Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-883/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a las excusaciones deducidas por el Dr. Fernando Miguel Basanta y por la Dra. Romina Vanessa Saúl en PE1502018-2024 y PE1502593-2024, respectivamente.-
2Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Dra. Karina Paola Saúl por derecho propio, en el carácter de Vocal por la Primera Minoría Política del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz en PE1470079-2024, apartado VI, ordenando la suspensión de la aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme en los mismos.-
3Ordenar a la actora la previa prestación de la caución juratoria en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: S-883/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1156 Actor: SAÚL KARINA PAOLA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 14/10/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1156 FOLIO Nº 3781/3786 PROT. ELECT. TSS1 013 C.241
Río Gallegos, 14 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “SAUL KARINA PAOLA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº S-883/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, las excusaciones deducidas por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta y por la Sra. Defensora General ante el Tribunal en su carácter de Vocal Subrogante, Dra. Romina Vanessa Saúl en PE1502018-2024 y PE1502593-2024, respectivamente.-
El Dr. Basanta expresa: “Motiva esta decisión el hecho de que la cónyuge del suscripto, Dra. Romina Fernanda Gaitán, integra el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia en carácter de Vocal de Entes Municipales y, en consecuencia, a los fines de evitar cualquier posible sospecha sobre la objetividad e imparcialidad que pudiera existir en el ánimo de las partes, por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en los presentes en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 30 del CPCyC...” (cfr. PE1502018-2024).- Por su parte, la Dra. Saúl dice: “Fundo mi petición, en función de lo previsto por el art. 30 primera parte del CPCyC por encontrarme comprendida en la causal prevista en el art. 17 inc. 1 del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta es hermana de la actora en los presentes autos, Dra. Karina Paola Saúl. Atento lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en el presente proceso.” (cfr. PE1502593-2024).-
Atento los motivos que fundan la excusación del Dr. Fernando Miguel Basanta, en razón del escrúpulo fundado en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
En lo que respecta a la excusación de la Dra. Romina Vanessa Saúl, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 1º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30, primera parte del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que en PE1470079-2024 de los autos principales se presenta la Dra. Karina Paola Saúl por derecho propio, en el carácter de Vocal por la Primera Minoría Política del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz solicitando: “...se declare la inconstitucionalidad de los siguientes artículos de la Ley 3866: el Artículo 1º…en cuanto pretende eliminar de manera contraria a la Constitución que uno de los vocales: ‘…representará a la primera minoría política…’ …artículo 2º…en cuanto de manera arbitraria afecta el principio de intangibilidad de las remuneraciones y derechos adquiridos por la suscripta (y resto de las vocales)…artículo 3º…que establece un proceso de designación y remoción, que en el caso de la Vocal por la Primera Minoría Política se contrapone de manera palmaria a la Constitución y las leyes…artículo 4º… en cuanto establece un insólito proceso de remoción que desnaturaliza absolutamente la función del ente de contralor que actualmente integro, estableciendo un sistema ‘sui generis’ creado de manera arbitraria y con el único objetivo de afectar la independencia del Tribunal de Cuentas…artículo 5º…por cuanto impone un sistema retroactivo al establecer que los: ‘…miembros que actualmente integran el Tribunal de Cuentas…’ tendrán un nuevo proceso de designación o acuerdo que en el caso de la suscripta no corresponde en función de lo establecido en la Carta Magna provincial…” (cfr.
PE cit., págs. 1/2).- Añade que: “Lo expuesto, constituye un desborde y exceso reglamentario del Artículo 123 de la Constitución Provincial que además vulnera el principio de razonabilidad en el ejercicio del Poder de Policía en cabeza de la Legislatura Provincial (Art. 28 de la CN) y viola el principio Republicano de Gobierno. Es claramente un ataque liso y llano al organismo provincial, en especial al ejercicio de control y auditoría de la administración de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y al principio de inamovilidad (por el plazo que establece la carta Magna) consagrado también en la Ley Nº 500…” (cfr. PE cit., pág. 2).- Asimismo, en el apartado VI de su presentación, peticiona: “…el dictado de una medida cautelar urgente que suspenda la aplicación de los arts. 2, 3, 4 y 5 de la ley 3.866…”.
Afirma que la procedencia de la medida está justificada por los siguientes elementos: “La verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora”; y que surge de forma evidente y palmaria de la letra de la ley que se tacha de inconstitucional que resulta insalvablemente nula por contrariar de plano la Carta Magna Provincial y principios que emanan de la CN, tanto en lo personal respecto del cargo que se ejerce, el salario, la posibilidad de remoción, así como de las demás integrantes del Cuerpo, afecta de forma directa a la coalición política que resultó la primera minoría en las últimas elecciones y con ello la voluntad popular expresada en las elecciones próximas pasadas. Se afecta la seguridad jurídica, la división de poderes, el sistema republicano de gobierno, y de forma burda se trata de eludir el sistema de control de la administración establecido por la Constitución Provincial.
Agrega que con esta ley en vigencia, el gobierno podría remover a su antojo a los Vocales del Tribunal de Cuentas con la gravedad institucional que ello significa y la afectación concreta y directa de los derechos de la peticionante, de las demás vocales y de la ciudadanía en su conjunto (cfr. PE cit., págs. 27/28).- Al describir los antecedentes que originan la contienda, la accionante sostiene que, el 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento con lo establecido por el Articulo 123 de la Constitución Provincial y con el objeto de integrar legalmente el Tribunal de Cuentas, la totalidad de las autoridades o apoderados de los siete (7) partidos políticos que conformaron el Lema “Unión por la Patria” en la última elección realizaron una presentación al Gobernador de la Provincia proponiéndola para el cargo de Vocal por la Primera Minoría que establece la citada norma constitucional.
Recién con fecha 4 de abril del corriente año en la sede del Tribunal de Cuentas se llevó a cabo la ceremonia de toma de juramento como Vocal por la Primera Minoría Política (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Refiere que el mismo día de dicho juramento el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados de la Provincia el proyecto de ley absolutamente inconstitucional y retroactivo que luego es sancionado bajo el número 3866. (cfr. PE cit., pág. 4).-
En PE1474545-2024 de los autos principales, dictaminó el Sr. Agente Fiscal sobre la competencia de este Tribunal para intervenir en la acción de inconstitucionalidad y en la medida cautelar. Asimismo, en PE896687-2024 de los autos de mención, se ordenó formar el incidente con las piezas pertinentes, dándose inicio a los presentes en PE1474580-2024.-
Corrido el pertinente traslado a la demandada conforme artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, es contestado en PE1488886-2024 por sus representantes, el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Ramiro Esteban Castillo y la Dra. Fernanda A. Loncón Paredes. Allí solicitan se rechace la misma con costas sosteniendo que: “…La Ley 3866 fue sancionada de acuerdo a los procedimientos constitucionales es-tablecidos, luego del pertinente debate en sede parlamentaria…Sabido es que para la procedencia de las medidas cautelares deben reunirse los presupuestos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela; entendemos que los aludidos extremos no se encuentran configurados en las presentes actuaciones, tornando inadmisible la medida cautelar solicitada […] se advierte que la pretensión de la actora en su escrito de demanda se confunde de modo evidente con el contenido del pedido cautelar” (cfr. PE cit., págs. 2 y 5).- En PE1499702-2024 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido positivo, considerando que: “...V.E., debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona”.-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE911614-2024.-
III. Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, y atendiendo al carácter cautelar de la medida peticionada resulta menester efectuar el análisis de la concurrencia o no de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, y en el caso los específicos, ello en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA, Ley N° 2600, a fin de valorar su procedencia.-
Para ello, debemos tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que: “… la sola circunstancia de tratarse de una acción declarativa no excluye la procedencia de medidas precautorias. En efecto, éstas tienen por finalidad evitar el riesgo de que, durante el transcurso del proceso, el pronunciamiento que pudiera reconocer o actuar el derecho, pierda virtualidad. Y ese riesgo puede existir no sólo en el supuesto de las acciones de condena sino también en las declarativas de certezas, en la medida en que se afecte de cualquier manera aquél cuyo reconocimiento se persigue.” (cfr. Fallos 313:1152).- Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nos ilustra que la procedencia de medidas como la requerida, queda subordinada a la verificación de dos extremos insoslayables, a saber: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora. A tales presupuestos debe sumarse la contracautela establecida de modo genérico. Añadiendo además que: “…la jurisprudencia y la doctrina han agregado que los requisitos antes citados se encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro en la demora y -viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo irreparable el rigor en la ponderación del primero se puede atenuar (Sala II, ‘Pesquera del Atlántico S.A. c/ B.C.R.A.’, del 14-10-85; Sala V, ‘Ribereña de Río Negro S.A. c/ D.G.I.’, del 8-11-96; esta Sala, ‘Gibaut Hermanos’, del 8-9-83; ‘Siderca SA’, voto del Dr. Grecco, del 19/11/04, entre otros) (cfr. Sala III, “Insugra S.A. c. Estado Nacional”, 15/05/2007; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/4908/2007).- En función de ello corresponde evaluar los recaudos de procedencia del remedio cautelar bajo análisis.-
IV. En cuanto al argumento invocado por la demandada referido a la coincidencia entre lo peticionado en la causa principal con el objeto de la medida cautelar (cfr. PE1488886-2024, págs. 5 y 12/13) es preciso adelantar que el mismo no resulta óbice para la procedencia de la tutela preventiva perseguida.-
Conforme surge del libelo de inicio, la medida cautelar peticionada tiene la finalidad de evitar el riesgo de que, durante el transcurso del proceso, el pronunciamiento que se dicte pueda perder virtualidad. Es por ello que los argumentos esgrimidos por la peticionante imponen a este Alto Cuerpo analizar y expedirse sobre la procedencia, y en su defecto, el alcance de la medida requerida sobre bases -prima facie- verosímiles sin que ello implique incurrir en prejuzgamiento o adelantamiento de opinión sobre la resolución que en definitiva recaiga en el litigio.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido al respecto que: “En la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, por lo que no corresponde desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento.” (cfr. Sum. Fallos 320:1633).-
Las medidas cautelares, entonces, deben ser concedidas siempre que se verifiquen los requisitos de admisibilidad, más allá de que coincidan los objetos de la tutela preventiva y de la acción principal. En esta circunstancia el Juez no prejuzga porque resuelve con carácter claramente provisorio y sin condicionar su imparcialidad y objetividad en el trámite del proceso y en el acto de resolución del caso. Por último el juez debe preservar el derecho de acceso a la justicia en sus diversos aspectos, entre estos su temporalidad y oportunidad y ello, en ciertos casos sólo es posible mediante el acto cautelar (cfr. “Kiper Claudio M., “Medidas Cautelares”, 2da. Ed. Actualizada y Ampliada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2014, Tomo II, pág. 34).- A ello podemos agregar que: “En lo que hace a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad el anticipo de la sentencia es palmario, ya que la superposición entre la petición cautelar, mediante la prohibición de innovar, y la pretensión material es casi total, ambas postulan la suspensión de los efectos de la norma atacada. Sin embargo, una lo hará en términos provisorios y la otra con la estabilidad propia de la cosa juzgada, de allí que no pueda postularse la identidad total.” (cfr. aut. y ob. cits., pág. 127).-
En definitiva, la decisión cautelar adecuadamente dictada no importa prejuzgamiento. Ello, pues no puede razonablemente sostenerse que se trata de una manifestación intempestiva del juzgador (es decir extemporánea) sino necesaria según la pretensión instaurada y adecuada al estado de la causa; es decir, oportuna (adoptada en respuesta a la petición cautelar deducida por la parte, siendo deber del órgano expedirse sobre el planteo efectuado); tampoco puede decirse que implique adelantar el parecer del magistrado sobre el objeto sustancial del pleito, pues toda medida precautoria es resuelta en el marco de lo probable, de lo verosímil (no de lo indefectible, cierto e irrefutable) y ello, sin haberse producido el debate y aportado la totalidad de la prueba, vicisitudes que eventualmente podrán revertir la apariencia inicial, que con frecuencia se sustenta sólo en material documental presentado exclusivamente por el requirente de la tutela (cfr. aut. y ob. cits., pág. 35).- Aclarado ello, corresponde analizar en forma particular los recaudos para la procedencia de la medida cautelar perseguida.-
V. En relación al primero de los requerimientos, el “fumus bonis iuris”, se ha dicho que el despacho de una cautelar no exige un examen de certeza sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto (conf. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, in re: “Rejas, Alejandra Felisa c/ Estado Nacional Minis. Just. Seguridad y DD.HH. P.F.A. s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 11/06/2012; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/30916/2012).-
Si bien es cierto que por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695) y como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr.
Fallos 317:243).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha referido que: “…el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto…en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC…), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético…se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado…y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho…” (cfr.
“Foro de Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21”, LP I 78847 RSI-535-24 I 11/07/2024).- En el caso que nos ocupa, la actora aduce que la ley que se tacha de inconstitucional resulta insalvablemente nula por contrariar de plano la Carta Magna Provincial y principios que emanan de la CN, tanto en lo personal respecto del cargo que se ejerce, el salario, la posibilidad de remoción, así como de las demás integrantes del Cuerpo, afecta de forma directa a la coalición política que resultó la primera minoría en las últimas elecciones y con ello la voluntad popular expresada en las elecciones próximas pasadas. Se afecta la seguridad jurídica, la división de poderes, el sistema republicano de gobierno, y de forma burda se trata de eludir el sistema de control de la administración establecido por la Constitución Provincial.
Igualmente sostiene que el procedimiento de designación y remoción de los miembros del Tribunal de Cuentas, instituido en la norma cuestionada, desconoce de manera flagrante el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, instituido en el artículo 123 de la Constitución Provincial, afectando la garantía de independencia e imparcialidad (cfr. PE1470079-2024).- Se aprecia entonces, que el sub lite presenta particularidades que lo distinguen de otros casos en los que este Alto Cuerpo ha denegado el dictado de medidas cautelares, frente a la mayor prudencia que exigen en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación padecida por la presentante, podría generar, en las excepcionales y particulares circunstancias que se verifican, mayores e irreparables daños, que deben ser evitados.- El principal agravio en que se sustenta la demanda de inconstitucionalidad tiene directa vinculación con las disposiciones previstas en el artículo 123 de la Constitución Provincial en cuanto a la designación y remoción de los miembros del órgano constitucional “Tribunal de Cuentas” cuya función principal es fiscalizar la gestión financiero patrimonial no sólo de la Provincia sino también de los Municipios, empresas para-estatales, reparticiones descentralizadas y autárquicas creadas o que se creen en todo el territorio de la Provincia por lo que, realizando un juicio de posibilidad y no de certeza en el estrecho marco de conocimiento que implican las medidas cautelares, consideramos que en el caso ‘sub examine’ se exhibe un derecho verosímil, sin que ello implique adelanto de opinión alguna sobre la materia a resolverse.- A tenor de lo expresado, entonces, resulta dable concluir que, en la especie, la verosimilitud del derecho aparece demostrada, atendiendo a los derechos de jerarquía constitucional presuntamente vulnerados y el Organismo de Control que aparece involucrado y afectado a causa de la situación descripta, -reiteramos- ponderados en el acotado marco cognoscitivo propio de esta etapa.-
Nuevamente aclaramos que ello no implica una valoración probatoria definitiva; la que oportunamente será realizada al momento de la sentencia definitiva en los autos principales.-
VI. Otro requisito específico es el probable peligro de que la tutela jurídica que surgirá de la sentencia no pueda efectivizarse en los hechos (cfr. Hutchinson, Tomás “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, tomo III, pág. 510). No existe medida cautelar que no se dé para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de hecho de las medidas cautelares que sustancia con ellas (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo Oscar “Control judicial de la Administración. Medidas Cautelares”, en Derecho Procesal Administrativo, dirigido por Juan Carlos Cassagne, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004, Tomo 1, pág. 749).- El peligro en la demora debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (cfr. Fallos: 326:3658, 1248, 1289; 325:367, 1873; 314:711).-
La presentante explica que el peligro en la demora surge con la vigencia de esta ley, dado que el gobierno podría remover a su antojo a los Vocales del Tribunal de Cuentas con la gravedad institucional que ello significa y la afectación concreta y directa de sus derechos, de las demás vocales y de la ciudadanía en su conjunto (cfr. PE1470079-2024, págs. 27/28).-
El Máximo Tribunal de la Nación, ha sostenido que es dable recordar que la garantía constitucional de la defensa en juicio, así como incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable, pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación con grave e irreparable perjuicio de quienes lo invocan (Fallos 324:1944), exige que frente a una intensa verosimilitud en el derecho y un claro peligro en la demora, se consagre dicha garantía constitucional adoptándose las decisiones jurisdiccionales previas y provisionales que atemperen o impidan, en la medida de lo posible, las consecuencias que puede generar la razonable espera de una decisión definitiva (cfr. fallos cit.).- Los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca.-
VII. Otro de los presupuestos que se exige para el otorgamiento de medidas cautelares, es la prestación de una contracautela por el peticionante de la medida. Al respecto cabe expresar que: “La contracautela es el medio que asegura preventivamente el eventual crédito de resarcimiento de los daños que podrían resultar de la ejecución de la providencia cautelar si, en definitiva, la misma se revela como infundada…En la imposibilidad de determinar a priori una regla fija u objetiva que predetermine la especie y monto de la contracautela salvo en situaciones cuya especial entidad condujera a exigirla de un concreto carácter, el art. 199 ha encomendado al juez la misión de graduar ambos extremos, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. De suerte que a mayor verosimilitud, menor contracautela. Hay tres clases de contracautela: a) juratoria, que consiste en la manifestación formal de quien obtiene la medida, efectuada por escrito en el expediente, de que se hace cargo de los eventuales perjuicios; b) personal, cuando un tercero con solvencia económica asume la responsabilidad consecuente afectando su patrimonio, y c) real, que importa afectar un bien o bienes determinados a las resultas de esa responsabilidad…” (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo O., “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002, pág. 71).- Por lo expuesto, en virtud de la remisión del artículo 32 del CPCA, Ley Nº 2600 al artículo 200 y concordantes del CPCyC, corresponde disponer que la presentante preste caución juratoria.-
En el presente, tal como se indicara, se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho invocado para acceder a la medida solicitada y concurre el peligro en la demora exigido para las cautelares, por lo que la suspensión de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 solicitada será admitida; previa caución juratoria atento a lo expresado precedentemente en torno a las particulares circunstancias del caso (cfr. arts. 25 del CPCA, Ley Nº 2600 y 200 del CPCyC, aplicable por remisión del art. 32 del CPCA, Ley Nº 2600).-
VIII. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la incidentista en PE1470079-2024, ordenando la suspensión de la aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme en los mismos; previa caución juratoria que deberá prestar la actora en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sentencia definitiva.-
Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a las excusaciones deducidas por el Dr. Fernando Miguel Basanta y por la Dra. Romina Vanessa Saúl en PE1502018-2024 y PE1502593-2024, respectivamente.-
2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Dra. Karina Paola Saúl por derecho propio, en el carácter de Vocal por la Primera Minoría Política del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz en PE1470079-2024, apartado VI, ordenando la suspensión de la aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 3866 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme en los mismos.-
3. Ordenar a la actora la previa prestación de la caución juratoria en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1156 Folio N°: 3781/3786 Secretaría: 1
Fin de la sentencia