Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 103/108, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia declarar la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 84/94, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2160/17-TSJ Sentencia Nº: 729 Actor: LOS SAUCES S.A.
Demandada:
Objeto: MEDIDA AUTOSATISFACTIVA Fecha: 24-04-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 729 FOLIO Nº 4411/4416 PROT. ELECT. TSS1 004 S.231
Río Gallegos, 24 de abril de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “LOS SAUCES S.A. S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, Expte. N° L-17.881/17 (L-2160/17-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por Los Sauces S.A., por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Romina Mercado, a fs. 103/108, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 84/94, que confirmó la resolución de Primera Instancia, agregada a fs. 62/64 vta.. Esta última, resolvió sobre la acción preventiva de daño iniciada por la actora a fs. 47/58 vta., declarando que existe litispendencia por conexidad.-
II. Que la parte recurrente sostiene que motiva su recurso la causal de violación o aplicación errónea de la ley contemplada en los artículos 1 y 3 inc. a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; entendida en el sub lite la violación de la ley como comprensiva del quebrantamiento de garantías constitucionales y de normas -también constitucionales- que delimitan las competencias federales y locales, así como normas del Código Civil y Comercial de la Nación, y del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz (cfr. foja 103 vta.).- Afirma que el pronunciamiento objeto de la casación ha sido dictado en exceso de la jurisdicción apelada, por lo que se violó el artículo 270 del CPCyC (cfr. foja cit.).
Al respecto, observa que en la resolución interlocutoria del Juez de Primera Instancia, agregada a fs. 62/64 vta., se rechazó dar curso a la acción de prevención de daños promovida, sosteniendo que existía litispendencia por conexidad de la presente causa con la tramitada en el Expte. N° 3732/2016, caratulado “Fernández Cristina y Otros s/ Falsificación de Documentos Públicos y Enriquecimiento Ilícito (Art. 268 -3-)”, en trámite en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en consecuencia debía la actora incoar su pretensión ante dicho tribunal federal (cfr. foja cit.). Añade que apeló esta resolución por estimar que no se verificaba en el caso ninguno de los requisitos de procedencia de la litispendencia, solicitó que se revocara lo resuelto; y se admitiera la competencia de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz en la materia civil, comercial, laboral y de minería.
Concluye, sobre el particular, que ello delimitó la materia recursiva (cfr. fs. 104 vta.).- Luego dice: “Literalmente el fallo expresa, a través del voto del vocal preopinante el cual orientó su sentido: 'Sin perjuicio de lo resuelto en primera instancia por el Juez de grado, quien señaló, a mi juicio en forma equivocada, que existía litispendencia entre esta pretensión y la causa federal, voy a adelantar que los agravios no han de prosperar'. A continuación desarrolla una serie de consideraciones por las cuales concluye que el planteo autosatisfactivo debió ser efectuado ante el juez federal de la causa 'Fernández Cristina y Otros s/ Falsificación de Documentos Públicos y Enriquecimiento Ilícito (Art. 268 -3-)', Expte.
N° 3732/2016” (cfr. foja cit.).- Entiende que lo resuelto por la Cámara, señalado ut supra: “...resultaba suficiente modo de acogimiento del agravio de Los Sauces S.A. y era suficiente para revocar la interlocutoria del Sr. Juez de grado y mandarle seguir entendiendo y dar trámite a la pretensión autosatisfactiva.” (cfr. foja 105). Con ello, observa, que se debía concluir la jurisdicción revisora de la Alzada, ya que el artículo 270 del CPCyC dispone que la sentencia que resuelve el recurso de apelación examinará las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieren sido materia de agravios (cfr. foja cit.).- Anuda que: “Los Sauces S.A. sometió una acción autónoma (la medida autosatisfactiva) habilitada por normas de fondo de derecho común (arts. 1710, 1711 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación) y el Tribunal de grado desestimó darle trámite por entender existía litispendencia respecto -y en favor- de una causa penal federal, y contra ese criterio erróneo se alzó en apelación mi representada.
Y tal criterio -precisamente- fue también considerado equivocado por V.E., así lo haya sido en términos genéricos y no discursivamente desarrollados, lo que de todos modos no agraviaba a mi representada si el corolario lógico era -como debió ser- la revocación del fallo apelado. El art. 270 del CPCC, infringido como se explicó por el decisorio bajo casación, consagra el principio procesal clásico conocido como tantum devolutum quentum apellatum, en virtud del cual el conocimiento del tribunal de alzada con motivo de un recurso de apelación se encuentra enmarcado por los límites que el propio apelante le impuso al interponerlo y al expresar los agravios [...] Asimismo, al violentar el señalado principio concretado en la legislación local citada, el fallo de V.E. también incurrió en autocontradicción, como lo dejan ver sus propias expresiones.
En efecto, luego de considerar equivocado que hubiera litispendencia, dijo el Tribunal que lo agravios no han de prosperar, siendo que, como se desprende la pieza de apelación el agravio se circunscribió a la inexistencia de litispendencia, es decir, aquel único agravio que se consideró procedente y su admisión no podía, reiteramos, tener otra consecuencia que no fuera la de determinar la competencia del tribunal provincial de primera instancia; por lo que no podía avanzarse en ninguna otra consideración.” (cfr. fs. 105 y vta.).- Argumenta que, al haberse violado la regla legal del tantum devolutum quantum apelatum del artículo 270 CPCyC, introduciendo otros fundamentos para la confirmación del fallo apelado, Los Sauces S.A. no tuvo posibilidad alguna de controvertir los mismos en estas actuaciones.
Esto implicó, sigue con su razonamiento, una manifiesta violación de su derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso, reconocida por el artículo 18 de la Constitución Nacional, receptada por el articulo 3° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz (cfr. foja 105 vta.).- Destaca que el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz establece que los Jueces (de la Provincia) prestarán amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y por esa misma constitución. Esta garantía, sigue con su alocución, se aprecia infringida respecto de Los Sauces S.A. ya que es imposible comprender como puede ella ser tutelada disponiendo que una pretensión de derecho común civil y/o comercial quede delegada en un juzgado federal con competencia en lo criminal y correccional (cfr. foja cit.).-
Asimismo se agravia por violación del artículo 1710 y ss. del CCyCN. Sostiene que dicha norma contempla la posibilidad de prevenir daños evitando su producción y que su aplicación, al ser una norma de derecho común, le corresponde a los tribunales de provincia cuando las cosas o las personas cayeran bajo su jurisdicción (cfr. art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional). Dice que este es el supuesto que se presenta en el caso sub examine, pues Los Sauces S.A. es una sociedad constituida, registrada y que funciona en la provincia de Santa Cruz; la acción promovida por vía de la medida autosatisfactiva se promueve para evitar la producción de daños por los bloqueos de fondos de las cuentas bancarias de la recurrente abiertas en un banco provincial, el Banco Santa Cruz; y los daños que se procuran evitar se localizan centralmente también en la jurisdicción provincial, en la cual la sociedad debe cumplir con sus principales obligaciones (cfr. foja 106).- Advera que no puede caber ninguna duda acerca de la competencia de los tribunales provinciales de Santa Cruz para entender en la acción promovida. Esta circunstancia, continúa con su razonamiento, importa una violación del artículo 75, inciso 12 de la CN y también del régimen del artículo 1710 y ss. del CCyCN al remitir la cuestión al fuero federal penal, notoriamente incompetente, tanto por razón del territorio como de la materia, un planteo basado en normas de derecho común (cfr. foja cit.). Señala que no cabe duda por tratarse de una acción autónoma basada en normas de derecho común y que involucra personas y bienes de jurisdicción provincial.- También afirma que al considerar la competencia del fuero federal se ha violado el reparto de competencias delineado en el artículo 116 de la CN. Destaca que la jurisdicción federal es de excepción y que debe ser atribuida expresamente por las leyes (cfr. fs. 106 vta./107).-
En razón de lo expuesto, solicita a este Alto Cuerpo que anule el fallo impugnado y que devuelva las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería n° 2, Secretaría n° 2, de Río Gallegos a fin de que asuma la competencia que le corresponde y tramite la medida autosatisfactiva planteada (cfr. foja 107 vta.).-
Hace reserva de la cuestión federal (cfr. foja 108).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente a fs. 112/113 vta.. En PE177584-2021 obra interlocutorio de este Alto Cuerpo, declarando bien concedido el recurso de casación, poniendo los autos a disposición de la recurrente en los términos del articulo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 - Decreto Nº 2228/15-, sin que la nombrada hubiera hecho uso de ese derecho (cfr. PE203648-2021).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante, quien por las razones que expone y a las que nos remitimos, brevitatis causea, estima que debe hacerse lugar a los agravios de la recurrente (cfr. PE259062-2021).-
En PE274064-2021 se llama autos para dictar sentencia y en PE285673-2021 pasan los presentes a estudio.-
III. Que es preciso advertir que el recurso de casación interpuesto, hace mención a la violación o aplicación errónea de la ley contemplada en los artículos 1° y 3° inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 103 vta.), y en el siguiente párrafo se encarga de destacar además del “…quebrantamiento de garantías constitucionales y de normas…del procedimiento civil y comercial de la Provincia de Santa Cruz …” (foja 103 vta.).-
Realizada la descripción de agravios expuestos precedentemente, resulta menester precisar que si bien el recurso se funda principalmente en la violación del artículo 270 del CPCyC y 1710 y ss. del CCyCN haciendo mención expresa del carril impugnativo establecido en el artículo 3, inciso. a) -Violación de la Ley o Doctrina Legal- de la norma de rito citada; a los efectos de encausar su pretensión recursiva fundando en la violación del artículo 270 del CPCyC en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, correspondería que el tratamiento de este recurso casatorio se adscribiera al marco impugnativo previsto no sólo en el articulo 3, inciso a) sino también en el ámbito del artículo 2º de la citada norma.
Cuadra recalcar que en principio este Excmo. Tribunal Superior de Justicia no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre la quejosa al indicar las normas que estime infringidas (en igual sentido, SCBA, Ac. Sent., 1974, v. I, pág. 749; 1974, v. III, pág. 444; 1976, v. I, pág. 32, 157 y 524; 1976, v. II, pág. 47; 1976, v. III, pág. 434; 1977, v. I, pág. 1186; 1977, v. III, pág. 719; 1985, v. I, pág. 307; 1985, v. II, pág. 391 y 460; DJBA, v. 119, pág. 431 y 542; v. 21, pág. 386; v. 124, pág. 142; v. 129, pág. 473, entre numerosos otros). Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar la recurrente (cfr.
SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sólo declara procedente, en forma restringidísima, en cuestiones penales (cfr. Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso. En efecto, aunque el enfoque que vehiculíza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación, pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinaria- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el artículo 2º, del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443 Folio 2417/2420).- El recurso de casación por quebrantamiento de forma está establecido por nuestra ley adjetiva para los casos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia (cfr. artículo 2 del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3253 -Decreto Nº 2228/15-).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida (cfr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859, Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238), o la incongruencia entre el objeto de la pretensión y lo efectivamente resuelto (cfr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327).-
IV. Que delineado el alcance impugnativo del recurso, deviene necesario ingresar en su análisis.-
Es oportuno relatar el contexto en el cual se promueve esta litis, lo cual será útil para comprender la decisión a la cual se arribe.-
Si bien los autos fueron caratulados como “Medida Autosatisfactiva”, del escrito de inicio surge que el objeto de los presentes era una “…acción judicial preventiva por los daños ya generados y aquellos que inminentemente pudiesen producirse”, fundándose en el art. 1710 y ccs., del CCyCN; como consecuencia del bloqueo de la totalidad de las cuentas bancarias de Los Sauces SA, abiertas en el Banco Santa Cruz SA, por disposición de un Juez Federal a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°11, de la ciudad autónoma de Buenos Aires (cfr. foja 47).- En su libelo inicial enumera los daños sufridos y los que pretende evitar, a cuyo fin interpone la presente acción, describiendo asimismo la verificación de los requisitos que dispone la ley para interponer esta acción preventiva de daños. Para lo cual solicita como “medida autosatisfactiva” el urgente levantamiento del bloqueo dispuesto sobre las cuentas referidas (cfr. fs. 47/58 vta.).-
El Juez de Primera Instancia, declara de oficio la existencia de litispendencia por conexidad de la causa penal en trámite ante la justicia federal con el presente caso, ordenando que la parte actora incoe las pretensiones e incidencias por ante el Tribunal Federal competente. Funda su decisorio en que no existe ningún obstáculo legal para que el presidente de Los Sauces S.A. “…se presente en los autos 'Fernández Cristina y otros s/ Falsificación de Documentos Públicos y Enriquecimiento Ilícito'…solicitando las medidas que aquí peticiona….” (cfr. foja 64).- Apelada dicha resolución, la Cámara en su voto mayoritario, a pesar de considerar equivocada la misma, decide rechazar el recurso. Al abordar el tratamiento de los agravios expresa que: “Sin perjuicio de lo resuelto en primera instancia por el Juez de grado, quien señaló, a mi juicio en forma equivocada, que existía litispendencia entre esta pretensión y la causa federal, voy a adelantar que los agravios no han de prosperar.” (cfr. fs. 87 vta/ 88). Continúa refiriéndose a un dictamen del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las medidas cautelares autónomas o autosatisfactivas no autorizan a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben. Agregando que: “…se solicita la intromisión o la intervención de esta Cámara en una causa sujeta a jurisdicción y competencia de la justicia federal.” Concluyendo que la actora debió “…efectuar estos planteos ante el juez federal natural…” (cfr. foja 88 vta.).-
V. Que analizando las constancias de autos surge que la recurrente al atacar la resolución de Primera Instancia había centrado su impugnación en la declaración de litispendencia, destacando la finalidad perseguida a través de la acción preventiva incoada, ello era resguardar sus derechos patrimoniales ante los daños provocados por medidas judiciales dispuestas en el marco de una causa penal en la que no es parte y evitar nuevos y mayores perjuicios, de conformidad a lo normado por el artículo 1710 y ss. del CCyCN (cfr. fs. 69 y vta.-).-
De la lectura de la resolución de Cámara se evidencia que se omite toda consideración de los agravios expresados por la recurrente, sin tener en cuenta la pretensión que origina los presentes ni los términos en que fue incoada la demanda, centrándose dicho organismo en una pretendida intromisión de la Cámara en el expediente federal, lo que lo aleja de los planteos realizados en el expediente, sin brindar respuesta a los argumentos que atacan la litispendencia declarada y la finalidad de la acción entablada. Pierde de vista dicho Tribunal, como bien afirma la recurrente, que se trata de una acción preventiva de daño, calificada por la doctrina como una acción autónoma sobre la que debe recaer una sentencia definitiva.- (cfr. Arazi Roland; ¿La acción preventiva es una medida cautelar? Cita RC D 657/2021 Rubinzal culzoni on line).- Aquí lo que se había decidido en la Primera Instancia era sobre la existencia de litispendencia en una acción preventiva de daños autónoma. Decisorio que se sometió a revisión con la expresión de agravios de la actora, y sobre lo cual la Alzada no desarrolló su argumentación.-
Asiste razón a la recurrente. La Excma. Camara de Apelaciones no se expidió sobre las impugnaciones expuestas por la apelante, violándose el principio de congruencia y el derecho de defensa, cuando debió haberse pronunciado según los limites de los agravios en el marco de la acción civil preventiva de daños iniciada en los términos del artículo 1710 y ss., del CCyCN.-
Claramente en la expresión de agravios de la peticionante ante la Cámara, surgen los términos de la impugnación dirigidos a revisar los requisitos para la procedencia de la litispendencia, de la falta de notificación de la demanda de la causa penal por no revertir el carácter de parte, y de la errónea interpretación del juez de Primera Instancia respecto a la pretensión, objeto de la acción interpuesta.-
Cabe aclarar que la acción incoada es una pretensión fundada en normas de derecho común, que no depende de un juicio principal y cuyo objeto es evitar la producción de un daño, su continuación o agravamiento (cfr art. 1711, CCyCN) y que la decisión en ese tipo de acción es definitiva. Acción receptada en nuestro código de fondo como un instituto de derecho substancial (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis: Código Civil Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, Tomo VIII, 2015, pág. 312).-
La Cámara se centró en una medida que según la misma expresa, pretende inmiscuirse en una causa del fuero federal, cuando lo que se estaba debatiendo era si existía o no una litispendencia de una acción preventiva, reiteramos de carácter autónoma, con una acción penal dilucidando si debía o no intervenir el juez local, más allá de las medidas cautelares que se pudieran peticionar, y del título que se les pudiere conferir.-
Así pues, el fallo de Cámara ha violado la regla del artículo 270 del CPCyC por la cual la jurisdicción apelada está limitada a la medida del agravio expresado, omitiendo toda consideración de los agravios expresados. Sólo ha referido que el juez de Primera Instancia “en forma equivocada” señaló que existía litispendencia, sin argumentar sobre dicha afirmación y aún así confirmando dicha resolución (cfr. foja 94).-
La jurisdicción de los tribunales, los de Alzada, está limitada por el alcance de los recursos concedidos: “…que determinan el ámbito de su competencia decisoria, y la prescindencia de dicha limitación causa agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio invocadas por el recurrente expresamente ('Fallos', t. 256, pág. 301; t. 259, págs. 58, 237; t. 260, pág. 216, t. 277, pág. 9; t. 283, pág. 392; entre otros; CS., julio 15 de 1976 in re 'Palacios, Ramón A. c/ Industrias Mecánicas del Estado S.A.', fallo 28.078 E.D. diario Nº 4075 del 10-11-76, pág. 6)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).- La doctrina ha expresado que el principio de congruencia no sólo es de aplicación tratándose de un decisorio de Primera Instancia, sino también con relación al órgano ad quem, desde que no puede fallar sobre articulaciones no planteadas a la decisión del juzgador de la instancia de origen.
La jurisdicción de los Tribunales de Alzada a su vez, está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria, con fundamento en las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio (cfr. Morello Mario Augusto, Sosa Gualberto Lucas y Berizonce Roberto Omar; “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Comentados y anotados”, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot Tomo III, Segunda Edición, Reelaborada y Ampliada, Bs As, 1988, pág.411 y ss). Pese a que en virtud del principio de plenitud de la jurisdicción de la Alzada, en nuestro sistema procesal la revisión puede ejercerse con amplitud, los poderes concretos del tribunal de grado están enmarcados por los límites que el propio apelante impuso a su queja y, por consiguiente, ineludiblemente circunscriptos a lo que fue materia de expresión de agravios (cfr. autores cit y ob. cit, pág 415).
Asimismo sostiene que no puede, el sentenciante, alterar las reglas de juego del proceso establecidas por los propios justiciables en oportunidad de trabarse la litis, pues ello puede importar para alguna indefensión lo que contraría los postulados de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. La correspondencia que debe existir entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por los litigantes se refiere tanto a lo decisorio del fallo como a su fundamentación. (cfr. autores. cits., “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Comentados y anotados”, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot Tomo II C, Segunda Edición, Reelaborada y Ampliada, Bs As, 1986, pág. 78).- Así ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “…cuando la sentencia impugnada traduce un exceso en el límite de la potestad jurisdiccional del tribunal con menoscabo de garantías consagradas por la Constitución Nacional (Fallos: 256:504; 331:2578; 337:179, entre muchos otros)…el tribunal de alzada se expidió respecto de una materia que no había sido llevado a su conocimiento por las partes en sus apelaciones ordinarias, apartándose de la regla tantum devolutum quantum apellatum que delimita la jurisdicción apelada a la medida del agravio expresado, en desmedro de los principios básicos que rigen el proceso y con el consiguiente menoscabo de la garantía de la defensa en juicio.” (Fallo 342:1336).- Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyas las razones expuestas por el señor Procurador Fiscal en su dictamen, ha dicho que: “Corresponde descalificar la sentencia que no se pronuncia razonadamente sobre agravios expuestos por el recurrente y carece del examen crítico de problemas conducentes para la solución del litigio, con grave violación del principio de congruencia ínsito en la garantía del debido proceso justiciable.” (sum.
Fallo 327:789).-
Por los motivos señalados, procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida, y habida cuenta de cómo se resuelve, no procede considerar el resto de los agravios.-
VI. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 103/108 por quebrantamiento de formas sustanciales (cfr. artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-); y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 84/94 por quebrantamiento de las formas procesales (arts. 270, 164, inc. 5º; 165 y 34, inc. 4º del CPCyC), reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, dicte nueva resolución conforme a derecho y según corresponda- Como consecuencia de lo aquí expuesto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en definitiva merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 103/108, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia declarar la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 84/94, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1004S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 729 Folio N°: 4411/4416 Secretaría: 1
Fin de la sentencia