputado arrepentido debe llevarse a cabo por “cualquier medio técnico idóneo”, que garantice “…su evaluación posterior”, no estando prevista en la normativa ningún tipo de sanción nulificatoria ya sea del acto como del acta de colaboración (cfr. CFP 9608/2018/100 “De Vido, Julio Miguel y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1663/20, del 30/11/2020, de la Sala I de esta C.F.C.P.). Por lo demás, advierto que las partes no han demostrado el perjuicio que les produjo el acto que cuestionan, teniendo en cuenta que el imputado colaborador Amaya declaró en el juicio, reiterando y ampliando las expresiones que dieron lugar a la suscripción del acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, “BÁEZ, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. 125/23, del 28/02/2023, Sala IV).
Luego, cabe abordar los agravios relativos a una supuesta afectación al principio de irretroactividad de la ley penal, sustentado en que el acuerdo de colaboración -celebrado el 7 de abril de 2017- versó sobre hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley 27.304, acaecida el 16 de octubre de 2016.
Al analizar estos argumentos, el tribunal explicó que no existía un compromiso con la prohibición de irretroactividad, en la medida en que no se imputó “una conducta que no constituyera un delito al momento de su comisión, por una ley previa dictada por el Poder Legislativo, ni tampoco se agravan las penas previstas para el tipo penal que se les atribuyó”.
En tal sentido, explicó que las modificaciones introducidas por la ley 27.304 al Código Penal resultan aplicables al imputado que celebra un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, pero no a otras partes del proceso que no participaron de este convenio.
Agregó que “los preceptos de carácter penal contenidos en la ley 27.304 no importan la extensión que la Defensa Estatal aquí pretende, pues las consecuencias que la aplicación de la figura aquí cuestionada supone para quienes resulten delatados en virtud de los actos de colaboración son de neto corte probatorio”.
A ello, se agregó que “las decisiones judiciales y valoraciones que se tomen en función de lo estipulado en un acuerdo de colaboración no tienen peso por sí solos, sino que dependen de la recepción y valoración del cúmulo probatorio existente en el marco de una investigación penal, el que será desarrollado en el apartado correspondiente de esta sentencia”.
En consonancia con lo expuesto por el a quo, entiendo que las partes no han demostrado que la circunstancia de que el imputado colaborador haya declarado sobre hechos anteriores a la sanción de la ley 27.304 afecte de alguna manera al principio de legalidad.
Se encuentra fuera de discusión que las conductas sancionadas se encontraban adecuadamente tipificadas al momento de su comisión, tampoco se cuestiona que el procedimiento por el que el imputado declaró como colaborador ya se encontraba en vigencia, sino que se intenta incorporar un requisito adicional que de ninguna manera está previsto en la norma analizada ni es una derivación razonada del derecho constitucional vigente.
Lo que la defensa pretende, y no considero pertinente, es extender la aplicación del principio de legalidad hasta otorgarle una dimensión que desnaturaliza la lógica de la garantía consagrada.
Por lo demás, llevo dicho que corresponde diferenciar la validez o legalidad de una prueba, con la libre valoración que le corresponde al tribunal o juez de la causa respecto de la fuerza de convicción de los hechos afirmados por los testigos y, en particular, por los imputados en sus declaraciones, ya sean “imputados colaboradores” o que simplemente hayan declarado intentando mejorar su situación procesal o la de otro coimputado (cfr., en lo pertinente y aplicable, “BÁEZ, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, ya citada).
En este sentido, si bien los dichos de un coimputado no pueden tener el mismo valor que una declaración testimonial (cfr., en lo pertinente y aplicable, Jauchen, E., La prueba en materia penal, Santa Fe, 1992, p. 57, 137 y Roxin, C., Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 2000, Editores del Puerto, p. 220), en la medida en que se incorporen al juicio con las formas debidas, no hay óbice alguno para dejar de estimarlos como un elemento más dentro del proceso, integrándolos con otros medios y contribuyendo, de ese modo, a formar parte del plexo cargoso analizado en armonía por los jueces en su decisorio.
Ciertamente, las dificultades que depara la valoración de las declaraciones de los coacusados no son más que el reflejo de las mismas dificultades que tiene la doctrina procesal para conceptuarlas jurídicamente. En rigor, la mayoría de los autores consideran que las deposiciones de los coimputados no pueden ser consideradas al mismo nivel que la prueba testifical (cfr. Muñoz Conde, F. Búsqueda de la verdad en el proceso penal, Buenos Aires, 2000, Hammurabi, p. 68), más tampoco, de ningún modo, hay que soslayarlas.
En España y en cuanto al peso procesal de estas manifestaciones, existe una cumplida doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que la declaración del coimputado tiene aptitud suficiente para integrar aquella actividad probatoria de cargo capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia. Precisamente, la Sala II del Supremo de ese país tiene declarado que la credibilidad del testimonio del coimputado puede verificarse desde el doble cedazo de que existan otras corroboraciones y de que no aparezcan móviles que induzcan a pensar que el coimputado ha efectuado tales declaraciones heteroincriminatorias por odio personal, venganza o intención de obtener su propia exculpación (cfr. SSTS de 22/12/1997, del 18/6/1998, del 14/5/1999, del 26/7/1999 y, entre otras, nº 1179/2001 del 20/7/2001). Todavía más allá ha ido la jurisprudencia del Supremo español; se ha sostenido que si la declaración del coimputado se efectúa en el plenario y, por tanto, con sometimiento a los principios de publicidad y contradicción, no serían precisas otras corroboraciones (cfr. n° 1948/2002, del 20/11/2002). No obstante, considero que, siempre, en adición a las declaraciones del coimputado y para otorgarle ese sentido, resultará necesario su confronte con otros datos que, a manera de prueba, corrobore mínimamente su contenido.
En esa línea, se ha dicho que la confesión no sólo es divisible -pudiéndose tomar de ella la parte que aparezca sincera y rechazando las demás que no lo aparenten-, sino que también debe ser analizada en conjunto con el resto de la prueba debidamente incorporada al proceso, debiendo tratarse de un hecho objetivamente posible, verosímil, voluntario, coherente y concordante. Es decir, será necesario para ello que se haya comprobado por otros medios el suceso principal relatado, porque mientras más coincidente se muestre con lo acontecido, mayor apariencia de credibilidad tendrá (vid, en este sentido, Karl Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal, Buenos Aires, 2006, p. 250 y ss.; Cafferata Nores, J.I. La prueba en el proceso penal –Sexta Edición-, Buenos Aires, 2008, Ed. Depalma, p. 189 y Navarro G. y Daray R., Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2010, Ed. Hammurabi, Tomo 2, p. 481).
Por los motivos expuestos, el presente agravio debe ser rechazado.
e. La defensa de Claudia Yamila Ferrando cuestionó el rechazo de la nulidad del registro efectuado en su domicilio, calle Eucaliptus 163, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en el que se le secuestraron, en lo que aquí interesa, trescientos cuarenta y nueve (349) gramos de clorhidrato de cocaína con envoltorio, fraccionados en casi seiscientos envoltorios de papel glasé de colores varios.
Para sostener este planteo, cabe recordar, la defensa indicó que las fuerzas de seguridad habían extralimitado sus atribuciones, al ampliar, sin motivo ni sustento normativo, el objeto establecido en la orden de allanamiento y buscar en zonas y espacios del domicilio que no se vinculaban con el delito de trata de personas.
Este agravio no resulta novedoso, sino que es una reedición de un planteo analizado por el a quo y descartado mediante una serie de razonamientos que la parte no ha controvertido.
Luego de desarrollar el marco normativo en el que se encuadra la protección constitucional del domicilio, los jueces señalaron que el allanamiento cuestionado fue ordenado mediante un auto fundado, en el que se facultó a la Gendarmería Nacional Argentina a ingresar al domicilio de la calle Eucaliptus 163, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, perteneciente a Ferrando. El sustento de esta orden no ha sido controvertido por la parte, por lo que no corresponde detenerse en este aspecto.
En ese mismo auto se dispuso el registro de todas las dependencias del inmueble y el secuestro de “celulares, computadoras, pendrive, CD, tarjetas de memoria, armas de fuego, agendas, dinero en efectivo, anotaciones y/o cualquier tipo de documentación de interés para la causa” (textual) y ordenó, en cuanto aquí interesa, la requisa personal, de su vehículo (Peugeot 208 dominio PKK 166) y la detención de la nombrada”. También “la requisa personal de todas las personas que se hallen en las inmediaciones, así como a la requisa vehicular de todos aquellos rodados que ingresen/egresen de los domicilios allí consignados. Ordenó, a su vez, el secuestro de los autos de interés a la causa”.
Sobre la extralimitación aludida por la defensa, puntualizaron que, si bien la requisa no había tenido como objeto el secuestro de material estupefaciente, “el allanamiento de la morada terminó arrojando otros resultados, que implicaron la necesidad de adoptar las medidas correspondientes, pero que, como ya sentáramos, no se movían del objeto de la presente causa, en tanto el delito de comercialización de estupefacientes se hallaba ligado de manera directa con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual”.
A continuación analizaron el comportamiento de la Gendarmería Nacional en el allanamiento realizado, detallando que “habiéndose encontrado el material estupefaciente en el domicilio de Ferrando, se arbitraron los medios para proceder al narcotest y pesaje de las sustancias encontradas, siendo estos confeccionados por el Primer Alférez Darío Franco Fernández de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Acto seguido, el material fue rotulado en dos sobres caratulados ‘EVIDENCIA FORENSE’ y ‘EVIDENCIA FORENSE NRO. DE SEGURIDAD 009323’ y el personal interviniente se contactó con el Secretario Federal interviniente en la causa, a quien anoticiaron de los hechos acontecidos y de las novedades surgidas al momento, ordenado el Sr. Secretario el secuestro de los elementos, así como la detención de la Sra. Ferrando”.
Esto los llevó a concluir que “el comportamiento evidenciado por el personal interviniente en el allanamiento ha sido deducido de completa conformidad con las prescripciones de ley, en tanto, sin perjuicio de que el material estupefaciente, a nuestro criterio, formaba parte de la investigación primigenia, anoticiaron al Secretario interviniente de los pormenores del caso, del material encontrado, y fue por expresa orden de funcionario competente que procedieron al secuestro del material (ver acta de allanamiento de fs. 435/441 del expediente FLP 2436/2015/TO2)” y que “sin perjuicio de que, en el caso bajo estudio se trata de un juez competente para entender en ambas hipótesis delictivas -trata de personas y comercialización de estupefacientes-, más allá de no poder, a ciencia cierta, avizorar anticipadamente el magistrado a quo los elementos de hallazgo en las medidas de prueba que ordenaba en el auto aquí cuestionado, encontrados los elementos ‘de novedad’, podemos considerar que el comportamiento adoptado por los agentes que intervinieron en el procedimiento ha sido el adecuado, conforme lo sostiene la normativa aplicable, así como la jurisprudencia y la doctrina imperantes en la materia”. Es con tales miramientos que en la resolución atacada se determinó la validez de la medida cuestionada. Ahora bien, lo primero que considero pertinente destacar es que la cuestión aquí debatida se encuentra expresamente regulada en el artículo 224, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone que “si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento, se encontrare objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente”.
Esta es, precisamente, la situación que se nos presenta: en un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el delito de trata de personas (sin perjuicio de que, como bien aclara el a quo, las infracciones a la ley 23.737 también formaban parte del objeto procesal) se encuentran objetos que podrían evidenciar la comisión de otro ilícito.
La cuestión a dilucidar, entonces, es si este hallazgo se produjo, o no, en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento.
La defensa cuestiona este punto, sosteniendo que el descubrimiento del estupefaciente fue una extralimitación de las fuerzas de seguridad, pero no explica, y esto es esencial, de qué manera se habría producido el exceso.
Creo importante reparar en que los objetos que se ordenó secuestrar (celulares, computadoras, pendrives, CDs, tarjetas de memoria, armas de fuego, agendas, dinero en efectivo, anotaciones) por sus pequeñas dimensiones, podían haber sido escondidos con facilidad, lo que hizo necesario un registro minucioso del lugar. Fue en el marco de ese procedimiento en el que, de acuerdo a la información consignada en el acta de procedimiento, se secuestró, en la terraza del edificio, debajo del tanque de agua, un balde que contenía “una bolsa de nylon color blanca, en cuyo interior tenía una bolsa de nylon transparente, identificado como “D”, en que se visualizó 5 barras compactas color blancuzco, una bolsa de nylon transparente, identificado como “e” en cuyo interior se observó sustancia blancuzca polvorienta. Que asimismo se encontraba una cartuchera color rojo sin inscripción, identificado como “F”, en cuyo interior contenía 545 envoltorios envoltorios de papel glasé de colores varios, en cuyo interior se encontraba sustancia amarillenta”. Pero, además, y este aspecto ha sido omitido por la defensa en su impugnación, también se secuestró, en el livingcomedor y sobre el modular “una bolsa color fucsia identificada como “A” en cuyo interior se encontraba una sustancia blancuzca polvorienta, un envoltorio de nylon transparente identificado como “B” en cuyo interior se observó sustancia compacta amarillenta (Secuestro n° 18), 22 envoltorios de papel glasé de colores varios, en cuyo interior se encontraba una sustancia amarillenta y varios recortes de papel glasé de colores varios. Asimismo, se halló en el mismo lugar una caja color verde con amarillo que rezaba “Bicarbonato”, conteniendo en su interior una bolsa de nylon transparente, identificado como ‘C’, en cuyo interior se observó sustancia blancuzca polvorienta”.
Entonces, fue en la ejecución de la orden de allanamiento que la policía se topó sorpresivamente con elementos demostrativos de la presunta comisión de otro delito –a la postre calificado como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-, lo que se comunicó al magistrado interviniente.
Dicha medida se ajustó a las particulares circunstancias del caso y a la doctrina de la plain view elaborada por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, consagrada normativamente en nuestro ordenamiento jurídico interno en el citado art. 224 del C.P.P.N.
Esto, por cuanto –como dije- no se advierte que se haya exorbitado la búsqueda fuera de los lugares en donde razonablemente podían encontrarse alguno de los elementos indicados en la orden y, a simple vista, los elementos secuestrados –estupefacientes- constituían evidencias respecto a la eventual comisión de otro delito, en virtud de lo cual el personal policial estaba obligado a proceder a su secuestro y comunicarlo a la autoridad jurisdiccional, lo que así ocurrió. En igual sentido, observo que se presentaron en el caso las dos exigencias que la doctrina requiere para convalidar lo actuado: 1) que el ingreso o inspección inicial fue legítimo y basado en una orden de allanamiento, y 2) que los ítems no contemplados en la autorización o distintos de los tenidos en mira al ingresar, fueron de aquellos que la policía, sólo a través de sus sentidos externos -vista, olfato, sonido o tacto-, estaba en condiciones de indicar como reveladores de la actividad criminal por la cual Ferrando resultó condenada en la presente causa (cfr. Alejandro D. Carrió, “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal”, 5ª Ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2006, p. 394 y 395, con cita del precedente “Horton v. California”, 496 US 128 (1990), de la Corte de los Estados Unidos y, en sentido similar, Sala I de esta Cámara, en FPA 14212/2015/TO1/1/CFC1, “Huck, Néstor Daniel s/ recurso de casación”, Reg. 4/18, del 8/2/2018 y sus citas, cuyos fundamentos comparto).
Lo decidido, por otra parte, resulta conteste con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto ha sostenido: “La protección constitucional del domicilio no se puede anular absolutamente, porque esto le estaría vedado aun a los jueces, y la orden de allanamiento sólo tiene por efecto franquear este domicilio al único fin de realizar una diligencia concreta. Mientras dura la diligencia se encuentra enervado el derecho de exclusión del habitante de la morada, de modo que carecerían de eficacia las objeciones que pretendieran oponer a cualquier acto que constituyera una ampliación del objeto de la pesquisa, porque su intimidad ha sido en concreto desguarnecida por mandato judicial. Pero una vez que la pesquisa ha concluido, recupera su derecho de oponerse a la entrada de un tercero ajeno a la morada, aun en caso de encontrarse en la imposibilidad material de repeler la entrada” (Fallos 310:85).
Por lo demás, no se advierte, ni tampoco la parte lo ha demostrado, el perjuicio concreto que el acto le habría ocasionado. Como se expusiera supra, las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo (Fallos: 321:929) y no son un fin en sí mismas; requieren la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia habida cuenta de que el acto no puede ser invalidado en el sólo beneficio de la ley. En definitiva, la crítica del recurrente no enerva la legalidad de la actuación desplegada por el personal de la Gendarmería Nacional en la ejecución de la orden de allanamiento examinada, la que luce ajustada a derecho, por lo que el planteo analizado en este acápite no será tampoco de recibo.
VI. Del ejercicio de la acción penal La defensa de la imputada Claudia Yamila Ferrando y la de Patricio Miguel Kearney Herrera y Ricardo César Pérez cuestionaron el rechazo de los planteos de prescripción de la acción penal efectuados.
Criticaron, concretamente, la aplicación de la causal de suspensión prevista en el artículo 67, segundo párrafo del Código Penal. La defensa de Ferrando expuso que por funcionario público no debía entenderse cualquier empleo estatal, sino aquellos que tuvieran una jerarquía tal que permitiesen sospechar una capacidad de perjudicar el ejercicio de la acción penal; mientras que la de Herrera y Pérez sostuvo que el delito endilgado no había sido cometido por sus asistidos en ese carácter.
Estos planteos, como los tratados precedentemente, son una reiteración de cuestiones que han sido abordadas en la instancia anterior, con argumentos que los imputados no han rebatido.
Los magistrados entendieron que resultaba aplicable la suspensión discutida, en la medida en que los nombrados revestían el rol de funcionarios policiales con relaciones en las esferas más altas de jerarquía, “valiéndose de la organización que formaban para cometer los ilícitos aquí investigados, y utilizando las herramientas que formar parte de esa organización le accedía a fin de garantizarse la impunidad de sus actos”.
Asimismo, indicaron mediante diversas citas jurisprudenciales que “la distinta solución normativa en los casos en que los delitos investigados hayan sido perpetrados en el ejercicio de la función pública suspende, respecto a todos los que hubieren participado, el curso de la prescripción, con la finalidad específica de evitar la prescripción de la acción por la posible obstrucción de la persecución penal por influencia de algunos de los funcionarios involucrados”.
Considero pertinente recordar que el art. 67, párrafo segundo, del Código Penal establece la suspensión de la prescripción de la acción penal “en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Al respecto, el art. I de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ley 24.759, prescribe que “…se entiende por FUNCIÓN PÚBLICA: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. FUNCIONARIO PÚBLICO: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
En línea con lo anterior, el artículo 1º de la ley 25.188 -Ley de Ética de la Función Pública- define por función pública “…toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
A la par, el art. 77, párrafo 4to, del Código Penal define al funcionario público y al empleado público como todo aquel que “…participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.
Desde esta óptica, en razón de los cargos desempeñados por los imputados, coincido con el tribunal en cuanto a que deviene aplicable al caso en análisis la suspensión prevista en el segundo párrafo del art. 67 del C.P. (cfr., en lo pertinente y aplicable, de esta Sala IV, CFP 15906/2009/TO2/8/CFC2, “BADUÁN, Alberto Raúl s/recurso de casación”, Reg. 1175/22, del 01/09/2022; FLP 73000754/2011/CFC1, “MERLO, Gabriela Inés s/recurso de casación”, Reg. 1815/19.4, del 10/09/2019).
V. Falta de fundamentación de la atribución de responsabilidad de los imputados a. Las defensas de Sebastián Alejandro Pérez y Mauro Hernán Santoro, de Félix Nicolás Breglia y Ricardo César Pérez, de Claudia Yamila Ferrando, de Javier Alejandro Caffarena y de Héctor Mario Coquean han sostenido, por diversos fundamentos, la arbitrariedad en la acreditación de la intervención de sus asistidos en el denominado Hecho I, en el que se investigó la existencia de un sistema de explotación sexual, integrado, entre otros, por los nombrados, y que se habría consumado, al menos, entre el mes de febrero del año 2015 y el 10 de marzo del año 2017, y del que resultaron víctimas, entre otras 19 mujeres cis y transgénero.
b. El tribunal tuvo por acreditado, más concretamente, que “los hechos atribuidos se desarrollaron en Camino de Cintura desde la Rotonda de Llavallol hasta el cruce de la arteria Seguí sobre las veredas correspondientes a Llavallol, jurisdicción de la Comisaría de Lomas de Zamora 4ta. (...) Que la oferta sexual tenía lugar en la vía pública, a la vista de todas/os, durante prácticamente todo el día. Todo ello a sólo diez cuadras de la comisaría, extendido por un espacio de unas quince cuadras.
(...) De igual modo ha quedado también acreditado, por los diversos testimonios y restante prueba invocada que, en todos los casos, cada una de las víctimas debía abonar un canon diario a quienes administraban la prostitución callejera en Camino de Cintura.
(...) Es importante resaltar que las declaraciones de las víctimas resultan elocuentes, en tanto dan acabada cuenta de que, ninguna de ellas, concebía la posibilidad de no abonar el canon, y si no iban debían pagar otro día o si faltaban por mucho tiempo, algunas dijeron que debían buscar un reemplazo, lo cual ha sido ratificado por las profesionales del Programa de Rescate que las entrevistaron.
Igualmente ha quedado acreditado que las mujeres no podían elegir libremente sus “paradas” sino que les eran asignadas, siempre en las veredas correspondientes a la Comisaría de Llavallol –Lomas de Zamora 4ta.-.
Destaron que esta actividad fue organizada por personal de la Comisaría de Llavallol -Lomas de Zamora 4ta.-, “siendo ellos mismos sus directos y principales beneficiarios, es decir, no se trata de una omisión o de un deber de actuar, sino de un accionar directo.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que de la constancia de fs. 88 TO2 y las filmaciones y fotos incorporadas a las actuaciones -ver fs. 1864/1865 TO1-, se observa en la zona investigada un depósito judicial con un cartel que indica “Prohibido E DEPÓSITO LOMAS 4ta.”, el cual, conforme indicó el personal que realizó las tareas investigativas, era utilizado para mantener relaciones sexuales por las personas que concurrían a la zona objeto de investigación y que carecían de automóvil (ver fs. 1086/1091 y 1098/1100 TO1)”.
Las defensas no han cuestionado la materialidad de estos sucesos, sino que han controvertido la participación que en ellos le cupo a cada uno de sus asistidos.
c. Al momento de analizar estas responsabilidades, el a quo realizó una aclaración preliminar. Explicó que en este tipo de sucesos “las máximas autoridades de las organizaciones no suelen exponerse, sino que operan a través de sus subalternos y personas de confianza, en el caso, Jorge Abel Virreira, pero como se ha acreditado, también a través de personas ajenas a la institución.
Estos sistemas de corrupción se hallan estructurados de tal modo de procurar que, ante su detención, la culpabilidad se circunscriba al eslabón más débil de la organización, garantizándose así, la impunidad de los máximos responsables. Los elementos visibles y más expuestos resultaron ser quienes se encargaban de la implementación material de la explotación prostibularia callejera: los particulares que interactuaban directamente con las víctimas o con los proxenetas, que las llevaban al lugar y quienes se encargaron de la recaudación, con excepción del policía Virreira, que también lo hacía en forma directa.
(...) [Ni] los comisarios ni los demás subalternos – salvo Virreira quien se hacía pasar por “Juan”- fueron mencionados por sus nombres por las víctimas pues éstas nunca tuvieron contacto con ellos, aunque si refirieron ‘al comisario’ o ‘a los superiores’ o que sabían que eran de la Comisaría de Llavallol”.
Aclaró, puntualmente, que los imputados Coquean, Breglia y Caffarena habían ostentado, en distintos momentos, la mayor jerarquía de la dependencia, lo que restaba verosimilitud a la afirmación de que no habían tenido conocimiento de los hechos.
Sin perjuicio de ello, destacó que “existen elementos probatorios suficientes para tener por probada cada una de sus responsabilidades, no sólo por omisión, sino por haber desplegado, en calidad de autores, la empresa criminal”. En tal sentido, recalcó que “ la explotación funcionó bajo el dominio de ese personal con capacidad de mando de la dependencia, quienes con la cobertura e impunidad que se derivaba de sus cargos, se beneficiaron económicamente a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar - concurrieran o no- y se les indicó dónde debían ubicarse a los fines de ejercer la prostitución”.
A continuación, individualizó las responsabilidades endilgadas a cada uno de los imputados.
d.1. Al analizar el rol que habría cumplido Héctor Mario Coquean, comenzó por reseñar la explicación que aquél había brindado al momento de prestar declaración indagatoria, consistente, en lo sustancial, en que “era comisario de policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy su situación de revista por la detención es de inactividad. Que en su carrera policial ha transcurrido en su destino alrededor de 20 movimientos a lo largo de sus 27 años de antigüedad como profesional. En esos años, 12 estuvo en el Departamento Judicial de La Matanza, los otros 15 en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora”.
Que “respecto del Departamento Judicial de Lomas, tenía una carrera en ascenso, era titular de diferentes dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de Comisaría de Villa Rita en gestión, luego fue a la Comisaría de Parque Valor como titular de la Comisaría a cargo, posteriormente a ello por su buena gestión en Villa Rita y porque la sociedad lo pidió, hizo una segunda gestión allí, posteriormente y habiendo hecho una gestión brillante, se fue a la comisaria de Lomas de Zamora 5ta Villa Fiorito, también a cargo. (...) Como último, en el mes agosto 2013 se hizo cargo de Lomas de Zamora 4ta Llavallol, donde existe hoy el problema”.
También indicó que “en Llavallol él se hizo cargo en el mes agosto del 2013, y lo primero que hace un titular es mirar cómo está la dependencia, de qué manera está en logística, en la parte humana, con relación al armamento, chalecos, oficinas, que lo llaman el acta de cambio de titularidad, tiene 60 a 90 días para efectivizarla”. Expuso que “cuando él llegó a Llavallol, tenía 57 efectivos a cargo, en el RP 2100 de esa dependencia, tenía la cuadricula 14, 15 y 16, y tres móviles para cada una cuadricula”. Que “cuando se cambió esa infraestructura le sacaron los móviles y todos los efectivos policiales, dejándole solamente 17 efectivos totales. De los 17, tiene que contar al titular que era él, el segundo jefe y dos jefes de turno, 4 efectivos menos. En total quedaban 13 para cumplir con las tareas mínimas de la Comisaría. Un oficial de servicio para recibir la denuncia, un ayudante de guardia para recepcionar a la gente y las imaginarias de calabozos porque esa Comisaría albergaba detenidos”. Que “esta circunstancia se acrecentó, no solo le sacaron móviles y le sacaron las cuestiones logísticas que llevó a que el personal que estaba en esa dependencia tuviera carpeta médica, tuvo 12 efectivos con carpetas de cosas médicas o psicológicas, la gente no quería ser trasladada al CPC o a la policía local”.
Continuó afirmando que “si hubiera querido ser partícipe en un hecho delictivo de esta envergadura, donde se trata un tema de trata de personas, por una situación en que se encontraba funcionalmente en donde las máximas autoridades de la política y de la policía estaban avaladas y sacaron a todo el personal de la Comisaría de Llavallol, hubiera quedado de brazos cruzados sin hacer nada. Él hizo todo lo contrario, de buena fe, y pidiendo diferentes tipos de medidas relacionados a prevención de delitos y faltas contravencionales en general, empezó a desenvolverse con los pocos recursos que tenía en la dependencia, solicitando diferentes cuestiones para poder llevar a cabo una buena gestión dentro de la Comisaría de Llavallol”.
Dijo que “debería ser un loco si quiere cometer un delito y manda una persona oficial, uniformado, en móviles oficiales que no dependen de él sino de otra” y que “solicitó la creación de un destacamento policial o un puesto de avanzada en la jurisdicción de Llavallol, tiene el número de expediente ministerial, también en cercanía donde se ejerce la prostitución, eso le demandaría haber tenido más recurso humano, más policía, más logística, más móviles y equipo de comunicación. Que lo tiene y lo presentó en primera instancia”.
Hizo hincapié en que “se juntó con delegados municipales de Llavallol norte y sur, la secretaria del foro de seguridad y él para coordinar cámaras de seguridad, ver dónde ponerlas en la jurisdicción, por delitos y faltas contravencionales que se cometían”. Que “en conjunto esfuerzo de personas de seguridad y él, optaron por solicitar 10 cámaras, de las cuales 3 se pusieron en las cercanías de donde se ejercía la prostitución, sobre el Camino de Cintura. En la misma cuadrícula donde se ejercía la prostitución”.
Destacó que todas estas medidas son incompatibles con los delitos que, de acuerdo a la acusación, habría cometido. El tribunal analizó detalladamente la exposición de Coquean (transcrita en las páginas 673 a 703 de la sentencia impugnada) y la contrastó con la prueba producida, para llegar a la conclusión de que su intervención en los hechos se encontraba acreditada.
En primer lugar, expuso que si bien en la mayor parte de sus declaraciones Coquean había intentado desligarse de las maniobras investigadas, otros de sus dichos daban cuenta de su responsabilidad. En ese sentido, destacó que “en el lugar en donde se ejercía la prostitución, desde Camino de Cintura, rotonda de Llavallol hasta Seguí, implementó dos móviles más, las cuadrículas en vez de ser 14, 15 y 16 que involucrarían 3 móviles, pasaron a ser 5 móviles, esos dos de refuerzo los puso en el lugar donde se ejercía la prostitución. Es decir, más allá de que luego alegara que carecían de vehículos, lo cual además se contrarresta con las constancias de los Libros de Guardia en que consta que poseían dos camionetas Ranger y tres motos, lo cierto es que reconoció que enviaba vehículos al (...) Camino de Cintura”.
Ahora bien, más allá de la contradicción apuntada, los magistrados afirmaron tener en consideración que Héctor Mario Coquean fue titular de la Comisaría de Llavallol desde el 15 de agosto de 2013 hasta el 6 de marzo de 2016. Explicaron que la responsabilidad de Coquean estaba intrínsecamente relacionada con la responsabilidad de Amaya quien, “luego de la detención de Lema Pérez, condenado por explotación sexual respecto de víctimas que se encontraban en situación de prostitución en Camino de cintura, en la rotonda de Llavallol”, había organizado junto a Coquean la continuación en el cobro de este “canon”. Recordaron que Amaya, en su acuerdo de colaboración, había manifestado que “recurrió a Coquean (...) porque había trabajado con él en Tapiales. Yo le comenté que no ganaba mucho dinero en la remisería y le pregunté si no tenía un adicional para ofrecerme, entonces, me dijo ‘te voy a mandar a un hombre de confianza para que arregle con vos’. Un día apareció una persona que se identificó como ‘Juan’ y me dijo yo soy el hombre de confianza del comisario (…) ‘Juan’ se llama Jorge Virreira y me dijo yo trabajo de día y de noche ‘haciendo mis cosas’ y agregó ‘yo manejo a las chicas de la ruta y un par de cositas más’. Específicamente Jorge Virreira se dedicaba a lo que se llama en la jerga ‘hacer la junta’, que significa cobrar toda la recaudación ilegal que realiza la Comisaría para permitir distintas situaciones de naturaleza delictiva o ilegal. (…) el armado del sistema de prostitución callejera en Camino de Cintura desde Seguí hasta la rotonda Llavallol fue sostenido en su propio beneficio por las autoridades de la Comisaría de Llavallol 4ª, principalmente por su comisario, primero Coquean (…) el personal subalterno, utilizado para ello (…) el Sargento Jorge Virreira y también (…) otras personas que no pertenecían a la fuerza que mantenían contacto con quienes estaban en situación de prostitución…”.
A continuación aclararon que, si bien la imputación en la presente causa se circunscribía a una parte de su gestión, desde febrero de 2015 hasta marzo de 2016, existía prueba indiciaria de que su responsabilidad se remontaba, al menos, al 2014.
Citaron el expediente administrativo N° 21100-
010.058/14, instruido por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el que se registraban dos hechos de presunto robo sufridos por Virreira en la zona de Camino de Cintura. Destacaron que “conforme surge del acta de procedimiento de fs. 8 el 10 de enero de 2014, a las 23.04 se dejó constancia que el Oficial Sub Ayudante Valverde Omar, recibió un llamado del titular Héctor Mario Coquean quien informó que un efectivo de esa seccional habría mantenido un enfrentamiento armado en las calles Bahía Blanca e Inca de Llavallol – o sea a una cuadra de Camino de Cintura- y que enterado de lo sucedido se comisionó al lugar donde se entrevistó con Coquean quien refirió que ‘mientras se dirigía a cenar con su familia en su vehículo particular observa a un efectivo policial de esta seccional siendo entre la arteria de Camino de Cintura e Inca de este medio, donde este lo entrevista al identificado como Teniente Virreira Jorge, argentino de 43 años …quien le manifiesta que segundos antes cuando estaba hablando con una amiga Celeste Magali Costa…… había sido víctima de ilícitos’”. Esto llevó al a quo a considerar que “por un lado, Coquean no sólo estuvo en el lugar de los hechos, sino que Virreira, se encontraba también en un horario nocturno, fuera de su jornada laboral, es decir, que estaba haciendo la recaudación ilegal producto de la explotación sexual”. Recalcaron que en ese mismo expediente se da cuenta de un segundo hecho, ocurrido el 1° de febrero de 2014, en el que Virreira habría participado de un tiroteo, y que allí se había dejado constancia de que, tras el enfrentamiento “se acercó 1 grupo de seis mujeres que estaban prostituyéndose en el lugar. Las femeninas le refirieron que trabajaban para 1 efectivo de la Policía bonaerense…una de las femeninas refirió… ‘mi Jefe le disparó al que le quería robar’ Este efectivo hace trabajar a las 6 chicas, 1 menor, 5 mayor. Todas las noches les cobra $1000 a cada una por trabajar allí. Las femeninas además refirieron que de día 1 comisario, también de la zona, las hace trabajar en el hotel que queda frente a la Maderera de LLavallol”.
En lo que aquí interesa, con respecto al imputado Coquean, consta que “las actividades llevadas a cabo por Virreira no podían ‘prima facie’ ser desconocidas por el titular de la Seccional, Crio. Coquean siendo que con fecha 31 de octubre del 2014 personal de este organismo llevó a cabo una inspección en la dependencia aludida a fin de establecer estadística de hechos iniciados a raíz de constatación de ejercicio de prostitución en la jurisdicción observándose la iniciación de solo una causa, con fecha 15 de abril de 2014 a la ciudadana … por inf. Art. 68 Ley 8031 al ofrecer sexo en la vía pública, cuando de tareas previas encubiertas se corroboró la práctica ilegal de dicha actividad por diversas personas y sexo, a toda hora, a la vista de terceros, en la vía pública y en jurisdicción del sumariado quien habría omitido desplegar actividad policial a fin de prevenir y reprimir las conductas ilícitas señaladas”.
Consideraron que, “si bien no compartimos la persecución del trabajo sexual, lo cierto que de hecho lo realiza la policía y su omisión deja entrever justamente una actividad irregular, más teniendo en cuenta el plexo probatorio en su totalidad, lo que evidencia es que la Comisaría, por orden de su titular y con la intervención de Virreira, controlando la ejecución del plan criminal, cobraban un canon a las víctimas para que ejerzan la prostitución, lo que no es otra cosa que la explotación del ejercicio de la prostitución ajena”.
También destacaron que en el expediente administrativo citado surgía que “en el transcurso de un año, en el que se utilizaron más de 86 folios registrando sumarios y causas, no se intervino en la evidente actividad ilegal que se desplegaba en lo largo del Camino de Cintura de Llavallol (orden de servicio 1466/2016) resultando palpable la responsabilidad por omisión del titular de la dependencia no sólo en la persecución de contravenciones sino también en el debido control del personal subalterno que patrullaba la zona…” y que Coquean “no podía desconocer las actividades que se ejercían en su jurisdicción, al menos desde el mes de febrero de 2014, fecha en que se produjeron los confusos episodios que protagonizó Virreira y las observaciones encubiertas”.
Reseñaron que por estos hechos se inició una causa penal en el fuero ordinario (IPP-07-00-024922/16 con nro. de registro en el fuero federal FLP 50385/2017-), en la que “ enterados de la presente causa declinó su competencia, por lo que no resulta cierto, como alejó la defensa, que Coquean haya sido sobreseído en aquellas actuaciones”.
A partir de estas consideraciones descartaron la postura, reiterada acríticamente ante esta instancia, de que la imputación a Coquean se sustentara únicamente en la circunstancia de que aquél, por ser jefe de la dependencia, “sería responsable de todas las actividades delictivas que ocurrían en su jurisdicción y también de las actividades que hacían sus subalternos cuando estaban fuera de su horario de servicio y que supuestamente las hacían en nombre de un superior, ya que justamente aquí pero también en la prueba que se analizará, Coquean tenía no solo el conocimiento, sino que estaba a cargo de la recaudación durante su gestión”. A continuación, invocaron la declaración de la testigo de identidad reservada n° 7, quien indicó que “era trabajadora sexual en la zona investigada desde hacía 10 años y aclaró que en 2015/2017 estaba, es decir, coincide ello con el momento durante el cual Coquean fue jefe de Virreira. Dijo que accedió por una amiga que trabajaba en el lugar y que, para trabajar en ese lugar, tenía que ‘… hablar primero con una persona para que me deje parar en un lugar especificado y la cantidad de plata que tenía que pagarle todos los días’. Sobre dicha persona la describió y que, si bien no sabía el nombre, ellas les decían ‘Juan’, es decir, Virreira. En cuanto a que si sabían de qué dependencia pertenecía ‘Juan’ indicó ‘que la mayoría sabía que quienes cobraban eran de la Comisaría de Llavallol’.
Más adelante a preguntas de si había sido víctima de alguna situación de violencia, manifestó que si bien ella no, porque siempre pagaba, indicó que había ‘escuchado que a varias chicas de ahí y a varias amigas que le han llevado detenida por no querer pagar, porque no habían trabajado o no tenían, no sé, pero les llevaban a la Comisaría, venia el patrullero y se las llevaban presas’”.
Al analizar este testimonio, los magistrados destacaron que, conforme a las constancias del libro de contraventores de la Comisaría de Lomas de Zamora 4ta, durante el año 2015 no se habían labrado contravenciones por infracción al artículo 68 de la ley provincial 8031, mientras que hasta marzo de 2016 sólo se habían registrado dos actuaciones. Ello, explicaron, “tiene especial relevancia en cuanto a que la víctima señaló que eran llevadas a la Comisaría en caso de que no pagaran y que eso ocurría con asiduidad, es decir, era una práctica, de lo que podemos inferir que sus detenciones no eran registradas, sino que se utilizaban como medio de extorsión”.
Continuaron reseñando la declaración de la testigo de identidad reservada, en cuanto refirió que “las camionetas y móviles que pasaban por el lugar de los hechos eran de la Comisaría de Llavallol” y que “después cuando no nos dejaban trabajar, fuimos a recurrir a una organización que se llama, de trabajadoras sexuales de Capital, que fuimos a hacer una marcha en la puerta del de la Comisaría, una protesta. Y ahí estaban los autos y las camionetas.. Ahí en la comisaría”. Valoraron también los dichos de la testigo de identidad reservada n° 6, quien expuso, en el mes de abril de 2017, que “era trabajadora sexual en la zona desde hacía más de seis años”. Esta fecha, aclararon, coincide en parte con el tiempo en que Coquean fue Jefe de la Comisaría 4ta de Llavallol.
La declarante también indicó que “el que organizaba todo se hacía llamar Juan, (...) que le dijo los horarios en los que podía estar y que los días que no iban le tenían que pagar igual. Que ella no estaba de acuerdo con eso, pero esas eran las condiciones le dijo Juan. Que ella lo tomó como un patrón. Que si no pagaban Juan se enojaba ‘…si no cumplís, te va a tratar mal…’. Agregó que a los que mandaba a cobrar decían ‘me manda Juan’, a veces iban solos y a veces iba Juan. Dijo que mandó a un policía con uniforme (gris), quien, supuestamente iba a seguir a cargo de la cobranza, pero habrá ido un mes y después no lo vieron más, que también le decía ‘me manda Juan’”.
También invocaron la declaración de las licenciadas que entrevistaron a las víctimas y que fueron contestes en señalar que, según aquéllas, Virreira tenía que rendirle cuentas a sus superiores: “la Lic. Hoffman declaró que las víctimas refirieron que los que juntaban el dinero les decían que era para darle a sus superiores. Y la Lic. Ana dijo que el ‘Gordo Juan’ le había dicho a una de las entrevistadas que era de la policía y que él tenía que rendirle la plata de las paradas diarias a un superior”.
Luego destacaron, dentro de la declaración de la licencia Hoffman que una de las mujeres que entrevistó había manifestado “que un tiempo atrás les cobraban dos personas y que pasaban y que, en ese momento, era bastante común que la llevaran detenidas, y que ellas habían organizado como una marcha para que haya una sola persona que les cobre. Y que a partir de ese momento les empezó a cobrar una persona que se organizaron y la policía las dejó de detener. Indicó que eso había sucedido dos años atrás del momento del allanamiento, es decir que, teniendo en cuenta que el procedimiento fue realizado el 10 de marzo de 2017, dicha detención fue en el año 2015, momento en que en la Comisaría de Llavallol, el titular era Coquean”.
Esta circunstancia, como señalaron mis colegas de la instancia anterior, era conteste con los dichos de la testigo n° 7 y, a la vez, se debía analizar conjuntamente con el escaso número de contravenciones labradas, lo que reforzaba la hipótesis de que se trataba de un mecanismo extorsivo. Valoraron que del Informe Final del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, realizado a partir de entrevistas a las 19 víctimas identificadas, surgía que “varias de las mujeres entrevistadas expresaron haber visto al ‘Gordo Juan’ armado; y que éste les había exhibido su arma de fuego para exigirles los pagos antes mencionados y/o para amenazarlas con ‘sacarlas de la zona’. Asimismo, añadieron que en ocasiones lo habían visto sacar su arma y decir ‘Alto, policía’ en situaciones en las que ellas estaban siendo ‘molestadas’ por terceros/as. Una de las mujeres agregó que cuando comenzó a concurrir a la ´parada´ éste se había presentado diciéndole que era policía y que el dinero que le cobraba por permanecer en la vía pública luego debía entregársela a su ´superior´”.
En consonancia con ello, tuvieron en consideración la declaración del arrepentido Amaya, quien sostuvo, acerca de Coquean, que “hasta el 2010 me desempeñé como personal policial y luego de un sumario administrativo por un encubrimiento se dispuso mi cesantía, por lo que comencé a trabajar en la remisería ‘Del sur’ ubicada en Antártida Argentina y Bahía Blanca de Llavallol, frente a dicha remisería existe un pago fácil. Estando en la remisería un día concurrió al pago fácil el Comisario Coquean –titular de la Comisaría 4ta. de Llavallol-. Yo lo conocía a Coquean porque había trabajado con él en Tapiales. Yo le comenté que no ganaba mucho dinero en la remisería y le pregunté si no tenía un adicional para ofrecerme, entonces, me dijo ‘te voy a mandar a un hombre de confianza para que arregle con vos’. Un día apareció una persona que se identificó como ‘Juan’ y me dijo yo soy el hombre de confianza del comisario (…) ‘Juan’ se llama Jorge Virreira y me dijo yo trabajo de día y de noche ‘haciendo mis cosas’ y agregó ‘yo manejo a las chicas de la ruta y un par de cositas más’. Específicamente Jorge Virreira se dedicaba a lo que se llama en la jerga ‘hacer la junta’, que significa cobrar toda la recaudación ilegal que realiza la Comisaría para permitir distintas situaciones de naturaleza delictiva o ilegal. (…) el armado del sistema de prostitución callejera en Camino de Cintura desde Seguí hasta la rotonda Llavallol fue sostenido en su propio beneficio por las autoridades de la Comisaría de Llavallol 4ª, principalmente por su comisario, primero Coquean (…) el personal subalterno, utilizado para ello (…) el Sargento Jorge Virreira y también (…) otras personas que no pertenecían a la fuerza que mantenían contacto con quienes estaban en situación de prostitución…”.
Respecto de las críticas ensayadas por la defensa de Coquean a la declaración del arrepentido, explicaron que, si bien la defensa había destacado escuchas de las que se podía advertir que el colaborador mentía, todas ellas “se relacionan con la actividad delictual llevada adelante por el arrepentido, quien como se verá, utilizaba el engaño para cometer el delito por el cual aquí es condenado, pero en ninguna de ellas se hace referencia a que mintiera en el acuerdo de colaboración, por lo que no es posible transpolar aquellas falacias que hacía Amaya a que haya faltado a la verdad cuando declaró como arrepentido”.
Sobre la circunstancia de que Amaya haya sostenido que fue policía hasta el año 2010, cuando, según el boletín informativo número 76, aquél fue separado de la fuerza el año anterior, explicaron que “pudo haber sido notificado en el año 2010, y aunque ello no fuera así, se trata de una diferencia de un año que en nada modifica, pues lo central es que dijo que ‘luego de un sumario administrativo por encubrimiento se dispuso su cesantía’, circunstancia que coincide con el boletín informativo número 76 del 2009, donde además se deja constancia que era numerario de la Comisaría de Llavallol”. El análisis conglobado de estos elementos, entre otros, llevó al tribunal a tener por probado que Coquean dio sostén, utilizando su cargo y función, a esta organización dedicada a la recaudación ilegal mediante la explotación sexual de las víctimas, desde al menos el año 2014, aunque su responsabilidad en autos se circunscribe desde febrero de 2015 hasta el 06/03/2016.
Explicó que no resultaba verosímil que personal bajo su dependencia haya intervenido en este hecho, de manera sostenida en el tiempo, sin su conocimiento y que no se trataba de reprocharle una mera conducta omisiva, sino que “más allá de la no intervención, su responsabilidad consiste en haber desplegado una función central dentro del reparto de roles de la organización, asignando funciones a otros miembros e impidiendo dentro de sus posibilidades que este negocio ilícito fuera desbaratado. De modo tal que, todo lo hasta aquí reseñado, permite sostener que Coquean, en su rol de Jefe de la Comisaría, tuvo intervención en los hechos y en la actividad desplegada por el personal a su cargo, resultando responsable del hecho atribuido”.
d.2. En cuanto a la intervención en los hechos de Félix Nicolás Breglia, los magistrados comenzaron por reseñar la declaración indagatoria efectuada por el nombrado en el debate, en la que narró detalladamente su actividad como comisario, las limitaciones a las que se enfrentó y las acciones que había desplegado para lidiar con el narcotráfico y el problema de la explotación sexual en la zona.
Expuso concretamente que “no estaba en ninguna organización, no era parte de ninguna organización, ningún personal de la Comisaría nunca me dio nada, nunca me hicieron ningún comentario y se hicieron algo por cuenta de ellos, quedaron en la terrible oscuridad que le permitió hacer lo que hacían y nada más. Pero no metamos a la Comisaría, no metamos los informantes fantasmas que trabajaban con la Comisaría. Los informantes se sentaban frente a mí y en la Comisaría ninguna estación de servicio, ni en ningún lugar, y yo trabajé así en toda la Comisaría donde estuvo a cargo, así que, si no es necesario que les pregunten a mis superiores, pero yo llego desde Pilar voy a Avellaneda y allí solicitan la necesidad de que vayamos a combatir algo específico y así lo hicimos. El resto lo combatimos como pudimos, porque le vuelvo a decir lo mismo. En el año 2016, me mandaron a hacer algo y me dejaron solo”.
Al analizar este descargo, y las pruebas de cargo producidas por la parte acusadora, el a quo comenzó recordando que Breglia había asumido como titular de la Comisaría 4ta. de Lomas de Zamora el 7 de marzo de 2016 y había continuado allí hasta el 7 de marzo de 2017, momento en el que se hizo cargo Caffarena.
Destacó que en su indagatoria Breglia había reconocido que la comisaría a su cargo tenía jurisdicción territorial sobre la zona donde ocurrieron los hechos y que se encontraba aproximadamente a 11 cuadras del lugar; dijo también que la prostitución en la vía pública se había extendido por el Camino de Cintura y que por ello se había tomado la decisión de hacer visibles la presencia de móviles policiales.
Hizo hincapié en que de las imágenes fílmicas obtenidas se podía advertir diversos contactos entre el personal policial y las personas que brindarían “seguridad” a las mujeres.
También valoró la existencia de “una denuncia anónima de fs. 860 de fecha 24 de octubre de 2016, es decir, durante la gestión de Breglia- en la que aparece mencionado “Juan” – Virreira, donde se consignó que, un hombre que se hacía llamar Juan pero que se llamaba Jorge, pasaba a cada rato a cobrarle a las chicas y que si no les daban lo que él les pedía, les pegaba y se consignó que Juan que era personal policial, que le llevaba dinero al Comisario, es decir, Breglia”.
Esta responsabilidad, continuó, se veía reforzada por los diversos testimonios de las víctimas de los que surgía de manera conteste que éstas debían pagar de forma obligatoria un canon diario a la policía -y, específicamente, a la Comisaría a cargo de Breglia- para poder estar en las paradas. Señaló que la Testigo de identidad reservada 7 había reconocido a Claudia Ferrando, Jefa de calle de Breglia, como alguien que había visto en la zona, “pidiéndole dinero a un prostituyente”
Reseñó, en términos similares a los aludidos al estudiar la responsabilidad del imputado Coquean, al testimonio de las psicólogas que entrevistaron a las víctimas y que señalaron que estas fueron categóricas al afirmar que “Virreira tenía que rendirles cuenta a sus superiores, que conforme las distintas épocas, como está probado, fueron Coquean, Breglia y Caffarena”.
También destacó el contenido de las comunicaciones obtenidas de los celulares de Ferrando y Kearney Herrera, que evidenciaban “el contacto y las menciones a Virreira y al jefe, es decir, a Breglia, haciendo alusión al reclamo de las ‘citaciones’, las que claramente resultan ser un eufemismo para referirse en realidad a los montos recaudados en la zona aquí investigada producto de la explotación sexual de las víctimas, ello a la luz de otras conversaciones”.
Citó, entre muchas otras, los siguientes intercambios: “día 04/08/2016, (Pág. 3666) en que Sosa le dice a Ferrando: Claudia. Estas cerca. Vino el gordito. Para hacer una inspección ocular sobre la Ruta 4 toro. O viene mañana dijo. Luego el 24/09/2016 (Pág. 3712) Sosa le dice a Ferrando: Y le digo que si ven a las pendejas la echen a la mierda. Y Ferrando contesta: Tengo que preguntarle al gordo, a lo que Sosa responda: Que cuiden su lugar. Ok ok ok. Y Ferrando termina diciendo: No te metas. El gordo la maneha (SIC) (...) Ferrando le dice: La ruta es del gordo. Cuando el jefe me diga se hace algo y posteriormente (Pág. 3715) Ferrando le dice: No te metas. El gordo no me pidió ayuda. A lo que Sosa contesta: No me meto solo te digo lo del móvil. Pero listo no digo mas nada”.
Explicó que del celular en cuestión se obtuvieron conversaciones entre Ferrando y Virreira, y que este último estaba agendado como “Gordo”, el mismo utilizado en las conversaciones con Sosa.
En lo que respecta específicamente a Breglia, detallaron los siguientes diálogos: “el día 30/01/2017 Ferrando le dice a Virreira: Ahí están reclamando las citaciones otra vez, y el 07/03/2017 (Pág. 349) Ferrando le dice: El jefe. Me pidió. Las citaciones. En tanto que en otra conversación (Pág. 351) Ferrando le dice a Virreira: Ahí el jrfe esta (SIC) en el lavadero. Te espera ahí. Y Virreira anotado como Gordo contesta: ok”.
Los magistrados aclararon que el interés directo de Breglia, expresado por intermedio de Ferrando, en reclamar la “citaciones”, luce cuanto menos llamativo, dado que se tratan de meras actividades administrativas, lo que devela que por este término “se refieren, con eufemismo, al reclamo del canon que Virreira cobraba a las víctimas”.
Describieron también comunicaciones de similar tenor extraídas del celular del imputado Kearney Herrera, en donde se mostraba el interés y la premura de Breglia por las supuestas citaciones, y destacaron que las labores de correo estaban a cargo de otras personas. En tal sentido, expusieron que “así consta que, en el mismo período, surgen conversaciones mantenidas por Kearney Herrera con alguien agendado como ‘González Correo’ (ver fs. 1245/1246 del legajo citado) y también la conversación que mantuvo Ferrando con “Romina” obrante en el legajo de prueba 7671/2015/22/8, del día 10/01/2017, (Pág. 539) en que Romina le dice: ‘a la chica del correo le subimos un poco mas x este mes. Te parece…’”. A partir del análisis conglobado de estos elementos, los magistrados aseveraron que se encontraba acreditado que durante el tiempo en que Breglia ofició como titular de la Comisaría, Virreira continuó garantizando la recaudación de la explotación sexual y, con la intervención de Claudia Ferrando, “Breglia se aseguró que ese dinero llegara a sus manos, recordemos que en su indagatoria el mencionado reconoció que él la conocía de antes a Ferrando y requirió que vaya a Llavallol para que manejara la administración”. Estas pruebas, explicaron, eran contestes con la declaración de Amaya, el imputado colaborador, quien señaló, en lo que aquí interesa, que “‘… después del comisario Coquean, a principios del año 2016, asumió el Comisario Breglia y, entonces, se presentó una jefa de calle de nombre Claudia (gordita). Claudia quería tomar el control porque Breglia pensaba que ‘Juan’ no le entregaba todo el dinero de la recaudación…’. También dijo que “‘(…) el armado del sistema de prostitución callejera en Camino de Cintura desde Seguí hasta la rotonda Llavallol fue sostenido en su propio beneficio por las autoridades de la Comisaría de Llavallol 4ª, principalmente por su comisario (…) Breglia (…) el personal subalterno, utilizando para ello a la Jefa de calle de nombre Claudia, al Sargento Jorge Virreira y también (…) otras personas que no pertenecían a la fuerza …’”.
Valoraron y descartaron críticas a esta declaración similares a las efectuadas por la defensa de Coquean, resaltando que “si bien la Defensa Oficial intenta quitarles valor probatorio a los dichos de Amaya, en cuanto no dio precisiones de cuál era el rol de Breglia, lo cierto que el rol en que ubicó a Breglia, como continuador del sistema de explotación sexual, encuentra correlato con toda la prueba que hemos valorado, es decir, se encuentra corroborado por otros (...) elementos traídos”.
Por todo lo anterior, consideró acreditado que la responsabilidad del comisario Félix Nicolás Breglia en los hechos investigados.
d.3. La siguiente situación analizada fue la de la coimputada Claudia Ferrando.
Comenzó por recordar que durante el debate ella se había remitido a la declaración prestada en instrucción. Luego, reseñó estos dichos, en los que Ferrando señaló, sustancialmente, que nunca había cobrado ningún canon, que desconocía que había mujeres que habían afirmado ser obligadas a ejercer la prostitución y que consideraba al coimputado colaborador Amaya como alguien con mucho rencor a sus excompañeros de la fuerza de seguridad (de la que había sido exonerado) y con un desprecio generalizado hacia las mujeres que ella misma experimentó.
Luego de exponer extensamente sus declaraciones, mis colegas comenzaron a examinar las constancias que demostraban la responsabilidad de Ferrando en el Hecho I.
Expusieron, en primer lugar, que Ferrando comenzó a desempeñarse como jefa de gabinete el 8 de marzo del 2016, coincidiendo con la época en la que Breglia asumió como titular de la Comisaría, y continuó allí hasta, por lo menos, el mes de enero del año 2017.
Sobre su presencia en el lugar de los hechos, tuvieron en cuenta los dichos de la testigo de identidad reservada n° 7, quién señaló que “‘en una ocasión me parece que la vi pasar, pero en una ocasión la vi un poco más directamente cuando venía con otro Policía acompañada (…) Paró a un cliente, a una persona, tratando me imagino de sacarle plata o algo’. Dijo que llegó al lugar en auto, un móvil de la misma Comisaría a la que ya se refirió y que estaba uniformada. Que ello ocurrió en fecha cercana al procedimiento (...). ‘Se paró atrás del cliente, porque como le dije los clientes estacionaban sobre la avenida para prestarles el servicio. Y cuando la policía quería… no se conformaban con lo que le pagaban de repente las chicas o nosotras, trataban de parar a algunos clientes que sabían que estaban haciendo, prestando servicios con las chicas, y bueno, y paraban ahí y se bajaba tipo a sacarle plata…’. Ante ello, la defensa preguntó: ‘¿Y usted observó un intercambio por parte de cliente hacia esta persona?, Testigo: Sí. (…) me imagino que debe ser dinero.’ Y la defensa: ‘¿Lo imagina, lo supone o lo observó?’ Testigo: ‘Lo supongo porque es lo único que siempre les pedían’”.
A continuación analizaron las críticas efectuadas por la defensa de Ferrando al carácter reservado de la declaración de esta testigo, recordando que, ante una petición del representante del Ministerio Público Fiscal habían resuelto que “en la ponderación de los intereses en juego deviene prudente disponer que se mantenga en reserva la identidad de la víctima, quien podrá testificar vía zoom con la cámara apagada y mediante un sistema de distorsionador de la voz, a efectos de evitar que sea reconocida. Sin perjuicio de ello, podrá ser ampliamente interrogada por las defensas y, por los imputados a través de aquéllas, garantizándose así la efectiva posibilidad de controlar fehacientemente la prueba”. Asimismo, y a efectos de evitar que las partes pudieran ver afectado su derecho a controlar si la comprenden las generalidad de la ley, habían dispuesto que “previo a la declaración de la víctima, el Tribunal lleve adelante una audiencia en la que la testigo exponga todos sus datos personales y sea impuesta de las generales de la ley, con especial énfasis en el grado de conocimiento que pueda tener de los imputados y, eventualmente, del vínculo con ellos. Dicho acto habrá de documentarse y sin perjuicio de su reserva en estas actuaciones, se pondrá en conocimiento de las partes acerca de su resultado, con los lógicos recaudos del caso”.
Teniendo esto en cuenta entendieron que las partes, si bien no habían conocido la identidad de la testigo, sí pudieron interrogarla con la amplitud necesaria, por lo que concluyeron que la crítica carecía de sustento.
En cuanto a las críticas al reconocimiento impropio practicado por esta testigo, que han sido reeditadas en el recurso de casación bajo estudio, los magistrados explicaron que, si bien la Testigo 7 había mencionado que no tuvo intercambios con ninguna mujer, al hacerlo sólo se refería a quienes les cobraban. En cambio, como ya se señaló, reconoció a Ferrando interactuando con los clientes. Destacaron, por lo demás, que su intervención como recaudadora surgía de diversas pruebas cuya carga no había sido desvirtuada.
Afrontaron otra de las críticas de la defensa, también vuelta a traer ante esta instancia, consiste en que la testigo sólo había reconocido a Ferrando porque la había visto presente -por medios virtuales- en todas las audiencias de debate. Frente a ello, apuntaron que “los demás imputados estaban conectados, y se le exhibieron varias fotografías que no reconoció, salvo a Virreira y a Santoro, pero en el rol de cobradores, en tanto que a Ferrando cobrándole a un prostituyente”.
Citaron la siguiente conversación de WhatsApp entre la imputada y un contacto agendado como ‘Darío Zabala’, que tuvo lugar el 30 de noviembre del 2016: “Zabala: jajajajaja. Hubo una probación. En la ruta. Se llevaron a un cliente con el auto. Y Ferrando le dice: sí. Seguro aparece por garibslfi. Que es una trola? Y Darío Zabala le contesta: La chica que lo estaba atendido esta aca. Si. (Pág. 3470) Ferrando le dice a Zabala: Sacale la dirección. Zabala le contesta: Lujan y ruta 4 y Ferrando le contesta: porque se hace la boluda seguro…”. Estos dichos, explicaron, denotan el conocimiento de la imputada de los sucesos investigados que luego alegó desconocer, en la medida en que se refiere “jocosamente de un cliente que se llevaron, y, por tanto, tenía conocimiento de los hechos en la ruta cuando dice ‘porque se hace la boluda seguro’, es decir, se llevaron a un cliente porque una víctima no pagó”.
También trajeron a colación las conversaciones interceptadas, remitiéndose al análisis efectuado al momento de reseñar los elementos de cargo contra el coimputado Breglia y destacando que estos demuestran “el vínculo que mantenía con el mencionado, el conocimiento que tenía de lo que ocurría en la zona objeto de investigación y del rol que asumió al respecto”.
La defensa afirma en esta instancia que se ha soslayado la circunstancia de que, a excepción de la Testigo 7, Ferrando no había sido identificada ni por las fuerzas de Gendarmería ni por ninguna de las otras víctimas. Este argumento ya ha sido analizado, con criterio que comparto, en la instancia anterior, en la que los magistrados indicaron que la función de Ferrando no era recaudar directamente el dinero, sino “llevar el control de que ello se hiciera, en colusión con su Jefe, Breglia y Kearney Herrera”.
Indicaron que Breglia había afirmado, al prestar declaración indagatoria, que él conocía a Ferrando desde antes de los hechos investigados y que fue él quien requirió que vaya a Llavallol. De allí dedujeron, razonablemente, que se trataba de su persona de confianza.
Citaron, en términos similares a los realizados respecto de Breglia, la declaración del imputado colaborador, que contó cómo “Claudia quería tomar el control porque Breglia pensaba que ‘Juan’ no le entregaba todo el dinero de la recaudación”. También sopesaron las críticas efectuadas a esta declaración, afirmando que “dichas conversaciones tienen validez como prueba de cargo contra la imputación de los hechos respecto de Amaya, es decir, la utilización del engaño y la violencia para cometer el delito por el cual resulta condenado. Pero de ningún modo podemos transpolar dichas conversaciones a que Amaya haya falseado en su declaración como arrepentido, de hecho, sus dichos son corroborados por otros medios de prueba independientes”.
Hicieron hincapié en que Amaya había referido en el acuerdo que “… Claudia, la jefa de calle, se comunicó con mi madre hace tres días para preguntarle si yo me encontraba detenido y le dijo que me transmitiera que era mejor que cerrara la boca. El teléfono a través del cual se comunicó (…) es el 1135400433”. Este número, señalaron, es de titularidad de Ferrando.
Sobre las alegaciones de que la declaración de Amaya habría sido parte de un hostigamiento contra Ferrando, indicaron que la parte no había introducido ninguna constancia de ello, a excepción de una captura de pantalla cuya fecha no podía establecerse de modo seguro y que, en todo caso, había sido fechada en noviembre del 2021, es decir, luego de que Amaya haya prestado la declaración en cuestión.
Sostuvieron que, pese a todo ello, había muchos otros elementos en los que se construía la responsabilidad de la nombrada. Citaron, al respecto, una conversación de WhatsApp entre ella y alguien agendado como Daniels, en la que “Ferrando dice: Con cuidado, y Daniels le contesta: tomate un respiro. Y si olvídate asuntos internos está a full. Ferrando le responde: Lo que pasa que está todo jodido. Y correrme me cuesta. A lo que Daniels le dice: y fíjate negri lo q te conviene”.
Valoraron, en el mismo sentido, una conversación con el contacto “Rocío Gómez”, que tuvo lugar el 02/02/2017 (Pág. 2986/87) en el que aquélla le dice a Ferrando: “pasé con el colectivo por camino de cintura y vi a un par de chavones. Donde pusieron los autos. ¿Hay alguien cuidando ahí?, y Ferrando le responde: Si si”.
Indicaron un diálogo realizado en un grupo integrado por Ferrando, Zabala, Sosa, Vetere y un contacto no agendado - abonado 1136254529-, el 05/08/16, en que Ferrando pregunta: “Sosa. Las trolas. Se fueron?...” y una conversación con el abonado 1136254529, del 08/08/2016, “durante la cual dijo Ferrando: ‘me pasas esos números’ y adjunta el número de Amaya. ‘Y de quién más’ ‘para comprar los caramelos en la ruta’ que claramente no se estaba tratando de golosinas”. Concluyeron que los elementos probatorios reseñados permitían afirmar que Ferrando fue una de las personas de confianza de Breglia para el sostenimiento de la actividad ilícita investigada y, por las pruebas reunidas en el debate, demostraron su participación en el suceso delictivo. d.4. Al ingresar al estudio de la intervención adjudicada a Javier Alejandro Caffarena citaron, como en las ocasiones anteriores, la declaración indagatoria brindada por el imputado.
En ese acto expuso que se había hecho cargo de la comisaría de Llavallol “el día 7 de marzo del 2017 a las 13:30 h. Y el 10 de marzo, o sea, casi 72 horas después Gendarmería Nacional allanara Camino de Cintura. Si a esas 72 horas le resto 8 horas de sueño por día, estoy hablando de casi 48 horas aproximadamente. Con todo respeto y dado el tiempo casi nulo que estuve a cargo, me parece una injusticia y un despropósito, que se me están imputando semejante cantidad de delitos”.
Los magistrados afirmaron que se encontraba acreditado que Caffarena había asumido como titular de la Comisaría en el mes de marzo de 2017 (designado el 03/03/2017 y efectivamente en el puesto el 07/03/2017, a las 13.30hs). Afirmaron tener por acreditado que aquél, tras la salida del Jefe Breglia, “no sólo no hizo nada para evitar la continuidad del sistema de explotación económica a las trabajadoras sexuales, organizado e implementado desde la Comisaría a su cargo, sino que se aprovechó económicamente de ello”. Indicaron que los procedimientos realizados en el lugar de los hechos fueron efectuados en momentos en los que Caffarena era el Jefe de la Comisaría 4ta de Llavallol. También señalaron que, según sus dichos, “cuando asumió incrementó mayores recorridas, patrullaje en el lugar, que, si bien no lo hizo personalmente, fue a través de sus subalternos. Es decir, que reconoció que tenía conocimiento de los sucesos en el Camino de Cintura, y no solo no hizo nada para evitarlo, sino que como se verá, continuó con la explotación de las mujeres cis y transgénero, tarea que desplegó junto con César Ricardo Pérez”.
Recordaron las declaraciones de la testigo 7, ya valoradas como prueba de cargo respecto de Coquean, Breglia y Ferrando, y puntualizaron que aquella había dicho que “era trabajadora sexual en la zona investigada desde hacía 10 años y aclaró que en 2015/2017 estaba, es decir, coincide ello con el momento durante el cual Caffarena fue jefe de Virreira”. Señalaron que, además, al producirse el allanamiento en la Comisaría 4ta se habían secuestrado elementos que vinculaban al imputado con los hechos investigados, destacando “una nota dentro de la funda del celular LG, secuestrado en el interior del vehículo marca Citroën Xsara Picasso, dominio GKB 002, propiedad de Javier Alejandro Caffarena y utilizado por César Ricardo Pérez, en la que, en un papel membretado a nombre de Caffarena, constan las siguientes anotaciones: “S. 5500; CH 5000; Seven 6200; 16700; 1.500 – Leo = (2000); 1.500 – Brian = (2000)”.
Manifestaron que si bien era cierto que este papel había sido hallado en un vehículo que Caffarena le había prestado a César Pérez, debía tenerse en consideración que se trataba de un papel con su membrete.
Valoraron, en igual sentido, anotaciones halladas en el interior de una billetera que contenía documentación personal a nombre de César Pérez, hallada en la oficina que utilizada en la Comisaría 4ta. de Lomas de Zamora, de las que surgía lo siguiente “María: L y M =700; Gaby: 4 días 1400 (debe); Estela: 1400 + 800 que debía; Morocha: debe 2 días que vino-debe (700); Colectora: 1600 (4 días pagó); Seven: 2400; Esso: 800 (de más que debía); lavadero 100 (de la semana pasada); falta: boly: 400; Angelito: 200; lavadero: 200; Ticor: 400; Chicot1: 3000; Seven: 5600; Sem: 4650; (13250) falto 1400 sem; 800 chico ti; 15450 falta semana; 1400 + 800 chicas; juntaste: 4600; Seven: 2400; 5600; 10200 3150; falta mensual: 100 (13250); leo = 1= 3. 5: leo = 1 = 1 40”. Entendieron que este documento permitía acreditar la permanencia del sistema de recaudación ilegal por parte del personal policial, ahora mediante César Pérez, jefe de calle y persona de confianza de Caffarena.
Sobre la anotación denominada “Esso” resaltaron los dichos de la Licenciada Gasparini, quien dijo que las víctimas “ refirieron (…) que en el sitio permanecían también en esa situación de explotación sexual jóvenes menores de edad que generalmente las ubicaban en la parada de un descampado que estaba en las inmediaciones de estación Esso (…) en Camino de Cintura…”.
En cuanto a “Angelito” precisaron que Amaya había dicho en su declaración que cuando él no estaba “las mujeres dejaban el dinero en el kiosco de Angelito (…) cuando yo dejé de concurrir las chicas dejaban el dinero en el kiosco de ‘Angelito’”. Valoraron que esta misma información se desprendía del Informe del Programa de Rescate, de donde surge que algunas de las mujeres expresaron que podían dejar el dinero en el Kiosco a ‘Angelito’”.
En lo que respecta a la inscripción “Seven”, dijeron que “del Legajo de prueba 7671/2015/22/12 de Brian Robledo, consta que recibió un mensaje de César Pérez, el 17/04/2017, que dice: ‘Brian mañana anda a seven. Y empiecen a buscar alguno para cubrir…si quiere cubrir todos los días a la semana lo charlamos sería lo mejor… aunq pierda plata el jefe sería lo mejor… yo mañana lo hablo con él…’, y luego ‘…De lunes a lunes 600 x día… sería 4400 x día… así nos sacamos eso de encima’. En efecto, a foja 2420 del Legajo de prueba 7671/2015/22/13 de Caffarena, surge que el mismo día - 17/04/2017, a las 11.45 hs. pm-, César Pérez -Pericole envía un mensaje que dice: un paquito q cibroa -debe leerse cubríael seven se fue ... y el otro no quiere cubrir todos los días… si consigo el de seguridad… perdemos 4400 por semana y el viji ese lo pone en el turno de la noche que quiera, y Caffarena le contesta: Bueno mañana hablamos”.
Abordaron, también, la relación entre Caffarena y Pérez, que según la defensa del primero se limitaba a cuestiones funcionales, reseñando un conjunto de mensajes y conversaciones que darían cuenta de un vínculo de amistad y confianza que excedía lo meramente funcional. Así, por ejemplo, citaron la “comunicación del 15/06/2016 (Pág. 2363 del legajo citado) Caffarena le dice a Pérez: Amigo ayer fui a auditoria y por suerte solio todo re bien… gane la batalla esta vez gracias a dios. Así que Alfaro siga participando… jajajaja y Pérez – anotado como Perico le dice: Si lu es jefe de judiciales a q turno paso, a lo que Caffarena le dice: Turno no, vos sos mi amigo”.
Sobre el tiempo exiguo que Caffarena había oficiado como comisario, señalaron que “aunque sea en pocos días, continuó con la actividad delictiva que se venía desarrollando desde la gestión de Coquean, y que se vio interrumpida por circunstancias ajenas a [él]”.
Explicaron que “la prueba de la colusión entre los tres comisarios, es la continuidad que tuvo Virreira durante la gestión de Coquean, Breglia y Caffarena, al ser el instrumento de la Comisaría 4ta de Llavallol para la comisión del delito, dirigido por los jefes, cada uno durante su gestión”.
Concluyeron que la prueba analizada demostraba que el sistema de explotación continuó después de la salida de Breglia y el ingreso de Caffarena y que sólo fue interrumpido por circunstancias ajenas a su voluntad, al producirse el procedimiento del 10/03/2017 y luego su detención el 19/05/2017. Por todo ello, el conocimiento sobre los hechos fue demostrado con certeza y su responsabilidad, en tanto fue uno de los Comisarios a cargo de la dependencia policial desde donde se cometieron los hechos, acreditada en la ocasión su calidad de coautor.
d.5. Los magistrados recordaron que Ricardo César Pérez no prestó declaración en el debate, pero sí lo hizo durante la instrucción, por lo que reseñaron lo que en ese momento había expuesto.
En esa oportunidad sostuvo que “durante el poco tiempo que estuvo en la Comisaría, siempre que recibió una denuncia la elevó a la justicia y que, al ser una contravención, si bien un día sacaban a las personas que se encontraban en el lugar, al otro día volvían a aparecer. Adujo que hace 11 años que es policía y trabajó siempre en Avellaneda. Que llegó en el mes de marzo a la Comisaría de Llavallol, pero ni siquiera conoce el partido de Lomas, ni nada tiene que ver con los hechos que se le imputan, ni con la investigación que se realizó en el marco de la presente causa. Agregó que existe un libro de contravenciones en el que quedó todo registrado”.
Luego, en el fallo puesto en crisis se analizaron los elementos que fundaron la intervención de César Ricardo Pérez en los hechos.
Así los jueces tuvieron en consideración que aquél comenzó a desempeñarse en la Comisaría 4ta como jefe de calle en la gestión de Caffarena, desde el 7 de marzo del 2017, hasta su detención el 19 de mayo del 2017. A su vez, tuvieron por probado “el cobro a las víctimas organizado desde la Comisaría donde se desempeñaba como Jefe de calle hasta el 10/03/2017, fecha en la que se produjo el primer procedimiento”.
Hicieron hincapié en el secuestro de elementos que demostraban había participado del sistema de explotación. Destacaron el hallazgo, en una billetera que tenía documentación personal a nombre de Pérez, de la nota en la que surgían diversos títulos (como Angelito, Esso, Seven) y montos, cuyo contenido ya fue detallado in extenso al analizar la intervención en estos hechos del imputado Caffarena. También valoraron que del teléfono celular de Perez, alias “Perico”, se desprendía una conversación con “Sosa Leo 4ta” y “Robledo Cpc”, efectuada el 5 de mayo del 2017, en la que se hacía clara alusión a las actividades ilícitas objeto del debate: “Perico: si en ese pth no ahí nadie… traigan alguno q le guste…. Ojo q esta el jefe datal dando vuelta y a la escucha, Sosa: Ok, Perico: Bajen alguien para justificar el revuelo x q ya vino una chica a quejarse, Sosa: Ok. Pág. 676: Perico: Si alguna se hace el loco o loca no duden y bajenlo. Yo en 10 m voy. Pág. 685, 14/05/2017: Perico: Si no ahí putos traigan chicas”.
Concluyeron que Pérez, en su carácter de jefe de calle y persona de confianza de Caffarena, estuvo a cargo de la recaudación ilegal de dinero proveniente, “entre otras fuentes, de la explotación económica de las trabajadoras sexuales en la zona investigada, al menos, hasta el 10/03/2017”, por lo que su responsabilidad en los sucesos estaba acreditada.
d.6. Los magistrados reseñaron la declaración prestada por el imputado Sebastián Alejandro Pérez en el transcurso del debate. En tal ocasión, manifestó que una de las presuntas víctimas era su pareja, que él la conoció como cliente, pero luego entabló una relación formal y llegó a irse a vivir con ella y sus dos hijos. Dijo que él tuvo que respetar su ocupación, a pesar de no haber estado de acuerdo y que la relación se hizo conflictiva porque ella era una persona muy celosa.
Con respecto al día del procedimiento, explicó que él estaba cerca y Gendarmería le solicitó que declarase como testigo. Luego, indicó, “a otra cuadra había otro procedimiento en Camino de cintura del lado de Llavallol. Y del lado de Estaban Echeverría del otro lado de la ruta la habían detenido a [S.A] con su camioneta, se quisieron dar a fuga, pero la detuvieron y ella cuando lo ve, dice que tenía una perimetral y algo con él, que esto y que el otro y lo detienen, por presunción lo detienen, le revisan sus cosas, su mochila, le secuestran una toalla, un jabón, un paquete de cigarrillos, un encendedor, tres celulares, uno de él y dos de sus hijos que no tenían batería”.
Refirió que la víctima le había pedido disculpas, manifestando que estaba detenida “por culpa suya”, y porque le habían hecho firmar un documento con la amenaza de llevársela detenida. Agregó que su hermana tuvo una conversación, que grabó, con la víctima en la que ésta le explicó “cómo fue el tema”; que ese CD fue aportado a la fiscalía y que allí se extravió, por lo que él viene solicitando desde el comienzo del proceso que esa prueba aparezca o que llamen a declarar a su hermana.
Al momento de analizar la responsabilidad de Sebastián Pérez, los magistrados consideraron que había elementos suficientes como para considerar que éste había colaborado con el sistema de explotación sexual implementado por las autoridades de la Comisaría 4ta. de Llavallol. Indicaron que, para comprender cómo llegaban a esa conclusión, resultaba muy importante analizar la secuencia de los allanamientos realizados en Camino de Cintura. Resaltaron que en primer lugar él había oficiado de testigo de procedimiento; sin embargo, momentos después, había sido individualizado por S.A., una de las víctimas, quien afirmó que “la persona que era su ex pareja y que la regenteaba hasta hace unas semanas, de nombre Sebastián, que además la había amenazado de muerte a ella y a sus hijos en varias oportunidades, había pasado caminando por la vereda de enfrente del lugar donde se estaban labrando las actuaciones”. A raíz de ello, las fuerzas de seguridad cotejaron su identidad, comprobaron que su nombre coincidía con el que constaba en la orden de restricción de acercamiento exhibida por S.A. y procedieron a detenerlo por haber sido identificado como “regenteador”, no por haber violado la restricción. Luego analizaron los argumentos expuestos por la defensa, consistentes en que no se encontraba acreditado de ninguna manera que S.A. hubiera afirmado lo que se hizo constar y que las declaraciones de los testigos estaban plagadas de contradicciones.
Aquí, en mérito de la brevedad, habré de remitirme al tratamiento efectuado al momento de analizar el planteo de nulidad efectuado sobre el acta de procedimiento por parte de esta misma defensa. Allí se examinó de qué manera el Tribunal pudo reconstruir los dichos de S.A., al mismo tiempo en que explicó que aquella se trataba de una mujer sumamente vulnerable, que había sufrido violencia de género por parte de Pérez y que, por el temor que ello le generaba, se había negado a declarar en el debate.
Sin perjuicio de ello, y a fin de dar un tratamiento exhaustivo a la cuestión, es pertinente aclarar que el a quo reseñó los testimonios de los Gendarmes intervinientes y de los testigos de actuación, para demostrar que, al contrario de lo que la parte indicó durante el juicio y de lo que afirma ante esta instancia, aquellos sí ratificaron los dichos de la víctima.
Citaron, en primer lugar, las palabras de Iván Perié, quien dijo que “una mujer en un momento del procedimiento había señalado a un transeúnte, y en base a eso se tomaron medidas. Recordó que habló de amenazas o algo de eso”. Nuñez, otro testigo de actuación, dijo que “había una camioneta negra, con dos chicos jóvenes y dos mujeres jóvenes que trabajaban en la prostitución. (...) Refirió que después de eso, enfrente del Camino de Cintura a veinte-treinta metros estaba el ex marido de la mujer que ejercía la prostitución y tenía una orden de restricción. Que lo detuvieron y aclaró que cuando lo vio la mujer que ejercía la prostitución, dijo ese es mi ex marido, no puede estar cerca mío porque tiene una orden”.
Luego, trajeron a cuenta la declaración del Gendarme Fioramonti, quien expuso que “en la vía pública identificaron un vehículo que estaba en la lista que les dieron, había una mujer de 47 años, aproximadamente, trabajadora sexual, conforme ella misma les dijo. Dijo que estaba acompañada, cree que por dos hombres y una mujer. Agregó que, cuando estaba cerrando el acta, la mujer indicó a una persona que pasaba por la vereda de enfrente caminando como quien la extorsionaba o le exigía algo, indicó que estaba involucrado en el hecho, la mujer lo sindicaba como que le cobraba o que la habían amenazado. Se hizo la consulta con el juzgado y cree que la persona fue detenida, era un hombre de 40 años. Señaló que la víctima estaba nerviosa y que manifestó que era trabajadora sexual, que trabajaba allí”.
Al ingresar al estudio de esta prueba, los magistrados consideraron que, si bien ninguno de estos testigos había utilizado la palabra “regentear” , aludieron a lo mismo con otras palabras. Que, al analizar las declaraciones de manera conglobada con lo que se había hecho constar en el acta de procedimiento resultaba claro que ese “algo” que Pérez le exigía se trataba del cobro del canon. Todo ello, además, debía ser valorado teniendo en cuenta lo afirmado por las licenciadas del Programa Nacional de Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Así, la licenciada Gasparini, quien ejerció como coordinadora y participó del procedimiento, señaló que “las entrevistadas refirieron el nombre de Sebastián Pérez, que también se quedaba con un porcentaje de dinero diario, que explotaba sexualmente a quien era su pareja, una de las mujeres entrevistadas en el sitio, y que además ejercía diferentes formas de violencia por razones de género, violencia física, económica, psicológica contra ella y que también tendría funciones de traslado en un auto de las personas que estaban en situación de prostitución”. Afirmó, puntualmente, que S.A. le había referido que “él utilizaba un vehículo, que tenía un arma de fuego y que la explotaba sexualmente a ella, le retenía todo el dinero, y solamente le dejaba dinero para su alimentación”.
Indicaron que estos dichos eran contestes con los expuestos por la Lic. Quaglino, quien relató, acerca de Sebastián Pérez, que “una de las mujeres era pareja de él, a quien la sometió no sólo a explotación sexual, sino a múltiples tipos y formas de violencia. Dijo que en el informe dejaron asentado que uno de los proxenetas, manejaba un auto que estaba a nombre de una de las chicas. Es decir, que Sebastián Pérez, usaba el vehículo de Argüello para realizar el cobro del canon, sino que además ejerció sobre ella -y la hija- todo tipo de violencias de género, física, psicológica, emocional y económica, puesto que además se quedaba con el total del trabajo de ella. En ese sentido declaró Quaglino puesto que aseveró que le manifestaron que Pérez portaba armas y que les cobraba un porcentaje de cada pase realizado y a la que era su ex pareja le retenía la totalidad del dinero de los pases. Alguna chica refirió situaciones de violencia física por parte de Sebastián Pérez”.
Relataron que estas afirmaciones coincidían con lo que se había volcado en el informe final confeccionado por esa dependencia, del que se desprendía, entre otras cosas, que Pérez “concurriría habitualmente armado con una pistola 22 Bersa, utilizaría un vehículo patente GEI-812 (que habría sido adquirido por una de las mujeres). Añadieron que el Sr. Pérez utilizaba este vehículo para trasladar a las ‘paradas’ a varias mujeres, entre ellas jóvenes menores de edad, a quien explotaba sexualmente”.
Detallaron, en igual dirección, numerosas conversaciones de las que se evidenciaba el rol de Sebastián Pérez en la explotación de [S.A.] y de otras mujeres. Por último, indicaron que la declaración de la hermana del nombrado -quien había señalado que Pérez y [S.A.] mantenían una relación en buenos términos, no podía modificar el claro cuadro construído con el resto de las evidencias recabadas y, a lo sumo, evidenciaba “una absoluta incomprensión de lo que Argüello era víctima de su hermano”. Y, en referencia al tantas veces mentado CD, sostuvieron que, incluso si [S.A.] hubiese intentado desvincular a Sebastián Pérez, esto sólo demostraría que “la víctima es una mujer absolutamente asustada por quien ejerce todo tipo de violencia de género, al punto tal, de que la propia víctima quisiera desdecirse por el miedo que le tiene, del cual, no tenemos absolutamente duda”.
Con estos razonamientos tuvieron por acreditada la intervención de Sebastián Pérez en los hechos investigados, como una de las personas ajenas a la fuerza que colaboraban en el sistema de explotación articulado.
d.7. En cuanto a la imputación efectuada a Damián Romero, el a quo valoró su declaración indagatoria prestada en la instrucción, en la medida en que se negó a declarar durante el debate. En esa oportunidad manifestó que, al momento de los hechos, trabajaba como remisero y que fue su jefe quien le solicitó que trasladara a unas mujeres desde la Rotonda de Llavallol hasta una estación de servicio Axion. Expuso que “dicho viaje ‘salía por la agencia’, ya que se encuentran registrados en las planillas de la misma. Refiere que se les cobraba $ 550 ida y vuelta y la espera. Que dicho viaje se efectuaba todas las noches y cuando el dicente tenía franco, su jefe las trasladaba igual no sabiendo a ciencia cierta si con otro chofer o con su hijo en otro auto. Que el dicente aceptó la oferta de su jefe ya que necesitaba la plata toda vez que tenía que hacerle a su auto el tren delantero y arreglarle el carter el cual tenía emparchado. Aclara que el día del procedimiento, el dicente le manifestó al jefe del operativo que era remisero y que en el interior de su vehículo tenía unos volantes de la remisería, contestándole que eso no era necesario en ese momento. También desea manifestar que a su jefe lo dejaron en libertad, mientras que al declarante lo detuvieron, más allá que le explicaron al personal policial”. La teoría del caso expuesta en esa oportunidad es la misma que la defensa trae en su impugnación: no se controvierte que Romero haya efectuado estos viajes, sino que se afirma que actuó con un error de prohibición inevitable, porque no supo ni pudo saber que el acto de trasladar a estas mujeres podía constituir un ilícito penal. Habría actuado, desde la perspectiva de la parte, sin culpabilidad, por lo que la conducta no se lo podría recriminar penalmente.
Sin embargo, a poco que se repase la argumentación desarrollada en la sentencia se puede comprobar que los jueces de la instancia anterior descartaron, con razones fundadas, que Romero hubiera incurrido en cualquier tipo de error. Al valorar su responsabilidad, los magistrados tuvieron en consideración la declaración de la Lic. Quaglino, quien expresó que “una de las mujeres le habló de un remisero, era un remisero de ‘confianza’ de nombre Damián, quien permanecía en las inmediaciones del lugar mientras ella hacía los pases o los servicios con los clientes, los que podía hacer en la vía pública, en el auto o en un hotel El Colonial, que estaba ahí cerca y que ella le pagaba 150 pesos argentinos al remisero este Damián, para que se quede controlando -esta fue la palabra que ella utilizó-, hasta que ella saliera de hacer el pase con el cliente.
Dijo que su entrevistada le refirió que cuando un cliente la contactaba, se subían al auto de Damián, las llevaba hasta el hotel Colonial, la esperaba durante toda la duración del servicio y la palabra de ella fue controlar, controlaba que ella salga en ese horario y después le pagaba 150 pesos por cada viaje. Recordemos que la Licenciada explicó que ellas utilizaban ciertos eufemismos para referirse a estas personas como ‘cuidadores’ o ‘remiseros de confianza’, pero en realidad eran personas que ejercían cierto control”. Valoraron que esta declaración era conteste con el Informe Final realizado por el Programa de Rescate, del que surgía que “…otra de las mujeres (…) mencionó que había un remisero ‘de confianza’, de nombre ‘Damián’, que la ‘cuidaba’; explicó que el mismo permanecía en las inmediaciones dentro de su vehículo y, una vez que el ‘cliente’/prostituyente la contactaba, el Sr. ‘Damián’ la trasladaba hasta el hotel donde efectuaba el ‘servicio’ (…) y ‘controlaba’ que saliera en horario, cobrándole $150 (pesos ciento cincuenta) por cada viaje al hotel…”.
Cabe reparar que la conducta que mediante estas pruebas, no controvertidas por la parte, se le adjudica a Romero, son incompatibles con la hipótesis de que aquél desconocía el carácter ilícito de su conducta.
También recordaron que Romero fue detenido en Camino de Cintura 1304 esquina Sastre n° 1836, Llavallol, “estando en su Renault 12, y dentro del mismo había una mujer, conforme surge de fs. 1221/1235. Sobre ese procedimiento declararon Mario Cáceres, Miguel Vera, y César Martina, personal actuante, quienes lo recordaron y reconocieron sus firmas en el acta de fs. 1221/1223”.
Analizaron las fotos y los videos en los que se podía observar a Romero y al vehículo que conducía, junto a las trabajadoras sexuales.
Por otro lado, describieron los mensajes identificados en el teléfono del imputado, destacando, entre otros, uno enviado el 6 de marzo del 2017 a la una de la mañana, a un abonado agendado como “Carl”: “Papa ns vams, la seba queda solo en la parada avisale al del peugueot”. Explicaron que al hablar de “el del Peugeot” se hacía referencia a Santoro, lo que evidenciaba el aporte realizado por Romero en la facilitación de la explotación sexual. Por estos motivos, consideraron acreditado que Romero “facilitó el sistema de explotación mediante el traslado de las víctimas al lugar con la cobertura de la Comisaría 4ta de Llavallol”.
e. Hecho II La defensa de Mauro Santoro cuestionó que se haya condenado a su defendido por la tenencia ilegal del arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal -revólver calibre 38 corto, con seis municiones en su tambor y ocho proyectiles, tres (3) calibre 28 S&W SPL, tres (3) calibre 38 special y dos SPL-, que fue secuestrado en el inmueble de Machado de Asís n° 169 de Lomas de Zamora en el que el nombrado residía (Hecho II).
Sustentó este agravio en que no se había demostrado que el arma estuviera dentro de su ámbito de custodia ni que aquél tuviera conocimiento de poseer el objeto prohibido sin la debida autorización, destacando que no era el único morador del lugar en el que se produjo el secuestro.
Ahora bien, la parte no cuestiona el hallazgo del arma en el domicilio de Mauro Santoro, sino que afirma que en ese mismo espacio su asistido convivía con otras personas, por lo que no se puede afirmar automáticamente que el arma incautada le perteneciera. Sin embargo, omite dar una versión alternativa de los hechos, que explique, al menos a modo de suposición, a quién pertenecería el elemento secuestrado. Eso, teniendo en consideración que, según surge de la declaración indagatoria (disponible en el Sistema de Gestión Judicial Lex- 100), las personas a las que se alude son la esposa del imputado y sus tres hijas menores de edad.
Al momento de analizar el mérito de la acusación por este hecho, los magistrados comenzaron refiriendo que, conforme a las actas de procedimiento realizadas por personal de Gendarmería Nacional, cuya validez no había sido puesta en tela de juicio, el arma había sido secuestrada en el entrepiso de la vivienda habitada por Mauro Santoro.
Tuvieron en cuenta la declaración de Roque Espínola Martínez, quien relató que los miembros de Gendarmería “entraron y revolvieron todo, él miraba que era lo que hacían, estuvo presente siempre. Que revolvieron todo. No recordó si había otra persona, estaba con una sola persona. Que había señoras con chicos, un muchacho también, ese día al muchacho lo agarraron y lo detuvieron, revolvieron toda la casa, revisaron todo y encontraron armas o algo así. Reconoció su firma en el acta ya mencionada”.
También valoraron el informe pericial incorporado, del que surge que “…el revólver calibre 38 corto, sin marca ni identificación, secuestrado en el domicilio de Machado 169… es apto para producir disparos y de funcionamiento normal… que … se clasifica según decreto 395/75 como arma de guerra de uso civil condicional…”.
Destacaron que, en la medida en que el arma carecía de identificación o marca, resultaba imposible determinar quién era el titular, por lo que Santoro no podía ser, ni creer que era, su legítimo usuario.
Con estos razonamientos, tuvieron por acreditada la responsabilidad de Santoro en el denominado Hecho II. f. Hecho III La defensa de Claudia Ferrando cuestionó la acreditación del Hecho III, por considerar que no se demostró la relación entre su asistida y la sustancia estupefaciente secuestrada en su domicilio. Asimismo, criticó la adjudicación de responsabilidad efectuada por el a quo, aunque sin hacer una mención específica al delito de tenencia de armas de uso civil por el que fue condenada.
Ahora bien, al momento de analizar su responsabilidad en estos sucesos, los magistrados indicaron que, según surgía del acta del allanamiento realizado el 17 de mayo de 2017 en el domicilio de la imputada, calle Eucaliptus 163 de Lomas de Zamora, en que se encontraba la imputada Claudia Yamila Ferrando junto con su hijo, se secuestró: “En el ambiente identificado como ‘Habitación 1’ del croquis utilizada por Claudia Yamila Ferrando, se consignó que se halló en el tercer cajón del modular, un revólver color plateado con empuñadura encintada de color negra, sin marca visible y con numeración en la base 501, identificado como Secuestro n° 2.
A su vez, en el Ambiente identificado como ‘Habitación 3’ en el croquis, se halló arriba del ropero una carabina 22 largo serie número 59349, con un cargador sin municiones y fue identificado como Secuestro n° 12.
En cuanto al material estupefaciente, en el acta se consignó que en el ambiente identificado como ‘Living-comedor’ sobre el modular, en la puerta izquierda se encontró una bolsa de nylon color blanca conteniendo en su interior una bolsa color fucsia identificada como ‘A’ en cuyo interior se encontraba una sustancia blancuzca polvorienta, un envoltorio de nylon transparente identificado como ‘B’ en cuyo interior se observó sustancia compacta amarillenta (Secuestro n° 18), 22 envoltorios de papel glasé de colores varios, en cuyo interior se encontraba una sustancia amarillenta y varios recortes de papel glasé de colores varios. Asimismo, se halló en el mismo lugar una caja color verde con amarillo que rezaba ‘Bicarbonato’, conteniendo en su interior una bolsa de nylon transparente, identificado como ‘C’, en cuyo interior se observó sustancia blancuzca polvorienta.
A su vez, en el Ambiente como Terraza (habitación, patio y parrilla) en el croquis, se encontró bajo del tanque de agua, un balde color marrón claro, encontrándose dentro de este, una bolsa de nylon color blanca, en cuyo interior tenía una bolsa de nylon transparente, identificado como ‘D’, en que se visualizó 5 barras compactas color blancuzco, una bolsa de nylon transparente, identificado como ‘e’ en cuyo interior se observó sustancia blancuzca polvorienta. Que asimismo se encontraba una cartuchera color rojo sin inscripción, identificado como ‘F’, en cuyo interior contenía 545 envoltorios de papel glasé de colores varios, en cuyo interior se encontró sustancia amarillenta”.
En esa misma acta se dejó constancia de que la sustancia secuestrada, al ser sometida al narcotest, fue identificada como clorhidrato de cocaína, con un peso total de 349 gramos.
Los magistrados también analizaron los argumentos de la defensa -reeditados ante esta instancia- acerca de la no acreditación del vínculo entre la sustancia secuestrada y la imputada Ferrando. Sobre este aspecto, indicaron que en el domicilio en el que se produjo el hallazgo sólo se encontraba la imputada junto con su hijo menor de edad, por lo que los elementos habían sido secuestrados en su esfera de dominio. Trajeron a cuenta otras críticas de la defensa, vinculadas a que carecía de toda lógica que alguien que quiere comercializar estupefacientes guarde este material a la intemperie, explicando que “dicha afirmación sólo encuentra respuesta en que, no estaban a la intemperie, estaban guardados, y obviamente Ferrando como personal policial, iba a tomar todas las precauciones para que la droga no sea fácilmente ubicable”. Destacaron, además, que, aunque en menor cantidad, se encontró cocaína en el resto de la casa, envueltas para ser vendidas.
Completó el cuadro probatorio con la declaración de los gendarmes y policías intervinientes, y con los dichos de los testigos de actuación. Reseñaron, entre otras, la exposición de Pablo Sebastián Stella, quien refirió “haber participado en un allanamiento que no recordaba el barrio, pero sí el nombre de Ferrando, precisando que fue como veedor, que en ese momento prestaba funciones en Asuntos Internos, y que participó en el allanamiento que realizó Gendarmería”. Agregó que recordaba que en el domicilio se habían secuestrado drogas, armas, dinero y un pasamontañas.
El testigo de procedimiento Castro, por su parte, relató que el procedimiento se había llevado a cabo en la casa de una mujer policía, que había drogas, armas de fuego y dinero repartidos por la casa, en el techo y en el tanque de agua. Detalló que la droga estaba distribuída en paquetes y envuelta, como para venderla y que era mucha cantidad: “había sobrecitos, paquetitos, eran un montón, más de 500. Era cocaína o base”. Acerca de cómo la policía descubrió eso, el testigo dijo que “estaban revisando y él preguntó si en el tanque había algo y dio la casualidad que había esa droga y un arma de fuego. Refirió que adentro había más, en el ropero, había armas”.
Los magistrados destacaron la importancia de este testimonio porque, en consonancia con el resto de la prueba reunida, da cuenta del carácter espontáneo del hallazgo de la sustancia estupefaciente.
Transcribieron los dichos de Jonathan David Ruiz, quien dijo “haber participado en el procedimiento que realizó gendarmería indicando que, respecto del material secuestrado, en la pieza, era plata, y la droga se encontró arriba en la terraza, que, respecto de la droga, recordó que algunas estaban armadas y otras no, envueltas en papelitos, en bolsitas y eso”.
Tuvieron en consideración, a su vez, las pericias realizadas, indicando que, acerca de las armas, que eran aptas para el disparo, que se encontraban calificadas como armas de uso civil y que Ferrando no se encontraba inscripta en el organismo de control correspondiente. Respecto a las sustancias estupefacientes “el Informe pericial realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional (...) concluyó que la muestra analiza e identificada como M2, se trata de cocaína básica, cuyo peso neto, concentración y cantidad de dosis umbrales que pueden obtenerse, se expresan en la tabla de cuantificación I, no detectándose sustancias adulterantes de las analizadas en ese laboratorio. Por otra parte, respecto de las muestras analizadas e identificadas como M3 a M12, M14 a M18 y M20 A M43, se estableció que se tratan de clorohidrato de cocaína”. Esto los llevó a concluir que “se encuentra probada la responsabilidad de Ferrando por la tenencia ilegal de dos armas de fuego - un revólver color plateado con empuñadura encintada de color negro, con tambor con capacidad para cinco municiones, sin marca visible y con numeración en la base de la empuñadura 501 y de una carabina 22 largo serie N° 59349- y de material estupefaciente en su poder con fines de comercialización la cantidad de trescientos cuarenta y nueve (349) gramos de Clorhidrato de Cocaína con envoltorio fraccionados en casi seiscientos envoltorios de papel glasé de colores varios”, extremo que habré de convalidar.
g. El estudio de los tramos pertinentes del pronunciamiento me permite concluir que mis colegas del tribunal oral han apoyado el relato fáctico allí efectuado en pruebas relativas a la existencia de los hechos atribuidos y a la participación de los acusados en él.
Además, dichas pruebas son válidas, es decir, que las utilizadas para dar sustento al pronunciamiento han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales de los imputados y con arreglo a las normas que regulan su práctica.
Por otro lado, la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que han servido como basamento de las condenas, teniendo en cuenta el contenido y la fuerza de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de la experiencia común y del criterio humano, no exhibe vicios de fundamentación y no es, por lo tanto, irracional, manifiestamente errónea o arbitraria. Por lo tanto, se ha cumplido con el test de motivación exigido por los arts. 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N.
A partir de estos lineamientos y del análisis conjunto de los elementos probatorios obrantes en el legajo, considero que el a quo ha demostrado que los aquí imputados han sido coautores penalmente responsables de los hechos atribuidos, y ha arribado a esa conclusión sin que exista asomo de una motivación irrazonable o carente de fundamento suficiente.
En definitiva, los hechos que tuvo por acreditado el tribunal de juicio constituyen una conclusión lógica y razonada del examen integral del extenso cuadro probatorio con el que cuenta las actuaciones, que fue debida e integralmente analizado por los jueces de grado a la luz del principio de la sana crítica racional que rige la apreciación de la prueba (art. 398 del C.P.P.N).
Es que sólo puede ser tachado de arbitrario un pronunciamiento si la prueba se valora en forma fragmentada y aislada, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del caso, situación que no se verifica en la especie.
En definitiva, no surge de la sentencia, en este aspecto, un vacío probatorio, sino antes bien, se ha podido constatar que la justificación de las condenas de los nombrados ha partido de la existencia de un cúmulo de pruebas directas e indirectas, obtenidas y practicadas en juicio oral conforme a los principios de inmediación, contradicción y publicidad.
La valoración que ha llevado a cabo el tribunal se encuentra revestida de razonabilidad y coherencia, tanto interna como externa, de conformidad con las reglas de la lógica y los principios de la experiencia común y las críticas efectuadas por las partes tan sólo han constituido una mera reedición de aquéllas que oportunamente fueron deducidas en el marco del debate y que, como se repasó, ya habían recibido adecuada respuesta por el tribunal, sin que en esta ocasión logren conmover los completos, complejos y adecuados fundamentos de la decisión recurrida y sin que las hipótesis esgrimidas por las defensas encuentren correlato con los elementos probatorios colectados.
Frente a ello, las críticas que las defensas traen a esta instancia sólo implican una visión parcializada y descontextualizada del plexo probatorio reunido, con argumentos que ya han sido descartados, de manera razonada y razonable, por los magistrados de la instancia anterior. La resolución, en los aspectos analizados, cuenta con suficiente fundamentación y constituye una derivación razonada de derecho vigente con particular aplicación a las concretas constancias de la causa, sin presentar fisuras lógicas que permitan su descalificación como acto jurisdiccional válido, descartándose, por ende, la existencia de un supuesto de arbitrariedad (arts. 123 y 404 inc. 2° del C.P.P.N.).
VI. Agravios vinculados al grado de intervención.
La defensa de Mauro Hernán Santoro se agravió del grado de intervención adjudicado a su asistido, quien, a su entender, sólo podía ser considerado, como hipótesis máxima, un partícipe secundario en el esquema de explotación sexual investigado.
Al momento de analizar su responsabilidad en los hechos investigados, el a quo consideró que se había acreditado que Mauro Hernán Santoro “intermedió con el personal policial de la Comisaría Lomas de Zamora 4ta., y tomó a su cargo el cobro del canon diario que cada una de las víctimas debía abonar para poder ejercer la prostitución en el lugar”.
Los magistrados señalaron que si bien el imputado y su defensa habían intentado desligarse del cobro, se había demostrado cabalmente durante el juicio oral que “a veces con Virreira, pero otras veces él, les cobraba a las mujeres cis y transgénero, más allá que lo hiciera para Virreira y ello no lo coloca como un partícipe secundario, sino prestando una colaboración necesaria sin la cual, el hecho no se habría producido”.
Relataron que su presencia en el lugar de los hechos y su rol como cobrador, bajo el seudónimo de “Julián”, surgía de diversos testimonios: “-Testigo 1: dijo que pasaban personas distintas a cobrar, y que nunca compró sábanas, toallones o copas. -Testigo 2: dijo que Julián era el cobrador. Es canoso, 50 años más o menos. Él iba todos los días, iba a cobrar, y a anotar a las chicas. Iba en el Peugeot bordó. No hablaba. Subían las chicas, pagaban y bajaban y él anotaba. Dijo que el cobrador vendía cosas (electrodomésticos, sábanas, toallas) pero ella no le compró nunca. Luego de explayarse sobre el cobrador Julián, lo reconoció al ver la foto de Mauro Santoro.-Testigo 3, dijo que Juan antes iba solo después vino el cobrador Julián. Reconoció las fotos de Santoro e indicó que ese es el cobrador Julián. Agregó [que] Julián a veces iba con Juan y a veces solo. Dijo que había comprado sábanas, toallas, etc. ‘al chico que les cobraba de la policía, él nos llevaba cosas también’, luego aclaró que se refería a Julián. -Testigo 4: luego de explayarse sobre el jefe de calle, y de manifestar que hacía dos años que estaba en el lugar, dijo que iba él y otro más a cobrar. -Testigo 5: que estaba en el lugar hacía 8 meses dijo que el cobrador, no era gordo ni flaco, más o menos 30 y pico, cuarenta años, que iba solo, en un auto color bordó. -Testigo 6: Dijo que Juan mandaba a otros cobradores. Últimamente iba otro cobrador en un auto bordó con vidrios polarizados. Que veían el auto bordó y ya sabían para qué iba. Juan últimamente no aparecía. El último cobrador iba y decía me manda Juan”.
Los jueces resaltaron que lo declarado por las víctimas coincidía, en los aspectos relevantes, con los dichos de las licenciadas del Programa de Rescate. Puntualizaron que la Lic. Gasparini relató que las mujeres le habían referido que en caso de ausentarse en su jornada igual debían pagar una suma de dinero a Juan o Santoro. La Lic. Quaglino, por su parte, mencionó que la persona llamada Santoro o Julián, cumplía idénticas funciones que el gordo Juan. En tercer lugar, la Lic. Ana declaró que todas las entrevistadas le habían dicho que “había hombres a los cuales había que pagarles para permanecer en la parada, nombraron a uno que llamaba o que se apodaba Julián”.
Complementaron el razonamiento probatorio con la evaluación de los testimonios de los gendarmes que participaron de la investigación. En ese sentido, invocaron la exposición del gendarme Céspedes, quien señaló que “Santoro se dedicaba a cobrar a las mujeres que trabajaban en situación de calle, recaudaba el dinero de la prostitución. Adujo que de la vigilancia se estableció que Santoro hablaba con quienes estaban en los vehículos, era él quien manejaba la situación de la prostitución en la calle, cobraba, veía que mujer estaba en la zona y a quién le tenía que cobrar”.
El testigo también afirmó que a partir de la vigilancia se había establecido que Santoro hablaba con quienes estaban en los vehículos y que “era él quien manejaba la situación de la prostitución en la calle, cobraba, veía que mujer estaba en la zona y a quién le tenía que cobrar. (...) también se pudo determinar cómo paraban en la esquina, cómo hablaba y se acercaba a las mujeres, cómo subían al vehículo de Santoro, cómo iban con la plata en la mano y bajaban sin nada”.
La gendarme Yésica Ledesma dijo que observó, en los distintos horarios, un Peugeot 405 color oscuro al que las mujeres se acercaban. “Señaló que las dos mujeres trans que estaban en la zona durante el procedimiento le dijeron que el Peugeot que aparecía todos los días, era el que iba a cobrar, paraba en todos los sectores para buscar la recaudación por parte de la policía para que las dejen permanecer en la avenida y realizar su trabajo”.
Reseñaron los testimonios de los gendarmes Toledo y Añasco, que coincidieron con sus colegas al describir el rol en el que se lo observó a Santoro durante las tareas de investigación realizadas.
A su vez, tuvieron en consideración que en las filmaciones obtenidas se podía advertir “la presencia del Peugeot 405 bordó usado por Mauro Santoro en el lugar [y] el acercamiento de mujeres al mismo (...) En el video 00032 se observa una camioneta Ford Ranger de la policía de la provincia de Buenos Aires, al lado del Peugeot bordó patente BYS194 de Santoro, donde este saluda a los policías dentro de la camioneta, se acerca a ellos y vuelve a su vehículo dejando una carpeta. En el video DSCN0049 se observa Peugeot bordó patente BYS194 de Santoro, en que una de las trabajadoras sexuales se acerca por unos instantes y lo mismo sucede el en video MVI_1569. En los videos DSCN0081 y MVI_1506 se observa el Peugeot bordó de Santoro y al lado la EcoSport de Ponce”. Examinaron el producto de las intervenciones telefónicas realizadas en su abonado. Así, detallaron que “mantuvo una comunicación, el 12/12/2016, con un hombre nombrado como ‘tío’: Santoro le dijo que trabaja los sábados hasta las 3 de la mañana y la otra persona le dijo: ‘…te van a matar me dijeron, te tiraron un piedrazo, te van a dar un tiro’, y luego le pregunta ‘pero no tiene nada que ver con los trolos?’’, Santoro responde ‘no, nada que ver (…) pasaban haciéndole maldad a las minas, a una la lastimaron (…) nosotros justo estábamos ahí parados hablando con las pibas y plan, me meten el piedrazo’. De ello se infiere que Santoro se encontraba en la ruta Provincial N° 4, Camino de Cintura, hablando con las trabajadoras sexuales y le arrojaron una piedra - ver informe de fs. 968- También resulta de interés la conversación que mantuvo con su esposa Sabrina Durante, el 28/12/2016 a la 01.36 hs., durante la cual Santoro dijo ‘… Ahora estoy yendo a dar una vuelta más …’ y Sabrina: ‘bueno, tené cuidado’, Santoro: ‘… si ma, yo miro para todos lados, en primera dejo el auto, suben, pagan, baja, suben, pagan, baja así…’”.
Concluyeron que de este intercambio se evidenciaba la secuencia de cobro mencionada tanto por las víctimas como por el personal de Gendarmería que realizó tareas de investigación en el Camino de Cintura.
Por último, tuvieron en cuenta, como otro elemento de prueba, que entre la documentación secuestrada dentro de su vehículo se encontró “un listado de personas y bajo la columna saldo distintos montos, todo ello tipeado con computadora, en cambio, escrito de puño y letra obran nombres de mujeres y al lado las sumas de 250/300 o 400 pesos”. Sobre este aspecto, destacaron que las propias víctimas habían reconocido que esa información se correspondía con las sumas que las obligaban a entregar.
De esa manera, y tal como quedó fijada la plataforma fáctica, no pueden ser de recibo las críticas efectuadas por la defensa de Santoro acerca de que su asistido no habría efectuado un aporte esencial a los acontecimientos, sin que se haya probado -en su opinión- un dominio conjunto en la realización del hecho, extremo que lo convertiría, a lo sumo, en cómplice secundario.
Y ello así pues, cualquiera que sea la doctrina que se siga para diferenciar autores de partícipes, se llega, con base en el hecho acreditado y correctamente fundado por el a quo, a la conclusión a la que se arribó en el fallo impugnado. En efecto, al intervenir en tareas de vigilancia sobre las mujeres explotadas e, incluso asumiendo en ocasiones el cobro del canon, es a todas luces evidente que ha cumplido actos de consumación delictiva –lo que lo hace autor según Beling y, en doctrina vernácula, con apego a la literalidad del art. 45 del Cód. Penal, Ricardo C. Núñez- y, por otra parte, revela inequívocamente su dominio del hecho acriminado, dado su rol protagónico en los sucesos.
En tal sentido, cabe distinguir entre el que realiza el aporte en la preparación del hecho y el que lo hace durante su ejecución, pues este último con su aporte esencial decide sobre la consumación (cfr. Bacigalupo, E., "La noción de autor en el Código Penal”, pág. 47, 1965; Claus Roxin, en Homenaje a Jiménez de Asúa, II, pág. 66, 1970) y tiene el dominio de la acción (cfr. C.F.C.P., Sala II “López Mendoza, Albino y Bazán de Ortigoza, Castorina s/rec. de casación”, causa nro. 1332, reg. n° 1680, rta. el 5/11/1997, voto del juez Mitchell). Y si bien no es sencilla la valoración de la aportación de cada interviniente en la definición del delito, Robles Planas, desde su particular perspectiva, resalta que “si los intervinientes definen el delito directamente (sin intervención posterior de otro), la solución es fácil: serán coautores. Pero si contribuyen a su definición de manera indirecta (otro tiene que intervenir todavía)… habrá que decidir entre coautoría, cooperación necesaria, inducción y complicidad” (cfr. La participación en el delito: fundamentos y límites, Marcial Pons, Madrid, 2003, pág. 271)”.
VII. Agravio relativo a la calificación jurídica La defensa de Claudia Ferrando cuestionó, en carácter subsidiario, la calificación jurídica efectuada por el tribunal a quo a la conducta endilgada en el hecho III. Explicó que al no haberse demostrado el dolo de tráfico exigido por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ésta se debería encuadrar en la figura residual de tenencia simple de estupefaciente (art. 14, primera parte, de la ley 23.737).
Adelanto que este planteo no será de recibo pues el juicio de tipicidad efectuado en la sentencia luce ajustado a derecho y a las constancias que surgen de la causa, habiéndose acreditado con suficiencia la ultrafinalidad de comercializar, que es requerida como elemento de la imputación subjetiva, además del dolo. Se constata en el caso un plexo probatorio, que en términos de crítica interna, ha sido bien ponderado y que demuestra la vinculación de Claudia Ferrando con el tráfico de drogas, encuadrándose su accionar en el tipo de injusto previsto y reprimido por el art. 5, inc. c), de la ley 23.737 El a quo ha mencionado en su argumentación indicadores razonables para inferir la orientación de la tenencia de estupefacientes que fueran secuestrados. En tal sentido, ha considerado que la cantidad hallada, su fragmentación y acondicionamiento, en seiscientos envoltorios de papel glasé de colores varios, no permiten adecuar la conducta en la figura propuesta.
Indicó, además, que debía tenerse en cuenta “lo manifestado por el testigo Céspedes, quien dijo que, a una de las policías, se le secuestró droga, 500 gramos en papeles para distribuir, similares a drogas que se consumían en Camino de Cintura, acorde a los papeles que se obtuvieron en los allanamientos”.
Todos estos datos objetivos y concretos, configuran baremos que, analizados en forma conglobada e integral con el resto del acervo probatorio, resultan congruentes con la pretensión de comercializar los estupefacientes por parte de su tenedora. De la evaluación de estos elementos es dable inferir la conexión subjetiva inherente al tipo de injusto que se le atribuyó a Ferrando.
Desde su inicio, esta Cámara ha sostenido que en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, la intención de comerciar debe probarse a partir de elementos objetivos -indicios y circunstanciasincorporadas regularmente al proceso e invocadas en la acusación, que demuestren el propósito del sujeto (cfr. causa 31, “Cantone, Aldo H y otro s/rec. de casación”, Reg. nro. 91 del 29/11/93, de la Sala I de esta C.F.C.P.). Es así que en la tenencia con fines de comercialización, la figura básica de tenencia de estupefacientes se encuentra agravada por el fin o propósito con el que se tiene: la intención de comerciar con ellos (cfr. causa Nro. 1584, “San Martín, Pablo A. s/rec. de casación”, Reg. nro. 1999 del 22/05/98, de la Sala II de esta C.F.C.P, voto del doctor Mitchell).
En el sub judice las circunstancias que rodearon la tenencia de droga por parte de Ferrando resultaron demostrativas de esa intención adicional, distinta del dolo; evidenciando, luego de analizar el material probatorio incorporado regularmente al debate, una cierta vocación de tráfico, quedando expuesta de esta manera la ultraintención que como elemento subjetivo esta última figura requiere. En consecuencia, en virtud de las consideraciones antes formuladas, el tipo de injusto discernido por el a quo luce ajustado a derecho y a los elementos probatorios adecuadamente aquilatados, no constatándose pues el alegado vicio in iudicando. De ahí que no resulte plausible la modificación propuesta por la recurrente a tenor de la calificación más benévola receptada en el art. 14 primera parte de la ley 23.737.
Cabe destacar que no existe duda alguna que amerite que la doctrina del Máximo Tribunal que dimana del precedente “Vega Giménez” (Fallos: 329:6019) cobre vocación aplicativa en la especie.
VIII. Inconstitucionalidad del delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal La defensa de Kearney Herrera y Ricardo César Pérez planteó la inconstitucionalidad del delito de tenencia de armas, explicando que “el hallazgo de un elemento que no ha sido usado contra persona alguna, que se encuentra en la esfera íntima del ciudadano, no puede ser sancionado, causándole de tal manera un gravamen que lleva a la aplicación de la tacha de inconstitucionalidad”.
En primer término, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan, en principio, la presunción de validez (Fallos: 263:309).
En ese lineamiento, el Alto Tribunal ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, debe hacerse lugar a la inconstitucionalidad. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).
También ha señalado que el Poder Legislativo es el único órgano que tiene la potestad de valorar conductas, constituyéndolas en tipos penales reprochables y decidir sobre la pena que estima adecuada a la actividad que se considera socialmente dañosa (Fallos: 209:342). Además ha reconocido que es ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341; 314:424).
Se trata pues de las llamadas cuestiones o actos políticos, propios de los poderes políticos –Legislativo y Ejecutivo- y que por tanto no son justiciables, por ser actos discrecionales de aquéllos. Sostener que todos los actos o cuestiones –aun las políticas- son justiciables sería establecer el gobierno de los jueces, cosa inaceptable para el sistema republicano que nos rige.
Por otra parte, cabe traer a colación que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), así es que los jueces no pueden sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretase conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico (Fallos: 295:376), máxime cuando aquél concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:311, considerando 8º), evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como valedero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:297, considerando 3º; 312:1614; 321:562; 324:876, entre otros).
También indicó que “… Las consideraciones precedentes son la derivación obligada que esta Corte extrae de una prudente hermenéutica constitucional de los puntos de vista material y formal del principio de legalidad. Desde el punto de vista material, el principio de legalidad establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente. Ello es así porque sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada (…). Desde el punto de vista formal, la organización del poder establecida por la Constitución ha puesto exclusivamente en cabeza del Poder Legislativo el ejercicio de esas facultades” (Fallos 314:424).
La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 303:578 y B. 4143. XXXVIII, “Blum, Nicolás Ricardo y Cartagena, Juan Manuel s/causa nº 4052” rta. el 15/5/2004).
En el mismo sentido, he señalado que como el derecho penal representa la última línea de defensa en contra de la lesión de valores jurídicos fundamentales y es tarea del legislador articular los lineamientos generales de la política criminal, la apreciación que realiza el legislador involucra una esfera de decisión política sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces, ya que representa facultades específicas de aquél sobre la política criminal, la que sólo tendría lugar en el caso de que se lesionen garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional o Tratados Internacionales en que la República sea parte. Y no corresponde al Poder Judicial efectuar un análisis del mérito o conveniencia, acierto o error de la norma, ya que ello es propio de las atribuciones constitucionales que le competen al Poder Legislativo, sino que debe sujetarse a efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad de la norma, en los casos sometidos al control jurisdiccional (cfr., en lo pertinente y aplicable, mi voto en la causa FCB 6299/2015/TO1/ CFC1, “Cruz, Adrián y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1624/19 de esta Sala, del 15/8/2019).
A fin de dilucidar la cuestión traída a estudio de esta Cámara, es necesario recordar que el delito de tenencia ilegal de arma de fuego -considerado de mera actividad (peligrosa)-, se consuma con la sola acción de tener bajo el propio ámbito de dominio el objeto prohibido sin la autorización legal pertinente; siendo necesaria, desde ya, la preexistencia de un peligro (aunque sea remoto), pues siempre y en todos los casos es menester, como mínimo, ese peligro potencial para el bien jurídico protegido (seguridad pública). Se puede decir, también, que en estos supuestos son sancionadas conductas percibidas como peligrosas, por principio permitidas, pero que rebasan los márgenes de permisión o se desvían del estándar. En sí son delitos de elusión y pertenecen al modelo de anticipación, no teniendo al peligro como figura clave (cfr., desde su particular perspectiva, Ronald Vilchez Chinchayán, Una revisión a los delitos de peligro, en Comprender el Derecho Penal, IV Jornadas Internacionales de derecho penal en homenaje a Jesús María Silva Sánchez, AA.VV., ed. Ibdef, Montevideo, Uruguay, 2019, p. 8).
De lo que aquí se trata, es de que se observa una situación de anormalidad. Para entenderla hay que señalar que se parte, en algunos casos, de la posibilidad de lesionar, pero esta se tiene asumida, es un estado común. Lo extraordinario es superar unos límites, que suponen no contar con los permisos o autorizaciones necesarios para actuar dentro de un contexto de riesgo, o contando con ellos, no cumplir con lo especificado (cfr. Vilchez y su interesante nueva visión de los delitos de peligro, p. 16).
A mi ver, el juzgador no puede desentenderse de la especial naturaleza que, en cada caso, tenga el contenido de esa posesión. Detrás del precepto debe existir un contenido claro y, además, unos contornos determinados, que permitan al juez poder fundamentar razonada y razonablemente que la conducta es peligrosa y que se respetan, entre otros, los principios de legalidad y culpabilidad.
Con acierto señala Donna que se ha hecho notar por la doctrina argentina la dificultad de caracterizar, de manera adecuada, el bien jurídico en los delitos contra la seguridad pública. Se trata de delitos en los cuales está contemplado, a veces, el bien jurídico seguridad, en relación con la afectación de determinados bienes jurídicos; y, en otros, sólo con relación al peligro de esa afectación. La protección penal acordada por los tipos penales previstos en los artículos de este título VII del C.P., se refieren a la seguridad pública. Pero la seguridad a la que menciona el título no es la que de manera genérica el Derecho debe proteger como su función básica e ineludible, sino que se trata de la seguridad en el sentido de cuidado de los bienes en común, que abarca tanto a las personas como a los bienes en sí mismos. La seguridad significa, desde esta perspectiva, no tanto ausencia de riesgos sino, más bien, el conocimiento de riesgos y de los actos que los acrecientan o los posibilitan que, por eso, se busca evitar.
Cuando el legislador habla de seguridad se está refiriendo a los peligros que producen ciertas acciones para los bienes en común, pero teniendo en cuenta que se trata de la seguridad pública. El adjetivo público está empleado en el sentido de conjunto, de comunidad, de una parte no individualizada del pueblo, de la sociedad (cfr. Derecho Penal, parte especial, T. II-C, ed. Rubinzal Culzoni, 1a. ed., Santa Fe, 2002, p. 13, con cita de Sanchís Ferrero, Molinario y Aguirre Obarrio).
Al definir el tipo penal que describe esta conducta, el legislador no exige que se los tenga con un fin determinado, sino que su mera tenencia, sea cual sea el fin, es delictiva por el conocimiento de los riesgos y de los actos que los acrecientan o posibilitan que, por eso, se busca evitar. Entonces, al hablar de seguridad, se toman en cuenta los peligros que producen ciertas acciones (cfr. ob. cit., p. 16).
Ahora bien, como se dijo, la figura bajo análisis (art. 189 bis, inciso primero, tercer párrafo del Código Penal) requiere la constatación de una puesta en peligro para el bien jurídico protegido -aunque ésta sea de carácter remoto o potencial- y de la lectura de la resolución impugnada se desprende que este extremo ha quedado debidamente acreditado con las constancias recabadas en autos.
Al respecto, los magistrados tuvieron en consideración el contexto en el que se cometieron los delitos investigados: “la calidad de funcionarios públicos de algunas de las personas imputadas, que se trata de una acusación de extrema gravedad, donde medió violencia de género y abuso de la situación de vulnerabilidad de las mujeres cis y trans explotadas sexualmente, explotación que, como consta sobradamente en autos, se consumó, y que la organización delictiva utilizó sus puestos en la fuerza policial -cabe destacar que, algunos de ellos, de jerarquía- para garantizarse la perpetuación en el tiempo y la impunidad en sus acciones”.
Continuaron destacando que, en el caso bajo estudio, “no solamente encontramos conculcada, prima facie, la seguridad pública, que busca proteger el dispositivo normativo en pugna, sino que se advierte su relación directa con aspectos vinculados a otros bienes jurídicos, los que podrían ser vulnerados mediante la ulterior utilización de esas armas clandestinas, tales como la vida, la integridad física, la salud y la libertad.
Por lo demás, cabe reiterar que la lectura de la aplicación del mencionado artículo debe formalizarse de manera armónica con las restantes figuras penales que forman parte de la acusación, pues se trata de una organización criminal, que se valió de la jerarquía policial de la Comisaría 4ta de LLavallol para explotar sexualmente un grupo de mujeres cis y trans, explotación que se consumó y de la que se beneficiaron económicamente”.
Se observa, entonces, que el a quo ha explicado, de manera razonada y razonable, de qué modo la conducta endilgada a los imputados podía ser considerada peligrosa, lo que permite descartar la tacha de inconstitucionalidad invocada. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es competencia del legislador, dentro del marco del principio de legalidad, determinar de manera ex ante si una conducta resulta peligrosa y prever la producción del daño a un bien, basándose en un juicio verosímil, formulado sobre una situación de hecho objetiva y de acuerdo con criterios, y normas de experiencia (cfr. 9-11-2000, B. 60 XXXV, “Bosano Ernesto Leopoldo, infracción a la ley 23.737”).
Por lo expuesto, el presente motivo de agravio debe ser rechazado.
IX. Omisión de tratamiento sobre la solicitud de ser depositario judicial La defensa de Patricio Kearney Herrera cuestionó que no se haya dado tratamiento a una solicitud de ser depositario judicial del vehículo Citroën secuestrado en este proceso. Ahora bien, de la sentencia analizada se advierte que el vehículo en cuestión, un Citroën Xsara Picasso, dominio GKB 002, ha sido decomisado de acuerdo a lo normado por el artículo 23 del Código Penal, sin que la parte haya puesto en cuestión la razonabilidad o validez de esa decisión jurisdiccional.
Por lo tanto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que sean conducentes para la solución del pleito (Fallos: 233:147, 251:518; 255:132; 312:2249; 319:992; 342:259). En razón de ello, y al no haber discutido la parte los cimientos sobre los que se asienta la decisión que cuestiona, la que, además, luce razonada y razonable, corresponde rechazar el presente motivo de agravio.
X. De la determinación de las penas En cuanto a las penas infligidas a Mauro Hernán Santoro, Sebastián Alejandro Pérez, Félix Nicolás Breglia, Damián Ariel Romero, Patricio Miguel Kearney Herrera, Claudia Yamila Ferrando y Héctor Mario Coquean, corresponde observar que los magistrados de la anterior instancia han relevado las pautas adecuadamente para determinar su incidencia en los quantum, brindando las razones por las cuales se ha escogido a algunas como atenuantes y a otras como agravantes para, en definitiva, individualizar las sanciones que aplicaron. En efecto, de la lectura de los fundamentos del fallo, resulta posible conocer el procedimiento intelectivo seguido por el a quo para arribar a la determinación de las penas dispuestas, ya que se han explicitado debidamente cada uno de los parámetros utilizados de conformidad con los arts. 40 y 41 del Código Penal y su incidencia respectiva en las sanciones.
En efecto, los montos punitivos han sido individualizados como consecuencia de una correcta ponderación de aquellos criterios que les sirvieron a mis colegas de la instancia anterior para evaluar la intensidad del injusto y el grado de culpabilidad de cada uno de los sujetos involucrados, a la vez que no se presentan como desproporcionados ni irrazonables en atención a la escala penal aplicable para el ilícito endilgado.
Corresponde recordar que el tribunal condenó:
a) A HÉCTOR MARIO COQUEAN, a la pena de NUEVE (9)
años de prisión, accesorias legales, costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser COAUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial, en una escala que prevé un mínimo de cinco y un máximo de diez años de prisión y con un pedido de diez años de prisión efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
b) A FÉLIX NICOLÁS BREGLIA a la pena de OCHO (8) años de prisión, accesorias legales, costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser COAUTOR del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial, en una escala que prevé un mínimo de cinco y un máximo de diez años de prisión y con un pedido de diez años de prisión efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
c) CONDENAR a CLAUDIA YAMILA FERRANDO a la pena de OCHO (8) años de prisión, multa de sesenta (60) unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia, por ser COAUTORA del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionaria policial y AUTORA del delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y del delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de este delito, todos ellos en concurso real entre sí, en una escala que prevé un mínimo de seis y un máximo de treinta y dos años de prisión y con un pedido de diez años y ocho meses de prisión efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
d) a MAURO HERNÁN SANTORO a la pena de OCHO (8) años, accesorias legales y costas del proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE NECESARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad, en concurso real, en calidad de AUTOR, del delito de tenencia simple de arma de guerra sin la debida autorización legal, en una escala que prevé un mínimo de cinco y un máximo de dieciséis años de prisión y con un pedido de nueve años de prisión efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
e) A SEBASTIÁN ALEJANDRO PÉREZ a la pena de SIETE (7) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE NECESARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad, en una escala que prevé un mínimo de cinco y un máximo de diez años de prisión y con un pedido de ocho años de prisión efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
f) A DAMIÁN ARIEL ROMERO a la pena de TRES (3) años de prisión en suspenso, accesorias legales, costas proceso y la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia por ser PARTÍCIPE SECUNDARIO del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad, en una escala que prevé un mínimo de dos años y seis meses y un máximo de seis años y ocho meses de prisión y con un pedido de esa misma pena efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
g) A PATRICIO MIGUEL KEARNEY HERRERA, a la pena de SEIS (6) años de prisión accesorias legales y costas del proceso, inhabilitación especial para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años y DIEZ MIL pesos ($10.000) de multa, por ser AUTOR del delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil y armas de guerra sin la debida autorización, los que concurren en forma real, en una escala que prevé un mínimo de dos años y un máximo de ocho años de prisión y con un pedido de esa misma pena efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
En ese marco, advierto que el tribunal ha impuesto, en todos los casos, penas inferiores a las solicitadas por el Ministerio Püblico Fiscal; con la excepción de los casos de Romero y Kearney Herrera, en donde estableció el mismo monto que requirió el acusador.
También observo que se ha llegado a las extensiones temporales impuestas sin menoscabo a principios de jerarquía superior –arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y art. 5 inc. 6 de la Convención Americana de Derechos Humanosy que las penas han sido infligidas respetando las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del C.P., habiéndo arribado a esos quantums con apego a la máxima de razonabilidad y de acuerdo con las circunstancias particulares de los nombrados y del caso.
Con el fin de mensurar la pena a imponer a Héctor Mario Coquean, el a quo tuvo en cuenta, en carácter de agravantes “el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, que la explotación funcionó bajo el dominio de ese personal con capacidad de mando de la dependencia, quien con la cobertura e impunidad que se derivaba de su cargo, se benefició económicamente a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar -concurrieran o no- y se les indicó dónde debían ubicarse a los fines de ejercer la prostitución.
En el caso particular de Coquean, ha merecido un reproche mayor por ser el Jefe de la Comisaría de Llavallol y por la duración en que cometió el ilícito, entre febrero de 2015 hasta el 06/03/2016, en la comisión del delito la posición jerárquica y las funciones que como jefe tenía. También como agravante ponderamos el tiempo en que Coquean estuvo prófugo, sustrayéndose a la acción de la justicia”.
Como atenuantes, tuvo en consideración la ausencia de antecedentes y el tiempo de detención padecido hasta la celebración del debate.
Respecto de Félix Nicolás Breglia, valoró como agravantes “el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, que la explotación funcionó bajo el dominio de ese personal con capacidad de mando de la dependencia, quien con la cobertura e impunidad que se derivaba de su cargo, se benefició económicamente a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar -concurrieran o no- y se les indicó dónde debían ubicarse a los fines de ejercer la prostitución.
En el caso particular de Breglia, ha merecido un reproche mayor, por ser el Jefe de la Comisaría de Llavallol (...), pero con un tiempo menor de duración que Coquean en que cometió el ilícito, esto es, desde el 07/03/2016 hasta 06/03/2017, en la comisión del delito la posición jerárquica y las funciones que como jefe tenía.
Al momento de evaluar las atenuantes, ponderamos su carencia de antecedentes y el tiempo de detención que padeció hasta la celebración del debate”.
Sobre la situación de Claudia Yamila Ferrando, valoraron como agravantes “el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, que como jefa de calle durante la gestión de Breglia, intervino [en] la explotación [que] funcionó bajo el dominio de ese personal, con capacidad de mando de la dependencia, quien con la cobertura e impunidad que se derivaba de su cargo, se benefició económicamente a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar - concurrieran o no- y se les indicó dónde debían ubicarse a los fines de ejercer la prostitución.
Además, en su caso, tenemos en cuenta que también resulta responsable por el delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y del delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido por un funcionario público encargado de la prevención”.
Como atenuantes, ponderaron “su carencia de antecedentes y el tiempo de detención que padeció hasta la celebración del debate”.
Con respecto a Mauro Hernán Santoro, consideró como agravantes “el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, intermedió con el personal policial de la Comisaría Lomas de Zamora 4ta., y tomó a su cargo el cobro del canon diario que cada una de las víctimas debía abonar para poder ejercer la prostitución en el lugar.
Además, en su caso, tenemos en cuenta que también resulta responsable por el delito de tenencia simple de arma de guerra sin debida autorización.
Al momento de evaluar las atenuantes, ponderamos su carencia de antecedentes, su bajo nivel socio económico y cultural –vendedor ambulante con un ingreso de 15.000 pesos, estudios secundarios completos - y el tiempo de detención que padeció hasta la celebración del debate”.
En cuanto a Sebastián Alejandro Pérez, tomaron como agravantes “el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, participó de la explotación manteniendo un contacto y control directo sobre las víctimas, a quienes les cobraba un monto de dinero, bajo el amparo de la organización criminal dirigida por el personal policial. Al momento de evaluar las atenuantes, ponderamos su bajo nivel socio económico –técnico instalador con un ingreso de 12.000 pesos y estudios secundarios- y el tiempo de detención que padeció hasta la celebración del debate”. Respecto de Damián Ariel Romero, sopesaron “como agravantes el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, facilitó el sistema de explotación mediante el traslado de las víctimas al lugar, bajo el amparo de la organización criminal dirigida por el personal policial. Al momento de evaluar las atenuantes, ponderamos su bajo nivel socio económico - estudios secundarios, técnico electromecánico, que no está trabajando, solo de herrería, percibiendo 8 mil pesos- y el tiempo de detención que padeció hasta la celebración del debate”.
Por último, consideraron como agravantes de la conducta desplegada por Patricio Miguel Kearney Herrera “el modo en el que se cometió el injusto, la forma desplegada, es decir, el haber tenido ilegítimamente en su poder las siguientes armas de fuego: una pistola marca Bersa modelo 223, calibre 22 mm, LR, serie N° 90834 con un cargador; una pistola marca BROWNING’S, serie n° T08996, calibre 9 mm. con la inscripción “Policía Prov. Bs. Aires - 68”, con su respectivo cargador; un revólver sin marca ni modelo a la vista de 5 alvéolos, calibre 38; un revólver marca BAGUAL calibre 22 de 8 alvéolos sin número de serie visible; un revólver marca JC de 5 alvéolos sin número visible; una pistola calibre 22 LR serie N° 10916; un pistolón marca MAHELY calibre 22 LR, serie N° 115277; una escopeta marca BATAN, modelo 71, serie N° 7528; una ametralladora marca HALCON modelo ML63, serie N° 05- 10400 calibre 9 mm. y dos cargadores y un rifle marca BATAN modelo SUPER 54, serie N° 79875-86-42-86452- 86494, calibre 22 con su respectivo cargador; todos ellos hallados al producirse el allanamiento, el 19/05/2017, en el domicilio que habitaba el imputado, sito en Pedro J. Waimayer 2031 entre Yapeyú y Nicolás Vega de la localidad de Berazategui.
A su vez, no se advierten atenuantes que computar, a los fines de reducción de la pena”.
Esa argumentación ponderativa, entendida como un proceso de elaboración y clasificación de informaciones de distinta clase, no implicó una mera suma o resta de atenuantes y agravantes, sino que significó un sopesar que, en definitiva, llevó al tribunal a infligir judicialmente esas penas. Por lo tanto, y como ya se sostuvo, las sanciones se encontraron precedidas de suficiente fundamentación, con relación a las circunstancias relevadas en el caso y discutidas previamente por las partes en el debate, de conformidad con los estándares que dimanan de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En suma, tal como llevo dicho en esta Sala, en Casación sólo se pueden revisar las decisiones arbitrarias o las inmotivadas en la imposición de la pena, pero no las decisiones razonadas y razonables como la presente (cfr., entre otras, FSA 7481/2016/TO1/CFC2 “SOLER PÁEZ, Ariel Alfredo s/recurso de casación”, Reg. 320/19, del 14/3/2019), por lo que los agravios traídos a esta instancia no podrán prosperar. No se observa, entonces, como afirman los impugnantes, que se hayan soslayado pautas atenuantes conducentes. En todo caso, nos encontramos con una diferencia de criterio acerca de cuánto debe impactar cada una de las pautas relevantes, pero sin haber demostrado un asomo de arbitrariedad.
Por otro lado y a fin de dar respuesta al específico planteo relativo a la imposibilidad de valorar elementos del tipo penal como agravantes, habré de señalar que, como ya llevo dicho, en la tarea de individualizar pena, deviene necesario que el juez atienda específicamente al grado del injusto causado, considerando las características del hecho y, junto a ellas, su entidad y gravedad (entre otros, cfr. FSA 16133/2017/TO1/CFC1, “GUZMAN, Luis Santos Orlando s/ recurso de casación”, Reg. 863/19, del 10/05/2019 y CPE 990000030/2011/TO1/CFC1, “SILVERA, Marcelo y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1417/19, del 05/07/2019).
Es que la enumeración efectuada en el art. 41 del Código Penal de criterios para fijar la pena no es taxativa, por lo que no excluye ninguno de los elementos referentes a las personas o a los hechos, dignos de ser considerados y que representen mayor o menor gravedad a la afectación del bien jurídico tutelado en el tipo penal aplicado o de la peligrosidad del delincuente.
Lo que valoró el tribunal en esta fase final del proceso fue la intensidad del hecho llevado a cabo y la extensión del daño causado con su accionar, y no su mera existencia.
Considero, entonces, que la prohibición de la doble valoración no obsta a que un elemento que forme parte del supuesto de hecho de la figura que se aplica sea tomado en cuenta en la oportunidad de la determinación de la pena para precisar su intensidad, pues ilícito y culpabilidad son conceptos graduables y el paso decisivo de la individualización de la medida de la pena es definir su gravedad.
XI. Por los motivos expuestos, propongo al acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos por la defensa pública que asiste a Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; la que asiste a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Ricardo Pérez; la que asiste a Claudia Yamila Ferrando; el defensor particular de Javier Alejandro Caffarena y el de Héctor Mario Coquean, con costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Ténganse presentes las reservas del caso federal formuladas.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Comparto, en lo sustancial, los argumentos y las conclusiones exteriorizadas por el distinguido colega que me precede en el orden de votación, doctor Javier Carbajo, en relación a los agravios formulados por las defensas de Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez; de Claudia Yamila Ferrando; de Javier Alejandro Caffarena y de Héctor Mario Coquean referidos a las nulidades rechazas por el tribunal a quo, al rechazo del planteo de la violación al principio de congruencia, a la valoración probatoria efectuada al momento de asignar las responsabilidades penales de los encartados, a la participación de los imputados en los hechos, el error de prohibición alegado, a la calificación legal asignada al hecho III, a la inconstitucionalidad del delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal y su atipicidad, a la omisión de tratamiento sobre la solicitud de ser depositario judicial y los montos de pena de prisión impuestos.
II. En primer lugar, coincido con el Dr. Carbajo en que las críticas dirigidas por las defensas en los respectivos recursos de casación contra las nulidades rechazadas por el tribunal oral, no deben prosperar en esta instancia casatoria. Los planteos de nulidad efectuados no resultan novedosos, en tanto constituyen una reedición de los formulados en iguales términos durante el juicio oral, los que fueron desestimados con fundamentos bastantes por el tribunal de mérito en el fallo recurrido; sin que las defensas hayan brindado argumentos suficientes ni novedosos en sus presentaciones recursivas para conmover lo decidido. De la lectura de los recursos interpuestos surge que la defensa de Sebastián Alejandro Pérez postuló la nulidad del acta de procedimiento en la que se hizo constar la detención y la requisa de su asistido; las defensas de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez, de Claudia Yamila Ferrando y de Héctor Mario Coquean se agraviaron del rechazo de la nulidad del acuerdo realizado en los términos de la ley 27.304 entre el imputado Amaya y el representante del Ministerio Público Fiscal y, además, la defensa de Ferrando cuestionó el rechazo de la nulidad del registro efectuado en su domicilio el 19/05/2017. Resulta oportuno recordar que el principio de trascendencia, que regula el instituto de la invalidación de los actos procesales, exige la existencia de un vicio de tal carácter que afecte un principio constitucional. Ello solo se materializa con la generación de un perjuicio concreto que no haya sido subsanado, porque las formas procesales han sido establecidas como garantía de juzgamiento y no como meros ritos formales carentes de interés jurídico.
Tampoco debe perderse de vista que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 del C.P.P.N., toda disposición legal que establezca sanciones procesales –como la nulidad– debe ser interpretada restrictivamente.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “…es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo que también está interesado el orden público…” (Fallos: 325:1404).
La declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley (cfr. Fallos 295:961; 298:312; 311:1413; 311:2337; 324:1564 y 328:58, entre muchos otros), resultando inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (cfr. Fallos 303:554; 322:507; 342:624 y 343:168 –entre muchos otros-).
En esa inteligencia, he resaltado en numerosas oportunidades actuando como juez de esta Cámara Federal de Casación Penal que las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo, no son un fin en sí mismas pues se requiere la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia (cfr. en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causa nro. 14.447, caratulada “Cuevas, Mauricio Isabelino s/recurso de casación”, reg. 15.972.4 rta. 12/11/11; causa nro. 9538, caratulada “Paita, Ricardo Alberto y otro s/recurso de casación”, reg. 755.4, rta. 17/05/12; causa nro. 15.148 caratulada “Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casación”, reg. 191/14, rta. 26/02/2014; causa FCR 9400939/2011/TC1/1/CFC1 caratulada “Carrera Ganga, Walter Gabriel s/recurso de casación”, reg. 1009, rta. 29/05/2015; causa FSA 12272/2015/TO1/CFC1 caratulada “Cantaluppi Daisy Cristhiane y otra s/recurso de casación”, reg. nº 743/17.4, rta. 19/06/17; causa FMZ 14895/2013/TO1/5/CFC2 caratulada “Ortiz Donadell Gerardo Saúl s/ recurso de casación, reg. nº 461/18.4, rta. 9/5/2018; causa FSA 7920/2017/TO1/CFC1, “Báez, Federico Andrés y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 775/22, rta. 21/06/2022, y en causa CFP 18051/2016/TO1/CFC55, “Estrada González, Marco Antonio y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 1134/22, rta. 29/8/2022, entre muchas otras).
Sentado ello, se advierte que el tribunal de la instancia anterior ha brindado argumentos bastantes para sustentar su decisión de descartar las nulidades planteadas por las defensas; aspecto del fallo impugnado que cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, lo que impide la descalificación como acto jurisdiccional válido que pretende la defensa en su recurso de casación. De esa manera, habiendo las partes recurrentes reeditado sus planteos en iguales términos sin haber brindado argumentos suficientes ni novedosos para demostrar las contradicciones y la falta de fundamentación que alega -lo que, vale aclarar, tampoco se advierte-, concuerdo con el Dr. Carbajo en que los planteos de nulidad deben ser desestimados en esta instancia.
III. En lo que respecta al planteo de violación del principio de congruencia -formulado por las defensas de Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez y de Héctor Mario Coquean -fundada en la aplicación de una calificación sorpresiva que no había sido discutida por las partes- he sostenido en distintas oportunidades que, para que tenga lugar una afectación a dicho principio, es menester la concurrencia de una situación fáctica que ha sufrido modificaciones de entidad tal durante el debate que su admisión en esas nuevas condiciones en la sentencia vendría a importar mengua al derecho de defensa del perseguido, por ser el hecho por el que se lo habría de juzgar continente, ahora, de ingredientes históricos substanciales no abarcados por la requisitoria o auto de elevación, consecuentemente tampoco por la intimación, y a cuyo respecto, en definitiva, no se respetaron las reglas del debido proceso, por haber sido ajenos al mismo el contradictorio y la defensa verificados durante la audiencia (cfr. en igual sentido, C.F.C.P., Sala IV: causa nº 15129, “Méndez, Mariano s/recurso de casación”, reg. nº 233/13, rta. 12/3/13; causa FCR 94000160/2010/TO1/CFC1, "Ceballos, Néstor Conrado y Castro, Juan Carlos s/ recurso de casación", reg. nº 643/16.4, rta. 24/05/16; causa FCR 22000029/2011/TO1/CFC5, “Monsalves, Diego Matías y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 1129/18, rta. 31/8/2018, y causa FMZ 42809/2015/TO1/CFC2, “Vidaurre Felipe y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 2028/18.4, rta. 17/12/2018; Sala III: causa nº 17.051 “Carranza, José Antonio s/ recurso de casación”, reg. nº 2639/14, rta. 28/11/2014; Sala I: causa FSM 44531/2014/TO1/3/CFC1, “López, Miguel Ricardo s/ recurso de casación”, reg. n° 1242/19, rta. 16/7/2019 y, más recientemente, en causa FSM 18/2019/TO1/CFC4, “Sandalie, Roberto Alejandro y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 725/2022, rta. 7/6/2022 -Sala IV-).
Este principio procura evitar dejar desamparado al imputado y a su defensor respecto a sus posibilidades concretas de refutar o inhibir la imputación que pesa sobre aquél, a cuyo tenor deberá disponer de todas las herramientas necesarias para poder probar y alegar contra la acusación que se le formula. La violación a esta regla solo se verifica ante la ausencia de identidad fáctica entre el suceso por el que el imputado resulta condenado y el enunciado en la acusación intimada –ne est iudec ultra petita–; circunstancia que, tal como sostuvo el distinguido colega que lidera el acuerdo, no se evidencia en el caso de autos.
Lo que aquí interesa es que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron considerar; pues si no sucediera de ese modo se estaría privando al imputado del derecho de probar, contradecir y alegar sobre el suceso que se le atribuye, vulnerándose así la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). Como contrapartida, no existirá violación a dicha garantía si el imputado contó a lo largo de todo el proceso y durante la audiencia de debate con la posibilidad de ejercer su defensa material y técnica de las imputaciones que pesaban en su contra.
En este sentido, mientras la plataforma fáctica no sufra alteraciones de sustancial importancia durante el proceso penal y en la sentencia condenatoria se tengan por acreditados los mismos hechos descriptos en la acusación, no existirá violación alguna al principio de congruencia. Es decir, no habrá lugar para sostener la vulneración a dicho principio en aquellos casos en los que del análisis de las actuaciones se desprende que los sucesos que le fueran enrostrados a los imputados desde el inicio de estas actuaciones son los mismos que los contenidos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio y en el alegato realizado ante el Tribunal Oral, de manera tal que la plataforma fáctica se mantenga inalterada; tal como, vale aclarar, se verifica en el sub lite (cfr. en igual sentido, causas FCR 22000809/2010/TO1/CFC1, “Solari, Fabio Enrique s/ recurso de casación”, Reg. nro. 872/16, rta. 7/7/16; FCB 48115/2017/TO1/CFC1, “Fernández, Gerardo Fabián s/ recurso de casación”, Reg. nro. 107/19, rta. 19/02/19; FCR 7043/2016/TO2/ CFC1, “Naino, Mario Gustavo y otra s/ recurso de casación”, Reg. nro. 1195/19, rta. 12/06/19; FSA 25810/2018/TO1/CFC1, “Velasco Navia, Pamela s/recurso de casación”, Reg. nro. 82/20, rta. el 18/02/20; FCB 13194/2017/TO1/CFC6, “Torres, Oscar Javier y otros s/recurso de casación”, reg. n° 1206/20, rta. 29/7/2020; causa FPA 961/2016/TO2/CFC13 “Varisco, Sergio Fausto y otros s/recurso de casación”, Reg. n° 2612/20.4, rta. el 22/12/2020 y en causa FRE 15909/2018/TO1/CFC1, “Orue, Roberto Favio s/ recurso de casación”, Reg. n° 1366/21, rta. el 2/9/2021, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P.).
A tenor de tales lineamientos, las defensas no demuestran que haya existido una mutación en los hechos por los que sus asistidos fueron indagados, requeridos a juicio y, a la postre, condenados, sino que cuestiona que el fiscal haya utilizado, y el a quo haya receptado, un tipo penal que no había sido discutido por las partes.
La parte recurrente tampoco ha brindado motivos con aptitud suficiente para poner en evidencia que los parámetros esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la violación al principio de congruencia (Fallos 242:234; 314:333; 315:2969, 319:2959 y 329:4634 -entre otros-), se presenten en el caso de autos; lo que tampoco se advierte.
A ello cabe agregar que las defensas impugnantes, en sus presentaciones recursivas, han omitido exponer ante esta Alzada cuáles fueron las defensas que se habría visto impedida de ejercer, lo que pone en evidencia la ausencia de un perjuicio concreto; circunstancia que, en definitiva, es la que resulta relevante y define la suerte negativa del presente agravio (cfr. en igual sentido, causa FCR 16445/2017/CFC1, “Aguiar, Werther Augusto s/recurso de casación”, Reg. n° 1857/20.4, rta. 24/09/2020, de esta Sala IV de la C.F.C.P.). Por lo expuesto, adhiero a rechazar los agravios planteados en los recursos de las defensas de Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; la de Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Pérez y la de Héctor Mario Coquean en este punto.
IV. A continuación, corresponde abordar el planteo de las defensas de la imputada Ferrando y de los imputados Kearney Herrera y Pérez sobre el rechazo de los planteos de prescripción de la acción penal efectuados ante el tribunal oral.
Los agravios relacionados con la prescripción de la acción y la violación al plazo razonable de duración del proceso resultan ser una reedición de aquéllos formulados durante el juicio oral, debidamente refutados por los jueces sentenciantes.
Aunado a ello, las conclusiones del tribunal en cuanto a que en razón de los cargos desempeñados por los imputados deviene aplicable al caso la suspensión prevista en el segundo párrafo del art. 67 del C.P. es coincidente con el criterio de esta Sala IV en la causa CFP 16800/2004/TO1/CFC1, caratulada “AGUILAR, Ramón y DURÁN, Alberto s/recurso de casación”, reg. 1541/22.4 del 8/11/2022, razón porbz la cual adhiero a las consideraciones del Dr. Carbajo a cuyas conclusiones me remito.
V. Sentado cuanto antecede, cabe analizar los cuestionamientos formulados por las defensas en orden a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal. En el caso, las partes recurrentes no controvirtieron la materialidad histórica del hecho ilícito bajo juzgamiento, sino que dirigieron sus críticas contra el juicio de responsabilidad penal efectuado por el tribunal de la instancia anterior respecto de sus asistidos.
En primer lugar, corresponde a esta Alzada determinar si la decisión del tribunal oral en cuanto condenó a Sebastián Alejandro Pérez, Mauro Hernán Santoro, Félix Nicolás Breglia, Ricardo César Pérez, Claudia Yamila Ferrando, Javier Alejandro Caffarena, Héctor Mario Coquean y Damián Romero tras considerarlos penalmente responsables de los delitos por los cuales fueron acusados respecto al hecho I -en el que se investigó la existencia de un sistema de explotación sexual, integrado, entre otros, por los nombrados, y que se habría consumado, al menos, entre el mes de febrero del año 2015 y el 10 de marzo del año 2017, y del que resultaron víctimas, entre otras 19 mujeres cis y transgénero-, constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias allegadas al sumario en observancia al principio de la sana crítica racional o libre convicción (art. 398 del C.P.P.N.) o, por el contrario, si representa una conclusión desprovista de fundamentación o con motivación insuficiente o aparente (art. 404, inc. 2, del C.P.P.N.), tal como afirma la defensa.
Asimismo, deben ser analizados los cuestionamientos efectuados por la defensa de Mauro Santoro respecto a que se haya condenado a su defendido como autor del Hecho II, esto es, por la tenencia ilegal del arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal -revólver calibre 38 corto, con seis municiones en su tambor y ocho proyectiles, tres (3) calibre 28 S&W SPL, tres (3) calibre 38 especial y dos SPL-, que fue secuestrado en el inmueble de Machado de Asís n° 169 de Lomas de Zamora en el que el nombrado residía. Por último, la defensa de Claudia Ferrando alegó que la sentencia era arbitraria respecto a la acreditación del Hecho III, por considerar que no se demostró la relación entre su asistida y la sustancia estupefaciente secuestrada en su domicilio y la adjudicación de responsabilidad efectuada por el a quo. Ahora bien, en lo atinente a todos los agravios relativos a la arbitrariedad en la valoración probatoria, se advierte que –tal como lo señalara el doctor Carbajo- el tribunal previo ha tenido por acreditada la materialidad histórica de los hechos y la responsabilidad penal de los imputados a partir de un cuadro probatorio que resulta suficiente para configurar a su respecto el juicio de certeza positiva o convicción apodíctica que requiere toda sentencia condenatoria y, correlativamente, desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza todo imputado durante la sustanciación del proceso (C.P.P.N., art. 3).
Como contrapartida, la arbitrariedad -por falta de fundamentación y errónea valoración de la prueba- alegada por las defensas se encuentra desprovista de todo sustento, basada en una discrepancia de criterio sobre la forma en la que se apreciaron los elementos probatorios agregados a la causa. Cabe recordar al respecto que la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencia posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206, 330:133 y sus citas, entre otros); defectos que, vale aclarar, no han sido demostrados por los impugnantes y tampoco se advierten. Ha quedado debidamente acreditado el accionar y la responsabilidad penal de los encartados Sebastián Alejandro Pérez, Mauro Hernán Santoro, Félix Nicolás Breglia, Ricardo César Pérez, Claudia Yamila Ferrando, Javier Alejandro Caffarena, Héctor Mario Coquean y Damián Romero respecto al Hecho I; la responsabilidad penal de Mauro Santoro respecto del Hecho II, y la responsabilidad penal de Claudia Ferrando respecto del Hecho III. El tribunal sentenciante realizó un tratamiento concreto, pormenorizado y acertado sobre las particularidades tenidas en cuenta por las partes, y ha atendido y rechazado con fundamentos bastantes los argumentos empleados por las defensas al instar durante el juicio oral un temperamento liberatorio con relación a sus asistidos - reeditados en similares términos en esta instancia casatoria-. En esa línea, tal como sostuvo el representante Fiscal en sus breves notas, tampoco habrá de prosperar el planteo de la defensa de Ferrando referido a la falta de perspectiva de género del tribunal oral pues las “prácticas patriarcales” o la ausencia de consideración de cuestiones de género en el ámbito policial, alegadas por la defensa, no aparecen vinculadas con los hechos que, sobre la base de las constancias probadas del caso dieron lugar a su condena por el hecho nro. I.
El tribunal sentenciante realizó un tratamiento concreto, pormenorizado y acertado sobre las particularidades tenidas en cuenta por las partes, y ha tratado y rechazado con fundamentos bastantes los argumentos empleados por las defensas al instar durante el debate oral un temperamento más favorable para sus asistidos, tendiente a su absolución o, en su defecto, a la atribución de responsabilidad por participación secundaria (art. 46 C.P.).
Concretamente, en lo que se refiere a Damián Romero, cabe recordar que la defensa plantea un error de prohibición inevitable porque no supo ni pudo saber que el acto de trasladar a estas mujeres podía constituir un ilícito penal. Sin embargo, los agravios articulados por la defensa referidos a la concurrencia de un error de prohibición respecto de su asistido, constituyen una reedición de los mismos planteos formulados ante el tribunal de juicio, los que fueron suficientemente tratados y rechazados en la sentencia recurrida, sin que hayan sido agregados nuevos argumentos que permitan conmover lo resuelto por el a quo.
Comparto con el señor juez que me precede en la votación en cuanto a que las pruebas producidas en las presentes actuaciones permiten afirmar que Romero tenía conocimiento del carácter ilícito de su conducta, por lo que no se verifica en el caso un supuesto de error sobre la prohibición normativa o su alcance, motivo por el cual el agravio articulado no tendrá favorable acogida.
En suma, corresponde rechazar los planteos defensistas referidos a la arbitrariedad de la valoración probatoria y la vulneración de los principios de culpabilidad y de inocencia.
Las defensas de Sebastián Alejandro Pérez, Mauro Hernán Santoro, Félix Nicolás Breglia, Ricardo César Pérez, Claudia Yamila Ferrando, Javier Alejandro Caffarena, Héctor Mario Coquean y Damián Romero insisten en reiterar su propio enfoque sobre el caso y el modo en que a su juicio debió ser resuelto; sin embargo, no han efectuado en sus recursos de casación una crítica concreta y razonada sobre cada uno de los elementos de prueba que componen el cargoso cuadro probatorio reunido contra sus asistidos y sobre los que se sustenta el fallo condenatorio, dejando entrever una disconformidad que carece de aptitud para conmover lo resuelto.
VI. En otro orden de ideas, la defensa de Mauro Hernán Santoro se agravió del grado de intervención adjudicado a su asistido, quien, a su entender, sólo podía ser considerado, como hipótesis máxima, un partícipe secundario en el esquema de explotación sexual investigado.
En este punto, también habré de adherir a lo propuesto por el Dr. Carbajo en su voto.
En efecto, se advierte en el caso un supuesto de división de trabajo con ejecución del hecho fraccionada a través de los aportes individuales, que integrados los unos con los otros completaron el suceso, dónde el cuadro fáctico expuesto revela el rol que les cupo en esta fase nuclear de la mecánica de los hechos acaecidos a los imputados.
En este sentido, los condenados actuaron, específicamente, en el marco de una coautoría funcional. Esta requiere –como aspecto subjetivo– una decisión común al hecho, una resolución de actuar conjuntamente con el otro, en aras del fin criminal pretendido, lo que brinda unidad de sentido a la ejecución (cfr. D’ALESSIO, Andrés José, “Código Penal de la Nación, comentado y anotado”, Buenos Aires, La Ley, 2001, tomo I, 2da. edición actualizada y ampliada, pág. 776).
Dicha decisión de actuar mancomunadamente puede surgir tanto por un acuerdo previo explicito que ideó un determinado plan a seguir, como por otro tácito, que surge espontáneamente durante la perpetración del ilícito. Tal acuerdo de voluntades (previo o concomitante al ilícito perpetrado) se exterioriza –como aspecto objetivo– en una división de tareas, en una distribución de roles por el que cada uno realiza un aporte parcial tendiente a completar, en conjunto, la realización total del tipo penal (cfr. voto del suscripto in re C.F.C.P., Sala III, causa CCC40682/2012/TO1, “Ugarriza, Dante Leonardo y otros s/recurso de casación”, reg. n° 252/16, rta. el 13/03/2016; Sala IV, causa FCR 52018730/2005/TO1/15/CFC4, “Bianciotto, Ricardo Aníbal y Mansilla Ruiz, Orlando Rubén s/legajo de casación” causa, reg. n° 1120, rta. el 30/08/2017 y causa FBB 11/2018/TO1/CFC1, “Elisei, Flavio Raúl y otros s/recursos de casación”, reg. n° 488/20.4, rta. el 04/05/20, entre otras).
Por ello, cabe concluir que las críticas ensayadas por la parte recurrente no han logrado conmover la fundamentación brindada en el fallo impugnado respecto de la participación de Santoro y su responsabilidad penal en el suceso investigado. En definitiva, concuerdo con el distinguido colega que lidera la votación en que la valoración probatoria respecto al rol de Santoro efectuada por el a quo luce acertada.
VII. Subsidiariamente, la defensa pública oficial de Claudia Yamila Ferrando cuestionó la calificación jurídica efectuada por el tribunal a quo a la conducta endilgada en el hecho III.
La defensora afirmó que los escasos elementos de prueba en los que se basó la fiscalía para sostener la materialidad del hecho 3, no son suficientes para sustentar la acusación del delito previsto en el artículo 5 inc. c) de la Ley 23737 y que, por ello, se debía encuadrar la conducta atribuida a Ferrando como constitutiva del delito de tenencia simple de estupefacientes, según lo normado en el art. 14 primer párrafo de la ley 23737.
A partir de la lectura de la resolución impugnada, considero que el cuadro probatorio recabado en autos permite avalar el encuadre jurídico escogido por el tribunal de juicio, sin que la defensa de Ferrando haya logrado demostrar que, en el caso, corresponda una subsunción jurídica distinta a la establecida en la sentencia bajo estudio. Por ello, los pedidos subsidiarios relativos al cambio de calificación no habrán de prosperar en esta instancia.
En tal sentido, corresponde señalar que conforme lo destaca el colega preopinante, para tener por acreditado el delito de comercio de estupefacientes el tribunal a quo valoró de modo razonable la cantidad hallada, su fragmentación y acondicionamiento, en seiscientos envoltorios de papel glasé de colores varios, no permiten adecuar la conducta en la figura propuesta. A su vez, se tuvo en cuenta las declaraciones del testigo Cespedes quien dijo “a una de las policías, se le secuestró droga, 500 gramos en papeles para distribuir, similares a drogas que se consumían en Camino de Cintura, acorde a los papeles que se obtuvieron en los allanamientos”.
En suma, la defensa no alcanza a demostrar -ni se advierte- déficit alguno en este aspecto de la resolución puesta en crisis. Por ello, los agravios formulados contra el juicio de subsunción típica no prosperarán en esta instancia.
VIII. Por otra parte, también habré de adherir al rechazo los agravios efectuados por la defensa pública oficial de Patricio Miguel Kearney Herrera y César Pérez vinculados a la inconstitucionalidad del delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal o el pedido de declaración de la atipicidad. Ello, por coincidir con los argumentos brindados por el Dr. Carbajo, a la luz de los criterios de esta Cámara (cfr., en lo pertinente y aplicable, causa nro. 222/2013 del registro de esta Sala, caratulada: “FRANCETIC, Gonzalo; MERLO, Ramón Enrique s/recurso de casación e inconstitucionalidad Reg. 2225/13 de esta Sala, del 12/11/2013).
IX. Tampoco corresponde hacer lugar al cuestionamiento de defensa de Patricio Kearney Herrera respecto a que no se haya dado tratamiento a una solicitud de ser depositario judicial del vehículo Citroën secuestrado en este proceso, por los argumentos planteados en el primer voto a los que me remito por cuestiones de brevedad.
Por lo demás, el Máximo Tribunal ha sostenido que “… si bien el derecho de toda persona a obtener una revisión de su sentencia por un tribunal superior es innegable, el deber de la cámara de casación de agotar el esfuerzo por revisar todo aquello que resulte motivo de agravio, queda enmarcado dentro de exigencias formales que resultan insoslayables, no está previsto que la casación deba revisar en forma ilimitada todo fallo recurrido, sino el dar tratamiento a los agravios que le son traídos, sea que se trate de cuestiones de hecho o de derecho, pero presentados en tiempo, forma y modo” (CSJN, "Belay, Hugo Ernesto y Pereyra, Juan Carlos s/causa N° 5828", causa CSJ 2592/2005 (41-B)/CS1, rta. el 07/08/2007).
X. Misma suerte correrán los cuestionamientos formulados por las defensas de los imputados Mauro Hernán Santoro, Sebastián Alejandro Pérez, Félix Nicolás Breglia, Damián Ariel Romero, Patricio Miguel Kearney Herrera, Claudia Yamila Ferrando y Héctor Mario Coquean, contra el juicio de mensuración de las penas de prisión efectuado por el tribunal a quo a su respecto, en tanto revelan un mero disenso con la ponderación por parte del a quo de diferentes extremos a partir de los cuales se determinó el quantum criticado, sin rebatir el juicio seguido por el tribunal oral ni demostrar que resulte arbitrario.
El colegiado de la instancia anterior efectuó y consecuentemente fundamentó, en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, un correcto análisis sobre las circunstancias objetivas y subjetivas, tanto atenuantes como agravantes, que se verifican en el caso para mensurar las penas de prisión aplicadas a los acusados.
Contrariamente a lo sostenido por las defensas, se apreciaron concretos elementos sobre los que se fundaron las sanciones ahora objetadas -transcriptos en el voto precedente, al que me remito en honor a la brevedad y con el que coincido-.
Cabe agregar que, al momento de imponer un determinado quantum punitivo, resulta posible recurrir a circunstancias que fundamentan la punibilidad y establecer su grado (cfr. votos del suscripto, en lo pertinente y aplicable, en causas n° 13.616, “Cuello, Ana Luján y otro s/recurso de casación”, reg. 15.844, rta. 07/11/2011; causa nº 16.276, “Biroccio, Walter Ricardo s/ recurso de casación”, reg. 541/13, rta. 25/04/2013; causa nº 1.151/2013, “Ferrari, Enzo Saúl y Robles, Cristina del Valle s/ recurso de casación”, reg. 436/14, rta. 28/03/2014, causa FCB 1200091/2013/TO1/CFC5, “Gallardo Héctor Argentino y otros s/ recurso de casación”, reg. 1848/18.4, rta. 28/11/18, causa FCB 46301/2016/TO1/CFC1, “Gramajo Edgar Javier s/ recurso de casación”, reg. nº 207/19.4, rta. 27/02/2019, causa FSM 13799/2015/TO1/CFC5, “Gil, Daniel Alberto y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 691/19, rta. 17/4/2019 y las causas FSA 12000973/2012/TO1/CFC1, “Belizan, Oscar Rubén y otros s/ recurso de casación”, reg. n° 1329/20.4, rta. el 7/8/2020, y CFP 15486/2017/TO3/CFC1, “Blanco, Cesar Ariel s/recurso de casación”, reg. n° 178/2022, rta. el 8/3/22, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre muchas otras).
Si se tienen en cuenta las circunstancias agravantes valoradas por el tribunal sentenciante, las defensas no demuestran y tampoco se advierte que las penas de prisión impuestas por el a quo carezcan de suficiente fundamentación. Además, teniendo en consideración la escala punitiva prevista para el delito por el cual fueron condenados, las penas de prisión decididas -contrariamente a lo alegado por las defensas- tampoco aparecen desproporcionadas o excesivas. A mayor abundamiento, corresponde señalar que el tribunal de juicio les impuso a Mauro Hernán Santoro, Sebastián Alejandro Pérez, Félix Nicolás Breglia, Claudia Yamila Ferrando y Héctor Mario Coquean penas de prisión menores a las solicitadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
En definitiva, corresponde rechazar las críticas formuladas por las defensas y homologar los montos de pena impuestos por el tribunal anterior.
XI. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Raúl O. Pleé, voto por rechazar los recursos de casación interpuestos por la defensa pública que asiste a Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; la que asiste a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Ricardo Pérez; la que asiste a Claudia Yamila Ferrando; el defensor particular de Javier Alejandro Caffarena y el de Héctor Mario Coquean, con costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Ténganse presentes las reservas del caso federal formuladas.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Comparto, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas en el voto que lidera el acuerdo y que cuenta también con la adhesión del colega preopinante.
En efecto, la resolución atacada se encuentra debidamente fundada a la luz de las pruebas producidas en el debate y los recurrentes no han logrado demostrar un vicio en el razonamiento del a quo que conlleve a la descalificación de su sentencia.
Es que el resolutorio bajo análisis se halla motivado de manera correcta y se adecúa a las normas procesales atinentes. Es decir, no se evidencia el error de fundamentación que han alegado los recurrentes en su impugnación y, menos aún, ha podido acreditar un caso de arbitrariedad en la sentencia a la luz de los estándares delineados por nuestro Máximo Tribunal en esa materia (Fallos: 215:417 y 322:1890, entre otros).
II. Por mi parte, entiendo pertinente agregar que en el sub examine se trata un grave ilícito que el Estado Argentino se comprometió a combatir a partir de la ratificación del “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños” -conocido como “Protocolo de Palermo”-. En efecto, de ese instrumento jurídico, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se colige que nuestro país posee una clara obligación internacional de investigar y sancionar los delitos como los aquí investigados y, más aún, cuando fuesen cometidos por grandes grupos organizados.
En ese contexto, llevo dicho que no resulta posible desatender que casos como el aquí tratado -donde se determinó la existencia de explotación sexual de mujeres- requieren que los juzgadores actúen con la debida diligencia reforzada en virtud del bien jurídico afectado. En ese sentido, considero que el Estado debe maximizar sus esfuerzos con el objeto de cumplir con la manda constitucional vinculada con alcanzar la verdad jurídico objetiva que represente un adecuado servicio de justicia y afiance la valoración de las instituciones dedicadas a tal tarea (cfr. mi voto in re ”ARCIDIACONO, Lorenzo y otros s/recurso de casación”, causa nro. CFP 11958/2017/TO1/CFC5, reg. nro. 1929/23, rta. 27/12/2023, del registro de esta Sala IV C.F.C.P.).
III. Por otro lado, estimo pertinente apuntar, respecto al planteo de nulidad del acuerdo de colaboración por violación a la prohibición de retroactividad de una ley penal perjudicial para los imputados, que la ley 27.304 no hace más que establecer un trámite específico para canalizar la actividad procesal del imputado colaborador y, a posteriori y cumplidos ciertos requisitos, beneficiarlo a nivel sancionatorio -ello, claro está, sin perjuicio de lo atinente al art. 276 bis C.P., que se dirige únicamente en referencia al imputado arrepentido y no a sus consortes de causa-. Así las cosas, resulta que esa ley no contiene elementos de derecho sustantivo o material que correspondan sean amparados por el principio de irretroactividad de la ley penal con relación a los coimputados del arrepentido y, a todo evento, corresponde señalar que la posibilidad de que un acusado declare en contra de los demás intervinientes del delito e, incluso, aporte pruebas de cargo, preexiste a la ley 27.304. Más aún, la posibilidad de beneficiar esa conducta con una disminución punitiva (cfr. arts. 40 y 41 C.P.) también es anterior a dicha norma. Por lo cual, mal puede considerarse que ha mediado aquí alguna modificación de fondo en el escenario normativo penal aplicable al caso.
IV. Por otro lado, con relación a la nulidad del invocada por la defensa de Ferrando respecto del descubrimiento del estupefaciente secuestrado en su domicilio puesto que, en su opinión, los oficiales habrían exorbitado lo dispuesto en la orden de allanamiento y, de ese modo, pesquisado en lugares de la vivienda que no eran precisos de cara a la investigación por trata de personas, debo memorar que llevo dicho que “…resulta aplicable al derecho procesal federal la doctrina elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el secuestro de elementos hallados en el marco de un allanamiento legalmente ordenado, cuando se encontraran directamente accesibles, aun cuando no hayan sido contemplados de manera explícita en la orden original (‘Plain View Doctrine’)” (“BARAKAT, Barakat y otro s/recurso de casación”, causa nro. FTU 62000480/2010/TO1/CFC4, reg. nro. 2507/19, rta. 5/12/2019, del registro de esta Sala IV C.F.C.P.).
La “Plain View Doctrine” establece que la validez del secuestro en estos casos queda condicionada a las siguientes circunstancias: a) el ingreso al domicilio debe ser legítimo, basado en una orden de allanamiento válida o en una excepción admitida; b) los ítems distintos o no contemplados por la autorización deben ser de aquellos que la policía, a través de su vista, olfato, sonido o tacto, esté en condiciones de indicar como reveladores de la actividad criminal (cfr. “Horton v. California” 496US 128 -1990-). En el mismo sentido, el último párrafo del art. 224 C.P.P.N. establece que, si en el estricto cumplimiento de una orden de allanamiento se encontraren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá a su secuestro y se le comunicará al juez o fiscal interviniente.
En ese marco jurídico, el descubrimiento del estupefaciente en la vivienda de Ferrando resultó un hallazgo válido. Pues, en cumplimiento de la orden de secuestrar celulares, pendrives, tarjetas de memoria, armas de fuego, dinero en efectivo, entre otros elementos, se revisó debajo del tanque de agua de la vivienda y allí se halló la droga cuya exclusión pretende la parte recurrente. Es decir, el sitio en donde se inspeccionó y se dio con el estupefaciente era un lugar que razonablemente debía ser revisado por los oficiales en virtud de la orden legal que se les había emitido, pues allí podían esconderse los objetos que buscaban.
V. En lo relativo a la cuestión planteada por la defensa de Romero, respecto a que éste habría “…obrado bajo un error de prohibición directo e inevitable” y que, en consecuencia, debía revocarse su condena por resultar partícipe secundario del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad (arts. 45 y 127, inc. 1, C.P.). En efecto, esa asistencia letrada argumentó que su asistido era remisero y que “…para él como para cualquier persona que se desempeña como remisero, es normal llevar pasajeros y en algunos casos hacer espera. El saber que las personas que llevaban eran trabajadoras sexuales no lo hace pasible de sanciones penales…”.
En la materia, he tenido oportunidad de pronunciarme con anterioridad (cfr. mi voto in re “VALENTE, Rodrigo Alejandro s/recurso de casación”, causa nro. 5123/2012/TO1/1/CFC1, reg. nro. 564/17, rta. 17/5/2017, del registro de la Sala I C.F.C.P.) y, en ese fallo, expliqué que en el derecho penal el error se encuentra vinculado con la noción de conocimiento; pues supone un saber equivocado o, en otros términos, una falsa apreciación de la realidad. Por su parte, el error de prohibición, a diferencia del error de tipo -que incide en el dolo-, afecta la conciencia de la antijuricidad; por ello, se examina en el estadio de la culpabilidad, entendida ésta como juicio de reproche que se le formula al autor de un injusto por no haberse motivado conforme a la norma. Es que el error, precisamente, afecta uno de sus presupuestos: la conciencia de la antijuridicidad, considerada ésta como el conocimiento que tiene el sujeto de que lo que hace no está jurídicamente permitido, sino prohibido.
Así las cosas, en los casos de error de prohibición el sujeto actúa de manera dolosa y, no obstante, estima permitido su hecho y éste es precisamente su yerro. En este aspecto, Roxin sostiene que concurre un error de prohibición cuando el sujeto, pese a conocer de modo completo la situación o supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida (del autor citado, “Derecho Penal, Parte General, T I, Fundamentos de la estructura del delito”, Ed. Civitas, Madrid, 1997, pág. 861).
Asimismo, de manera general puede decirse que el error puede ser directo de prohibición -que se verifica cuando se proyecta sobre la existencia misma de la norma- o indirecto de prohibición -cuando recae sobre una causa de justificación, ya sea que incida en su existencia, en sus límites o en sus presupuestos materiales-. Por otra parte, si es invencible, se elimina la culpabilidad; mientras que, si es vencible, aquélla se atenúa pero subsistiendo el tipo doloso (teoría estricta de la culpabilidad).
Luego, independientemente del reconocimiento con relación al dolo del tipo penal que presupone el planteo de la defensa pública oficial, cabe apuntar que el conocimiento de la prohibición, dada su propia naturaleza, se encuentra dentro de la mente del sujeto activo y, por ello, sólo puede ser probado con base en datos objetivos -externos- que permitan colegir su existencia al tiempo de cometer el delito (cfr., mutatis mutandi, mi voto in re “CENTURIÓN BARRIOS, Carlos Daniel s/recurso de casación”, causa nro. FMZ 22057/2022/TO1/7/CFC1, reg. nro. 107/24, rta. 27/2/2024, del registro de esta Sala IV).
En ese contexto, más allá de si el error postulado era o no vencible -lo cual importa un segundo nivel de análisis-, de las constancias del sumario es correcto deducir primeramente que Romero conocía la prohibición del ilícito penal que se le enrostró en el juicio oral y público. Pues, como fuese apuntado por la Lic. Quaglino en su declaración, no sólo el imputado transportaba a las mujeres, las esperaba en las inmediaciones del lugar mientras ellas realizaban el “servicio con los clientes” y verificaba que salgan en horario, sino que en su calidad de remisero “de confianza” ejercía un verdadero “control” sobre las víctimas y era parte del sistema de sometimiento (i.e. control) y explotación de aquéllas, el cual revistió en todo momento claros rasgos de clandestinidad e ilicitud que tornan inverosímil que una persona racional haya desconocido su antijuridicidad.
VI. Con esas breves consideraciones, coincido con la solución propiciada por los colegas que me preceden en el orden de votación, en cuanto a que deben rechazarse los recursos de casación impetrados; con la salvedad que deberá serlo sin costas en esta instancia, en virtud de haberse efectuado razonable ejercicio del derecho al recurso, previsto en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.); y, finalmente, tener presente la reserva del caso federal.
Por los motivos expuestos, el Tribunal
I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por la defensa pública que asiste a Mauro Hernán Santoro y Sebastián Alejandro Pérez; la que asiste a Félix Nicolás Breglia, Patricio Miguel Kearney Herrera, Damián Ariel Romero y César Ricardo Pérez; la que asiste a Claudia Yamila Ferrando; el defensor particular de Javier Alejandro Caffarena y el de Héctor Mario Coquean, por mayoría, con costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTES las reservas del caso federal formuladas.
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19, C.S.J.N.) y remítase mediante pase digital al tribunal de origen, que deberá notificar personalmente a los encausados, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia