Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2153/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 77.-
2No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 56/72 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2153/17-TSJ Interlocutorio N°: 403.-
Actor: SANVAR S.A.
Demandada: TRILLARD, ROBERTO ENRIQUE Objeto S/ ORDINARIO S/ RECURSO DE QUEJA - PARTE ACTORA Fecha: 10-07-2018 Texto: TOMO VIII – OTROS RECURSOS – T.S.J..-
REGISTRO Nº 403 FOLIO Nº 1530/1534 PROT. ELECT. TSS1 006 O.181
Río Gallegos, 10 de julio de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “SANVAR S.A. C/ TRILLARD, ROBERTO ENRIQUE S/ ORDINARIO S/ RECURSO DE QUEJA - PARTE ACTORA -”, Expte. Nº S-2153/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien a foja 77 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó el interlocutorio cuya copia obra a fs. 28/33” (cfr. foja 77).- En razón del motivo en que funda su excusación la Magistrada, -el haber dictado la resolución impugnada que viene a este Tribunal con motivo del recurso de queja- se encuadra en lo dispuesto por el artículo 17 inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo los presentes autos vienen a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la actora, a fs. 56/72 vta., ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 49/51 vta., que rechaza el recurso de queja por resultar formalmente inadmisible.-
La actora suscita la instancia extraordinaria federal alegando arbitrariedad (cfr. foja 57 vta.) y violación de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 58 vta.).-
Manifiesta, por intermedio de su apoderado, que la arbitrariedad surge de las afirmaciones dogmáticas sin sustento alguno en las constancias de la causa y que ignora la verdad debidamente acreditada (cfr. foja 57 y vta.).-
Señala que: “... la sentencia recurrida alcanza el punto de arbitrariedad al desconocer la debida fundamentación del Recurso de Casación, que conforme a la unánime Jurisprudencia basta con un ataque concreto, y directo a la base jurídica del fallo, y de cuales leyes se violan en la cuestión debatida, además de la violación del derecho de defensa, sólo se sustentan en afirmaciones dogmáticas no acreditadas en las probanzas de la causa. De este modo se conculca la garantía del debido proceso y defensa en juicio amparadas por la Constitución Nacional, en su art. 18, y el derecho de propiedad protegido por el art. 17 de esa misma ley fundamental. Lo recientemente señalado autoriza a señalar que estamos en presencia de un caso de arbitrariedad sorpresiva que imposibilita a nuestra parte prever ‘tal vicio’ (Fallos: 297:17, 308:1699), y en consecuencia plantear con anterioridad la cuestión federal suscitada (Fallos; 198; 373; 248; 125 entre otros)” (cfr. foja 58 y vta.).- Agrega que: “La sentencia objeto de impugnación lo es, en virtud de contradecir expresas normas previstas por la ley (ya indicadas), por clara violación en que incurre el decisorio (tanto en la la (sic) 1ra. Instancia y ahora el de V.E. confirmando) la del ‘aq-uo’(sic), que rechaza la demanda, con fundamento en una total y grave tergiversación de las normas básicas de interpretación de la prueba, y específicamente en el objeto de la litis, alcance de la traba de a litis (sic), lo que hace que el fallo carezca de fundamentos legales, lógicos y razonados” (cfr. fs. 58 vta. /59).- Afirma que su parte en forma seria, concreta y razonada atacó el fallo de 1ra. Instancia, como el de la Excma. Cámara y que sus recursos debieron haber sido admitidos ya que reunían las condiciones técnicas suficientes (cfr. foja 68 vta.).-
Plantea que se han violado los arts. 364 y cctes. del CPC y C; 1068 y cctes. del Código Civil. Asimismo refiere que ante el absurdo nace la arbitrariedad que conecta con la Constitución Nacional (arts. 17 y 18), ya que estima que se conculca su derecho a reparar su patrimonio por el perjuicio ocasionado (cfr. foja 70).-
Aduce que este Tribunal se ha basado para resolver en una norma que no existe y en una situación que se inventa por lo que lo resuelto es absurdo (cfr. foja 70).-
Califica de ilógico el fallo y sin sentido conforme a las reglas de la sana crítica (cfr. foja 70 vta.).-
Añade que: “Tanto el Fallo de Cámara como el de V.E., manifiestan que no se ha probado el daño. Esto es un agravio que ignora lo obrante en autos de una manera arbitraria, y siempre fueron causales de motivos para el Recurso Extraordinario” (cfr. foja 70 vta.).-
Argumenta que se ha ignorado prueba esencial y conducente para resolver el caso, lo que traería aparejado la falta de debido proceso y vulneración del derecho de propiedad (cfr. fs. 70 vta. y 71).-
Entiende que es absurdo sostener que no se ha probado la existencia de robo, el ingreso a la empresa, desactivado de alarma, con constancia del dinero recaudado (cfr. foja 71).-
Que a foja 73 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó respecto del recurso impetrado que: “... considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento a no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica... por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado” (cfr. fs 74/ 75).- Que a foja 78 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
III. Que analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el citado artículo 257 del CPC y C se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar su recurso en formato de hoja A4, aunque no hace lo propio en la carátula.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º y parcialmente los del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. artículo 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que satisface parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º. Sin embargo, incumple con el inciso a), pues no consigna el objeto de la presentación, y con el d) al no enunciar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. foja 56 y vta.).-
No obstante, dichos incumplimientos, valorados aisladamente, no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (Fallos 334:196).-
Al analizar los recaudos exigidos por el articulo 3º de la Acordada 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia elaborada en la materia por el Cimero Tribunal Federal, que fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales. En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada 4/2007, el escrito recursivo no consigue satisfacer las mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b) del artículo 3º implica que el relato de los hechos debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (demanda, contestación de demanda, sentencia, agravios) y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional planteada (cfr. Andrés Gil Domínguez “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” Ed. Ediar, 2011, Página 107). Este último presupuesto no fue cumplido por la actora.- Asimismo, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Carta Magna y que, dice, han sido menoscabados (cfr. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007).-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión Federal (cfr. Fallos: 306:1740, 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126 - 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca (cfr. TSJ, Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 369, Folio 1397/1401).- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003, pág. 104).- La parte actora funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (cfr. foja 56 vta.).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitu-ción Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite, al resolver el recurso de queja, se decidió, en definitiva, si era admisible o no el recurso de casación dirigido contra la sentencia que rechazó la demanda por estimar que no se había acreditado la existencia de un daño resarcible en atención a la pretensión. Este Alto Tribunal entendió que nos encontrábamos ante el segundo supuesto, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario.- En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso d) del art. 3º)), como así tampoco la ‘fundamentación autónoma’ a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (cfr. sum. Fallos 308:2421). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 311:499 y 331:809).- Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso e), art. 3º).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Silvia B. Palacio de Caeiro, “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley, 2012, págs. 431/432) (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
IV. Por otra parte debe recordarse que las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal- tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado. A ello cabe agregar que, el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad es particularmente restringido respecto de los pronunciamientos de Superiores Tribu-nales de provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden federal (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 318, Folio 1221/1224, Reg. 321, Folio 1234/1237).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ut supra, en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (cfr. sum.
Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (cfr. sum. Fallos 237:74). Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. sum. Fallos 261:209).- Asimismo, no puede prosperar la arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que la configuran.
Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “…no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común…” (cfr. Fallos 325:2192 del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en autos, en atención a la normativa aplicable, que ni siquiera se vislumbra como arbitraria.
Ello así, pues entendió que no se encontraban reunidos los requisitos de admisibilidad para habilitar la instancia extraordinaria local.-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum. Fallos 311:1950 dictamen del Procurador General que la Corte Suprema comparte; asimismo 323:3139 del Dictamen del Procurador General al que la Corte remite). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
V. Que, por otro lado, cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (arts. 17 y 18 CN) (cfr. fs. 58 vta.,/59 y 66) constituye una enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.-
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos 310:2306). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. fallo cit.).- Corresponde concluir entonces, que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio extraordinario federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 77.-
2. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 56/72 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006O.181 Tomo: VIII Interlocutorio: 403.-
Folio N°: 1530/1534.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia