Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2019-112987138-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-102223814-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 31 de Agosto de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa EX-2019- 112987138-APN-SGAI#TFN caratulada “SAVIGNANO LEONARDO DANIEL s/recurso de apelación”;
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que por RE-2019-112986468-APN-SGAI#TFN el recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 190/2019 (DV MRR1), de fecha 02 de diciembre de 2019 dictada por la AFI-DGI, por la que se determinó su responsabilidad personal y solidaria respecto de la obligación tributaria de la firma FANTASIA TEXTIL S.A., por la deuda determinada de oficio en las Resoluciones N° 25/2019 (DV MRR1) y 26/2019 (DV MRR1) respecto del Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2014 y 2015) y del Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 09/2013 a 10/2015), respectivamente, con más intereses resarcitorios y se le aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto omitido con sustento en lo normado por el art. 45 de la ley 11.683. En su escrito recursivo el actor relata los antecedentes del acto apelado y se queja de que el mismo tendría como fundamento un argumento meramente teórico basado en el hecho aislado de haber sido autorizado para el uso de cuentas bancarias o el contador certificante del balance cerrado el 31/07/2014, para asimilarlo a la figura del representante legal de una sociedad y de responsable solidario.
Invoca la nulidad de la resolución por falta de motivación, en tanto entiende que las argumentaciones de fondo intentadas por el Juez Administrativo son inexistentes, las que se limitarían a transcribir el ajuste practicado a Fantasía Textil S.A., sin ensayar las razones que motivarían la extensión de la responsabilidad solidaria, exponiendo sin acreditar dos hechos puntuales que no justifican en absoluto la extensión de responsabilidad y omitiendo hacer referencia al carácter subjetivo de la misma, incumpliendo el art. 7 de la ley 19.549. Afirma que el art. 8 de la ley 11.683 requiere que el representante legal incumpla sus deberes tributarios en forma personal y rechaza la extensión de la responsabilidad solidaria cuando el incumplimiento no le es imputable subjetivamente. Que conforme su inciso a) la responsabilidad tributaria atribuible a los directores o gerentes se halla supeditada a la acreditación de los extremos que rigen la responsabilidad del derecho común, por lo que se requiere ineludiblemente, la verificación de los presupuestos básicos que la componen, entre los que se cuenta la antijuridicidad, la conducta reprochable del administrador, la existencia de un daño concreto y una adecuada relación de causalidad entre ambos.
Agrega que la pretendida intención de llevar adelante un ajuste sin prueba alguna que acredite su intervención en la liquidación de tributos, así como la negligencia en su actuar, lo coloca ante la necesidad de probar un hecho negativo, lesionando los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad.
Considera que la multa aplicada resulta improcedente, por cuanto no se habrían configurado los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el art. 45 de la ley 11.683, en tanto el ingreso del impuesto omitido no estaba a su cargo sino de Fantasía Textil S.A., persona jurídica de la cual no integra su directorio, ni posee ningún tipo de responsabilidad más allá de ser autorizado para el uso de cuentas bancarias, lo que manifiesta una ausencia total de culpabilidad. Invoca el principio de personalidad de la pena y cita jurisprudencia al respecto. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y peticiona que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que por IF-2020-63127637-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone solicita que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que en RE-2023-20302283-APN-DTD#JGM el recurrente solicita se ordene el archivo de las presentes actuaciones debido a que la causa ha devenido abstracta por la cancelación de la deuda reclamada. Informa que en los autos EX-2019-112990870-APN-SGAI#TFN caratulados “Pablo Martín Savignano s/recurso de apelación”, en trámite ante la Vocalía de la 4° Nominación, se acreditó la regularización de la totalidad de la deuda reclamada que diera origen a los presentes actuados, mediante la adhesión al régimen regularización dispuesto por la ley 27.541 y sus modificatorias. Adjunta constancias del acogimiento (cfr. RE-2023-20301763- APN-DTD#JGM y RE-2023-20302095-APN-DTD#JGM).
Refiere que este Tribunal con fecha 27/11/2020 dictó sentencia en los mencionados autos en la cual resolvió tener por regularizados los conceptos reclamados. Lo que fue ratificado por la Alzada en decisorio del 03/02/2023, declarando de forma expresa la condonación de la multa y los intereses correspondientes. Acompaña dichos pronunciamientos (cfr. RE-2023-20298729-APN-DTD#JGM e INLEG-2021-42738334-APN-VOCIV#TFN).
Afirma que la Resolución N°189/2019 es la que ha originado las presentes actuaciones, por lo tanto la causa ha devenido abstracta, debiendo ordenarse su archivo, y solicita que se tenga por regularizada la deuda reclamada y por condonada la multa, en los términos del art. 11 de la ley 27.541 y sus modificatorias y art. 25 de la R.G. 4816/2020.
IV. Que corrido traslado la representación fiscal informa en IF-2023-55708121-APN-DTD#JGM que “.. de las verificaciones efectuadas por esta representación se ha podido constatar que la deuda discutida en autos respecto del Sr. Leonardo Daniel Savignano en su carácter de administrador por el cumplimiento de la obligación impositiva de FANTASÍA TEXTIL S.A., ha sido objeto de regularización en el marco del expediente EX-2019-112990870, ello a través de adhesión a un plan de facilidades de pago del contribuyente SAVIGNANO PABLO MARTIN, CUIT N° 20276780965 mediante acogimiento a la Ley N° 27562, del 27/11/2020 N° O316536, regularizando deuda de I.V.A. y del Impuesto a las Ganancias, solicitando un pago a cuenta y 90 cuotas para su cancelación.”
V. Que en PV-2023-96194177-APN-VOCIII#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y por IF- 2023-99073038-APN-VOCIII#TFN se llaman a Sentencia.
VI. Que en primer lugar corresponde rechazar lo solicitado por el recurrente respecto de que sea declarada abstracta la presente causa y del otorgamiento de los beneficios establecidos en el régimen de regularización de la ley 27.541 y sus modificatorias.
En efecto, ello es así, toda vez que, si bien las obligaciones reclamadas al actor en carácter de responsable solidario han sido incluidas en un plan de facilidades de pago en los términos de la mencionada ley, lo cierto es que el acogimiento y desistimiento no ha sido realizado en los presentes actuados, sino por el Sr. Pablo Martín Savignano en el expediente de la Sala B antes citado, encontrándose por tanto la efectiva regularización de la deuda reclamada supeditada al cumplimiento, por parte de éste último, al pago de las 97 cuotas del plan de facilidades de pago suscripto con fecha 27/11/2020 (Cfr. RE-2023-20301763-APN-DTD#JGM).
VII. Que sentado lo anterior, corresponde ahora expedirse respecto de la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal y solidaria realizada por el Fisco Nacional sobre el Sr. Leonardo Daniel Savignano respecto de la deuda determinada a la firma Fantasía Textil S.A.
Del informe obrante a fs. 1 a 19 del cuerpo “RESPONSABLES SOLIDARIOS” de las actuaciones administrativas, surge que la cuestión bajo análisis tiene su origen en el requerimiento realizado por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°10 a la Dirección de Planificación Penal de AFIP para que proceda a realizar la verificación y el cálculo de la deuda tributaria respecto de catorce empresas textiles, supuestamente vinculadas al grupo de la “Familia SAVIGNANO”, entre ellas Fantasía Textil S.A. en el marco de la causa N° CPE 1422/2015, caratulada “N.N. S/Infrac. Ley 24769”.
A raíz de ello se dictaron las Resoluciones N° 25/2019 y 26/2019, ambas de fecha 05/02/2019, correspondientes a la fiscalización realizada a la firma Fantasía Textil S.A. bajo la O.I. N° 1.585.317, notificadas el el 14/02/2019, cuyos importes determinados no fueron ingresados por ésta hasta la fecha del dictado del acto apelado. Respecto del apelante, los agentes fiscalizadores observaron que la CUIT informado en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de Fantasía Textil S.A. corresponde al Contador Leonardo Daniel Savignano y que en el sistema E-Fisco figura como profesional certificante, constantándose dicho carácter en los Estados Contables al 31/07/2014.
Asimismo, verificaron que los accionistas de la firma -Sres. Salave Damián Ariel y Séspede Claudia Lorenanunca pudieron operar con el Banco Itaú Argentina S.A., donde la firma posee sus cuentas, dado que el representante legal de la empresa y único autorizado para operarlas era Leonardo Daniel Savignano, conforme lo informado por la entidad bancaria en respuesta al requerimiento cursado.
Por otra parte, del mentado informe surge que en el marco de la causa penal se realizaron allanamientos en el domicilio donde desarrollaba actividades el estudio contable “GLOBAL CONSULTING SA”, cuyo titular es el Sr. Leonardo Savignano, donde se secuestró documentación impositiva-contable. Entre ella, un contradocumento correspondiente a la firma LE LION S.R.L. -una de las catorce empresas investigadas en la causa- donde dice que las cuotas partes cedidas son “ABSOLUTA Y EXCLUSIVA PROPIEDAD” del Sr. Leonardo Savignano.
Obsevaron también que el personal de LE LION S.R.L. fue transferido a la firma CONFERMEN SRL. Luego, en la misma fecha en que ésta tramitó sus bajas, se pudo constatar que se dieron las Altas Tempranas de más del 95% del personal declarado por ésta, por parte de FANTASÍA TEXTIL S.A.
Por todo ello, el Fisco Nacional entedió que el actor ha cumplido funciones de administrador de fondos sociales, así como también ha intervenido en la determinación de la materia imponible, ello en su rol de contador de la empresa, por lo cual, habiéndose verificado el incumplimiento por parte del principal, le cabría la aplicación de las previsiones contenidas en el art. 6° inciso d) de la ley 11.683, dictando el acto que aquí se apela.
VIII. Que en primer lugar debe desecharse el planteo de nulidad opuesto por el recurrente vinculado a la falta de fundamentación y motivación del acto apelado.
Ello por cuanto la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Organismo Fiscal para encuadrar la conducta del recurrente, no resulta sustento a la defensa de la nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el Juez administrativo es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Como sostuvo la Sala B, que integro como Vocal titular, in re “Siev Publicidad S.A.” (Sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto administrativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el Juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones den los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable.”
En ese orden, contrariamente a lo afirmado por la parte actora, de la compulsa de los antecedentes administrativos que dan cuenta de la tarea de fiscalización y de la lectura de los considerandos del acto apelado, surgen claramente sus fundamentos emanados tanto de los hechos constatados como así también su sustento normativo.
IX. Que sentado lo anterior, entrando en el análisis de la cuestión de fondo, cabe recordar que el artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17...".
En ese sentido, debe señalarse que surge de las presentes actuaciones que el Fisco Nacional ha intimado de pago al deudor principal mediante intimaciones de fecha 14/02/2019 y el deudor principal no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de notificadas, hechos sobre los cuales no surge controversia entre las partes (cfr. fs 92/93 cuerpo “Resoluciones y Recurso de Reconsideración” A/A).
En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el caso “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/ DGI” de fecha 11/02/2014 que: “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
En tales condiciones, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues los actos administrativos por los que se determinó la obligación tributaria del principal, sin que éste acreditara cumplimiento de las intimaciones de pago, fueron notificados casi 10 meses antes de la resolución que extiende la responsabilidad a al solidario, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
X. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En este sentido, atañe al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer valer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “...se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente” (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, sentencia del 06/02/1998).
Ello así, cabe destacar que las manifestaciones del recurrente no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que dice causarle agravio. El argumento relacionado con que es simplemente un autorizado al uso de las cuentas bancarias resulta insustancial, toda vez que, como fuera informado por el Banco Itaú Argentina S.A., el Sr. Leonardo Daniel Savignano figura en sus registros como representante legal y se encuentra autorizado para la firma de cheques. Asimismo, como puede observarse del legajo de apertura de cuentas remitido por dicha entidad éste ha firmado la documentación consignando de su puño y letra poseer el cargo de apoderado (Cfr. Cuerpo Anexo Circularización Bancaria – Itau SA de los A/A).
Así las cosas, el carácter formal de responsable solidario que el recurrente pone en duda, se encuentra suficientemente demostrado conforme surge de los antecedentes mencionados, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de las responsabilidades solidarias a los apelantes. Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina la responsabilidad solidaria del recurrente, con costas.
XI. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, no habiéndose expresado agravios al respecto, corresponde su confirmación y recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que, finalmente, en cuanto se refiere a la multa aplicada al responsable con sustento en el art. 45 de la Ley 11.683, cabe señalar que la objetividad del mecanismo de solidaridad por el incumplimiento no tiene análoga automaticidad en cuanto al aspecto represivo. Ello así, por cuanto la responsabilidad por deuda ajena no se establece con un criterio meramente formal sino a título represivo, que responde a los fundamentos de responsabilidad por dolo o culpa y a cuyos efectos debe valorarse la conducta del responsable.
Que a partir de la plataforma fáctica exteriorizada y la ausencia de prueba en contrario por parte del recurrente, no existen razones para apartarse de la valoración fiscal, en cuanto considera la identidad de la conducta de la sociedad con sus responsables legales. Pues, en el presente caso no se advierte que el reproche infraccional haya sido extendido al responsable en forma “automática”, es decir, con ausencia de fundamentos concretos que den cuenta de su conducta exteriorizada.
A ello debe sumársele que el art. 55 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que son personalmente responsables de las infraccions previstas en los arts. 45 y 46, como infractores de los deberes fiscales de carácer material que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandatos o gestión de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los incisos a)a ae) del art. 6°, por lo que no se advierte ningún tipo de óbice para que el organismo recaudador, al vereificar el nacimiento de la responsabilidad solidaria frente a la deuda tributaria, conforme con lo previsto por el art. 8° de la ley 11.683, aplique una mulata en los términos del art. 45 de la ley de procedimiento tributario.
Por ello, ante la constatación de impuesto omitido de ingresar y la falta de acreditación de la configuración de la figura del “error excusable”, corresponde confirmar la multa impuesta al responsable solidario, con costas.
XIII. Que en otro orden, la decisión que se adopta respecto de la procedencia de su carácter de responsable solidario no implicará la efectivización de la intimación de pago, atento que ello dependerá del cumplimiento del plan de pagos al que se acogió el Sr. Pablo Martín Savignano.
La Dra. O´Donnell dijo:
En atención a las constancias de autos y la reseña efectuada por el Vocal Instructor en el Considerando III y IV, toda vez que las obligaciones intimadas al aquí recurrente han sido regularizadas por el Sr. Pablo Martín Savignano, en su carácter de responsable solidario conjuntamente con el aquí actor por las obligaciones tributarias de Fantasía Textil S.A., el recurso de apelación presentado contra dicho acto ha devenido abstracto, correspondiendo que así se declare, con costas por su orden.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al Voto del Dr. Porporatto.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2023.08.31 12:33:39 -03:00 Date: 2023.08.31 13:16:23 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.31 18:11:03 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.31 18:11:04 -03:00
Fin de la sentencia