Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 118.303
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor particular en favor de Leandro Matías De Los Santos.
II. Hacer lugar parcialmente, por mayoría, al recurso de la defensa, sin costas, anular el VEREDICTO CONDENATORIO y la SENTENCIA dictados en contra de Leandro Matías De Los Santos por los jueces del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Avellaneda-Lanús, y REENVIAR las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la REALIZACIÓN DE UN NUEVO JUICIO.
III. Regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Atilio Julio Biondi (Tº II Fº 84 C.A.A.L.), en representación del acusado, por sus trabajos en esta sede, en una suma equivalente al 25% de lo regulado en la instancia.
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis inc. 2° párrafo segundo del CP; 106, 371, 375, 421, 434, 448, 450, 454, 530 y 531 CPP; 16 y 31 de la ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 118303 caratulada “DE LOS SANTOS LEANDRO MATIAS S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 20 de mayo de año 2022, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Avellaneda Lanús, integrado por los Jueces Raúl Sequeiros, Alejandro Rull y Eduardo Losada, luego de la celebración del juicio oral, dictó veredicto condenatorio en la causa n° 155/2, imponiendo a Leandro Matías De Los Santos la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real, hechos cometidos el 6 de febrero de 2020 en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda en perjuicio de Fabio Junior Acosta Centurión (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 55, 79 y 189 bis inc. 2° segundo párrafo del CP).
El Defensor particular, Dr. Atilio Julio Biondi dedujo recurso de casación (presentación electrónica del 10/06/22).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 12 de julio de 2022, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor VIOLINI, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
La Defensa plantea cuatro motivos de agravio: a) la arbitrariedad y violación al principio de inocencia en la valoración probatoria fundante de la autoría de Leandro Matías De Los Santos en el homicidio de Fabio Junior Acosta Centurión; b) la nulidad del acta de aprehensión por infracción al art. 118 CPP; c) la inconstitucionalidad del art. 41 bis del CP y d) la inobservancia de los arts. 40 y 41 CP en la determinación de la pena. En primer lugar reclama la falta de acreditación de la participación de su defendido en el homicidio en tanto no obra prueba directa que lo justifique. Critica el rechazo de la versión exculpatoria brindada por De Los Santos, destaca que la prueba de descargo fue desechada arbitrariamente y, en cambio, la prueba de la acusación fue ponderada sin un fundamento lógico para justificar su intervención. Señala que ninguno de los testigos ubicó al imputado en el lugar de comisión del delito y que los testimonios coincidentes de Mauricio Javier Moreira (vecino lindero de la víctima) y de Rocío De Los Santos (hermana del imputado), junto al propio descargo del acusado, justifican una duda razonable. Moreira llegó inmediatamente al departamento de la víctima, encontrándolo aún con vida -pero herido- y no vio a ninguna persona. Agrega que, de su testimonio se desprende un manto de duda sobre lo sucedido, en tanto indicó que durante las tareas de investigación –en las que el testigo participó- a la policía se le disparó accidentalmente una de las armas incautadas, no obstante ese hecho no aparece descripto en las actuaciones. Resalta que el testigo Pablo Ramírez (amigo de la víctima) también llegó instantes después de consumarse la agresión y no ubicó al imputado en la escena del delito, recién lo vio alrededor de 15 o 20 minutos después, al igual que el policía Jonathan Arriola. Alega que imputado y víctima eran amigos y que su defendido no tenía motivos para agredirlo, que la noche anterior ambos habían efectuado disparos con armas de fuego –lo que explica el resultado positivo del dermotest en ambos- y luego De Los Santos le pidió a Centurión -y éste accedió- que guarde las dos armas. Interpreta dos circunstancias como indicadores de la falta de intervención: el primero es que al inicio de la investigación prevaleció la hipótesis del suicidio y el segundo es que no inculparon a De Los Santos desde un primer momento.
En cuanto a la nulidad del procedimiento de aprehensión alega la infracción al art. 118 CPP, en tanto la diligencia se realizó sin testigos hábiles y la hermana Rocío Antonella De Los Santos, no autorizó el ingreso a su vivienda ni reseñó cómo su hermano entregó el arma de fuego. En tercer lugar, plantea la inconstitucionalidad del art. 41 bis CP por infracción al principio de legalidad y, en particular, al mandato de “lex certa”. Asimismo postula, con extenso desarrollo dogmático, la inaplicación de la agravante genérica al tipo penal del art. 79 CP. Por último, cuestiona el monto de pena por infracción a los principios de culpabilidad y proporcionalidad. Destaca que el alejamiento del mínimo de la escala no es proporcional a la gravedad del hecho ni al grado de culpabilidad del imputado. Agrega la carencia de antecedentes penales y la situación económica estrecha que evidencian lo contraproducente de aplicar una pena de efectivo cumplimiento en el caso (p. 33 del recurso).
Solicita se haga lugar a su pretensión, se declare la nulidad de todo lo actuado y se absuelva a Leandro Matías De Los Santos en el hecho de homicidio acusado. En subsidio, se desaplique la agravante del art. 41 bis CP y se reduzca la pena.
II. La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso de acuerdo a su dictamen del 04/07/2022. Señala la insuficiencia de las críticas recursivas para controvertir la valoración jurisdiccional, la que considera ajustada a los recaudos legales de los arts. 106, 210 y 373 CPP. Rechaza la nulidad del procedimiento de aprehensión en tanto las actas respectivas fueron incorporadas por lectura al debate con la anuencia de las partes, la inconstitucionalidad del art. 41 bis CP y su aplicación junto al art. 79 CP.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación. Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal, tras sustanciarse la vista oral, tuvo por acreditado que: “el día 6 de febrero de 2020 siendo aproximadamente las 12:40 hs. en el interior del departamento ubicado en la calle Debenedetti n° 1900, Monoblock A2, tercer piso, departamento 27 de la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, Lenadro Matías De Los Santos, mediante el empleo de un arma de fuego del tipo pistola, calibre .9mm, marca CZ, modelo 75, n° de serie A771411 –clasificada como de guerra por la ley n° 20.429 y su dec. Reglamentario n° 395/75- la que tenía sin la debida autorización legal, le efectuó un disparo a Fabio Junior Acosta Centurión con claras intenciones de causarle la muerte, en la región pectoral izquierda, causándole una herida que provocó su fallecimiento” (p. 16).
El Defensor objeta la fundamentación de la autoría responsable en el homicidio -criticando el valor convictivo de la prueba de cargo-, el procedimiento de aprehensión, la aplicación de la agravante del art. 41 bis CP y el monto de la pena.
El recurso no habrá de prosperar.
En contra de las pretensiones defensistas, la evaluación de los elementos valorados impide sostener que el A Quo haya incurrido en una valoración arbitraria de la prueba, pues expresó cuáles fueron las razones de la decisión adoptada, mediante la indicación del camino recorrido, sin lograr el impugnante conmoverla con sus argumentos. La evidencia probatoria colectada justifica, en forma indirecta, la intervención de Leandro Matías De Los Santos como autor del disparo mortal hacia la víctima Fabio Junior Acosta Centurión mediante el empleo de una pistola calibre .9mm (luego secuestrada en su domicilio) que impactó en la región lateral de hemitorax izquierdo, provocando en su recorrido desgarro de pulmón izquierdo, corazón y pulmón derecho y, finalmente, su muerte por hemorragia aguda y paro cardiorrespiratorio traumático.
Dicha conclusión se apoyó, de manera razonable y conforme los estándares legales, en la valoración conjunta de los testimonios indirectos de Pablo Ezequiel Ramírez (amigo de la víctima, p. 6) y de Jonathan Arriola (policía, p. 8) quienes llegaron al lugar instantes posteriores a la ejecución de la acción lesiva y de manera coincidente afirmaron haber visto al imputado, momentos después bajar las escaleras del departamento de la víctima; los dichos de Alejandra Iglesias (vecina, p.
7. y de Agustina Centurión (madre de la víctima, p 7), testigos de oídas que sindicaron al acusado como el autor del disparo; el hallazgo en el domicilio de De Los Santos del arma empleada (p. 5), junto a la declaración del funcionario policial Jonathan Nantes, que participó del procedimiento de aprehensión y secuestro de la pistola calibre .9mm (marca CZ, modelo 75, n° de serie A771411), clasificada como de guerra por la ley 20.429 y su dec. Reglamentario 395/75, la autopsia (p. 3) y la pericia balística (p. 5). Los dos principales testigos de cargo fueron coincidentes en ubicar al imputado saliendo del departamento de la víctima, alrededor de veinte minutos después del estruendo del disparo, ello según la declaración de Ramírez (vecino y amigo de Centurión), corroborada por el funcionario policial Arriola que concurrió al lugar de los hechos. No advierto en sus relatos ninguna contradicción ni lagunas de información que devalúen la fuerza de verdad de sus dichos.
Pablo Ezequiel Ramírez señaló en el debate que la mañana del hecho, antes de encontrarlo herido, vio a su amigo Junior con dos armas de fuego que describió como “pistolas”, que a su vez se las había dado Leandro Matías De los Santos, alias “Ayrton”. Recordó que al mediodía escuchó un ruido que al principio no le pareció un disparo, pero al llegar al departamento de Centurión lo encontró herido, tirado en el piso perdiendo sangre, por lo que pidió ayuda a los vecinos y a la policía. Dijo que en ese momento faltaba una de las pistolas que antes había visto, que sólo observó una en la mesa (un calibre 22). Salió a buscar auxilio y cuando subía con el policía Jonathan Arriola vio a “Ayrton” bajar las escaleras de la casa de Junior.
Por otra parte, el funcionario policial Jonathan Nantes quien llegó a la escena del hecho junto a su compañero Jonathan Arriola, declaró que inicialmente la noticia criminis -por vía radial 911- indicaba que se trataba de un suicidio, pero esa hipótesis fue descartada al ver la escena. Recordó que en el lugar había un arma de fuego. Se entrevistó con Pablo Ramírez, amigo de la víctima, quien señaló que el arma homicida se la había llevado “Ayrton”. Por lo que fueron al departamento de “Ayrton” con los datos suministrados, se entrevistó con una mujer e inmediatamente apareció el imputado quien refirió tener un arma de fuego -una 9mm.- la que fue secuestrada y llevado el sospechoso a la comisaría.
Jonathan Arriola fue conteste con su compañero y con Ramírez, al afirmar que cuando subían al departamento donde había sucedido el hecho, “ven bajar al imputado” a quien conoce de la zona por anteriores operativos.
Alejandra Iglesias declaró que recibió la noticia por su función, de presidenta del complejo de unidades funcionales del edificio donde vivía la víctima, por lo que el día del hecho fue al lugar y vio allí a Pablo Ramírez que era preguntado vehementemente por un policía acerca del autor. Recordó que Ramírez contestó que había sido “Ayrton”. En relación a la identificación del imputado por su apodo, el sentenciante, con buen criterio, valoró las declaraciones de tres testigos (Ramírez, Iglesias y Agustina Centurión) que conocían a De Los Santos y coincidieron en nombrarlo con ese apodo. Ello no obstante la negativa del imputado.
La hipótesis de un suicidio fue correctamente desechada, en tanto la operación de autopsia constató la ausencia de “tatuaje, quemadura ni ahumamiento en el orificio de entrada, por lo que se estima que el disparo se efectuó distante al plano cutáneo” (p. 3) y el arma empleada no fue hallada en el lugar del hecho.
El cuestionamiento a la legalidad del allanamiento tampoco procede. La justificación del rechazo jurisdiccional motiva suficientemente la improcedencia. El procedimiento fue convalidado por el Juez de Garantías (conf. fs. 66/67 de los autos principales) y confirmado por la Cámara de Apelación departamental (según fs. 203/206 de los autos principales, citados en la sentencia p. 8), pudiendo establecerse de la información aportada por los testigos Nantes, Arriola y Ramírez la urgencia que motivó la medida y, según Nantes, la entrega voluntaria del arma por el imputado (p. 7).
El testimonio de Moreira fue valorado colateralmente, en tanto su rol como testigo de actuación del procedimiento en el lugar del hecho, sólo aportó información sobre la escena del delito encontrada por Ramírez. La circunstancia alegada por la Defensa en torno a un presunto disparo accidental de una de las armas, como consecuencia del accionar policial, no resulta un dato relevante que devalúe la hipótesis acusatoria pues no demuestra de qué manera ello habría aportado alguna duda sobre lo acontecido. La ubicación -según Moreira- en el departamento de Centurión de un bolso con las armas de fuego que le habría dado el imputado para que las guarde no se condice con lo declarado por Ramírez, quien afirmó que primero vio las dos armas de fuego (que las guardaba la víctima a pedido del imputado) y posteriormente, al encontrar herido a su amigo, sólo observó una pistola sobre la mesa aclarando que faltaba la otra (p. 6). El sentenciante justificó la fuerza convictiva de este testimonio y su prevalencia por sobre los dichos de Moreira (p. 9), sin que en lo demás se advierta información dirimente a partir de lo declarado por este último. En definitiva, la versión exculpatoria fue, con acierto, descartada, con apoyo en la falta de credibilidad del testimonio de Rocío Antonella De Los Santos, hermana del imputado, al evaluar su declaración como un “intento estudiado de cambiar una realidad en el modo de ingreso de la policía a su casa y que diera con su hermano y el arma por él utilizada” (p. 9), así como en la falta de corroboración externa mediante prueba objetiva que avale el descargo de De Los Santos.
Tampoco es relevante para descartar la imputación la circunstancia alegada por la Defensa de no haber inculpado a De Los Santos desde un primer momento. Pues de los testimonios valorados, en especial los de los funcionarios policiales Nantes y Arriola, la hipótesis del suicidio fue descartada de manera inmediata al observar la escena del delito. Por otro lado, no resulta una crítica plausible la mera referencia a que De Los Santos no fue señalado desde un primer momento como sospechoso, pues los diversos caminos que pueda tomar una investigación no obturan su resultado por la mera circunstancia de coincidir con la primera hipótesis de la pesquisa. Ello sin perjuicio de que tampoco se desprende de la sentencia en qué momento de la investigación se reunieron elementos suficientes o indicios vehementes para fundar la sospecha de delito, base de la imputación penal del caso y, sin que en lo demás se desprenda ningún indicador que justifique una hipótesis alternativa en torno a la intervención de otra persona.
La acreditación del dolo homicida se desprende sin dudas de los testimonios de Pablo Ramírez y de Jonathan Arriola, junto al hallazgo en poder del imputado del arma empleada (conf. acta de aprehensión y secuestro y pericias de autopsia y balística), momentos posteriores a la ejecución de la acción lesiva y en las cercanías del lugar de comisión. La hipótesis de la Defensa sobre una presunta mayor conveniencia de matar a Centurión la noche anterior cuando éste y De Los Santos fueron a efectuar disparos, sólo refleja un juicio conjetural del recurrente, inhábil para descalificar la imputación dolosa de autos. En definitiva, la fundamentación de la autoría imputada a partir de la prueba indiciaria referida reúne los recaudos legales de los arts. 106, 210 y 373 CPP. Los datos conocidos que surgen de la presencia de De Los Santos en las condiciones referidas (20 minutos después del disparo bajando las escaleras del departamento de la víctima), permiten establecer el dato desconocido sobre su intervención en el hecho, por constituir un indisputable indicio de autoría a partir de hallarse en poder de la pistola que efectuó el disparo, en las inmediaciones del lugar e instantes posteriores a su consumación.
Con ello la afirmación del hecho desconocido: que fue autor del disparo adquiere certeza el extremo cuestionado pues racionalmente reúne las condiciones de: a) certeza del hecho singular verificado: salir del departamento de la víctima momentos después y hallarse en poder del arma empleada casi inmediatamente al hallazgo de la víctima herida, cuando la policía se dirigió a su departamento, b) que en forma racional permite la inferencia por tratarse de una afirmación de la práctica, c) inferencia que no conduce a una consecuencia distinta (indicio anfibológico) y, por último, d) los otros elementos probatorios no conducen a conclusiones diferentes (prueba en contrario), sino que afirman la conclusión a la que se arribara, en carácter de prueba compleja (conf. mutatis mutandi, c. 112.937 “Cusano” del 23/11/21).
En el caso, la evaluación efectuada por el tribunal refleja una correcta interpretación de las coincidencias referidas, lo que fundó acertadamente su fuerza convictiva. Las concordancias en la información aportada por todos los testigos, justifican un conjunto de indicadores serios, múltiples y contestes que respaldan la conclusión.
El análisis integral de los elementos probatorios permite sustentar la certeza sobre los extremos de la imputación, sin que del análisis de las pruebas surjan interrogantes o dudas sobre lo que ocurriera. Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del tribunal respecto de la autoría penalmente responsable de De Los Santos se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable, sin que las críticas formuladas por la impugnante logren desvirtuarla.
El código de procedimiento penal no fija estándares probatorios sino que admite cualquier medio de prueba en la medida que no vulnere las garantías del imputado y exprese “la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción”. No hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica, ni al principio in dubio pro reo (arts. 1, 106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
Los cuestionamientos a la aplicación de la agravante del art. 41 bis CP no proceden. El planteo de inconstitucionalidad no es viable, en primer lugar por la ausencia de oportuna formulación (conf. acta de debate p. 5/6) y en segundo término por insuficiente fundamentación. Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en casos como el presente, en los que se ha planteado una cuestión constitucional directa en los términos del artículo 14 de la ley 48, se exige como requisito ineludible la introducción oportuna del planteo (v. doctrina de Fallos: 308:568), el que debe ser resuelto de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención del Tribunal, último intérprete de las mismas (conf. “Fontenova”, del 3 de julio de 2007 –F.274.XLIII- ; “Trova”, del 10 de noviembre de 2009 –T.400.XLIV-, “Rodríguez Pereyra”, del 27 de noviembre de 2012; 330:1759).
En cuanto a lo segundo, cabe destacar, como es conocido que el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y debe estimárselo como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a él sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:153, 286:76; 288:325; 300:241, entre otros). Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac.
29-XII-2004).
Para ello se requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597).
En este sentido, el recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista y tampoco ha demostrado que la aplicación del artículo 41 bis del C.P. resulte particularmente problemática en el caso. El legislador no ha menoscabado ningún principio constitucional al asignar un mayor desvalor a aquellas conductas violentas contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego (vis compulsiva o vis absoluta), en tanto dicha técnica legislativa se apoya en una razón de política criminal: la valoración como más grave de la conducta del sujeto activo que se vale de un medio comisivo que genera mayor ofensividad para el bien jurídico.
Es decir, sea por el grado de lesión o intensidad, se evidencia una modalidad de ataque específica al bien cuya singular afectación se reprime penalmente, y ello repercute en la magnitud del injusto y, por ende, en la intensidad de la respuesta punitiva; lo que permite fundamentar racionalmente la agravación de la escala penal de todo hecho punible, si es que éste no lo prevé como calificante propia.
Por eso, siendo que el delito de homicidio no establece como elemento constitutivo la utilización de un arma de fuego, nada obsta la aplicación de la agravante genérica al caso, habida cuenta que la elección de dicho medio entre los disponibles, por su alta ofensividad, facilita la producción del resultado y funda, además, el incremento por la intensidad y características de la lesión al bien jurídico vida, lo cual necesariamente debe reflejarse al cuantificar la sanción; antes de la Ley 25.297, según los términos de dosificación de la pena (arts. 40 y 41 CP), y desde el dictado de dicha norma, según el tipo genérico que fija una escala calificada (art. 41 bis CP).
El tópico, además, ya fue tratado por el pleno de este Tribunal, con fecha 19 de abril del año 2013, que resolvió con igual criterio, manteniendo la postura sostenida por nuestro más alto tribunal provincial, por lo que el punto invocado por la parte y sometido a estudio, no encuentra asidero jurisprudencial válido (TCP, Ac. N° 36.328; SCBA, P.105.340 y P.113.734, entre otros).
Por último, la determinación de la pena observa los recaudos legales de los arts. 40 y 41 CP.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20.).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del CP, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
El sentenciante no valoró atenuantes y sí en cambio, ponderó dos pautas agravantes: los antecedentes condenatorios y la corta edad de la víctima (p. 14).
Resulta inexacta la alegación de la Defensa en torno a la calidad de primario de su defendido, en tanto el fiscal requirió se valoren los antecedentes condenatorios (p. 5 del acta de debate) y el tribunal hizo lugar a ese pedido (p. 14/15 de la sentencia), mediante la indicación de las condenas anteriores (con remisión a lo informado a fs. 69/72 y 136 de los autos principales). La crítica recursiva en este tramo aparece injustificada pues sólo menciona que De Los Santos “no tiene antecedentes penales” (p. 33 del recurso) sin brindar información que lo respalde y logre desvirtuar lo tenido por acreditado en la instancia. Tampoco se invoca violación a garantías constitucionales.
La referencia a la “estrecha situación económica” del imputado no fue planteada en la instancia (p. 6 del acta de debate) y, por otro lado, no guarda relación con la gravedad del injusto ni el grado de culpabilidad.
En consecuencia, teniendo en cuenta la calificación legal aplicable y la escala penal correspondiente al concurso real de los arts. 79 y 41 bis del CP por un lado y 189 bis inc. 2° párrafo segundo del CP, por el otro (de un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión a un máximo de 39 años y 4 meses), la pena impuesta de doce años resulta no sólo muy cercana al mínimo sino también acorde a las pautas agravantes valoradas que reflejan la gravedad de las acciones lesivas y la capacidad de culpabilidad del acusado.
Por lo expuesto, propongo rechazar, con costas, el recurso de casación deducido por la Defensa particular a favor de Leandro Matías De Los Santos, con costas (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis inc. 2° párrafo segundo del CP; 106, 371, 375, 421, 434, 448, 450, 454, 530 y 531 CPP). Asimismo propongo regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Atilio Julio Biondi (Tº II Fº 84 C.A.A.L.), en representación del acusado, por sus trabajos en esta sede, en una suma equivalente al 25% de lo regulado en la instancia (arts. 16 y 31 de la ley 14.967). Voto por la negativa a la presente cuestión.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del colega que lidera el acuerdo, Dr. Ricardo Maidana, pues entiendo que la decisión recurrida omitió el tratamiento de cuestiones esenciales que habían sido planteadas por la defensa en el juicio oral y eran relevantes para la resolución del caso.
2. En lo que importa destacar, la defensa alega que los jueces no examinaron la prueba de refutación que practicó en el debate y, al contrario, edificaron la imputación en las declaraciones de los policías que intervinieron en el procedimiento, que no pudieron ser corroboradas por fuentes de prueba independiente.
Agrega que los magistrados tampoco trataron el planteo de nulidad relativo a ilegalidad del allanamiento, cuando había elementos suficientes para dudar de la actuación de los policías que intervinieron. Afirma que ingresaron sin orden judicial, ni autorización de sus moradores y que, en definitiva, no se pudo probar que el arma de fuego utilizada en contra de la víctima se haya secuestrado en ese domicilio. Que no hubo testigos civiles de ese procedimiento y el tribunal tampoco examinó la declaración de Rocío De los Santos, quien explicó cómo fue aquel ingreso. Expone que el testigo de actuación Mauricio Moreira declaró que recién le mostraron el bolso con las armas de fuego en la casa de la víctima y no en la vivienda del acusado, como dijeron los policías. Agrega que el acusado no negó que las armas de fuego fueran de su propiedad pero explicó por qué las tenía la víctima (Junior Acosta, que era su amigo). Que dato no fue controvertido en el juicio oral, pues lo corroboró el testigo de la fiscalía Pablo Ramirez cuando dijo que vio las armas en la casa de Junior antes de encontrarlo herido y sabía que se las había prestado De los Santos el día anterior. Que ese dato también quedó corroborado por los mensajes de WhatsApp que se enviaron la víctima y el acusado.
Expone que los jueces tampoco examinaron las inconsistencias de la prueba testifical que se practicó en el juicio oral relativa a cómo se incorporó el nombre de su asistido como posible autor del homicidio. Que las versiones fueron diversas y, entre ellas, la testigo Alejandra Iglesias declaró cómo los policías presionaron a Pablo Ramirez para que les dijera quién había sido el autor.
Agrega que, no obstante, Pablo Ramirez no señaló a De los Santos como autor del homicidio, pues solo dijo que se llevó el arma de fuego. También declaró que cuando llegó al departamento de Junior no vio a nadie más (dato confirmado por Mauricio Moreira), por lo que no era posible que conociera quién se llevó el arma. Que el tribunal no reparó en esa inconsistencia lógica.
Que los magistrados también omitieron la existencia de otros datos relevantes que demostraban la incoherencia de la hipótesis acusatoria y que esa defensa señaló en la discusión final del debate: (i) que De los Santos y Junior Acosta eran amigos, y el acusado no tenía motivos para matarlo; (ii) que quienes llegaron inmediatamente a la casa de la víctima luego de escuchar el disparo no vieron al acusado en el lugar del hecho (Pablo Ramirez y el vecino Mauricio Moreira); y (iii) que supuestamente lo vieron bajar las escaleras del edificio cuando ya había llegado la policía al lugar, unos quince a treinta minutos después, según estimó el defensor, de acuerdo al relato que hicieron los testigos Franco Vinciguerra y Pablo Ramirez. Que el tribunal omitió cualquier referencia temporal entre los episodios que fueron relatando los testigos y que permitían reconstruir lo sucedido.
3. A fin de facilitar la presente revisión, cabe repasar -en lo esencial- las proposiciones fácticas que el tribunal dio por probadas: que en horas del mediodía y dentro del departamento de la víctima, De los Santos le disparó con un arma de fuego. Que el arma en cuestión era del acusado pero se la había prestado el día anterior a la víctima. Que luego de dispararle, el acusado se llevó el arma de fuego. Que al lugar llegó inmediatamente Pablo Ramirez, quien requirió ayuda de los vecinos y de la policía. Que cuando llegó la policía al lugar y mientras subían las escaleras que conducían al departamento de la víctima, vieron que el acusado las bajaba. Que Pablo Ramirez les dijo a los policías que el arma se la había llevado De los Santos. Que personal policial se presentó en la casa del acusado y secuestró un arma de fuego. Que el arma secuestrada fue la que se disparó en contra de la víctima, según prueba pericial.
4. En efecto, como dato relevante para acreditar la hipótesis de la fiscalía, el tribunal valoró que el arma que se disparó en contra de Junior Acosta no se encontró en el lugar del hecho, sino que “la tenía y estaba en poder en el domicilio del aquí juzgado”, “mas allá de la discusión que planteara la defensa respecto al allanamiento practicado” (tema sobre el que los jueces volvieron con posterioridad).
En ese sentido, el juez que votó en primer término y al que adhirieron los restantes, recordó que Pablo Ramirez dijo que esa mañana estuvo en la casa de su amigo Junior Acosta y vio que tenía dos armas de fuego, tipo pistolas, pero que cuando volvió al mediodía y lo encontró herido solo pudo ver una de las armas (arriba de una mesa). El magistrado agregó que el policía Nantes también observó una sola arma de fuego al llegar a la escena de los hechos, pero lejos del cuerpo, por lo que descartó la hipótesis del suicidio que le habían informado vía radial.
5. Conforme se consignó en el veredicto, Pablo Ramirez declaró que vio a Junior Acosta en su departamento antes del mediodía con dos pistolas y también corroboró que se las había dado el acusado la noche anterior. Señaló que más tarde, cuando lo encontró herido, después de escuchar un ruido que al principio no le pareció un disparo, salió en búsqueda de ayuda, de los vecinos y de la policía. Que esa segunda vez solo vio una de las armas de fuego, sobre una mesa. Agregó que “ese día y cuando él subía con la policía luego del pedido de auxilio, vio a Ayrton (el aquí juzgado) bajar las escaleras de la casa de Junior”.
6. El veredicto no refleja lo que declaró Pablo Ramirez sobre el tramo posterior de lo sucedido, es decir, cuando ya se encontró dentro del departamento de la víctima junto a los policías.
Sobre ese tramo en particular declararon el policía Jonathan Nantes y la testigo Alejandra Iglesias, administradora del edificio que fue convocada al departamento de la víctima en atención a lo sucedido.
6.1. En lo que importa señalar y según consta en el veredicto, Nantes declaró que se entrevistó con Pablo Ramirez y ése le dijo que su amigo “se había pegado un tiro diciéndole también que el arma que faltaba era la homicida, manifestándole que se la había llevado Ayrton”. Respondió a la defensa que no hizo interpretaciones sobre dónde estaba el arma homicida pues “al ir a la casa de Ayrton no tenía la certeza de manera alguna de ir a buscar el arma homicida”. Expuso que con los datos suministrados se presentó en el domicilio del acusado “y se entrevistó con una mujer para inmediatamente aparecer en escena Ayrton quien le refirió que tenía un arma de fuego, que resultó ser una 9mm. secuestrándose la misma y juntos ir a la comisaría”.
6.2. Sobre la declaración de Alejandra Iglesias, el veredicto consignó: que “al llegar vio a Pablo Ramírez que era preguntado vehementemente por un oficial para que diga lo que sabía y quién había sido el autor del hecho. Es así que ella escuchó cuando el nombrado refirió que había sido Ayrton, claramente en referencia a De Los Santos”.
7. Ahora bien, el relato de ambos testigos es claramente divergente: según Nantes, Pablo Ramirez le manifestó que Junior se había pegado un tiro y que el arma se la había llevado Ayrton y por ello decide ir hasta la casa del acusado. Iglesias declaró que un policía le hacía preguntas “vehementes” a Ramirez (menor de edad al momento del juicio y, por ende, al momento del hecho ocurrido dos años antes), para que les informara quién había sido el autor del disparo y, en esas condiciones, mencionó a Ayrton.
Sobre esa primera inconsistencia el juez no hace ninguna aclaración y ya vimos que el veredicto no refleja qué declaró Pablo Ramirez sobre este tramo de lo sucedido.
De cualquier modo, cabe reparar, como lo señala el recurrente, que Pablo Ramirez no vio a nadie en el departamento de Junior cuando lo encontró herido, circunstancia que le impedía saber quién se llevó el arma. En el juicio declaró que recién vio al acusado bajar las escaleras, cuando llegó la policía al lugar.
8. La defensa señaló que Mauricio Moreira, vecino lindero de la víctima, también se presentó inmediatamente en el departamento de Junior luego de oír un ruido y segundos después de escuchar a Pablo Ramirez gritar. Que Pablo decía que su amigo se había pegado un tiro. Que entró al departamento y vio un arma de fuego en la zona del living, pero no vio a ninguna otra persona entrar o salir. Cabe aquí hacer una aclaración: la declaración de Moreira no consta en el veredicto pero quedó reflejada en el acta de debate, a partir de la reseña de la prueba testifical que hizo el fiscal que intervino en el juicio oral. Luego, si bien lo que dicen los litigantes en su alegato podría no corresponderse estrictamente con lo que dijeron los testigos, constato que en este caso la reseña del fiscal sobre los dichos de Moreira se corresponde con lo informado por el recurrente y, en ese sentido, posibilita un conocimiento más aproximado a lo que efectivamente declaró y permite el control del veredicto.
Según el fiscal, Moreira “dijo que escuchó un barullo de al menos dos personas no pudiendo identificar de quiénes se trataban, acto seguido escuchó un ruido como un mazazo y un ruido como la caída de juguetes, segundos más tarde el chico de abajo Pablo comenzó a los gritos, y golpea las puertas, se dirigió hacia el departamento y Pablo decía que su amigo se había pegado un tiro. Al ingresar a la vivienda, solo vio un arma en la zona del living, no había arma cerca del cuerpo”.
Conforme he sostenido en otros pronunciamientos, no se trata de exigir una transcripción literal y completa de cada una de las manifestaciones que hicieron los testigos en el juicio oral, pero sí de aquellos tramos esenciales con capacidad de rendimiento para corroborar o refutar las hipótesis explicativas que sobre un mismo dato alega cada una de las partes, pues nada de lo que pueda condicionar la decisión final está de sobra en un veredicto y, por tanto, debe figurar.
Luego, si uno de los argumentos de la defensa fue que inmediatamente después de que se hirió a la víctima ni Pablo Ramirez ni Mauricio Moreira vieron al acusado en el lugar, ese dato no debió ser omitido en el razonamiento probatorio del tribunal, por la relevancia que le asignó la defensa en su hipótesis explicativa sobre lo sucedido. En efecto, la defensa señaló un dato que difícilmente los jueces podían compatibilizar desde la lógica más elemental, si hubieran confrontado lo que dijeron Ramirez y Moreira (en los tramos señalados), con la información que “obtuvo” Nantes de Ramirez. En otras palabras: si ninguno de los dos testigos que llegaron inmediatamente al departamento de la víctima vio al acusado, ¿cómo estuvo Pablo Ramirez en condiciones de conocer quién se había llevado el arma que faltaba?.
9. En rigor, sin examinar esas graves incompatibilidades y sin realizar ningún juicio concreto sobre la fiabilidad de los testigos, el magistrado que inició el voto afirmó que a su juicio “quienes dan cuenta objetiva y dan luz sobre la autoría del hecho son los oficiales Jonathan Nantes y Jonathan Arriola”.
El juez estimó que los dichos de Nantes eran “muy razonables y objetivamente acreditables” pues como lo había declarado, el suicidio quedó descartado. Seguidamente repasó su testifical y dijo que “el manto de duda” sobre cómo practicó el allanamiento en el domicilio del acusado había sido analizado y resuelto en la etapa anterior al juicio oral (tema sobre el que volveré).
Luego, sobre la declaración del policía Arriola, el juez señaló que “fue conteste con su compañero, afirmando que cuando subían al departamento donde había sucedido el hecho, 'ven bajar al imputado', esto a instancias del menor que se los dijo al subir, quien les refirió que Ayrton había estado en el lugar del hecho”.
Cabe reparar que el oficial Arriola describe una tercera versión sobre cómo se incorporó el nombre del acusado en la escena: según el policía, se los dijo Pablo Ramirez mientras subían las escaleras.
10. En definitiva, a esta altura de la revisión, no es posible confirmar qué fue lo que ocurrió cuando los policías llegaron al lugar, ni tampoco cuál de las versiones se dio por probada, pues el magistrado entendió que los oficiales Nantes y Arriola fueron “contestes” pero sin reparar que dieron una versión distinta sobre cómo conocieron que De los Santos podría estar implicado.
Constato, como lo denunció el recurrente, que el tribunal omitió responder la concreta objeción que sobre el testimonio de Arriola hizo la defensa durante la discusión final del debate, donde señaló que si efectivamente Pablo Ramirez les hubiera dicho “que Ayrton había estado en el lugar del hecho” cuando se lo cruzaron en la escalera, difícilmente los policías no lo habrían aprehendido en el momento.
11. En mi opinión, aquel tramo de la recreación de lo sucedido no era irrelevante en el caso concreto, donde la defensa denunció que la actuación de los policías fue irregular. En efecto, en el debate afirmó que ingresaron sin orden judicial en el domicilio de su asistido, ni autorización de los moradores, ni testigos de actuación y que tampoco se pudo establecer dónde hallaron el arma homicida.
Sobre el planteo de nulidad, el magistrado que votó en primer término dijo que la defensa “trató de poner manto de duda en cómo se desarrolló el encuentro entre el oficial, el imputado y el arma que posteriormente se acreditara como aquella que fuera la usada para matar a la víctima de autos” y señaló que no era “un tema novedoso”, pues el allanamiento había sido ratificado y convalidado por el juez de garantías en la IPP, y luego la Cámara Penal había rechazado la apelación de la defensa y el planteo de nulidad sobre el secuestro del arma de fuego.
Agregó que la defensa convocó a la hermana del acusado para declarar sobre el punto pero sin transcribir ningún pasaje de su testifical concluyó “nada podré decir de los dichos que vertiera (…) en su intento estudiado de cambiar una realidad en el modo de ingreso de la policía a su casa (…) situación que como ya quedara claro, fue desvirtuada y convalidada y confirmada por las instancias de origen y superior en la tramitación de la I.P.P.”
11.1. Bajo esas condiciones, constato que el tribunal del juicio no trató una cuestión esencial que introdujo la parte, conducente para la solución del caso, transgrediendo el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en cuanto establece que “los jueces deberán resolver todas las cuestiones que le fueran sometidas a su decisión”. En efecto, la remisión a lo resuelto en la etapa anterior al juicio no configura justificación alguna frente al planteo de una nulidad de carácter absoluta que, como tal, puede tener lugar en cualquier instancia del proceso y aun declarase de oficio, tal como lo dispone el artículo 203 del Código Procesal Penal; ni resulta suficiente para otorgar legitimidad al allanamiento, puesto que era preciso que se practicara un examen exhaustivo de todas las circunstancias que rodearon la situación en concreto, más allá de la afirmación de los funcionarios de policía que intervinieron en el procedimiento (conf. doctrina “Ventura”, CSJN). En otras palabras, la cuestión no estaba precluída, se alegó la violación de una garantía de orden constitucional y la defensa señaló los argumentos concretos que -en su opinión- permitían controvertir la veracidad de lo que dijeron los policías sobre el consentimiento del allanamiento y el secuestro del arma, circunstancias que debieron llevar a los jueces a extremar el análisis probatorio sobre la legalidad del allanamiento.
En ese sentido, el único relato que consta en el veredicto sobre cómo se habría secuestrado el arma homicida lo dio el oficial Nantes.
Conforme lo señala la defensa, no hubo testigos de actuación del allanamiento y ya vimos que sobre la declaración de Rocío De los Santos (hermana del acusado), el juez no tuvo “nada para decir” pues consideró que había quedado desvirtuada por lo resuelto el etapa previa, desconociendo que el derecho del acusado a controlar la prueba de cargo y practicar la de refutación, en el juicio oral, no puede impedirse acudiendo a argumentos dogmáticos y formales.
11.2. Según lo informa el recurrente, Rocío De los Santos habría declarado en el juicio oral que personal policial se presentó en la casa preguntando por su hermano y cuando ella se dio vuelta para atender a su hijo ingresaron hasta la habitación del acusado. Según expuso el defensor, la mujer dijo que no autorizó el ingreso ni mencionó que su hermano le hubiese entregado arma de fuego alguna a la policía. Por su parte, ya vimos que Nantes confirmó que lo atendió una mujer pero dijo que “inmediatamente aparec[ió] en escena Ayrton quien le refirió que tenía un arma de fuego, que resultó ser una 9mm. secuestrándose”. Nada dijo el policía -o el veredicto no lo refleja- sobre si le explicó a Rocío De los Santos o al acusado los motivos de su presencia en el lugar o, en su caso, cómo se le habrían explicado, datos suficientes para cuestionar la legalidad del allanamiento.
11.3. La cuestión a resolver no era, como parece haber entendido el magistrado, si la condición de policías de Nantes y Arriola los inhabilitaba para declarar como testigos en el juicio oral en contra del acusado. Por ello, la jurisprudencia del Tribunal de Casación que citó, relativa a la capacidad para testificar de los policías en el sistema de libre valoración probatoria que rige en nuestro sistema penal, no “contest[a] a la defensa respecto al manto de duda que arrojó sobre las mismas”
declaraciones.
En otras palabras, la defensa no argumentó, en forma genérica, que había que descreer de Nantes y Arriola porque eran funcionarios de policía, sino que señaló la prueba concreta -por oposición a meros prejuicios- que controvertía la información que introdujeron en el juicio sobre su actuación en el caso. Por ello, los argumentos que da el magistrado para “contestar” el “manto de duda”, afirmando que la prueba testifical de los policías es admisible en el proceso penal, no respeta criterios lógicos ni suficientes para dar respuesta al planteo que se le hizo. Se trata, como en cualquier otro ámbito del conocimiento, de evaluar el apoyo empírico o corroboración que un conjunto de elementos de juicio aporta a una determinada hipótesis o a su contraria.
12. Luego, constato que el juez concedió que efectivamente Mauricio Moreira (vecino de Junior Acosta) vio el bolso con las armas de fuego recién en el domicilio de la víctima, cuando lo convocó la policía como testigo de actuación. No obstante, el magistrado destacó que eso ocurrió después de que los funcionarios lo habían secuestrado en la casa de De los Santos.
Sin embargo, frente a las carencias informativas que refleja el veredicto, considero importante señalar que en la discusión final del debate, el fiscal dijo que el policía Jonathan Arriola había confirmado el secuestro de dos armas de fuego pero “reconoci[ó] que una de las armas la había traído su compañero Nantes en un bolso que había encontrado fuera del departamento de propiedad de la víctima” (ver acta de debate). En definitiva, el dato anterior confirmaba que el único que se presentó en la casa del acusado fue Nantes, cuyo testimonio fue controvertido -en un tramo esencial- por la testigo Alejandra Iglesias, lo que debió llevar a los jueces a extremar el análisis probatorio sobre su capacidad de rendimiento para confirmar la hipótesis de la acusación.
13. Seguidamente, observo que De los Santos reconoció que las armas de fuego eran de su propiedad pero declaró que la noche anterior había estado con Junior, que “habían tirado unos tiros” juntos y a eso de las cinco de la mañana le dejó las armas, poniéndolas en un bolso, para que se las guarde.
A criterio del magistrado, el acusado intentó ubicarse en una mejor situación procesal, pues si bien señaló que era “cierto que en definitiva las armas se las dio aquella noche-madrugada [a Junior Acosta] y así lo afirm[ó] también el testigo Ramírez”, consideró que “producido el homicidio se lo vio bajar de la vivienda de la víctima para luego encontrar el arma en cuestión en su poder y en su casa”. La conclusión a la que llega el magistrado demuestra que el juicio sobre la autoría se basó en dos elementos: en que fue visto bajar por las escaleras y en el secuestro del arma en su domicilio, último dato que no correspondía valorar en su contra sin antes dar respuesta al planteo sobre la legalidad del allanamiento. Luego, conforme lo denuncia la defensa, el magistrado tampoco incluyó en su razonamiento probatorio el tiempo transcurrido entre que Pablo Ramirez encontró a su amigo herido y el momento en habría visto al acusado bajar las escaleras (cuando llegó el personal policial), pues expuesto del modo en que se hizo en el veredicto (“producido el homicidio se lo vio bajar de la vivienda de la víctima”) da la errónea impresión de que fue una secuencia continua o inmediata, cuando eso no se corresponde con lo que declaró el testigo Ramirez.
14. En función de las consideraciones expuestas, coincido con el recurrente en que los magistrados del juicio omitieron el tratamiento de cuestiones esenciales y que eran relevantes para la solución del caso, transgrediendo el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en cuanto establece que “los jueces deberán resolver todas las cuestiones que le fueran sometidas a su decisión”.
En efecto, tiene dicho la Suprema Corte en forma reiterada que de conformidad al contenido normativo del artículo 168 de la Constitución provincial, el vicio que se corrige mediante el recurso extraordinario de nulidad es la omisión de tratamiento de una cuestión “esencial”, esto es, la “falta” de abordaje de aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para su validez y que, según las modalidades del caso, resultan necesarios para la correcta solución del pleito. En otras palabras, la cuestión esencial está constituida por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento (conf. causas L. 73.844, “Cayolo” sentencia del 27/II/2002;
L. 74.477, “Kisler” sentencia del 19/XII/2001; L. 90.021, “Schimio” sentencia del 8/XI/2006 y L. 94.901 sentencia del 7/V/2008).
Por consiguiente, y sin que el desarrollo anterior importe un adelanto de opinión acerca del fondo de litigio, propongo al acuerdo: HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de la defensa, sin costas, ANULAR EL VEREDICTO CONDENATORIO y la SENTENCIA dictados en contra de Leandro Matías De Los Santos por los jueces del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Avellaneda-Lanús, y REENVIAR las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la REALIZACIÓN DE UN NUEVO JUICIO (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; 15, 168 y 171, Const. Prov.; 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP) y, a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor VIOLINI, dijo:
A los fines de alcanzar la mayoría exigida por el artículo 168 de la Constitución Provincial, adhiero por sus fundamentos a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor particular en favor de Leandro Matías De Los Santos.
II. HACER LUGAR PARCIALMENTE, por mayoría, al recurso de la defensa, sin costas, ANULAR EL VEREDICTO CONDENATORIO y la SENTENCIA dictados en contra de Leandro Matías De Los Santos por los jueces del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Avellaneda-Lanús, y REENVIAR las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la REALIZACIÓN DE UN NUEVO JUICIO.
III. Regular los honorarios profesionales del letrado interviniente Dr. Atilio Julio Biondi (Tº II Fº 84 C.A.A.L.), en representación del acusado, por sus trabajos en esta sede, en una suma equivalente al 25% de lo regulado en la instancia.
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis inc. 2° párrafo segundo del CP; 106, 371, 375, 421, 434, 448, 450, 454, 530 y 531 CPP; 16 y 31 de la ley 14.967.
Regístrese electrónicamente, notifíquese a las partes y oportunamente radíquese en el organismo de origen.
Fin de la sentencia