Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37246-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y en consecuencia, confirmar la resolución recurrida, en cuanto fue materia de agravio y
2Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Expte. nº 19.936/2023.-
///nos Aires, 4 de febrero de 2025.- PAF Y VISTOS, estos autos caratulados: “Sauma Automotores SACIFAG y F -TF 37246-I c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”,
I. Que con fecha 24/08/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió tener a la parte actora desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en los términos de la ley 27.541 -y su ampliatoria ley 27.562-, con costas.
Asimismo, tuvo por condonada la multa apelada y los intereses resarcitorios en la proporción dispuesta por el artículo 11 de la norma citada, con costas por su orden (cfr. fojas digitales 1/4).
I.1. Para así decidir, el Tribunal a quo recordó que la firma actora interpuso un recurso de apelación contra la Resolución n° 163/2012 (DV RR1N) (cfr. fojas digitales 47/82) mediante la cual se le determinó de oficio el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y otras operaciones (períodos fiscales 1/2006 a 6/2009) con más sus intereses resarcitorios y, además, le aplicó una multa equivalente al 80% del impuesto omitido con sustento en el art. 45 de la ley 11.683.
Luego de señalar las posiciones de las partes sobre la cuestión de fondo, indicó que la parte actora informó su acogimiento al régimen de la ley 27.541 y su modificatoria, acompañando la constancia del plan de facilidades de pago n° O345151, con fecha de consolidación del 30/11/2020, el detalle de las obligaciones regularizadas y cuotas y comprobante de presentación vía web del formulario F.408/NM. En otra presentación, informó no encontrarse incursa en ninguna de las causales de exclusión previstas por el art. 16 del mencionado régimen, adjuntado solicitud de categorización como PYMES. Al respecto, el T.F.N. expuso que el Fisco Nacional, al contestar el traslado de la denuncia de acogimiento, informó que la obligación determinada por la resolución apelada no se encontraba cancelada y/o regularizada; ello en tanto no se verifica que los períodos fiscales sobre los que versa la Resolución n° 163/12 (períodos fiscales 1/2006 a 6/2009) hubieran sido regularizados mediante el plan informado toda vez que en el mismo sólo se incluyeron las correspondientes al período fiscal 12/2012.
Replicando los dichos del organismo fiscal, la parte actora controvirtió la postura de su contraria aclarando que el plan incluía las deudas reclamadas por la mencionada resolución y que el año y mes de la deuda allí regularizada coinciden con el año y mes en que fue dictado tal acto determinativo; esto es, el 12/2012. Mencionó que aun cuando el plan de facilidades contuviera un error 1 formal la realidad de los hechos demuestra que la deuda reclamada fue regularizada al amparo de la ley 27.541. Adjuntó documental en apoyo de su postura.
En vistas de lo expuesto, el Tribunal a quo formuló requerimientos a las partes, señalando la firma actora que con fecha 27/11/2021 solicitó a la AFIP la reimputación de los pagos correspondientes al plan de facilidades y acompañó constancia de dicha presentación.
Por su parte, la demandada adjuntó copia de la resolución de fecha 3/12/2021 por la cual se denegó la pretensión actoral.
I.2. Así las cosas, el T.F.N. entendió que correspondía resolver, inicialmente, la controversia suscitada respecto de la cancelación o no de la deuda reclamada en autos mediante el plan de facilidades de pago n° O345151.
Expuso que no podía tener acogida favorable la oposición manifestada por el organismo recaudador por cuanto de las constancias de la causa se advertía claramente que la intención de la actora era la de regularizar las obligaciones discutidas en estos autos mediante el régimen de la ley 27.541. En efecto, señaló que resultaba evidente que el importe regularizado a través del plan de facilidades indicado era de $ 3.084.667,76 que coincide con exactitud con el monto determinado por la Resolución n° 163/2012 así como también con el concepto impositivo cuestionado: Impuesto sobre los Débitos y Créditos. Sin perjuicio de ello, advirtió la instancia anterior que el período fiscal indicado no coincidiría con los determinados y que tal error fue advertido por la propia contribuyente al requerir la subsanación del mismo mediante una solicitud de reimputación de saldos, la cual fuera denegada por el organismo fiscal.
Añadió que sin quitarle responsabilidad a la parte actora por su accionar, quien demostró negligencia al momento de imputar los períodos fiscales, formalidad que sostuvo no puede alegar desconocer, también es cierto que una vez que el contribuyente imputó, en forma incorrecta, el período fiscal es sólo el Fisco quien puede salvar esta situación a través de la frustrada solicitud de re imputación. En tal sentido, destacó que la negativa de parte del organismo recaudador en acceder a lo solicitado, lo cual –señala- no fundamenta, siendo que, a entender de la instancia anterior, éste se encontraba en condiciones para efectuarla, trae graves consecuencias para el contribuyente como la pérdida de los beneficios del plan pese a la regularización total de la deuda determinada.
En dicha inteligencia manifestó el Tribunal a quo que sostener la postura fiscal, implicaría convalidar un exceso de rigorismo formal que bien pudo haber sido salvado, por lo que entendió que debía desestimarse la misma. Expte. nº 19.936/2023.-
I.3. Sobre la base de lo manifestado, examinó lo previsto por la ley 27.541 en sus arts. 8° y 9° así como también por la Resolución General AFIP 4816, los cuales también transcribió.
Expuso: “…[q]ue habiendo dado cumplimiento la recurrente a las disposiciones legales, teniendo en cuenta lo manifestado por el Fisco Nacional y lo dispuesto en el Considerando V, corresponde tenerla por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa. Con costas”.
I.4. Acto seguido añadió que debía tomarse en consideración lo previsto por el art. 11 de la ley 27.541, y su ampliatoria ley 27.562, en donde se establece con alcance general, para los sujetos que se acogieran al régimen de regularización previsto y mientras cumplan con los pagos previstos, las siguientes exenciones y/o condonaciones, en lo que aquí interesa: “a) de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias..., que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto y c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación: 1. Período fiscal 2018, 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020: el diez por ciento (10%) del capital adeudado.
2. Períodos fiscales 2016 y 2017: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado. 3. Períodos fiscales 2014 y 2015: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado. 4. Períodos fiscales 2013 y anteriores: setenta y cinco (75%) del capital adeudado”
“Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y corresponden obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas, o por infracciones cometidas al 31 de julio de 2020”. Ello así, el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que la adhesión al régimen de la ley 27.541 –y su modificatoria ley 27.562- implicó la eximición parcial de los intereses resarcitorios conforme a lo dispuesto por el inciso c), apartados 3 y 4 del artículo 11, lo que así resuelve. Asimismo destacó que de igual forma corresponde proceder con la multa aplicada por la demandada, la cual deberá ser condonada de conformidad con lo previsto en el inciso a) de la mencionada norma.
Sin perjuicio de lo decidido, aclaró que el beneficio acordado se encuentra sujeto al control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad respecto del régimen de regularización excepcional, como así también de los 3 extremos de debe satisfacer la actora para gozar de los beneficios establecidos por la ley. I.5.- Por todo lo manifestado, tuvo a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con respecto al impuesto e intereses correspondientes de acuerdo con lo previsto por el art. 11 de la ley 27.541 –y su ampliatoria ley 27.562-, con costas.
Asimismo, tuvo por condonada la multa apelada y los intereses resarcitorios en la proporción dispuesta por el art. 11 de la norma citada, con costas por su orden.
II. Que disconforme con lo decidido, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y formuló sus agravios contra el pronunciamiento del 24/08/2022 (cfr. fojas digitales 5/17).
Luego de recordar los antecedentes del caso (el ajuste practicado por la Resolución n° 163/2012 (DV RR1N) y el pedido de condonación en los términos de la ley 27.541 y las modificaciones introducidas por la ley 27.562) y la sentencia recurrida, el organismo fiscal expresó sus cuestionamientos contra esta última.
Alegó que el pronunciamiento recurrido era arbitrario por cuanto daba una solución definitiva que no se compadecía con el derecho aplicable y que, además, efectúa valoraciones jurídicas y fácticas que, a su parecer, resultan erróneas y carentes de todo sustento.
Informó que a raíz de lo decidido por el T.F.N. fue consultada la Agencia n° 16 de la AFIP con el objeto de que clarifique si el rechazo del plan obedecía a un mero rigorismo formal (en lo que refiere a la reimputación de los períodos del plan de facilidades de pago).
Al respecto, transcribió –y también acompañó copia digital- lo informado por dicha dependencia de la cual surge que la firma actora con fecha 27/11/2021 efectuó una presentación mediante la cual solicitó la rectificación de un error involuntario incurrido al tiempo de indicar los períodos fiscales que abarca el plan de facilidades n° O345151 en cuanto a que se indicó el 12/2012 (data de cuando se dictó la Resolución n° 163/12) y no del 01/2006 a 06/2009 (los períodos ajustados por ella).
Mencionó que el organismo recaudador, con fecha 3/12/2021, brindó su respuesta indicando que en virtud de lo previsto por los arts. 7° y 48 de la RG 4816, los contribuyentes podían solicitar hasta el 11/12/2020 inclusive la anulación del acogimiento al régimen de regularización mediante el servicio denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la RG AFIP n° 4503 y su complementaria. Sobre la base de lo dispuesto por el art. 48 de la mencionada normativa mencionó que se le indicó a la firma actora: “…usted podrá solicitar la anulación del referido plan comprometiéndose a regularizar la Expte. nº 19.936/2023.-
deuda correctamente pero no gozará de los beneficios establecidos por la Ley 27562. Atte.”.
En la explicación referida a la respuesta transcripta, la dependencia fiscal indicó que el procedimiento que el contribuyente actor debió haber seguido frente al desvío cometido (errores en la confección del plan) se encontraba expresamente normado por el art. 7° de la RG AFIP 4816, debiéndose realizar dentro del plazo allí previsto. Por otra parte recordó que el art. 48 de la misma expresamente indica que la solicitud de adhesión no podría ser rectificada y, además, añadió que no sólo fueron erróneamente consignados los períodos fiscales sino también la fecha de vencimiento de su deuda (23/01/2023 vs. Vencimientos de los años 2006 a 2009); añadiendo que el desvío cometido es de aproximadamente entre 1250 y 2500 días. Agregó que dicha dependencia informó “De lo descripto precedentemente se observa que si el contribuyente hubiera actuado con diligencia podría haber subsanado el error incurrido dentro del procedimiento establecido por la normativa. Contemplando…que la adhesión no puede ser rectificada –en el hipotético caso que AFIP considere regularizada la deuda de los PF 2006 a 2009 con un plan de pagos que incorpora una única obligación que contiene el mismo importe capital sin respetar los vencimientos correctos- no solo se estaría apartando de lo normado sino que en caso que el mencionado plan –de 120 cuotas- quede caduco no estaría resguardada la totalidad de la pretensión fiscal original…”.
Luego de transcribir los preceptos mencionados previamente reiteró que la alteración pretendida generaría un eventual perjuicio al organismo recaudador ante el supuesto en que pudiera generarse la caducidad del plan. Sobre la base de lo expuesto, consideró que no se encuentran dadas las condiciones para que ese plan se considere válido y vigente, entendiendo que no puede arrogarse funciones legislativas. Citó en apoyo de su postura lo decidido por la C.S.J.N. en la causa “Bizi, Berna” del 26/11/2019 en donde se efectúo un análisis acerca de la caducidad de un plan de facilidades dispuesto por el organismo fiscal ante la falta de cumplimiento por parte del contribuyente de requisito necesario para su vigencia.
Por último, recordó que el contribuyente accede a los beneficios de la norma, conoce los términos y condiciones que la misma establece y por ello no puede ampararse en situaciones que afirme no haber previsto ni tampoco puede invocar en su favor situaciones desconocidas cuando el texto legal es claro y preciso.
Expuso que en el caso de autos se advierte una sentencia arbitraria, puesto que la posición asumida por el T.F.N. no efectuó una razonada 5 valoración de los hechos, no compatibilizó la situación fáctica con la norma aplicable y concluyó en una decisión insostenible, por cuanto pretende que se le de validez a una decisión individual del contribuyente por sobre lo que establece la norma.
Por lo manifestado, solicitó se revoque la sentencia recurrida.
III. Que la parte actora, por presentación de fs. 291/298, replicó los agravios de su contraria, solicitando su rechazo.
En primer lugar alegó que de la lectura de los agravios formulados por la parte demandada se advierte una mera disconformidad con la sentencia dictada por el Tribunal a quo pero sin efectuar una crítica razonada y jurídicamente válida del pronunciamiento que cuestiona. Recordó que la tacha de arbitrariedad que le endilgara la apelante no procede contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente y fundados en una mera discrepancia con la apreciación de los hechos y/o la interpretación de la prueba efectuada, sino que, tal doctrina, reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; interpretando que nada de lo expuesto ocurre en el caso de autos.
Por otra parte manifestó la apelante incorpora al momento de formular sus agravios una respuesta de la Agencia n° 16 de la AFIP en donde se expusieron las razones del rechazo del pedido de rectificación del plan de facilidades de pago, derivando que a través de ello la demandada añade documentación y cuestiones que no habían sido acompañadas oportunamente y que no podría hacer valer ahora en esta instancia.
Sin perjuicio de ello, considera que las manifestaciones efectuadas por dicha dependencia son improcedentes.
Alegó que el Fisco Nacional sostiene que la reimputación solicitada por su parte exigía una alteración normativa que causaría un detrimento fiscal, el cual no explica, añadiendo que su accionar, a través de un error involuntario, no le causó un perjuicio de la demandada por cuanto las sumas oportunamente reclamadas mediante la resolución determinativa fueron regularizadas en su totalidad –capital e intereses-, según lo previsto por la moratoria en cuestión, la cual, destacó, fue dictada en el marco de pandemia generada por COVID e indicó que al momento de la adhesión (el 30/11/2020) nos encontrábamos en condiciones de aislamiento total, con restricción de movilidad y con acceso restringido con ciertos organismos oficiales. Todo ello sumado a que la deuda que ocupa estos actuados no se encontraba cargada en el sistema de la AFIP por cuanto, en el caso puntualmente de los Débitos y Créditos, no se trata de un impuesto por el cual deba presentarse declaraciones juradas que luego se abonan sino que el tributo se debita automáticamente de las cuentas de la Expte. nº 19.936/2023.-
empresa y, es por ello, que determinar los períodos puede ser dificultoso y/o confuso, más aun si se tiene en consideración el contexto antes referido. Manifestó que el organismo fiscal aceptó oportunamente el plan de facilidades y que, a la fecha de la presentación de la contestación de agravios, ya se habían abonado más de 24 cuotas sin ninguna objeción.
Sobre la base de lo expuesto, consideró que la postura fiscal atenta directamente contra la doctrina de los actos propios. Citó jurisprudencia del Alto Tribunal en apoyo de su postura.
En otro orden de ideas, alegó que el tipo de error formal advertido no se encuentra previsto dentro de la normativa aplicable como causal de caducidad de un plan de facilidades. En tal sentido, recordó lo dispuesto por el inciso 6° del art. 8° de la ley 27.562 –modificatorio de su antecesora art. 13 de la ley 27.541- el cual transcribió; entendiendo que, en el estado actual en que se encuentra el mencionado plan, la caducidad del mismo sería arbitraria y antijurídica. Añadió que el antecedente citado por el organismo fiscal “Bizi Berna SRL” deviene improcedente de ser aplicado a estos actuados por cuanto tratan situaciones disimiles.
Por todo lo expuesto, solicitó el rechazo del recurso interpuesto por su contraria.
IV. Que, así las cosas, cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el rumbo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la buena doctrina interpretativa, que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y que posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros; esta Sala, in re, “Strina, Natalia D. c/D.G.I.”, del 23/9/2014, entre muchos otros).
Asimismo es menester recordar que, de conformidad con lo establecido por el art. 86 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde -en principio estar a lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta, en la valoración de dichos aspectos (conf. Fallos: 300:985 y esta Sala, in re, “Ferrari, Carlos Isidoro c/D.G.I.”, del 7/08/2014, entre muchos otros).
En especial, la ley hace referencia a la ocurrencia de una violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el T.F.N., lo que habilitaría a esta Cámara a declarar la nulidad de las actuaciones, salvo que 7 corresponda abrir a prueba la causa en esta instancia lo que, de por sí, constituye una situación excepcional.
V. Que conforme surge de los considerandos que anteceden, la cuestión a dirimir por esta Alzada se ciñe en determinar si lo decidido mediante el pronunciamiento apelado –que convalidó el plan de facilidades de pago efectuado por la actora bajo el n° O345151 en el marco de la previsto por la ley 27.541 y con las particulares en que éste fue presentado- se encuentra ajustado a derecho puesto que, tal como fuera señalado por el recurrente en su memorial, el Fisco Nacional calificó de arbitrario e improcedente lo resuelto por el Tribunal a quo sobre el punto.
En orden a estos razonamientos es que solicitó se revoque el pronunciamiento dictado en cuanto fuera materia de agravios.
Por lo expuesto, cabe señalar que en atención al alcance de los planteos recursivos, no corresponde a este Tribunal llevar a cabo análisis alguno acerca de la corrección o incorrección de lo decidido, respecto de las restantes cuestiones que fueran objeto de abordaje por la instancia anterior como consecuencia de la admisión de la reimputación.
VI. Que, a fin de dar respuesta al recurso interpuesto, en primer lugar, es preciso recordar que tal como este tribunal señalara en diversos pronunciamientos emitidos sobre el cuerpo normativo objeto de autos (cfr. esta Sala, in rebus, en apelaciones deducidas en procesos ordinarios “Unisolutions S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/D.G.I.”, causa n° 60.943/19 resolución del 29/12/2020 y “Pérez Ponsa, Luis María c/E.N. -A.F.I.P. s/Proc. De Conoc.”, causa n° 27.682/17 resolución del 26/03/2021 y en recursos deducidos en causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación “Río Plagas S.R.L. (TF 57199970- I)” causa n° 11.352/21, sentencia del 26/10/2021; “Exportadora e Importadora Bras S.A.”, causa n° 55.481/19, sentencia del 18/03/2022; “Lorenzo Anecchini S.A.”, causa n° 67.818/15 sentencia del 9/08/2022; “Supermercados Mayoristas Yaguar”, causa n° 9.839/22 sentencia del 12/10/2022, “M3 Construcciones S.A. (TF 36414-I)”, causa n° 43.541/22 sentencia del 22/12/2022 y “Smurfit Kappa S.A. (TF 69809104-I)”, causa n° 51.587/22 sentencia del 5/04/2023); la ley 27.541 (B.O. 23/12/2019) dedica el Capítulo I del Título IV a establecer un régimen de regularización de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras que permite incluir deudas en planes de facilidades de pago o incluso, solicitar exenciones y condonaciones de multas, de demás sanciones previstas por la ley 11.683 y de intereses resarcitorios y/o punitorios (conf. artículos 8° a 17 de la ley).
El artículo 9° de la ley 27.541 -con las modificaciones introducidas por el artículo 3° de la ley 27.562, y en lo que al caso interesa- indicó que quedan incluidas las obligaciones objeto de un procedimiento administrativo o Expte. nº 19.936/2023.-
judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria.
Además aclaró que, en dichos casos, el acogimiento al régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable las costas y gastos. Asimismo, dispuso que su acogimiento importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas. Los sujetos que adhieran al presente régimen –siempre y cuando cumplan con los pagos requeridos por la norma- gozarán de la exención y/o condonación de multas, intereses y sanciones previstas en la ley de rito (cfr. artículo 11, ley 27.541).
Con posterioridad se dictó la ley 27.562 (B.O. 26/08/2020) que dispuso, entre otras cuestiones, una ampliación de la moratoria prevista en el artículo 8° de la ley 27.541 al incluir a las obligaciones vencidas al 31/07/2020 –inclusive- (extendido hasta el 15/12/2020 mediante el dictado de los decretos 833/20 y 966/20); así como también a otros sujetos que, en el marco anterior, no se encontraban comprendidos en el régimen. También estableció nuevos supuestos de excepción al mismo.
En concordancia con ello, la A.F.I.P. dictó la Resolución General 4816 (B.O. del 15/09/2020, modificada por la Resolución General 4873 del 04/12/2020) que reglamentó la moratoria ampliada.
Aclaró que los sujetos que adhieran al presente régimen –por obvias razones, siempre y cuando no se encuentren entre las excepciones enumeradas en la ley- y, en la medida en que cumplan con los pagos requeridos por la norma en el artículo 10 de la misma gozarán de la exención y/o condonación de multas, intereses y sanciones previstas en la ley de rito en los términos dispuestos por el art. 11 del cuerpo normativo indicado. Por su parte, el artículo 12 de la mencionada ley prevé el beneficio de condonación de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30/11/2019 (fecha prorrogada por la ley 27.562 hasta el 31/07/2020) que no se encuentren firmes ni abonadas con las particularidades de cancelación allí indicadas.
El artículo 7° de la RG 4816 dispone sobre la anulación del acogimiento formulado y las nuevas solicitudes efectuadas por los contribuyentes así como los efectos derivados de ello. En particular indica que ante la detección de errores, los contribuyentes y responsables podrán solicitar hasta el 11/12/2020, inclusive, la anulación del acogimiento al régimen de regularización mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado 9 por la Resolución General n° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite que, según el modo de adhesión. En cuanto a la cancelación mediante planes de facilidades de pago –como lo que acontece en estos actuados- y, tal como fuera indicado por la demandada en su memorial, deberá fundarse el motivo de una nueva adhesión, debiendo para ello seguir con el procedimiento establecido por el artículo 6° de dicha norma.
Por otra parte, el artículo 25 de la normativa indicada establece las circunstancias que deberán cumplirse para obtener el beneficio de condonación de sanciones, indicando que las mismas no tendrán que encontrarse firmes ni abonadas y respecto de las obligaciones sustanciales, de naturaleza tributaria o previsional, los medios que deberán ser utilizados para su cancelación. A su vez, los artículos 35, 36 y 37 del cuerpo legal mencionado establecen los tipos de planes de facilidades admitidos, sus características, el trámite que deberá efectuar el contribuyente a fin de efectuar la solicitud de adhesión, mientras que el artículo 38, titulado “Aceptación de Planes”, dispone que, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 7° antes reseñado, la adhesión no podrá ser rectificada y se considerará aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo de la presentación, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta resolución general. Continúa diciendo: “La inobservancia de cualquier condición y/o requisito determinará el rechazo del plan propuesto independientemente de la etapa de cumplimiento de pago en el cual se encuentre. En dicho supuesto, el importe ingresado en concepto de pago a cuenta no se podrá imputar al pago a cuenta y/o cuotas de planes de facilidades de pago”.
Los artículos subsiguientes de la RG analizan las distintas posibilidades y consecuencias ante las que pueda dictarse la refinanciación y la caducidad de los planes, entre las cuales se encuentra la pérdida de las condonaciones dispuestas por el artículo 11 de la ley 27.541 y sus modificaciones, en la proporción a la deuda pendiente a la que no haya sido cancelada en su totalidad -capital e intereses no condonados y multas, consolidados en el plan de facilidades de pago- con las cuotas efectivamente abonadas (cfr. artículos 40 a 47).
VII. Que así las cosas, cabe recordar que la compulsa de los presentes actuados se advierte que:
1. La firma actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la Resolución n° 163/12 (DV RR1N), del 17/12/2012, mediante la cual se determinó el Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria y otras operatorias, períodos fiscal 1/2006 a 6/2009 por la suma total de $ 3.084.667,76 con más sus intereses resarcitorios calculados en $ 4.519.553,13 y, además, le aplicó una multa equivalente al 80% del impuesto Expte. nº 19.936/2023.-
omitido con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 por la suma de $ 2.467.734,21.
2. Sustanciado que fuera con el Fisco Nacional éste lo contestó solicitando el rechazo del recurso en traslado y, con posterioridad, se abrió la causa a prueba.
3. A fs. 211/217 la parte actora informó el acogimiento al régimen de regularización previsto por la ley 27.541 y su modificatoria.
Expuso que tal acogimiento tuvo lugar el 30/11/2020, dando lugar al plan de facilidades n° O345151, en dicha data como fecha de consolidación, mediante el cual se procedió a regularizar totalmente la deuda resultante de la determinación de oficio que se discute en estos actuados, solicitando se lo tenga presente. A tal fin, acompañó constancia de presentación del acogimiento, del plan de facilidades del cual surge el monto regularizado, así como también constancia del acuse de recibo del F.408-allanamiento o desistimiento presentado el 16/06/2020.
De la lectura de la foja 216vta./217 se advierte que el período fiscal imputado al mencionado plan es el 12/2012 derivado de una declaración jurada con fecha de vencimiento el 23/01/2013 por la suma de $ 3.084.667,76.
4. El T.F.N. ordenó correr traslado al Fisco Nacional de la pretensión actoral y, asimismo, le requirió a la actora a fin de que acredite su carácter de sujeto previsto en los términos del artículo 8° de la ley 27.541 y manifieste con carácter de declaración jurada que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de exclusión del artículo 16 de la normativa indicada.
5. A fs. 227/229 la contribuyente denunció ser sujeto alcanzado por el régimen por haber presentado el certificado de MiPyme así como también no encontrarse incursa en algunas de las causales de exclusión previstas por la ley. Por su parte, a fs. 229 el Fisco Nacional contestó que la pretensión fiscal determinada mediante la Resolución n° 163/12 no había sido cancelada y/o regularizada.
6. A fs. 233/242 la actora sostuvo que, tal como surge de la documentación oportunamente acompañada, la deuda reclamada había sido regularizada mediante el plan de facilidades n° O345151, que la suma regularizada se corresponde con el importe de capital dispuesto por la resolución determinativa, con los intereses resarcitorios con la quita prevista por la ley 27.541, así como también con el tributo y que el período fiscal consignado es el correspondiente a la fecha del dictado del acto en cuestión; denunciado que el plan se encuentra vigente y con los pagos al día.
11 Para ese entonces la actora advirtió el error formal incurrido al tiempo de consignar el período fiscal, alegando que el mismo fue confeccionado encontrándose en plena vigencia el “ASPO”, es decir, cuando no había atención presencial de la A.F.I.P. Asimismo adjuntó constancias que dan cuenta de la aceptación del plan por parte del organismo fiscal y del estado en que se encuentra el mismo así como la suma total consolidada y los pagos realizados por su parte.
7. A fs. 245 el Fisco Nacional reiteró que las sumas no se encontraban regularizadas por el plan que informara la actora y aclaró cuál es el tributo y período abarcado por el mismo, señalando que no se condice con lo determinado por la Resolución n° 163/12.
8. A fs. 247 el T.F.N. le requirió a la actora si había gestionado algún pedido ante el organismo fiscal tendiente a subsanar el mencionado error o a la reimputación de los saldos, para lo cual la contribuyente a fs. 249/250 dio cuenta del pedido efectuado acompañado copia de ello y a fs. 256/27 la demandada denunció la respuesta que brindara a dicha petición, en la instancia administrativa, el 21/12/2021.
9. Acto seguido, se dictó la sentencia definitiva reseñada en el considerando I de la presente y que fuera recurrido por el Fisco Nacional.
VIII. Que en el sub examine, en virtud de lo que surge de la reseña efectuada y la normativa analizada en los considerandos que anteceden y los fundamentos dados en el memorial, cabe adelantar el rechazo del recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional.
Sin perjuicio de señalar que esta Sala ha sostenido en reiterados antecedentes que la adhesión el régimen examinado es de carácter voluntario para los contribuyentes y, por tanto, los beneficios impositivos allí dispuestos resultarán procedentes, siempre y cuando, se encuentren verificados los requisitos previstos por la normativa al efecto; no puede dejar de advertirse que, en el caso concreto de autos, los fundamentos esgrimidos por la demandada no alcanzan para desvirtuar la decidido por el Tribunal a quo en el pronunciamiento recurrido que tuvo por válido el plan de facilidades efectuado por la actora en los términos advertidos (cfr. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.N.). En el caso de autos pesaba sobre el recurrente formular manifestaciones sustanciales destinadas a cuestionar la sentencia apelada, que, conjuntamente con los argumentos que hiciera sobre el punto, llevaren a este Tribunal a apartarse del pronunciamiento impugnado (en tal sentido, esta Sala, in rebus, “Falk, Gerardo Francisco Julio c/E.N. -Mº Defensa -Armada s/daños y perjuicios”, expte. nro. 15.291/05, del 13/03/2012 y “D.N.M. c/Airala, Blanca Graciela s/proceso de ejecución”, causa n° 14.836/15, del 25/09/2020, entre muchos otros).
Expte. nº 19.936/2023.-
La exigencia concerniente a la crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo–Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1983, pp. 834/837; en igual sentido, esta Sala, en fallo citado).
De este modo, y tal como se ha reiterado en el plano jurisprudencial, la operación de criticar es muy distinta a la de disentir, puesto que la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener; y, por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (cfr. esta Sala, in rebus, “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E. -Dto. 2769/93 753/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de seg.”, del 14/02/2012 y “Rudolf, Gustavo Enrique c/ENARGAS s/proceso de ejecución”, causa nº 54.754/16, del 24/10/2019; entre tantos otros).
Sentado lo expuesto, es preciso indicar que de la lectura de los agravios esgrimidos no surge que la demandada hubiera invocado o tan siquiera justificado, siquiera mínimamente, cuál es el perjuicio o detrimento económico (en términos de merma de los ingresos que les son debidos), que le hubiera generado reimputar las sumas correctamente a los fines de asignarlas formalmente al plan de facilidades (ya que en lo sustancial, los montos abonados correspondían a la cancelación de dicho plan), tal como ha sido admitido por el Tribunal a quo, debiéndose señalar que las únicas manifestaciones que realizara, fueron expuestas en forma genérica, de lo cual se advierte una simple disconformidad con la decisión cuestionada. Más aun, tomando en consideración que a la fecha no ha sido controvertido que el plan no se encuentre vigente, que no se estén realizando los pagos en término ni que la actora se encontraba imposibilitada oportunamente de acceder a los beneficios del régimen, tal como hubiera sido por hallarse incursa en alguna de las exclusiones previstas por la normativa. Ello es así por cuanto no se advierte de las constancias de autos que se hubieran acreditado extremos que demostrasen circunstancias contrarias a los extremos mencionados.
Tampoco se encuentra controvertido que las presentaciones efectuadas por la parte actora conllevasen la intención de acogerse a los beneficios instaurados por el régimen previsto por la ley 27.541 –con su modificatoria ley 13 27.562-; que las sumas por las cuales se consolidó el plan de facilidades n° O345151 el 30/11/2020 responden a los mismos montos y al tributo ajustado - Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria y otras operatorias- que los reclamados mediante la Resolución n° 163/12 (DV RR1N) con la pertinente quita respecto de los intereses resarcitorios previstos por la normativa.
Antes bien, la única discrepancia advertida entre el acto determinativo y el plan confeccionado, fue la errónea imputación por parte de Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G. y F. al consignar el período fiscal al que respondía el plan presentado; no pudiendo dejar de destacarse que, pese a que la falencia fue detectada habiendo vencido el plazo de rectificación voluntaria en los términos del art. 7° de la RG 4816; el organismo fiscal primigeniamente, sin efectuar observación alguna, actuó como órgano de contralor y convalidó el plan en los términos en que fuera presentado (cfr. constancia que advierte aceptación del mismo y que obra a fs. 235vta.).
A mayor abundamiento, es pertinente destacar que en el pronunciamiento recurrido, el propio Tribunal Fiscal de la Nación reconoció las facultades que recaen sobre la demandada en cuanto al seguimiento de planes como el generado, extremo que fue puesto de manifiesto al resolver que correspondía admitir la condonación de la multa y de los intereses en los términos del art. 11 de la ley 27.541 y su modificatoria ley 27.562 –luego de tener por desistida a la actora de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa, tras entender que se encontraban reunidos los requisitos para ello– al señalar: “…corresponde aclarar que ese beneficio se encuentra sujeto al control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad respecto del régimen de regularización excepcional, como así también de las extremos que debe satisfacer la adora para gozar de los beneficios establecidos en la ley”.
Por todo lo expuesto, no cabe más que concluir que los agravios esgrimidos por la demandada, en contra de la convalidación del plan de facilidades efectuada por el Tribunal a quo en la sentencia recurrida, se circunscriben a una mera disconformidad sustentada en meros óbices formales, sin abordar el aspecto sustancial de la cuestión (esto es, la corrección e integralidad de los pagos efectuados por el contribuyente en cumplimiento del plan de facilidades) y, por tanto, sella la suerte del recurso interpuesto por cuanto, tal como fuera indicado en los considerandos que anteceden, no ha desvirtuado con argumentos válidos que lleve a esta instancia a revocar lo decidido en la sentencia apelada.
Tal como fuera indicado por la instancia anterior, criterio que es compartido por ésta, sostener la postura fiscal en el caso de autos importaría Expte. nº 19.936/2023.-
convalidar un excesivo rigorismo formal en perjuicio del contribuyente y sin advertirse siquiera qué beneficio pudiera generar a la demandada una decisión en los términos pretendidos en vista de lo advertido en los considerandos que anteceden.
IX. Que de lo expuesto se deriva, que el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional no puede prosperar, debiendo por ende ser desestimado y confirmada la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto fue materia de agravio.
En atención al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia deben ser cargadas al Fisco Nacional ya que resultó vencido (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 - t.o. 1998 y modif.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y en consecuencia, confirmar la resolución recurrida, en cuanto fue materia de agravio y 2º) imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Se deja constancia que el doctor Lopez Castiñeira no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia