Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 47712-I
—SALA IV—
CAUSA 1274/2025/CA1 SARLENGA FERNANDO MANUEL (TF 47712-i)
C/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, junio de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 274/277, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la excepción de nulidad opuesta por el actor y confirmó, con costas, la resolución de la AFIP-DGI mediante la cual se había determinado de oficio su responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones tributarias de la empresa Alameda 455 SRL correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, períodos 8 a 10/2011 y 5 a 8/2013, más intereses. Para así resolver, consideró que correspondía expedirse respecto de la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal del Sr. Sarlenga en su carácter de socio-gerente de la referida empresa.
De las actuaciones acompañadas surgía que el caso bajo análisis tenía su origen en la falta de pago de las obligaciones autodeclaradas por la sociedad en el IVA, períodos 8 a 10/2011 y 5 a 8/2013, respecto de los cuales el Fisco emitió las boletas de deuda y obtuvo sentencias favorables por la vía de ejecución.
Asimismo, se compulsó en la Inspección General de Justicia el expediente en el que se constató la inscripción el 26/11/15 de la renuncia del Sr. Sarlenga a su cargo de gerente conforme acta de reunión de socios del 4/11/2002, la que no fue aceptada en su momento, continuando en sus funciones, y siendo admitida recién el 11/10/2006. Además, por acta de reunión de socios del 4/12/15 se ratificaron las renuncias presentadas y la designación de los nuevos gerentes.
Surge de las actuaciones que el Fisco ha intimado de pago a la deudora principal mediante notificaciones de fechas 15/10/11, 27/10/11, 2/12/11, 8/7/13, 4/9/13, 28/8/13 y 2/10/13, y ésta no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de notificadas, hechos sobre los cuales no surge controversia entre las partes.
En tales condiciones, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues las intimaciones de pago cursadas a la deudora principal de los saldos de las declaraciones juradas a favor de la Administración, sin que ésta acreditara cumplimiento, fueron notificadas como mínimo 3 años antes de la resolución que extiende la responsabilidad al Sr. Sarlenga, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
Siguiendo esa inteligencia, no puede sino concluirse que la cesación en las funciones del actor en el año 2006 no resulta oponible a terceros, entre ellos el propio 1 Fisco, por cuanto no fueron cumplidos los requisitos estatuidos por la normativa societaria de inscripción y publicidad, sino hasta el año 2015, conforme surge del legajo de la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial.
Además, de las actuaciones administrativas surge claramente evidenciada la actividad que mantuvo el actor, como gerente de la firma, más allá del año 2006, otorgando poderes y autorizaciones en su carácter de socio gerente, como es el caso del poder general de administración a favor de la Sra. Sousa o el formulario de autorización al Sr. Courcelles para actuar en representación de la sociedad.
Por otro lado, el argumento relacionado con la situación de crisis económicofinanciera del deudor principal y su estado falencial resulta insustancial, toda vez que con la prueba aportada –fs. 221- no ha demostrado, como lo requiere la causal eximente esgrimida, que el ente administrado lo haya puesto en imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con sus deberes tributarios, que la ley pone a su cargo de pagar los impuestos con los recursos que administra, percibe o dispone. Por cuanto la mentada declaración de quiebra de la sociedad, y su correspondiente desapoderamiento de las autoridades fue decretada el 4/7/14, esto es en una fecha notoriamente posterior a los períodos cuya responsabilidad se le endilga.
Por lo tanto, había quedado demostrado el carácter con el que actuaba el actor por la sociedad en el período fiscalizado, de lo que se deducía que había desempeñado las funciones inherentes a su cargo, sin que hubiese aportado prueba tendiente a demostrar haberse encontrado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En razón de lo expuesto, cabía concluir que en el presente caso se había configurado el elemento subjetivo requerido por la ley 11.683, por lo que resultaba ajustada a derecho la atribución de la responsabilidad solidaria. Por ello, confirmó la resolución en crisis.
2. Que, contra dicha decisión, el actor interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 297/304, contestados por su contraria a fs. 335/340.
Afirma que la resolución que intima a su parte al pago en el carácter de responsable solidario se encuentra viciada de nulidad atento a que no cumple con uno de los requisitos indispensables para la procedencia y legalidad de todo acto administrativo, que es su fundamentación.
Manifiesta también que sólo se presumió la responsabilidad solidaria de su parte omitiendo toda consideración en cuanto a que durante los períodos cuestionados ya se encontraba desvinculado como socio.
Sostiene que el Fisco debió ir al concurso preventivo y probar que su parte, teniendo la posibilidad de pagar, no lo hizo y se quedó con dinero.
3. Que, en primer lugar cabe señalar que no resulta procedente el agravio referido a la nulidad de la resolución de la AFIP por falta de causa atento que no procede —SALA IV— CAUSA 1274/2025/CA1 SARLENGA FERNANDO MANUEL (TF 47712-i)
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la nulidad por la nulidad misma y en tanto tales argumentos son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer el impugnante.
4. Que, dicho esto, corresponde seguidamente a esta Sala analizar lo resuelto por el Tribunal Fiscal en cuanto confirmó la determinación de oficio efectuada al actor en su carácter de responsable solidario.
5. Que, el responsable solidario es aquel sujeto que, no siendo el realizador del hecho imponible, debe responder por un mandato expreso de la norma junto con el destinatario legal tributario, en razón de tener algún nexo económico o jurídico con éste. La sociedad es el contribuyente, es decir el sujeto obligado al pago por realizar el hecho imponible, en tanto los directores tienen a su cargo el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad a la que representan, tanto formales como materiales, es decir, presentar sus declaraciones juradas y pagar el tributo allí liquidado con los fondos que administran. De no cumplir con estos deberes, deben responder con sus propios bienes por el tributo no ingresado.
6. Que, según los artículos 6° y 8° de la ley 11.683 (t.o vigente), para que proceda la responsabilidad solidaria deben darse las siguientes condiciones: a) que el deudor no cumpla con la intimación administrativa previa, b) que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes c) que dicho incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa.
En el caso de los directores, la ley tributaria persigue la conducta de aquél que omite cumplir su deber como administrador y como agente tributario del Fisco. En cambio, están exentos de responsabilidad aquéllos cuyos representados o mandantes los hayan colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (artículo 8° inciso a, de la ley 11.683); es decir, cuando por sus funciones no tengan el manejo de los fondos y por tanto se hallasen en la imposibilidad de pagar o, por diversas causas, se les hubiera impedido efectuar los pagos fiscales correspondientes.
7. Que, conforme surge de autos, el Fisco Nacional determinó la obligación tributaria de la empresa Alameda 455 SRL. Al no haber cancelado la responsable principal las deudas intimadas por dicho organismo, que adquirieron firmeza, se inició el procedimiento de determinación por responsabilidad solidaria al actor en su carácter de responsable solidario.
8. Que, en el caso, el Sr. Sarlenga, a fin de eximirse de su responsabilidad, alegó la imposibilidad de cumplir con las obligaciones fiscales de la sociedad.
3 Al respecto no se puede soslayar que, tal como lo señaló el Tribunal Fiscal, su renuncia al cargo recién se inscribió en el organismo de contralor el 26/11/2015, por lo que recién tuvo efectos jurídicos frente a terceros a partir de esa fecha, es decir con posterioridad al cumplimiento de las obligaciones tributarias en cuestión.
9. Que, por otra parte, tampoco aportó prueba tendiente a demostrar haberse encontrado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Cabe señalar en tal sentido que, en su escueto líbelo recursivo, el recurrente se limitó a efectuar manifestaciones generales, reiterando lo dicho en presentaciones anteriores, sin hacerse cargo de rebatir debidamente los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal en este sentido.
Al respecto, no puede soslayarse que no resulta suficiente decir que se encontraba en la imposibilidad de pagar sin que esté debidamente acreditado este hecho. Ello, sin perjuicio de la posibilidad que tiene, en su caso, de obtener el reembolso de lo pagado de la verdadera contribuyente que es la sociedad.
Nótese también que a fs. 236 el actor desistió de la prueba pericial contable oportunamente ofrecida.
10. Que, en el caso no se advierte arbitrariedad en la valoración de los hechos y pruebas efectuada por el Tribunal Fiscal en los términos del art. 86 de la ley 11.683. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso del actor y confirmar la resolución apelada, con costas en la alzada por su orden, en atención a las particularidades del caso (art. 68, segunda parte del CPCCN). ASI SE RESUELVE.
11. Que, toda vez que los herederos del actor no se presentaron a tomar intervención en los presentes autos, habiendo sido debidamente notificados por edictos, corresponde declarar la causa en rebeldía, de conformidad con lo previsto en el art. 53 inc. 5º del CPCCN.
12. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– en Fallos: 341:1063 y 345:220; y ponderando que los trabajos realizados durante la primera etapa del proceso ocurrió bajo la vigencia de la ley 21.839 y la segunda etapa se inició bajo esta misma ley déjese sin efecto la regulación de honorarios practicada en cuanto el Tribunal Fiscal aplicó la ley 27.423 para cuantificar los emolumentos en las tres etapas del proceso y a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se practique una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente.
13. Que, asimismo, se intima a la parte actora a que en el plazo de cinco (5) días liquide y pague la tasa de justicia, teniendo en cuenta para la base de cálculo, en su caso, los intereses, hasta la fecha del efectivo pago, bajo apercibimiento de imponerse astreintes de $1.000 diarios en caso de incumplimiento (arts. 3º, inc. g, 9º, inc. h, 11 y —SALA IV— CAUSA 1274/2025/CA1 SARLENGA FERNANDO MANUEL (TF 47712-i)
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12, de la ley 23.898. A tal fin, procédase a notificar por edictos por 2 (dos) días en el Boletín Oficial. ASI SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia