Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-1.847/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 439/447 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 424/434 vta..-
2Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra. Clelia Saravia contra Hoteles del Sur SRL, condenando a esta última a abonar a la actora, la indemnización prevista en el artículo 253 de la LCT, teniéndose en cuenta la antigüedad generada por la actora a partir de la fecha de la obtención del beneficio jubilatorio, y ordenar que en la instancia de grado se practique la liquidación que corresponda, conforme lo expuesto en el Considerando VI.-
3Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida y las de las instancias de grado por su orden; y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cumpla con las normas tributarias vigentes y se fijen los de las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-1.847/12-TSJ Sentencia N°: 571 Actor: SARAVIA CLELIA Demandado: HOTELES DEL SUR S.R.L.
Objeto: LABORAL Fecha: 13-05-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 571.-
FOLIO Nº 3.248/3.255.-
PROT. ELECT. TSS1 010 S.141
Río Gallegos, 13 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “SARAVIA CLELIA c/ HOTELES DEL SUR S.R.L. s/ LABORAL”, Expte. Nº S-22.460/09 (S-1.847/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para dar tratamiento al recurso de casación interpuesto a fs. 439/447 vta. por la parte demandada, contra la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 424/434 vta., confirmatoria de la sentencia dictada en primera instancia (confr. fs. 371/380 vta.), que hace lugar a la demanda en todas sus partes e impone las costas a la demandada.-
Que la recurrente invoca como fundamento del planteo la violación y errónea aplicación de la ley (art. 3º inc. a) de la ley 1687) y por arbitrariedad. Entiende se han aplicado erróneamente los artículos 91, 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la ley 24241, y se han violado los artículos 17 y 18 de la CN. Asimismo tacha al decisorio de arbitrario por carecer de motivación, por ser contradictorios sus fundamentos, por apartarse de los hechos comprobados de la causa y por no resultar una derivación razonada del derecho vigente.-
II. El caso: la Sra. Clelia Saravia se desempeñó como mucama del ‘Hotel Costa Río’ desde el 7 de octubre de 1993 y hasta el distracto, ocurrido el 1 de enero de 2009. Demandó a Hoteles del Sur S.R.L. por indemnizaciones derivadas del despido incausado (art. 245, LCT); del artículo 80 de la LCT y del artículo 2° de la ley 25323, calculadas en “…la suma de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 88/100 ($77.555, 88), o lo que en más o en menos resulte de las pruebas de autos… con más los respectivos intereses desde la mora calculados a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento, gastos y costas…” (confr. fs. 3). Relata que a principios de 2008, con pleno conocimiento de la empleadora, inició los trámites jubilatorios por cuenta propia, obteniendo dicho beneficio previsional y continuando bajo las órdenes de la demandada (confr. fs. 3 vta.).
Explica la actora que pocos meses antes de su injustificado despido, problemas de artrosis severa de columna, diagnosticados y certificados médicamente, la llevaron a acogerse a una licencia parcial por enfermedad, generándose una tensa dinámica relacional con la empleadora, con cruces varios de cartas documentos, que desembocaron en el despido de la Sra. Saravia, efectivizado a partir de 1 de enero de 2009, y con negativa rotunda y manifiesta de la empresa a pagar cualquier tipo de indemnización, por considerar aplicable el artículo 253 LCT (confr. fs. 3 vta./4). Tras encuadrar su petición en el artículo 245 LCT, la trabajadora califica de yerrada la invocación por parte de la empleadora como normativa aplicable al caso del artículo 19 de la ley 24241, por entender que el mero hecho de encontrarse jubilada al momento de ser despedida no pudo ser utilizado por la empresa como causal válida para denunciar el contrato de trabajo sin pago de indemnizaciones (confr. fs. 4).
Por otro lado, considera que el artículo 253 de la LCT no resultaría aplicable al sub lite, puesto que hace referencia al supuesto del empleado que ha cesado en su trabajo, y que luego de jubilado, reingresa a las órdenes del mismo empleador, supuesto que en la especie no se verifica por haber continuado la actora, tras obtener su beneficio previsional, ininterrumpidamente laborando para la demandada, sin cese en el desempeño de sus tareas. Finalmente, la Sra. Saravia pretende se le compute, a efectos del cálculo de la antigüedad (art. 245, LCT), todo el tiempo transcurrido desde su ingreso en la empresa (7/10/1993), hasta el efectivo cese por despido, sin invocación de causa (1/1/2009). Asimismo, reclama incremento en la indemnización previsto por artículo 2, ley 25323 y la indemnización derivada del artículo 80 de la LCT.
Cita jurisprudencia vinculada al caso, ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal. Concluye peticionando se haga lugar a la demanda, con costas (confr. fs. 5/6 vta.).- Admitida la demanda a fs. 8, y celebrada la audiencia del artículo 47 de la ley 1444, se apersona la empleadora mediante letradas apoderadas (confr. fs. 12/37 vta.), solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas. Tras negativa puntual de todos y cada uno de los hechos expuesto en el libelo por la demandante (confr. fs. 34 y vta.), refieren que la Sra. Saravia ingresó a la empresa el 7 de diciembre de 1993, prestando servicios de mucama, y que “…a espaldas de la empleadora, a principios del año 2008 realiza los trámites jubilatorios, obteniendo la jubilación ordinaria el 18 de abril de 2008…” (confr. fs. 35).
Reprocha y tilda de maliciosa la conducta de la trabajadora aquí demandante, por no haberle comunicado el otorgamiento del beneficio previsional, ni tampoco haber presentado su renuncia dando, de este modo, opción a la empresa de admitir o no su reingreso una vez jubilada (confr. fs. ibidem). Explica que, tras realizar las pertinentes averiguaciones para conocer la situación previsional de la demandante e iniciar su trámite jubilatorio, “…se encuentra con la sorpresa de que esta [sic] ya se encontraba jubilada.- Es allí donde comienzan los inconvenientes previos al distracto, dado que la Sra. Saravia comienza a presentar certificados médicos por afecciones propias de su edad, ausentándose muchas veces sin previo aviso y sin justificar el ausentismo…” (confr. fs. ibidem).
Entiende que, aún en el supuesto de haber obtenido la actora su jubilación sin renunciar a sus tareas, se impone la aplicación inmediata del artículo 253 de la LCT, en virtud del cual se dispone que en el caso del trabajador que continua laborando luego de obtener su jubilación, a los fines del determinar la indemnización por antigüedad (art. 245, LCT), se calculará la misma a partir de la fecha del otorgamiento del beneficio previsional y hasta el efectivo distracto, puesto que “…de computarse la antigüedad desde la fecha originaria en que comenzó a trabajar, se estaría efectuando una duplicación de la indemnización…” (confr. fs. 35). Por otro lado, pone de resalto que, por el hecho de haber alcanzado la Sra.
Saravia la edad tope para trabajar y tras jubilarse, no le correspondería indemnización alguna, pues “…Una vez concedido el beneficio jubilatorio, el contrato de trabajo queda extinguido tal como lo dispone el art. 252 de la LCT, aún cuando no lo haya comunicado, dado que tal extinción se produce de pleno derecho…” (confr. fs. 35 vta.). Cita abundante jurisprudencia y doctrina que entiende aplicables al caso (confr. fs. 35 vta./36 vta.), y solicita el rechazo de la demanda, con costas (confr. fs. 37 vta.).- El Sr. Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda promovida por la Sra. Saravia, condenando a la empresa Hoteles del Sur S.R.L. a pagar las indemnizaciones correspondientes por la antigüedad (art. 245, LCT), del artículo 2 de la ley 25323 y la multa prevista por el artículo 80 de la LCT, tomando como base de liquidación la remuneración de $2.369,77, y ordenando la aplicación de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (confr. decisorio de fs. 371/380 vta.).
Entendió que, por la prueba producida en autos, la demandada no desconoció los trámites jubilatorios iniciados por la actora ni tampoco la obtención del beneficio jubilatorio. Asimismo, al no existir un cese en la continuidad laboral de la actora bajo las órdenes de la demandada, el a quo entendió no aplicable la previsión del artículo 253 de la LCT, y computable como antigüedad a efectos indemnizatorios el total del tiempo de la relación laboral, desde 7/10/1993 y hasta 1/1/2009.- El fallo de Cámara: Ambas partes apelaron el pronunciamiento del a quo (confr. fs. 424/434 vta.). La parte actora cuestionó la base remuneratoria sobre la cual se ordenó practicar la liquidación, solicitando su incremento a $ 2.872,44, conforme cálculos de los recibos de haberes de 09/08, 11/08 y 12/08 (confr. fs. 388 y vta.).
Por su parte, la empleadora alegó sentirse agraviada por: a) la valoración probatoria realizada por el juez de grado, al concebir que la empleadora tuvo conocimiento de las gestiones de la trabajadora ante el organismo previsional para obtener su jubilación; b) basar su decisorio en jurisprudencia -que a su entender- no resulta aplicable al sub examine; c) haberse omitido considerar el artículo 252 de la LCT y la ley 24241; d) aplicación de multa del artículo 80 de la LCT, al entender contradictoria la imposición de la sanción de mención a la empleadora siendo que la misma trabajadora, al momento de requerir la certificación de servicios para ser presentada al ANSeS, ya se encontraba gozando de prestación previsional (confr. fs. 383/386).
La Excma. Cámara resolvió -por mayoría- rechazar la apelación deducida por la empleadora demandada, hacer lugar al requerimiento de la actora y así, confirmar lo decidido en lo principal por el a quo, modificando el monto establecido como base remuneratoria para la liquidación, fijándolo en $ 2.872,44-, conforme petición de la Sra. Saravia. Costas para la demandada perdidosa (confr. fs. 434 vta.).- La casación: Contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara la empleadora dedujo recurso de casación en el que denuncia violación de la ley y arbitrariedad (confr. fs. 439/447). Considera erróneamente aplicados los artículos 91, 252 y 253 de la LCT y la ley 24241, y violentados los artículos 17 y 18 de la CN.
Afirma que la Sra. Saravia, al no renunciar al empleo para acceder a la jubilación, impidió a la empresa ejercer su derecho al “reingreso” del trabajador, derivado del artículo 252 de la LCT, violando la ley a espaldas de su empleadora, y siendo premiada por los pronunciamientos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, al reconocérsele indemnización por antigüedad por todo el tiempo laborado (confr. fs. 444). Asimismo la recurrente aduce arbitrariedad, en los términos de la doctrina sentada por la CSJN, al entender que el ad quem, apartándose de la normativa de los artículos 252 y 253 de la LCT, omite considerar constancias dirimentes y condena a la empresa a abonar una indemnización por antigüedad, computando a efectos indemnizatorios el total del tiempo de la relación laboral, sin merituar que la trabajadora jubilada, sin interrumpir el desempeño de sus tareas, había omitido maliciosamente comunicar su verdadera situación previsional a la empleadora (confr. fs. 445 vta./446).- A fs. 449/451 vta., la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial declaró -por mayoría- formalmente inadmisible el recurso de casación oportunamente interpuesto, por entender que éste no estaba debidamente fundado y que no reunía los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 3º y 4º, inciso a), de la ley 1687 al no contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos esenciales de la sentencia que impliquen una manifiesta violación de la ley y demuestren la arbitrariedad de la resolución en crisis.- Recurso de Queja: Contra el auto denegatorio de la instancia casatoria, a fs. 513/515 la demandada de autos interpuso recurso de queja, insistiendo en la “?errónea aplicación de los arts. 91, 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley 24241, violación del art. 17 y 18 de la Constitución Nacional?” (confr. fs. 513 y vta.), A fs. 525/526, mediante decisorio interlocutorio este Alto Cuerpo hizo lugar a la queja planteada por la parte demandada, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto y revocando, en consecuencia, el resolutorio de la Excma.
Cámara, obrante a fs. 449/ 451 vta. Se concedió el recurso de casación deducido a fs. 438/447 vta., poniéndose los autos a disposición de las partes, en los términos del artículo 8° -Recurso de Casación- de la ley 1687.- A fs. 533 obra certificación sobre la presentación de memoriales y se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal quien, a fs. 534/535 vta., y tras estudio de la causa, concluyó que “…en la sentencia impugnada de fs. 424/434 vta. se ha incurrido en la franca violación de la ley y quebrantamiento de forma tal como lo prevén los Arts. 2 y 3 inc. a) de la Ley Provincial 1687… siendo opinión de ésta [sic] Fiscalía que el Recurso de Casación articulado por la demandada es procedente…” (confr. fs. 535 vta.).-
A fs. 536, se llaman autos para Sentencia.-
III. Si bien el tema puntual esgrimido en el recurso, en varios pasajes, remite al reexamen de cuestiones de hecho y prueba, extrañas, en principio, a la instancia extraordinaria provincial, ello no impide a este Alto Cuerpo conocer de un planteo cuando -como en el caso- lo resuelto adolece de vicios que le impiden, al fallo, satisfacer la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias comprobadas de la causa. En tal entendimiento, se ha expresado que la regla se exceptúa cuando se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que rigen la materia o se ha producido una absurda valoración de las probanzas (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 144, Folio 233/234; Tomo X, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2029/2041; Tomo VI, Sentencia, Reg. 185, Folio 1003/1008; Tomo XIV, Sentencia, Reg. 497, Folio 2725/2738).- Que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el a quo -ponderación ésta del que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar el análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación.-
Que, en el sub lite, el thema decidendum gira en torno a la sentencia que hizo lugar a la demanda por despido injustificado y la queja interpuesta por la empleadora mediante la cual cuestiona el cálculo de la antigüedad laboral de la actora a efectos indemnizatorios. La empresa demandada se presenta ante este escenario casatorio aduciendo errónea aplicación de los artículos 91, 252, 253 de la LCT (según t.o. art. 7 de la ley 24.347) y de la ley 24241, conculcándose asimismo los artículos 17 (derecho de propiedad) y 18 (debido proceso) de la Constitución Nacional, al entender que, a fines del cálculo indemnizatorio, debió computarse la antigüedad del trabajador no desde el ingreso a la empresa, sino desde la fecha de su jubilación y hasta el distracto.- Que, refiriéndonos necesariamente a las circunstancias fácticas, que arribaron firmes a esta instancia extraordinaria, relevantes para la resolución de la litis, se tiene por acreditado: a) que la actora, Sra. Clelia Saravia, se desempeñó laboralmente para Hoteles del Sur SRL, en la categoría de mucama, desde el 7 de octubre de 1993; b) que la actora obtuvo la jubilación ordinaria el 6 de marzo de 2008, y que, pese a ello, continuó prestando servicios -ininterrumpidamente- bajo órdenes de la empresa accionada hasta el 1° de enero de 2009, fecha del distracto aquí ventilado.-
Sobre esa plataforma, se analizó la antigüedad a tener en cuenta para el cálculo indemnizatorio. Tal como lo solicitó la accionante, tanto el juez de origen como el ad quem entendieron que, al no interrumpirse la relación laboral, no resultaba aplicable el artículo 253 de la LCT, por lo que correspondía condenar a la demandada de autos al pago de las indemnizaciones derivadas del distracto con las indicaciones del fallo, computando para el cálculo de la antigüedad todo el tiempo de servicios prestados, desde el 7 de octubre de 1993 y hasta el 1° de enero de 2009, fecha de su efectivo despido.- Ambas instancias desestimaron el arsenal argumental desplegado por la empleadora en virtud del que adveró desconocer tanto el inicio de los trámites jubilatorios como la obtención del beneficio previsional por parte de la Sra. Saravia.-
Para dar un acabado tratamiento al decisorio, abordaremos el espíritu de los artículos invocados por el recurrente, la mente del legislador y el contexto histórico en que se imbrican, el acogimiento por parte de la doctrina y jurisprudencia nacionales y, finalmente, su aplicación al caso.-
La legislación argentina ha sido contradictoria, a lo largo del tiempo, al regular la procedencia o no del goce de la jubilación simultáneamente con la percepción de remuneración; sea ésta derivada de la actividad en la que se continúe o en la que se reingrese una vez obtenida la prestación de pasividad.-
La ley 14370 no sólo consagró el principio de la incompatibilidad entre el goce de jubilaciones y el desempeño de actividades por cuenta ajena, sino que también facultó al Poder Ejecutivo a establecer límites de compatibilidad por tiempo determinado, “atendiendo a razones de interés nacional o a exigencias de las necesidades sociales o económicas” (art. 26).-
En nuestro ordenamiento previsional, el primero de los regímenes de compatibilidad limitada que se reguló fue el del decreto ley 12458/57, y posteriormente numerosas leyes, decretos y resoluciones ministeriales y secretariales, fueron sucediéndose y extendiendo progresivamente la compatibilidad hasta la entrada en vigencia, en el año 1994, de la ley 24241.-
El artículo 34 de la mencionada disposición, en su texto primitivo, se refería a la absoluta incompatibilidad entre el goce de las prestaciones y la actividad en relación de dependencia; por ello, si reingresaba un beneficiario a la actividad, se le suspendía el beneficio hasta el cese en la actividad.-
La sanción de las leyes 24347 (B.O. 29/06/1994) y 24463 modificaron drásticamente este criterio, ya que la nueva redacción del artículo 34 de la ley 24241 acabó consagrando la compatibilidad absoluta, disponiendo que los beneficiarios de prestaciones puedan reingresar a la actividad remunerada, tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos. El decreto reglamentario 525/95 aclara que también resultan comprendidos aquellos beneficiarios que hubieran continuado o continúen en actividad y los jubilados en virtud de leyes anteriores a la ley 24241.-
Y, pese a que expresamente en el texto del artículo 34 no se menciona a aquéllos que continúan trabajando al momento de obtener un beneficio sino a los que vuelven a la actividad después de jubilados, hay que tener en cuenta que la cesación en el servicio ha dejado de ser una condición indispensable para entrar o continuar en el goce de la prestación, por lo que la solución resulta ser idéntica en ambas situaciones.-
En lo que interesa a nuestro decisorio, resta señalar que la propia ley 24347, en el artículo 7, introdujo una modificación al artículo 253 de la LCT, limitando el cómputo de la antigüedad en orden al cálculo de la indemnización del artículo 245 de la LCT del “trabajador jubilado”. Con ello, el legislador pretendió impedir una “doble capitalización de la antigüedad”, es decir, que los años utilizados para conseguir el beneficio de pasividad no pudieran ser computados a los fines indemnizatorios de una relación de dependencia nacida a posteriori de aquél. Fue de este modo que desde el derecho previsional y a los fines interpretativos de la normativa aplicable, se equiparó la situación del jubilado que reingresa a la actividad y la de aquél que, sin dejar de trabajar, se jubila en una tarea y continúa percibiendo la remuneración por ésta.- Con esta reforma, el legislador al tener en cuenta para el cómputo indemnizatorio por antigüedad del trabajador ya jubilado solamente el tiempo de servicios posterior a la obtención del beneficio jubilatorio, tuvo en miras resguardar el fin específico protectorio de la indemnización, impidiendo -por estricto criterio de justicia- la doble capitalización de la antigüedad, configurativa de un enriquecimiento injustificado del trabajador a expensas del Estado y del empleador (confr. SCBA, L.78.989, in re: “Frigerio, Domingo Luis c. Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s. Diferencia Indemnización por Despido”, del 4/VI/2003. Voto del Dr. Roncoroni, en disidencia).-
¿Y qué establece nuestro ordenamiento cuando un jubilado continúa trabajando en relación de dependencia y es despedido, tal como sucede en nuestro caso?
En lo referido a la extinción de la relación laboral por el transcurso del tiempo, emerge el artículo 91 de la LCT imponiendo un límite a la estabilidad del contrato por tiempo indeterminado: “?dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley”.-
A su turno, el artículo 252 de la LCT hace expresa referencia a esta situación, señalando que: “Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año. Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo”.- El precepto legal transcripto establece que una vez otorgado el beneficio o vencido el plazo máximo de un año, el contrato se extingue para el trabajador sin obligaciones indemnizatorias. Con ello, se ha ratificado a la jubilación como causal objetiva de extinción del contrato de trabajo, sustrayéndole responsabilidad indemnizatoria.-
Y el artículo 253 de la LCT, conforme las modificaciones introducidas por la ley 24347, puntualiza que: “En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique violación a la legislación vigente, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esa situación, con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 247. En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese”.- De la atenta lectura de la norma transcripta se observa la omisión de incluir expresamente el supuesto del trabajador que adquiere su status de pasividad sin cesar en su servicio; es decir, la situación de aquel dependiente que comienza a percibir el beneficio jubilatorio sin que haya habido una interrupción de la relación laboral. En estos casos, se procura armonizar las disposiciones de la legislación laboral y la previsional para que la facultad que el artículo 253 de la LCT otorga al empleador para disponer la extinción del contrato, comprenda tanto a los trabajadores que vuelven como a los que continúan en la actividad laboral tras la obtención de prestaciones previsionales.-
En lo específicamente referido al período comprendido entre el otorgamiento del beneficio jubilatorio y el despido, sostiene Emilio Romualdi “…la duda que presenta la situación de hecho es que no existe un verdadero reingreso -situación fáctica prevista en la norma- porque no hay egreso. La pregunta contiene la duda respecto de cuál es el efecto de la obtención del beneficio jubilatorio, y si su sola obtención produce el automático egreso, y la continuidad de la prestación implica un reingreso con fecha posterior a la percepción…” (autor cit. en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Dir. Julio Grisolia, pág. 2028).- El Profesor Ojeda, por su parte, entiende que: “…la reforma del régimen previsional ha sido determinante en tal sentido.
En efecto, según expone Bermúdez, en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones (Ley Nº 24.241) pareciera, ante la plena compatibilidad entre jubilación y actividad, que la exigencia del cese efectivo no es motivo para reputar la continuidad del vínculo laboral o la inoponibilidad de la forma en que se instrumentara, y así Etala, al comentar la Ley Nº 24.347, expone que ‘...solo resulta computable, a los efectos del cálculo de la indemnización por despido, la antigüedad del jubilado adquirida después de la obtención del beneficio. Ello, tanto en el caso de que hubiera cesado efectivamente y reingresado posteriormente a las órdenes del mismo empleador como que hubiera continuado trabajando en la empresa después de obtenido el beneficio…” (autor cit. en Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada, Tomo III, Rubinzal Culzoni Editores, Sta.
Fe, 2011, pág. 556).- Si bien se debe reconocer que tanto la doctrina como la jurisprudencia, a lo largo de los años, no han sido pacíficas en la interpretación del citado precepto, un hito hermenéutico sobre el tema resultó el Acuerdo Plenario nº 321 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictado en autos “Couto de Capa Irene Marta c/AREVA S.A s/Ley 14.546”, del 05/06/2009 (cita online: AR/JUR/13288/2009), erigiéndose el mismo como una prolija articulación entre los preceptos laborales y previsionales que dan respuesta a la alternativa de la continuidad laboral del trabajador que se jubila sin mediar un cese. Así estableció que resulta “…aplicable lo dispuesto por el art. 253 último párrafo LCT al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación…”.
Con meridiana claridad expone que: “…El párrafo agregado por la ley 24.347 en el año 1994, sólo se justifica, en el entendimiento de que ha tenido por objeto ceñir el período computable a los fines indemnizatorios al lapso posterior a la obtención del beneficio jubilatorio, erigiendo por tanto a este supuesto de extinción en una excepción al régimen general establecido... la reforma, al referirse a la antigüedad computable a los fines indemnizatorios, se refiere al ‘tiempo de servicios posterior al cese’ -que obviamente entendió operado por el cobro del beneficio jubilatorio- sin distinguir entre los casos en que medió un período de inactividad y aquellos en que ello no ocurrió, puesto que no alude exclusivamente a la antigüedad registrada en un eventual segundo contrato, sino sólo al tiempo de servicios posteriores al ‘cese’, con prescindencia si entre este y el reingreso medió solución de continuidad…”.- En esta línea analítica, contraviniendo lo adverado por el judicante de primera instancia en el caso sub judice (fs. 379 y vta.), la propia Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires fue progresivamente adhiriendo con sus numerosos pronunciamientos a lo razonado y decidido en el Plenario precedentemente comentado.
Así, en algunos decisorios dijo que “El legislador ha puesto fin a los discrepantes criterios jurisprudenciales y doctrinarios en torno a la antigüedad que debía considerarse a los fines del cálculo de la indemnización por despido del trabajador que continuó prestando servicios con posterioridad a la obtención de su jubilación, disponiendo que se compute la adquirida después del cese perfeccionado para la concesión de tal beneficio, aún en los casos en que la finalización del vínculo no haya sido efectiva” (confr. SCBA, L 112158, S, 14-2-2013, in re: “Lucero, Raúl Horacio c. Horacio González Martínez S.A. s. Indemnización por despido”; L 83330, S, 5-5-2010, in re “Maciel, Jorge c. Argón S.A. s.
Enfermedad Profesional”; y en igual sentido: L 112734, S, 20-3-2013, “Cachero, José Román c/ Televisión Federal S.A. (Telefé S.A.) s/ Indemnización por despido”). Tiene dicho que “?el actual art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo no puede interpretarse con abstracción de lo decidido por el legislador al contemplar la hipótesis de la extinción por jubilación del trabajador (art. 252, ley cit.), que ante su configuración excluye la procedencia de la indemnización por antigüedad; por lo tanto, al prescribir aquélla, contemplando el reingreso, que en el caso de despido ulterior sólo debe computarse como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese, ha querido evitar que se indemnice al trabajador teniendo en cuenta los mismos períodos de trabajo en virtud de los cuales logró obtener el beneficio jubilatorio; […] tiene por objeto ‘impedir una doble capitalización de la antigüedad desvirtuando con ello el fin específico de protección que de ella dimana para configurar un enriquecimiento injustificado del trabajador a expensas del Estado y del empleador’.
Ese trascendental propósito que tuvo en miras el legislador atendiendo a la particular situación del ‘trabajador jubilado’ (genérico epígrafe que la propia ley contiene en el Título XII, Capítulo X, segunda parte)? no puede dejarse de lado con el argumento de que en el caso el actor no ‘cesó’ sino que trabajó sin solución de continuidad no obstante haberle sido concedida su jubilación” (confr. SCBA, L 87039, S, 5-5-2010, in re “Liptak Ghiloni, Enrique c. Roberto L. Bottino S.A.C.I.F. s. Indemnización por Antigüedad”; también: L 78989, S, 4-6-2003, Juez Roncoroni en disidencia, in re “Frigerio, Domingo Luis c. Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s. Diferencia Indemnización por Despido”).- Fallos vectores de otras provincias también se fueron alineando en esta misma dirección.
Así, por citar algunos ejemplos: Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, in re: “Agüero, Aldo c/ Cadol SC”, del 07-04-1998 (cita on line: AR/JUR/2066/1998); de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, in re: “Barros Ramón Héctor c. Cía. Azucarera Concepción S.A. s/despido”, del 31/07/2012 (cita online: AR/JUR/46825/2012), y de la Cámara de Apelación del Trabajo de Bariloche, in re: “Paillot, María Isabel c. Benedit, María A.”, del 15-10-2008 (cita on line: AR/JUR/1652/2008), entre otros.-
La parte recurrente -empleadora demandada en autos- pone en entredicho lo resuelto tanto por el judicante de grado como por el ad quem -en mayoría- en relación a la aplicabilidad del artículo 253 de la LCT, y a consecuencia de ello, el cómputo de la indemnización por antigüedad que se le condena a abonar.-
La revisión del tema ha permitido advertir a este Alto Tribunal que lo resuelto por el fallo en crisis se basó, estrictamente, en la hermenéutica literal del artículo 253 de la LCT, en especial en lo referido a la significación de la terminología contenida en la norma sub examine “volver” o “volviera”, prescindiendo -en términos absolutos- de la intención del legislador y del espíritu de la norma.-
Este Alto Tribunal considera que tal interrupción temporal o reingreso no resultan necesarios para la aplicación del último párrafo del artículo 253 de la LCT pues, tal como lo ha expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, en su tarea hermenéutica, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de las normas (Fallos 318:1894) sino que deben encontrar, en su interpretación y aplicación, la armonía con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 304:794 y 314:107). Además, con la reforma introducida por la ley 24347 al artículo 253 de la LCT, el legislador tuvo en miras impedir que el trabajador jubilado pudiese computar a su favor como antigüedad en el servicio el tiempo anterior a su entrada en pasividad.
El cese en el servicio resulta indiferente para la voluntad del legislador que pretende la fragmentación del período de servicios.- En el sub lite, tanto el judicante de primera instancia como el ad quem -con voto en mayoría-, basaron sus respectivos decisorios en la interpretación literal del artículo 253 de la LCT, en relación al vocablo “volver” o “volviera”. Al no existir una diferencia temporal ostensible entre la obtención por parte de la Sra. Saravia del beneficio jubilatorio y la reanudación en las funciones bajo las órdenes de Hoteles del Sur SRL, entre ‘el antes y el después’, a la luz de la normativa aplicable, lo precedentemente expuesto por la doctrina y la jurisprudencia estamos ante dos contratos independientes: el primero, que cesó al obtenerse el beneficio previsional y el segundo, que se inicia con posterioridad.
A la luz de tales consideraciones, es evidente que la extinción del contrato que vinculó a las partes desde el 7 de octubre de 1993 se produjo ope legis el 6 de marzo de 2008, fecha en que se otorgó a la actora el beneficio de jubilación (confr. fs. 291/292 y fs. 77 del Expte. Adm.) y, es obvio que los principios que emanan de los artículos 62 y 63 de la LCT y artículo 13 de la ley 24241, imponen al trabajador el deber de informar esa circunstancia a su empleadora. Aún cuando la Sra. Saravia sostenga que, con posterioridad a dicha fecha, existió un vínculo laboral con la demandada, a la luz de lo antes expuesto es evidente que se constituyó un nuevo vínculo a partir del día 7 de marzo de 2008 y que, por lo tanto, la fecha que surge de la comunicación resolutoria de fs. 285/286 sólo pudo tener virtualidad extintiva con respecto al nuevo vínculo establecido a partir de entonces.
La extinción de la relación laboral habida desde el 7-10-1993 hasta el 6-03-2008 se produjo como consecuencia de la obtención del beneficio jubilatorio por parte de la Sra. Saravia y la resolución del nuevo vínculo que se estableció a partir del 7-03-2008, si bien puede considerarse carente de causa válida, no aparece relacionada con la existencia de la enfermedad, tal como pretende demostrarlo conforme copiosa documental medica aportada (confr. fs. 222/253) sino con la omisión del actor de comunicar a su empleadora que el 6-03-2008 había obtenido el beneficio jubilatorio.- A la luz de lo expuesto, y ponderando atentamente el plexo probatorio de autos, entendemos que el sub lite debió resolverse acorde con los criterios interpretativos jurisprudenciales y doctrinarios expuestos precedentemente, resultando subsumida la situación fáctica de autos a la previsión normativa contenida en el artículo 253 de la LCT, en armonía con las demás concordantes y relacionadas (concordancias LCT arts. 18, 91, 245, 252 y 255; ley 24241, arts. 12, 13 y 34).
Por ello, este Alto Cuerpo se convence en el sentido de computar a los fines de la indemnización por despido que corresponde abonar al trabajador que obtuvo sin registro del cese de la relación de trabajo el beneficio previsional, únicamente la antigüedad que hubiere adquirido, con posterioridad a la concesión de la prestación jubilatoria. Entendemos que la solución prevista en el artículo 253 de la LCT resulta de plena aplicación al subjudice, pues, de convalidarse lo decidido por las instancias inferiores, se estaría estirando la tutela del principio protector que rige a favor del trabajador, a punto tal de convalidar lo que sería, de acreditarse, una “simulación fraudulenta” en perjuicio de un organismo nacional y de la propia empleadora.-
VI. Que, declarada cuál es la correcta aplicación de la ley, debe hacerse lugar a la indemnización por antigüedad o despido (art. 245, LCT), tomándose como fecha de reingreso, conforme aplicación del artículo 253 de la LCT, el 7 de marzo de 2008 (confr. fs. 291/292) y como fecha de egreso el 1 de enero de 2009 (confr. fs. 285 y ccdtes.), y a la indemnización prevista en el artículo 2 de la ley 25323 y multa prevista en el artículo 80 de la LCT, ello en atención a que no fueron motivos de agravio.-
A lo antedicho, cabe añadir que la indemnización a favor de la actora, deberá calcularse conforme base remuneratoria establecida en la instancia anterior (confr. fs. 424/434 vta.), esto es pesos dos mil ochocientos setenta y dos con 44/100 ($ 2.872,44), debiendo en la instancia de grado practicarse la liquidación correspondiente. Los montos resultantes devengarán los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia, atento no haber sido motivo, en su oportunidad, de agravios por parte de la empleadora demandada.-
VII. Que por todo lo examinado y razonado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 424/434 vta., estableciendo que la antigüedad sobre la que deberá pagarse la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT es la adquirida con posterioridad al otorgamiento de la jubilación ordinaria, desde el 7 de marzo de 2008, y hasta el distracto ventilado, el 1° de enero de 2009, conforme lo estipulado en el artículo 253 de la LCT. Asimismo, deberá ordenarse a la instancia de grado se practique nueva liquidación conforme a lo decidido.- Las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida (art. 68 CPC y C por remisión del art. 121 de la ley 1444 y modificatorias), y las de las instancias de grado por su orden (art. 71, CPC y C) difiriendo regulación de honorarios correspondientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias vigentes y se regulen en las anteriores instancias.-
Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 439/447 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 424/434 vta..-
2. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra. Clelia Saravia contra Hoteles del Sur SRL, condenando a esta última a abonar a la actora, la indemnización prevista en el artículo 253 de la LCT, teniéndose en cuenta la antigüedad generada por la actora a partir de la fecha de la obtención del beneficio jubilatorio, y ordenar que en la instancia de grado se practique la liquidación que corresponda, conforme lo expuesto en el Considerando VI.-
3. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida y las de las instancias de grado por su orden; y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cumpla con las normas tributarias vigentes y se fijen los de las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010S.141 Tomo: XVII Sentencia: 571.-
Folio N°: 3.248/3.255.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia