Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-883/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarando abstracto el tratamiento de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la parte actora en PE1470079-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: S-883/24-TSJ Sentencia N°: 1184 Actor: SAUL KARINA PAOLA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 9/09/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1184 FOLIO Nº 3925/3930 PROT. ELECT. TSS1 041 C.251
Río Gallegos, 9 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “SAUL KARINA PAOLA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº S-883/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en PE1470079-2024, se presenta la Dra. Karina Paola Saúl por derecho propio y en el carácter de Vocal por la Primera Minoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, solicitando: “...se declare la inconstitucionalidad de los siguientes artículos de la Ley 3866: El artículo 1º…en cuanto pretende eliminar de manera contraria a la Constitución…uno de los vocales:…artículo 2º…en cuanto de manera arbitraria afecta el principio de la intangibilidad de las remuneraciones y derechos adquiridos de la suscripta (y el resto de las vocales)...artículo 3º…que establece un proceso de…remoción, que en el caso de la Vocal por la Primera Minoría Política se contrapone de manera palmaria a la Constitución y las leyes…del artículo 4º…en cuanto establece un insólito proceso de remoción que desnaturaliza absolutamente la función del ente de contralor que actualmente integro, estableciendo un sistema ‘sui generis’ creado de manera arbitraria y con el único objetivo de afectar la independencia del Tribunal de Cuentas…del artículo 5º…por cuanto impone un sistema retroactivo al establecer que ‘…los miembros que actualmente integran el Tribunal de Cuentas…’ tendrán un nuevo proceso de designación o acuerdo que en caso de la suscripta no corresponde en función de lo establecido en la Carta Magna provincial, así como tampoco debería ningún vocal integrado por la primera minoría política en el futuro ser sometido a este proceso anticonstitucional.” (cfr.
PE cit., págs. 1/2).- Añade que: “Lo expuesto, constituye un desborde y exceso reglamentario del Artículo 123 de la Constitución Provincial que además vulnera el principio de razonabilidad en el ejercicio del Poder de Policía en cabeza de la Legislatura Provincial (Art. 28 de la CN) y viola el principio Republicano de Gobierno. Es claramente un ataque liso y llano al organismo provincial, en especial al ejercicio de control y auditoría de la administración de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y al principio de inamovilidad (por el plazo que establece la Carta Magna) consagrado también en la Ley Nº 500…” (cfr. PE cit., pág. 2).- Afirma que: “…surge claramente que la norma cuestionada, por ejemplo al asignársele efectos retroactivos o tratar de avanzar burdamente sobre el órgano de contralor, está afectado gravemente derechos adquiridos de rango constitucional…La irretroactividad, entonces, implica que la nueva ley no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya agotadas, ni sobre los efectos ya producidos de situaciones o relaciones ya existentes.” (cfr.
PE cit., pág. 9).- Añade que: “…la nueva ley no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio, al amparo de una legislación anterior, sin menoscabar el derecho de propiedad, máxime si se tiene en cuenta que la aceptación de ese menoscabo importaría una disvaliosa afectación de elementales exigencias de seguridad jurídica, valor éste cuya jerarquía constitucional ha sido reconocida por el Máximo Tribunal Nacional que la ha destacado como una de las bases fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico cuya tutela innegablemente compete a los jueces, llegando incluso a afirmar que sin seguridad jurídica no hay en rigor, orden jurídico.” (cfr. PE y pág. cits.).- Aclara que los derechos que su parte invoca se encuentran establecidos expresamente en la Constitución Nacional en los artículos 1º, 5º, 36 y 38 (cfr.
PE y pág. cits.).-
Agrega que: “…lo que aquí se trata de decidir es la aplicación de la nueva Ley Nº 3.866, publicada en el B.O. en fecha 16 de julio de 2024, la misma modifica cuestiones jurídicas consolidadas en relación a la suscripta, obviando que presté juramento como Vocal del Tribunal de Cuentas por la Primera Minoría Política en fecha 04 de abril de 2024 vigente la Ley Nº 500.” (cfr. PE cit., pág. 10).-
Entiende que: “…las circunstancias de hecho permiten concluir que las modificaciones introducidas por la nueva ley no me resultan aplicables, atento que la puesta en funciones a través del juramento ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia …se produjo varios meses antes de su entrada en vigencia, de lo cual se colige la absoluta intención de realizar una especie de ‘intervención’ del órgano de contralor y lograr, por ejemplo eyectar a las vocales que no son del agrado del Poder Ejecutivo.” (cfr. PE y pág. cits.).- Reitera que: “…de aplicarse las disposiciones contenidas en esa normativa se vería gravemente afectado el principio de irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 7 CCCN pues se alterarían los efecto de la relación jurídica -cargo de Vocal por la Minoría Política del Tribunal de Cuentas- cumplida y consolidada y con efectos jurídicos propios consumados en el pasado con anterioridad a que la Ley Nº 3.688 se hallase en vigencia.” (cfr. PE y pág. cits.).- Concluye que: “…deberán V.V.E.E declarar inconstitucional la aplicación retroactiva de la Ley Nº 3.866, toda vez que pretende regir varias situaciones jurídicas cuya existencia resultan claramente anteriores a la fecha de entrada en vigor de dicho cuerpo legal.” (cfr. PE cit., pág. 11).-
En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 3866 sostiene: “…el artículo 123 de la Constitución establece para el Tribunal de Cuentas la representación de la primera minoría política cuya designación no necesita de trámite de acuerdo parlamentario sino sólo la propuesta de los partidos políticos […] el Artículo 1º de la Ley Nº 3.866 realiza una serie de modificaciones…realmente innecesarias y contradictorias con el 123 de la Carta Magna Provincial que lo convierte absolutamente en inconstitucional […] En realidad lo que se supone pretendió el redactor de la norma…era realizar una reforma que determine que la Vocal por la primera minoría tenga un trámite parlamentario (generalmente con mayoría del que gobierna) en absoluta contraposición con lo que establece el artículo 123º de la Constitución.” (cfr. PE cit., págs. 11/12) .- Entiende que: “…la eliminación de la Primera Minoría en el articulo 1º obedece a un descuido o un acto más de torpeza legal sino, analizada en el contexto de toda la ley, significa el comienzo de un avasallamiento sobre el órgano de contralor…” (cfr. PE cit., pág. 12).-
En lo tocante al artículo 2º de la Ley cuestionada considera que: “…tiene como único motivo (u objetivo político) atacar la independencia del organismo de control realizando modificaciones contrarias a las más elementales normas constitucionales o principios básicos del derecho […] La disminución de la remuneración respecto de los miembros actuales, en tanto gozan de las mismas prerrogativas que los Jueces de la Provincia…resulta ilegal […] Esta equiparación…no constituyen un privilegio personal, sino que tiene fuertes implicancia[s] y efectos jurídicos principalmente en materia de inmunidad y desafuero, y que permiten el adecuado cumplimiento de las mismas y que la nueva redacción elimina de manera totalmente inconstitucional.” (cfr. PE cit., págs. 12/13).- Reitera que: “La suscripta asumió el 4 de abril del corriente año (conforme se acredita con la copia legalizada del Acta respectiva) ante lo cual… deben aplicar las condiciones establecidas en las normas vigentes en el momento que asumí…y respecto del que he cumplido con todos y cada uno de los requisitos legales y constitucionales vigentes…” (cfr. PE cit., pág. 13).-
Añade que: “En el caso del Vocal por la Primera Minoría…una vez que asume el cargo también tiene inamovilidad e intangibilidad de la remuneración asimilable a los magistrados aunque no requiera la aprobación del órgano deliberativo…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Respecto al artículo 3º aduce que: “…teniendo en cuenta la norma vigente al momento de mi toma de juramento y del ingreso en la posesión de cargo, la inamovilidad mientras dure la buena conducta debe ser garantizada, lo que implica…la existencia y la operatividad efectiva del principio de estabilidad en el cargo tiene íntima conexión con el correcto funcionamiento del sistema republicano de gobierno.” (cfr. PE cit., pág. 14).-
Indica que el artículo referido: “…resulta un exceso injustificado que tiene por objeto desnaturalizar el funcionamiento del órgano de contralor para someterlo a los designios o la voluntad del poder de turno...la modificación realizada se colige que los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo con Acuerdo de la Cámara de Diputados y en relación al miembro de la oposición se agrega la necesidad del acuerdo de la Cámara y se elimina la palabra ‘…salvo uno (1)…’, frase ésta que había sido trascripta textual del último párrafo de la Constitución Provincial.” (cfr. PE cit., págs. 14/15).- Enfatiza que: “…los miembros del Tribunal Cuentas gozan de estabilidad en sus funciones, pudiendo ser removidos por el mismo procedimiento que los Jueces de la Provincia, esto es, por un Fallo del Tribunal de Enjuiciamiento. No existe otro procedimiento válido. Pretender implementar otro procedimiento de remoción para los actuales miembros violenta esta garantía de estabilidad e inamovilidad, no pueden quedar sujetos al arbitrio discrecional del poder de turno, y con una mayoría circunstancial parlamentaria.” (cfr. PE cit., págs. 15/16).- Añade que: “No existe en ninguna otra Provincia del país un mecanismo de remoción como el que busca instalar el Gobernador en nuestra provincia, justamente porque desnaturaliza un aspecto fundamental de todo organismo de control, esto es, la inamovilidad de sus miembros y la libertad absoluta para controlar el poder político de turno.” (cfr. PE cit., pág. 16).-
Sostiene que: “En la segunda parte del Artículo 3º conforme la Ley 3.866 se establece un proceso de designación de los Vocales del Honorable Tribunal de Cuentas que desnaturaliza y contraviene de manera solapa (sic) la Constitución Provincial y concretamente trata de afectar la representación de la primera minoría […] no corresponde supeditar la designación del Vocal por la Primera Minoría política a un trámite de aprobación parlamentario por cuanto se contrapone abiertamente con la Constitución.” (cfr. PE cit., págs. 16/17).- Al referirse al artículo 4º de la Ley 3866 considera que se ha: “…aprobado un sistema de remoción ‘express’ que pondrá en una especie de ‘limbo’ a las/os vocales (a[c]tuales y futuros) del Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Santa Cruz […] el partido político que tenga una mayoría simple en la Cámara de diputados…podrá a través de un rápido, fugaz y elemental procedimiento remover un vocal de Tribunal de Cuentas que no es de su agrado…en más o menos dos meses […] La situación se agrava aún más para el caso del vocal por la primera minoría, el cual…razonablemente no tenía que traspasar los designios de la mayoría política de la Cámara de Diputados de conformidad con lo establecido por el Art. 119 inc. 16 como se lo pretende someter ahora […] la nueva norma ideada por el Ejecutivo y aprobada por la mayoría parlamentaria…desnaturaliza absolutamente el Art. 123º de la Constitución Provincial y en el caso de la suscripta…la somete de manera arbitraria e infundada a la voluntad de la mayoría parlamentaria tanto en su designación como remoción…” (cfr.
PE cit., págs. 18/21).- Finalmente en cuanto al artículo 5º de la ley cuestionada argumenta que: “Al establecer que la suscripta, fue designada a propuesta del partido político de la primer minoría, en la última elección, deba iniciar un proceso de selección ante la Cámara de Diputados, implica, lisa y llanamente, una destitución encubierta, razón por la cual, existe un claro desborde de la competencia sobre la Constitución Provincial, Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos [...] estamos ante un caso franca y abiertamente inconstitucional, pues la elección de la persona que integrará el organismo de control le corresponden al partido político de la oposición y no está dentro de las competencias ni del Poder Ejecutivo, ni de la Legislatura dar un Acuerdo en contraposición a lo que establece la Carta Magna […] Esta facultad, no puede ser desconocida ni trastocada por una norma que directamente altera la reserva constitucional realizada a favor de la primer minoría Política de la Provincia a efectos de garantizar el debido control de los dineros públicos…” (cfr.
PE cit., págs. 22/23).- Bajo al acápite VI. 7. Denuncia Gravedad Institucional argumentando que: “…estamos ante un avasallamiento de las competencias integración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia […] En este caso, si bien los afectados directos son la suscripta (las otras vocales) y los partidos políticos que me han elegido en su representación ante el Tribunal de Cuentas, de manera indirecta se afecta el Pueblo Santacruceño, pues el control de los gastos que realiza el ente de contralor sobre las cuentas públicas quiere ser impedido por una norma sobreviviente.” (cfr. PE cit., pág. 23).- Añade que: “La reforma de la Ley Nº 500, con efectos retroactivos y vulnerando la representación de la minoría implica una violación al principio de razonabilidad, pues existe un exceso reglamentario que afecta directamente los derechos y garantías constitucionales de las actuales integrantes (también de las/os futuras), los que fueron detallados expresamente, y en especial, los de la suscripta, pues está vulnerando la facultad que la constitución le otorga a un Partido Político…” (cfr.
PE cit., pág. 24).- Enfatiza que: “…tal como quedó reformada la ley orgánica, al implicar la duración de los mandatos que cada gobernador elija a las personas que controlarán sus cuentas, salvo un solo integrante que lo será por la primer minoría, la esencia de la actividad de control se diluye, convirtiendo a este organismo de la constitución que debe velar por el correcto manejo presupuestario, financiero y de cuentas públicas y gastos, en una simple oficina de administración pública.” (cfr. PE y pág. cits.).- Agrega que: “La reforma introducida solamente puede entenderse, más allá de la intencionalidad política manifiesta de organizar y estructurar un control a conveniencia, a partir de un desconocimiento total de la naturaleza jurídica del Tribunal de Cuentas Provincial, órgano de raigambre constitucional que se erige como un órgano extra poder…” (cfr.
PE cit., pág. 25).-
Concluye que: “…la Ley Nº 3866 reviste una gravedad institucional inusitada…que la convierten en nula e insanable, y que por ello, merece la sanción más severa que establece el orden jurídico y el estado constitucional-convencional de derecho, que es la sanción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad…” (cfr. PE cit., pág. 27).-
Hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., pág. 33).-
II. En PE1546146-2024, contesta demanda la Provincia de Santa Cruz pidiendo su rechazo con expresa imposición de costas (cfr. PE cit., págs. 1/2).-
Seguidamente, comienza su descargo con una negativa de los hechos alegados por la actora y expresa: “La presunción de legitimidad alcanza a todas las actuaciones de los poderes públicos, siendo una suposición inherente a la entera actividad pública, incluyendo la actividad legislativa. Es por ello que las leyes emanadas del Poder Legislativo provincial, en tanto y en cuanto son el resultado de la deliberación democrática, tienen presunción de validez…En el caso que nos ocupa, la Ley 3866 funda sus bases en una Exposición de Motivos y ha sido sancionada regularmente, de modo que posee validez hasta tanto no se declare lo contrario.” (cfr. PE cit., pág. 8).- Afirma que: “…tal como surge del proyecto de reforma elevado a la Legislatura, que la sanción de la Ley 3866 forma parte de un paquete de reformas que tienden a modernizar las instituciones, adecuándolas a la letra y espíritu de la Constitución Provincial y a los estándares convencionales, y así permitir al Estado llevar a cabo sus funciones de manera más eficaz.” (cfr. PE cit., pág. 12).-
Añade que: “…la periodicidad en los cargos de los miembros del Tribunal de Cuentas se adecua mejor a los estándares constitucionales y convencionales que el carácter vitalicio de los mismos, siendo aquella prerrogativa de carácter excepcional cuando de función pública se trata.” (cfr. PE cit., pág. 16).-
Adiciona que: “…la asimilación de los miembros del Tribunal de Cuentas a los miembros del Tribunal Superior no es una calidad que surja de la Constitución Provincial…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Aclara que: “…a partir de la Ley 3866 se eliminan las prerrogativas, inmunidades e inamovilidad extraordinarias de los miembros del Tribunal de Cuentas por asimilación o por extensión analógica a los vocales de Tribunal Superior de Justicia, la garantía de intangibilidad de los sueldos judiciales que deriva del art. 110 de la CN es inaplicable para los vocales del Tribunal de Cuentas.” (cfr. PE cit., págs. 16/17).-
Señala que: “…esta disconformidad con la modificación de la Ley 3866 se vincula con el interés privado de la actora y no con el interés público en juego, no existiendo motivos para deducir que la función y equilibrio de los poderes entre los poderes estatales y el sistema republicano de gobierno pueden verse afectados a partir de la modificación del art. 4 de la Ley 500.” (cfr. PE cit., pág. 17).-
Considera que: “El planteo acerca de la supuesta afectación a derechos adquiridos debe ser desestimado ya que llevaría a reconocer que, aun cuando el interés público lo exija, existirían relaciones jurídicas que no serían susceptibles de ser modificadas, conclusión contraria a la doctrina de la Corte…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Cita Jurisprudencia y concluye que: “…la Ley 3866 ha sido sancionada como expresión del poder público, que se ajusta a la letra de la Constitución Provincial, y que no lesiona derechos adquiridos, todo lo cual amerita que prevalezca la vigencia de la Ley y se rechace la acción intentada, con costas. (cfr. PE cit., pág. 18).-
Hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., págs.. 20/21).-
En PE1670735-2024 contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que: “…debe declararse admisible la acción de inconstitucionalidad interpuesta…” (cfr. PE cit., pág. 2).-
III. Que, en PE1703525-2025, se declara la cuestión de puro derecho y se ordena correr traslado en los términos del artículo 78 del CPCA, Ley Nº 2600, haciendo uso de ese derecho la demandada en PE1752603-2025. Finalmente en PE1771771-2025 se llaman autos para sentencia, pasando a estudio en PE1785544-2025.-
IV. Ahora bien, se nos impone señalar que con posterioridad a la interposición de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, más precisamente el 12 de junio del corriente, el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley N° 3938 -Regulación de Organización y Constitución del Tribunal de Cuentas de la Provincia-, derogando, íntegramente, las Leyes Nros. 500 y 3866, como así también los artículos 152, 163, 164 y 165 de la Ley N° 3755, modificada por la Ley N° 3810, habiendo sido promulgada mediante Decreto N° 0623/25 del 8 de julio de 2025 y publicada en el Boletín Oficial Nº 6015 el 12 de agosto del corriente año (cfr. https://boletinoficial.santacruz.gob.ar/legislacion/leyes/47416).- Así, corresponde analizar si la novel normativa concerniente al Órgano fiscalizador replica, en lo sustancial, disposiciones similares a las contenidas en la derogada Ley N° 3866 y, por consiguiente, directamente emparentadas con los agravios de génesis constitucional esbozados por la accionante.-
En efecto, al interponer la acción, la actora peticionó que: “...se declare la inconstitucionalidad de los siguientes artículos de la Ley 3866: El artículo 1º…en cuanto pretende eliminar de manera contraria a la Constitución…uno de los vocales:…artículo 2º…en cuanto de manera arbitraria afecta el principio de la intangibilidad de las remuneraciones y derechos adquiridos de la suscripta (y el resto de las vocales)...artículo 3º…que establece un proceso de…remoción, que en el caso de la Vocal por la Primera Minoría Política se contrapone de manera palmaria a la Constitución y las leyes…del artículo 4º…en cuanto establece un insólito proceso de remoción que desnaturaliza absolutamente la función del ente de contralor que actualmente integro, estableciendo un sistema ‘sui generis’ creado de manera arbitraria y con el único objetivo de afectar la independencia del Tribunal de Cuentas…del artículo 5º…por cuanto impone un sistema retroactivo al establecer que ‘…los miembros que actualmente integran el Tribunal de Cuentas…’ tendrán un nuevo proceso de designación o acuerdo que en caso de la suscripta no corresponde en función de lo establecido en la Carta Magna provincial…” (cfr. PE1470079-2024, págs. 1/2).- De la atenta lectura de la Ley N° 3938, específicamente en su artículo 81, segundo párrafo, establece que: “…Ninguna de sus previsiones deroga o altera los derechos previamente adquiridos por quienes se encuentran desempeñando el cargo de Vocal del Tribunal de Cuentas al tiempo de su sanción. A tales fines, les resultará de aplicación la normativa vigente hasta la fecha de la sanción de la presente…”.-
En sintonía con lo expuesto, teniendo presente que a la fecha de sanción de la precitada norma, la Ley N° 3866 se encontraba suspendida en virtud de la medida cautelar dictada en los autos: “Saul Karina Paola c/ Provincia de Santa Cruz s/ Acción de Inconstitucionalidad -Incidente de Medida Cautelar-”, Expte. Nº S-883/24-IMC-TSJ, es que para la accionante el marco normativo que la ampara es la derogada Ley N° 500, en tanto y en cuanto esa es la norma vigente al momento de la sanción de la Ley N° 3938.- De consuno con ello, continuarán aplicándose para la actora los derechos que surgen de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley N° 500, es decir, gozará de la misma remuneración que los vocales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia; será inamovible conservando su cargo mientras dure su buena conducta y contará con las mismas prerrogativas e inmunidades que los jueces de la Provincia, resultando enjuiciable ante el mismo jurado, por igual procedimiento y en los mismos casos que ellos.- Sin perjuicio de lo manifestado, obiter dicta debemos precisar que gran parte del articulado de la Ley N° 3938, con arreglo a la forma en que fue redactada, resulta de naturaleza programática y, en consecuencia, a los fines de su operatividad será necesaria su reglamentación por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.-
Regresando al tema que nos ocupa, la voluntad del legislador plasmada en el artículo 81, segundo párrafo de la Ley N° 3938 torna carente de interés actual un pronunciamiento sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad promovida, ya que los agravios de la actora han sido despejados por la mencionada disposición.-
La situación referida precedentemente, denota un cambio en las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de la interposición de la acción de inconstitucionalidad.-
Es que, de acuerdo con la doctrina de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia -la cual sobre el punto sigue la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, los fallos deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la presentación del recurso (cfr. Tomo XXXII -Interlocutorio-, Reg. Nº 3583, Folio 6202/6203, entre otros).-
Como ut supra señaláramos, con igual criterio se ha expedido reiteradamente nuestro Máximo Tribunal Nacional (Fallos: 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177, 317:1154, 318:2309, entre varios).-
A mayor abundamiento, la Corte Suprema ha dicho que: “…según conocida jurisprudencia del Tribunal sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905; causa CSJ 118/2013 (49-V)/CS1 ‘V., C. G. c/ I.A.P.O.S. y otros s/ amparo’, sentencia del 27 de mayo de 2014, entre otros)…en tales condiciones, deviene inoficioso en el sub lite que esta Corte se pronuncie sobre los agravios vinculados con la constitucionalidad de la mencionada ley 18.248, cuya vigencia ha fenecido por imperativo legal, pues no se advierte interés económico o jurídico actual que justifique un pronunciamiento sobre el punto al haber desaparecido uno de los requisitos que condicionan la jurisdicción del Tribunal (conf. Fallos: 318:2438; 327:4905 y 329:4717).” (Fallos: 338:706).- Como coralario de las consideraciones realizadas y jurisprudencia citada, habiendo perdido actualidad los agravios de la parte actora, corresponde declarar abstracta la cuestión planteada en la acción de inconstitucionalidad deducida en PE1470079-2024; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Por los fundamentos expuestos y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarando abstracto el tratamiento de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la parte actora en PE1470079-2024.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1041C.251 Tomo: XX Sentencia: 1184 Folio N°: 3925/3930 Secretaría: 1
Fin de la sentencia