Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-152797748-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2Intimar al Sr. José Luis SAVIO para que, en el término cinco (5) días, ingrese la suma de sesenta y ocho millones novecientos diecisiete mil cuarenta con ochenta y siete centavos ($ 68.917.040,87.-), en concepto de tasa de actuación – Ley N° 25.964-, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conforme artículo 7° de la ley citada).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-21915303-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Marzo de 2026
El expediente Nro. EX-2023-152797748- -APN-TFN#MEC, caratulado “SAVIA, José Luis s/ Beneficio de litigar sin gastos”; y
I. Que mediante el documento que se encuentra embebido en el IF-2023-152799381-APN-DTD#JGM el incidentista solicitó beneficio de litigar sin gastos en los términos del artículo 79 siguientes y concordantes del C.P.C.C.N, acompañando la prueba documental. Ello, en el marco de la apelación interpuesta contra la Resolución 108/2023 (DV RSF)/Responsable solidario de FOR MEN CUIT 30-71640593-8, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de ARCA (antes, AFIP) que determinó la responsabilidad solidaria del recurrente por Impuestos Internos Título II – Ley 24.674 respecto de los periodos fiscales 06/2020 a 12/2020.
El incidentista expresa que la tasa que corresponde ingresar para actuar ante el Tribunal Fiscal de la Nación se ha calculado sobre un monto exorbitante e inconstitucional, encontrándose imposibilitado financieramente de pagarla. Al respecto, indica que la determinación de oficio que recurre en las actuaciones principales arroja un impuesto absolutamente confiscatorio que vulnera el principio de capacidad contributiva y las garantías constitucionales de igualdad y razonabilidad. Ello así, la base para el cálculo de la tasa de actuación, se convierte en un importe excesivo, arbitrario, desmesurado, que no es inherente al giro del negocio ni está relacionado en modo alguno con la actividad de la empresa de la cual exhibe el carácter de responsable solidario.
Manifiesta que se encuentra afectada la garantía de la defensa en juicio que exige que la necesidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia sea para las personas una posibilidad real y efectiva, y no meramente declamatoria, la que se vería frustrada si alguien no pudiera demandar por no gozar de los medios indispensables para hacer frente a los gastos que son propios de la actividad jurisdiccional.
A fin de demostrar la insuficiencia financiera para hacer frente a la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, acompañó un flujo de fondos confeccionado a marzo 2023 que abarca los períodos septiembre de 2022 hasta febrero de 2023 -ambos inclusive- certificado por contador público en fecha 16 de marzo de 2023.
Citó jurisprudencia y solicitó que se haga lugar al incidente promovido.
II. Que bajo el IF-2024-94491555-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el beneficio y advierte que no se dan en autos los supuestos necesarios para otorgar el beneficio peticionado. En ese sentido, indica que el artículo 78 del CPCCN dispone que el beneficio es únicamente para aquellas personas que carecieran de recursos, esto es, que se encuentren en situación de pobreza que los pusiera en la imposibilidad de litigar.
Sostiene que “el artículo 9° de la ley de Tasa de Actuación prevé que, en el supuesto de litigantes concursados civil o comercialmente, la tasa por actuaciones podrá ser reducida hasta en un cincuenta por ciento (50%). Esto es se trata de una facultad de los Vocales ante la prueba que se rinda. En ese sentido, enfatizo que dicha circunstancia no está acreditada en autos ni ofrece la peticionante prueba en tal sentido.”
Señala que, para que prospere el beneficio se requiere acreditar la existencia de un estado de absoluta imposibilidad de pago, situación que no se encuentra acreditada en las presentes actuaciones. Afirma que, la incapacidad económica no debe confundirse con dificultades financieras. Sin embargo, señala que, en el caso de un concurso preventivo, la propia Ley N° 21.589 -cuyas normas concurren subsidiariamente a reglar los puntos que la Ley N° 22.610 no contempla-, establece una tasa reducida para tal hipótesis.
Expone que a actora cuenta con la asistencia profesional de un estudio de abogados para defender sus intereses, pese a que ello no es requisito obligatorio para actuar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Del mismo modo se considera debió prever los gastos en que incurría al iniciar el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional, toda vez que ellos no surgieron de forma intempestiva.
Asimismo, la representación fiscal pone de manifiesto que con relación a la prueba documental acompañada por el responsable solidario a efectos de acreditar la invocada imposibilidad de pago, consistente en un “Informe de aseguramiento de contador público independiente sobre el flujo de fondos prospectivo preparado como pronóstico”, no cabe más que advertir que no puede tomarse como imparcial y suficiente, a los efectos de tener por acreditados los extremos requeridos para la concesión del beneficio pretendido, un informe donde el propio profesional reconoce que interviene a pedido de la parte que lo ha contratado, y limita su responsabilidad exponiendo que “La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable del flujo de fondos prospectivo adjunto de FOR MEN S.A preparado como pronóstico, basado en situaciones pasadas al momento de este informe – que surgen de los registros contables de la empresa -...”. Y que “Llamó mi atención de que es probable que los resultados reales sean diferentes del pronóstico, ya que los hechos previstos no siempre se producen según lo esperado y la variación podría ser significativa.”
En ese orden de ideas también expresa que, la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas dice que: “la Certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador público al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica”.
A mayor abundamiento indica que la Certificación Literal significa que el contador no exprese ninguna opinión técnica, ni haga auditoría o revisión sobre la información que contienen los mismos y se limite a expresar que ésta surge de registros contables no auditados; todo ello sumado a que los datos para la certificación, parten de datos auto-declarados por la contribuyente.
Por último, cita jurisprudencia en apoyo a su postura y solicita se rechace el beneficio solicitado, con costas.
III. Que corresponde anticipar que las probanzas ofrecidas a fin de acreditar el estado de pobreza requerido a los fines del beneficio bajo análisis quedan limitadas a la documental oportunamente acompañada por la requirente.
Que ello así, bajo PV-2026-17838827-APN-VOCIV#TFN se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “B”.
IV. Que en este orden de análisis, cabe mencionar que el beneficio solicitado por la incidentista se encuentra enderezado a evitar sufragar la tasa de actuación establecida por la Ley Nº 25.964 y demás gastos causídicos. Dicha ley, en su artículo 9° prevé la exención de la tasa de actuación para las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos, instituto procesal que no se encuentra regulado en la ley de procedimiento tributario sino en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Título II, Capítulo VI, artículos 78 a 86.
En efecto, el beneficio de litigar sin gastos comprende un privilegio restrictivo y excepcional, debiéndose por ello demostrar fehacientemente la ausencia de recursos para costear total o parcialmente la demanda que se ha de iniciar (FALCÓN, Enrique; CPCCN Anotado-Concordado-Comentado, T I, página 471). Que en el caso particular, cabe destacar que respecto a la prueba documental acompañada -certificación de flujo de fondos- la misma pertenece a la firma FOR MEN (CUIT 30-71640593-8) que es la contribuyente principal –de la que el incidentista reviste el carácter de responsable solidario-, debiendo en tal sentido hacer hincapié en que el Sr. SAVIO no ha aportado prueba de ningún tipo a los fines de acreditar su propio estado de pobreza, necesario a los fines de la concesión del beneficio solicitado-. En el mismo sentido, es dable agregar que no ha aportado prueba informativa que acredite no tener bienes inmuebles o muebles registrables en el país.
Así las cosas, resulta notorio en las presentes actuaciones el desinterés por parte del incidentista en acreditar el extremo de pobreza indispensable a los efectos de que este Tribunal conceda el beneficio solicitado.
En ese orden de análisis, debe mencionarse que la carencia absoluta de recursos configurativa de la situación de pobreza que justifica la concesión del beneficio no puede confundirse con dificultades financieras o problemas de liquidez. Se trata de una incapacidad económica severa –tener sólo lo indispensable para procurarse la subsistencia- que impide afrontar el pago de la tasa y/o de los gastos causídicos.
Por lo expuesto en los párrafos que anteceden, el incidentista se limitó a solicitar el beneficio, prácticamente sin ningún argumento y sin aportar prueba para acreditar su situación patrimonial, lo que hace imposible que este Tribunal pueda arribar a la convicción de su real imposibilidad de hacer frente a la tasa de actuación y gastos causídicos inherentes al trámite de las actuaciones principales. Como corolario, no existiendo en autos pruebas que acrediten que el incidentista se encuentre en una situación de pobreza extrema que justifique el otorgamiento del beneficio excepcional que requiere, corresponde rechazarlo.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2. Intimar al Sr. José Luis SAVIO para que, en el término cinco (5) días, ingrese la suma de sesenta y ocho millones novecientos diecisiete mil cuarenta con ochenta y siete centavos ($ 68.917.040,87.-), en concepto de tasa de actuación – Ley N° 25.964-, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conforme artículo 7° de la ley citada).
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.03.03 10:35:58 ART Date: 2026.03.03 11:53:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.03 14:47:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.03 14:48:39 -03:00
Fin de la sentencia