Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Marcos Gabriel Sapa; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre del año 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano H. Borinsky, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FRE 8389/2019/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “SAPA, Marcos Gabriel s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. El 21 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, provincia de Chaco, dictó el siguiente veredicto: “VI) CONDENAR a MARCOS GABRIEL SAPA cuyas demás condiciones personales obran en autos, como AUTOR penalmente responsable del delito de Violación de los Deberes de funcionario Público”, a la PENA de UN (1) ANO Y SEIS (6) MESES DE PRISION DE EJECUCION EN SUSPENSO Y DOS (2) ANOS y TRES (3) MESES de inhabilitación ESPECIAL para ejercer cargos públicos. CON COSTAS (artículos 45, 248 del Código Penal de la Nación, artículos 530, 531 CPPN)”. Luego, el 2 de septiembre de 2025 el tribunal de juicio dictó los fundamentos del decisorio en cuestión.
II. Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de casación la defensa particular de Marcos Gabriel Sapa, el cual fue concedido por el a quo el 1 REGISTRO N° 1511/25.4 22 de septiembre de este año y mantenido en la instancia.
El recurrente afirmó que no se produjeron pruebas que permitiesen sustentar la condena de su defendido. Afirmó que la concurrencia de elementos de convicción suficiente para arribar a tal veredicto “debe surgir de un fundamento apoyado en un proceso lógico basado en la sana crítica racional y establecer al menos una vinculación de las personas imputadas, las conductas desplegadas y la prueba colectada. En tal lineamiento, es importante destacar que la mera existencia de tareas investigativas y sumarios que plasman los procedimientos llevados a cabo en las presentes actuaciones no generan, per se, probabilidad alguna de la participación de mi asistido en los delitos en trato, los delitos imputados nunca estuvieron dentro del dominio de mi asistido, es de decir el Sr. Sapa recibió órdenes del superior Meza, y las acato como indica la normativa de prefectura, por otro lado, en cuanto labrar el acta tal como surgió del debate no era responsabilidad del lanchero, Sapa, sino del más antiguo de la patrulla, que justamente no era mi Asistido, de tal manera que condenar al Señor Sapa por la atribución del delito por el cual fue condenado causa gravamen irreparable, atendiendo a que el mismo cumplió sus funciones tal como indica la normativa de procedimiento de prefectura”.
Por ello, estimó que el decisorio objetado exhibe una falta de razonabilidad que lo torna un pronunciamiento arbitrario en lo relativo a la valoración de la prueba. Citó precedentes sobre arbitrariedad de sentencias atinentes a su pretensión.
Concluyó que los elementos de convicción incorporados no permiten construir, ni siquiera tentativamente, una hipótesis razonable de intervención delictiva por parte de Sapa. Afirmó, en tal sentido, que “por el contrario, evidencian una inferencia especulativa y sesgada, fundada exclusivamente en su cercanía física con algunos de los imputados y en un supuesto dominio del espacio que no se ha probado”.
En consecuencia, solicitó que se conceda el recurso y se “revise la decisión cuestionada, en los términos aquí planteados”.
III. Puestos los autos en término de oficina previsto por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no hicieron presentaciones, así como tampoco se efectuaron en la etapa prevista por los artículos 465, último párrafo, y 468 del código ritual.
Superada esa instancia, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces se expidan, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de Sapa resulta formalmente admisible, en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 459 del CPPN, ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo con invocación fundada de los motivos previstos por el art 456 del citado código.
II. Para un mejor análisis, corresponde memorar los antecedentes del caso.
Según lo plasmado en la resolución cuestionada, “El 20 de enero de 2019 Rafael Meza, Roberto Medina y Marcos Sapa funcionarios de Prefectura Naval Argentina y partes de la dotación de la Delegación Puerto Bermejo en esta provincia, afectados a tareas de prevención, navegando por el Río Bermejo a bordo de la embarcación BP-4667 controlaron una lancha de origen paraguayo que observaron pescando con mallas en aguas jurisdiccionales argentinas.
Por tratarse de una situación infraccional, únicamente procedieron al secuestro de los elementos de pesca, actuación de la que no se labró acta alguna como tampoco se asentó en los Libros de Guardia de aquella fecha.
Los prefectos actuantes impusieron a los infractores que debían concurrir al asiento de la delegación de Prefectura en Puerto Bermejo donde serían informados de las medidas que esa autoridad tomaría al respecto.
Meza (Rafael Alfredo) en contacto con Spizzo (Uriel Andrés) dos de los superiores (en jerarquía) de la citada unidad, le transmitió que las mal las y demás elementos debían ser intercambiados por un equipo de aire acondicionado. De ese temperamento derivó que una de las personas halladas en infracción aquel día, llevase consigo un equipo marca Haustec que entregó en la dependencia bajo ninguna documentación y menos aval aduanero. De esa manera, ese sujeto cuya identificación no se hizo constar, logró recuperar sus herramientas de pesca.
Posteriormente, el 19 de febrero de ese mismo año (2019) una comisión integrada por Jorge Alberto Céspedes, Roberto Medina y Marcos Gabriel Sapa, nuevamente a bordo del patrullero BP-4667 entre los kilómetros 60 y 65 del Río Paraguay (margen argentina) inspeccionaron distintas embarcaciones (canoas) con las que ilegalmente pescaban personas de origen paraguayo.
Al igual que en el procedimiento anterior, el temperamento fue incautar las mal las de pesca y disponer que los presuntos infractores concurrieran a la sede de la unidad de Prefectura Naval (Puerto Bermejo) para continuar las actuaciones.
Impuesto el Oficial Principal Spizzo ordenó a su personal que ‘negociaran’ la entrega de algún elemento para que aquellos pudieran retirar sus elementos.
Consecuencia de la disposición de Spizzo - jefe a cargo de la unidad- fue que los infractores intercambiaron las mallas por dos equipos de aire acondicionado marca Speed. Eso tuvo lugar el 26 de febrero de 2019 oportunidad en que los dos dispositivos (sin documentación alguna) fueron entregados.
El esquema de funcionamiento indicó que Spizzo (jefe) impartió directrices a Maza (Rafael Alfredo) para ese modo de operar (cambio de los elementos de pesca secuestrados, por artefactos de aire acondicionado). Céspedes, Medina y Sapa a su vez, debían omitir todo registro de los procedimientos y la secuencia o iter que seguía a los mismos”.
III. La parte recurrente centró su cuestionamiento en la valoración probatoria efectuada por el tribunal de juicio para sostener la condena de su defendido. Afirmó que las evidencias producidas no permiten arribar a un veredicto condenatorio de Sapa.
a. El a quo tuvo por probado que el 20 de enero de 2019 “Rafael Alfredo Meza, Roberto Medina y Marcos Gabriel Sapa funcionarios de Prefectura Naval Argentina, miembros de la dotación de la Delegación Puerto Bermejo (Chaco) en tareas de prevención, navegando por el Río Bermejo a bordo de la embarcación BP-4667 controlaron una lancha de origen paraguayo a cuyos tripulantes sorprendieron pescando con mallas en aguas jurisdiccionales argentinas. Tratándose de una situación infraccional procedieron solo al secuestro de los elementos de pesca, actuación de la que no labraron acta alguna y tampoco -al retorno a la unidad- asentaron en los Libros de Guardia de aquella fecha.
Por lo que surgen de las distintas constancias de autos (cf. documentales incorporadas al debate por su lectura) los prefectos actuantes les indicaban a los infractores que debían concurrir al asiento de la delegación de Prefectura en Puerto Bermejo para ser informados de las medidas que esa autoridad tomaría al respecto.
Rafael Alfredo Meza (el de mayor jerarquía durante el procedimiento), ya en contacto con Uriel Andrés Spizzo a la sazón jefe a cargo de la Delegación de Prefectura Naval Puerto Bermejo, le hizo saber que las mal las y demás elementos debían ser intercambiados por un equipo de aire acondicionado.
De esa sugerencia tomó cuerpo -y se concretó- la acción de que para recuperar los instrumentos de pesca, se compelió a los infractores a entregar un equipo de aire acondicionado. Así ocurrió con uno de ellos que lo hizo con uno marca Haustec dispositivo que no contó con ninguna documentación ni aval aduanero y no consta descripto en algún registro de la unidad”.
En igual sentido, se expresó que “el 19 de febrero de ese mismo año (2019) una comisión integrada por Jorge Alberto Céspedes, Roberto Medina y Marcos Gabriel Sapa, nuevamente a bordo del patrullero BP-4667 entre los kilómetros 60 y 65 del Río Paraguay (margen argentina) inspeccionaron distintas canoas cuyos ocupantes -personas de origen paraguayo pescaban ilegalmente en aguas argentinas. De modo similar al procedimiento anterior, se incautó las mallas de pesca y se ordenó a los presuntos infractores concurrir a la sede de la unidad de Prefectura Naval (Puerto Bermejo) para continuar las actuaciones. Fue entonces que el Oficial Principal Uriel Andrés Spizzo impartió a su personal la directiva de que ‘negociaran’ la entrega de algún elemento para que aquellos (el o los infractor/es) pudieran recuperar sus elementos. Consecuencia de lo dispuesto por Spizzo resultó el intercambio de las mal las y espineles por dos equipos de aire acondicionado. El 26 de febrero de 2019 tuvo lugar la entrega de dos dispositivos marca Speed (sin documentación alguna)”.
En definitiva, aseveró que Spizzo, en su calidad de jefe, fue quien impartió directrices a Maza para de ese modo irregular resolver las infracciones. En las operatorias de cambio de los elementos de pesca secuestrados por artefactos de aire acondicionado, concluyó que colaboraron Céspedes, Medina y Sapa, quienes omitieron todo registro de los procedimientos y el actuar posterior que culminó con la recepción de los dispositivos. Para sostener dicha tesitura, el tribunal de origen valoró las actuaciones internas sustanciadas por la Prefectura Naval Argentina (Nota Nº 12 “C” /19 Letra PZPP RI8 fechada el 18 de marzo de 2019 de carácter CONFIDENCIAL), de la cual se documentó, incluso gráficamente, la existencia de parte de los equipos de aire acondicionados en las dependencias de la Delegación de PNA en Puerto Bermejo.
Refrendó que dichos equipos carecieron de toda documentación interna y avales aduaneros. A la vez, sopesó las Órdenes de Patrulla N°25/25/19 y N°23/62/19 del 20 de enero y 19 de febrero de 2019, que mostraron las comisiones fueron integradas por Meza, Medina y Sapa en el caso de la primera, y por Céspedes, Medina y Sapa la segunda. El tribunal de origen entendió que “las fechas de los patrullajes coinciden con las oportunidades en las que el personal arriba mencionado concretó las acciones en relación con los pescadores paraguayos con las consecuentes incautaciones de los elementos de pesca, contingencias de las que -como se acreditó- no se labró acta procedimental alguna y tampoco asiento en tramo alguno del libro de guardia como parte de la rutina laboral de aquellos días”.
Asimismo, el tribunal recordó la denuncia recibida a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación (Dirección de Investigaciones Internas- Denuncia N°147974 EX-2019-17177703-APN- DI#MSG), que dio cuenta del modo ilegal de actuar del personal de PNA. Allí, Jorge Céspedes expresó que “escribo efectos de realizar una denuncia respecto a un caso de cohecho/dadivas por funcionarios públicos (mis jefes) que actualmente se está llevando un sumario administrativo, pero en este caso me están imputando administrativamente a mi como responsable igual que los jefes que dan la orden.
En mi caso yo no hice un acta de secuestro de las redes de pescas, por orden de mi superior jefe que él se haría cargo, y ellos luego cambiaron por aires acondicionados, esto ocurrió en PREFECTURA BERMEJO.
EN mi caso quiero que se investigue como corresponde este caso y que no me hechen de la institucion ya que es algo muy distinto cometer ese tipo de delito, a no realizar un acta por cumplir una orden superiro, obra en foja del presente expediente”.
El a quo interpretó dicha denuncia como un intento de Céspedes de despegarse de un escenario delictivo que también lo involucraba, para lo cual se tuvo en consideración el tiempo transcurrido entre los hechos y la formalización de una investigación interna.
Se ponderó también lo narrado por otras personas dedicadas a la pesca en la región que pusieron de manifiesto el modus operandi de los agentes de la PNA aquí involucrados.
Fue sopesado el testimonio de Edgardo Martín García, quien dijo que “me llamaron no recuerdo bien porque había una foto o algo donde yo aparecía con unos equipos de aire acondicionado (…) Fue en el año 2019 en una oportunidad yo había hecho el relevo de guardia y el oficial me había dicho que alguien se iba a acercar para traer una caja, yo desconocía que tenía esa caja y se me ordenó que la guarde en el guardacostas (…) La guardamos en al guardacostas como indicó el oficial (…) Estábamos el Marinero Sapa y yo, Sapa era el personal saliente y yo entrante, siempre los relevos se hacían a las siete horas, en ese momento también estaba el Oficial Principal Meza que fue el que me dijo que una persona se iba a acercar trayendo una caja en una canoa (…) Yo desconozco si eso era o no parte de un secuestro o qué (…) Yo no presté atención si la caja tenía alguna marca”.
También fueron valorados los dichos de Ramón Sebastián Torres, quien dijo que cumplía funciones como Timonel de Guardia y se acercaron dos paraguayos solicitando hablar con el titular de la dependencia. Contó que el Sr. Meza fue quien habló con los mencionados. Comentó que estaban buscando que les devuelvan las mallas de pesca y que, a cambio, debían entregar un equipo de aire acondicionado.
El testimonio de Reinaldo Sosa también fue sopesado. En su carácter de Prefecto Principal y Jefe del Departamento de Operaciones de la Prefectura de Zona Corrientes de la PNA, recordó haber realizado una inspección en el Destacamento de Puerto Bermejo y haber hallado equipos de aire acondicionado en un depósito dentro de la dependencia que no estaban inventariados. También dijo que debe constar en el libro de novedades o en el libro de guardia ante cada ocasión que sale una patrulla. Detalló que los equipos de aire acondicionado no tenían precintos.
Asimismo, el tribunal de juicio recalcó que la Prefectura Naval Argentina tiene a su cargo la patrulla de los ríos, conforma la autoridad marítima nacional para garantizar la seguridad de la navegación, proteger la vida humana, prevenir la contaminación, y hacer cumplir las leyes y normativas vigentes en las vías fluviales.
A partir de lo referenciado, el a quo sostuvo que “concibieron un proceso previendo de antemano una operatividad centrada concretamente en desposeer de sus instrumentos de pesca (mal las, espineles) particularmente a sujetos de ciudadanía paraguaya a los que sorprendían en esa faena en distintos ríos y brazos en márgenes argentinas, para luego condicionar la restitución previa entrega de equipos de aire acondicionado”.
Concluyó que la producción de los resultados típicos fue directa consecuencia de la cuestionada forma de proceder de Sapa.
Tras enfatizar en la problemática asociada a la corrupción en el ejercicio de la función pública, aseveró que la actuación de los imputados involucrados -entre ellos Sapa- se enmarca en lo previsto en el art. 77 del Código Penal y en la ley 25.188 -Ética Pública-.
Luego, el a quo calificó a la conducta atribuida a Sapa bajo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en su modalidad omisiva. En tal sentido, afirmó que Sapa incumplió al no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
El tribunal de juicio adicionó que “de suyo que el incumplimiento de las formas legalmente previstas estaba relacionado con actos propios de la función como prefectos y no [e]s ocioso reiterar también en este tramo, aquellos no debían obediencia a una orden ilícita en la medida de que el artículo 248 del Digesto penal sanciona expresamente al inferior que las cumpliere sin que pueda ampararse - por caso- en la causal establecida por el artículo 34 inciso 5 del citado texto legal”.
Finalmente, se aseveró que “la óptica de la acción típica desde lo estrictamente objetivo visibiliza las conductas involucradas en el aspecto omisivo de esta figura -como se describió en el caso- y de suyo no contienen ninguna particularidad que en si misma proyecte su ilicitud, toda vez que los referidos actos funcionales consisten en dictar o ejecutar algo contrario a lo legalmente obligatorio”. Ratificó que se probó también el aspecto subjetivo del tipo en cuestión, que exige un dolo directo.
b. A partir de lo expuesto hasta aquí es posible concluir que el tribunal de juicio ha analizado pormenorizadamente la prueba producida en el debate oral y, luego, valoró todas y cada una de ellas de forma integral para tener por acreditada la hipótesis acusatoria.
En efecto, el tribunal de juicio ponderó no sólo las denuncias efectuadas -entre la que se incluye la de Céspedes-, sino también el sumario interno elaborado por la PNA, que dieron cuenta de las maniobras ilícitas investigadas en este legajo. Como fuera desarrollado, el a quo pudo ratificar que los acusados involucrados abusaron de su carácter de funcionarios públicos y miembros de una fuerza de seguridad para obtener réditos ilegítimos de actuaciones efectuadas en el marco de su actuación prevencional.
En tal sentido, el hallazgo de los equipos de aire acondicionado en el depósito del destacamento de Puerto Bermejo, sin ningún tipo de documentación que permitiese identificar su origen, su ingreso al territorio y cómo fue adquirido por esa dependencia, son evidencias tangibles y cabales de la materialización del ilícito atribuido. A la vez, el tribunal de juicio valoró los testimonios de Torres y García, que permitieron desentramar el modus operandi de los acusados involucrados, entre los cuales se refrendó la participación de Sapa en la actividad ilícita. Como tal, el a quo pudo demostrar que fue parte de las patrullas de los ríos donde se le secuestró equipos de pesca a personas de nacionalidad paraguaya, a la vez que luego coadyuvó en la recepción de los equipos de aire acondicionado que se exigieron como contraprestación para devolverles los referidos equipos. También se pudo advertir que los patrullajes en los cuales se cristalizó el secuestro de los equipos de pesca tampoco quedaron registrados en los libros correspondientes, lo que evidencia también su carácter ilegítimo.
A la vez, la sentencia revela una correcta adecuación típica de la conducta enrostrada a Sapa, calificado como autor del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público bajo la modalidad omisiva. Lo cual se condice con lo sucedido, en tanto el acusado Sapa omitió actuar conforme a los deberes y reglamentos que su carácter de funcionario público le exigían ante la actividad ilícita desplegada.
En conclusión, el tribunal de juicio ha valorado minuciosamente la prueba producida y a partir de allí encuadró acertadamente las conductas atribuidas en la calificación legal finalmente dispuesta. Las objeciones manifestadas por el recurrente en torno a la valoración probatoria no exhiben más que una mera disconformidad con el decisorio en cuestión.
Por ello, al no advertirse que el a quo haya caído en el absurdo, ni se aviste arbitrariedad en lo relativo a la valoración probatoria y la calificación legal dispuesta, considero que el resolutorio –en lo que aquí respecta- reviste los elementos de un acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 404 del CPPN), por lo que corresponde rechazar los planteos efectuados al respecto.
IV. Por los motivos desarrollados, propongo al Acuerdo: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Marcos Gabriel Sapa, SIN COSTAS en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Comparto, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas por el colega que lidera el presente Acuerdo, juez Gustavo M. Hornos y, por ende, adhiero a su voto y a la solución allí propuesta. Con costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Coincido en lo sustancial con los argumentos expuestos en el voto del distinguido colega que me precede en el orden de votación, doctor Gustavo M. Hornos -que cuenta con la adhesión del colega doctor Javier Carbajo- con relación al rechazo de los agravios articulados por la defensa de Marcos Gabriel Sapa contra la acreditación del suceso juzgado, su grado de responsabilidad en el mismo y la calificación legal escogida por el sentenciante.
Tal como ha sido señalado por el distinguido colega, doctor Gustavo M. Hornos, la condena impugnada luce suficientemente fundada sobre la base de una adecuada valoración del material probatorio de cargo reunido durante el debate, a la luz de los arts. 398 y 399 del C.P.P.N. y conforme las reglas de la sana crítica racional, todo lo cual permitió acreditar la materialidad del hecho juzgado en autos y el grado de responsabilidad que en el le cupo a Marcos Gabriel Sapa.
Los planteos articulados por la defensa lucen ampliamente rebatidos por los diversos elementos de prueba reunidos en la causa que fueran valorados por el a quo.
La conclusión a la que se arribó en el pronunciamiento criticado resulta el fruto de una valoración amplia y crítica del conjunto del material probatorio reunido en la presente, por lo que puede afirmarse, con el grado de certeza que requiere todo pronunciamiento condenatorio, que la conducta desplegada por Marcos Gabriel Sapa se encuentra comprobada en la presente causa (delito de violación de los deberes de funcionario público). El juicio asumido por el sentenciante en la sentencia no presenta fisuras de logicidad, constituye una derivación razonada del derecho vigente y se ajusta fundadamente a las constancias comprobadas de autos, sin que el impugnante haya logrado demostrar la arbitrariedad que alega. A la luz de los numerosos y variados elementos de prueba reunidos a lo largo del debate que fueran reseñados en el voto del distinguido colega doctor Gustavo M. Hornos –a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad-, el tribunal de juicio ha valorado fundadamente el cargoso cuadro probatorio reunido en autos en contra del condenado para rechazar los distintos cuestionamientos esgrimidos por la defensa. En función de lo expuesto, por compartir las consideraciones efectuadas por el distinguido colega, doctor Gustavo M. Hornos (que cuenta con la adhesión del colega doctor Javier Carbajo) adhiero a la solución propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. Sin costas en la instancia. Tener presente la reserva del caso federal (arts. 530 y 531 in fine del CPPN). En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Marcos Gabriel Sapa; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital –quien deberá notificar personalmente al encausado-. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Eliana Tali Mikiej. Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia