Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2203/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 181/224 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2203/17-TSJ Interlocutorio N°: 438 Actor: SCANDIZZO CHRISTIAN Demandada: BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 04-10-2019 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 438 FOLIO Nº 1661/1667 PROT. ELECT. TSS1 026 O.191
Río Gallegos, 4 de octubre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “SCANDIZZO CHRISTIAN C/ BANCO DE SANTA CRUZ S.A. S/ LABORAL”, Expte. Nº S-1083/16 (S-2203/17-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Miguel Nicolás Cano (cfr. fs. 181/224 vta.), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 174/177 vta., por cuanto declara mal concedido el recurso de casación por resultar formalmente inadmisible.- La parte recurrente plantea que impugna la resolución de marras por arbitrariedad, violación del derecho de defensa y por ser un caso federal (cfr. foja 207).-
Afirma que la resolución atacada “...lesiona gravemente dere-chos de raigambre constitucional como la protección contra el despido arbitrario; la estabilidad del empleado público; el derecho a la organización sindical libre y demo-crática y de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo, en virtud de lo normado por los arts. 48, 50 y 52 de la ley de asociaciones sindicales, y de lo dispuesto por el art. 14 de la ley provincial N° 2.409, arts. 32 y 64 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, y ley 12.637.” (cfr. foja 207 vta.).- Expresa que el interlocutorio violenta el debido proceso, la estabilidad del empleado público (cfr. arts. 16, 18, 75 inc. 22 de la C.N.), constituyendo una cuestión federal compleja directa, toda vez que existiría una colisión entre lo estatuido por las Constituciones Nacional y Provincial; y la resolución recurrida (cfr. foja cit.).-
Considera que se presenta un supuesto de arbitrariedad que deriva de una clara afectación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 214).-
Le achaca a la resolución recurrida que: “...no decide sobre cuestiones planteadas por esta parte, y trata con laxitud el planteo efectuado por esta parte respecto al conflicto entre leyes (ultraactividad de la ley) planteada en las instancias inferiores, y el excesivo rigorismo formal observado, en abierta violación de derechos de raigambre constitucional, que a su vez, afecta derechos adquiridos.” (cfr. foja 214 vta.).- Señala que el caso que nos convoca se vincula con la discrimi-nación por cuestiones gremiales y la estabilidad del empleo público, en abierta violación a lo normado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (cfr. foja 215 vta.).-
Considera que la Excma. Cámara de Apelaciones revoca la sentencia de primera instancia en un fallo muy escueto y evidentemente tendencioso; y, por ende, arbitrario e incongruente (cfr. foja 217).-
Plantea que la Alzada no trata el eje vinculado a que el actor resultaba ser un empleado público y, en consecuencia, sí gozaba de estabilidad. Califica a esta conducta como de mala praxis procesal (cfr. foja cit.). Al respecto, añade que la demanda se basa en dos ejes, la protección del empleo público y la tutela sindical (cfr. 217 vta.). En relación a lo antedicho observa que: “Existe identidad de partes, actora y demandada, el mismo objeto -el pedido de restitución del Sr. Scandizzo a su puesto de trabajo-, e identidad de proceso, pues para ambas demandas el ritual establece el proceso sumarísimo. Por lo que, a entender de esta parte, y a los efectos de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario se planteo la demanda basada sobre ambos ejes, pues de lo contrario el Sr. Scandizzo se habría visto obligado a iniciar dos demandas, una solicitando la restitución a su puesto de trabajo basado en el derecho de raigambre constitucional protectorio de la estabilidad del empleo público; y otra, basada en la tutela sindical, lo que a entender de esta parte es absurdo. Por lo que de entender la Excma. Cámara de Apelaciones que el presente proceso que ambas partes han introducido cuestiones que no corresponden al presente trámite debió indicar cuáles eran esas cuestiones, y no lisa y llanamente dejarlas sin tratamiento, como lo hizo [...] Incurriendo de esta manera en arbitrariedad en tanto no decide sobre las cuestiones planteadas por la parte, incurriendo en incongruencia, pues no indica los motivos por los que entiende que no corresponde al presente trámite, incurriendo también en citra petita.” (cfr. fs. 217 vta./218).- También plantea que se incurre en incongruencia y arbitra-riedad porque la Excma. Cámara de Apelaciones revoca una resolución que se encon-traba firme y por ende había adquirido autoridad de cosa juzgada (cfr. foja 218 vta.).-
Agrega que el Tribunal Superior de Justicia incurre en excesivo rigor formal al rechazar su recurso de casación (cfr. foja cit.).-
Postula que: “...el Excmo. Tribunal Superior de Justicia no se ha impuesto de todas y cada una de las alegaciones hechas por esta parte y que se refieren precisamente a tales normas violadas y su relación con el caso que nos ocupa. Lo que nos parece una innegable arbitrariedad por parte de ese Alto Cuerpo, que en lugar de atenerse a la letra de la Constitución que gobierna la materia, se sirve de un relato que es ajeno al progreso del proceso y de la garantía de justicia que merece todo ciudadano, ausente en este fallo.” (cfr. foja 220).- Añade que este Alto Cuerpo soslayó olímpicamente el trata- miento de la validez o no en lo referente a la ultraactividad de la ley (cfr. foja 220 vta.).-
Advera que según el artículo 14 de la Ley Provincial Nº 2409, el Sr. Christian David Scandizzo tiene estabilidad laboral por ser un derecho adquirido con anterioridad a la transformación del Banco de la Provincia de Santa Cruz en el Banco de Santa Cruz S.A.. Sobre el particular destaca que cuando la parte recurrente ingresó a trabajar se encontraba vigente la Ley Provincial Nº 1303 y en función de dicha ley el mismo era empleado público. Condición que se mantiene, sigue diciendo, en razón de lo estatuido por los artículos 13 y 14 de la Ley Provincial Nº 2409, lo que estima conteste con el artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 220 vta./221vta.).- Expresa que la demandada conocía muy bien que la parte recurrente había sido designada como miembro de la organización sindical, de allí que se apura a despedirlo (cfr. foja 222).-
En relación a lo antedicho afirma que: “Evidentemente, si el actor suscribió la 'conformidad de candidato' el día 9 de Marzo de 2016, y el 10 de Marzo de 2016 fue despedido, se hace imposible que se pudiera comunicar inmediata y fehacientemente su candidatura a su empleadora, sobre todo teniendo en cuenta que quien iba a realizar la comunicación era el sindicado. Por lo que es imposible que el actor pudiera acreditar mediante una prueba formal la notificación a su empleadora.” (cfr. foja cit.).- Además, entiende que se aparta de lo normado en el artículo 50 de la Ley Nº 23.551, que establece que a partir de sus postulación para un cargo de representación sindical el trabajador no podrá ser suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo por el término de seis (6) meses (cfr. foja 222 y vta.).-
Postula que la sentencia de este Alto Cuerpo constituye un acto judicial arbitrario por “'incurrir en ritualismos excesivos, o en abuso de forma, en desmedro de la verdad sustancial.'” (cfr. foja 224).-
A foja 226 se le corrió traslado del recurso extraordinario a la demandada. Ésta evacúa el traslado, por intermedio de su apoderado, solicita que se descarten los argumentos vertidos en aquel y se ratifique la resolución impugnada; con expresa imposición de costas (cfr. fs. 233/235).-
Que a foja 236 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó a fs. 237/238. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
Que a foja 239 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que analizando la presentación de la parte recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articu-lado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Alto Cuerpo, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio parcial cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 pues presentó casi la totalidad de su recurso en formato de hoja A4, con excepción de la caratula (tamaño oficio, cfr. foja 181 y vta.).-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.- En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º, y parcialmente los requisitos del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que cumple parcial-mente las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo el inciso d) (ccte. con el art. 1 de la Acordada 31/2011) al no consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. foja 181 y vta.).-
No obstante, dicho incumplimiento, valorado aisladamente, no será tenido como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (cfr. Fallos 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así toda vez que la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión federal invocada.- Carlos R. Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que: “…la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada […] que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión 'reserva del caso federal'. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluido, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios.” (cfr. autor y ob. cit., Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, págs. 122/123).- Por otra parte, también se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (cfr. art. 3º, inc. c) de la Acordada Nº 4/2007). Es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Andrés Gil Domínguez: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, págs. 108/109); sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (cfr. Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño, “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La recurrente funda su recurso extraordinario federal en el artículo 14 de la Ley Nº 48, pero sin especificar en cuál de sus incisos (cfr. fs. 181/vta.; y 207 y vta.) y sin indicar, adecuadamente, cuáles serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas.-
En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación; no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso; ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, incs. 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 48). Al contrario, en el interlo-cutorio atacado se resolvió que el recurso de casación intentado por el recurrente había sido mal concedido por insuficiente fundamentación (cfr. fs. 174/177 vta.).- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º, inc. e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta la relación directa (cfr. Carlos R. Tribiño, “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 106).- A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales por tratarse de cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que aquellas resoluciones mediante las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local, ante ellos interpuestos, no son revisables -en principio- por la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. del Dictamen de la Procuración General que la Corte comparte y al que remitió en Fallos 327:5416), siendo, además, la tacha de arbitrariedad a su respecto sumamente restrictiva (cfr. del Dictamen del Procurador General que la Corte remite en Fallos 326:750).- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la C.N.), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Asimismo, debemos indicar que la apertura de la instancia que se suscita también deviene improcedente en la medida que una de la cuestiones planteadas, la alegada violación de derechos con fundamento en los artículos 48, 50 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 (cfr. foja 207 vta.), remite a la consideración de normas de derecho común, que son propias de los jueces de la causa y ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria (cfr.
Fallos 341:688, 341:262, 340:1357, entre muchos otros).- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrarie-dad en el caso -cuestión esta última a la que se hará referencia en el considerando siguiente-. Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr.
Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acor-dada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
Finalmente, se observa que la recurrente cumplió con los recau-dos previstos en los artículos 8 y 9 de la Acordada de marras pues transcribió, a fs. 182/206 vta., las normas jurídicas no publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, con consignación del período de vigencia de las mismas e indicó las citas de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que funda su recurso.-
III. Que, asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado en ciertas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad (cfr. fs. 207 y 214/215 vta.).-
Respecto de este carril -por el cual la recurrente pretende encauzar su recurso- debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que dicha doctrina es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitu-ción Nacional (cfr. Fallos 325:3265).- Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Alto Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas jurisprudenciales y doctrinarias que son contestes con el criterio sustentado (cfr. fs. 174/177 vta.). Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface los requisitos exigidos para la validez de los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103; 321:1909) (cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre otros). Mal puede sostenerse entonces que la resolución impugnada “...no satisface -como razonamiento- las exigencias de un acto jurisdiccional...” (cfr. foja 224).- Por lo demás, las críticas que la recurrente dirige contra el interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la resolución recurrida, que se haya violado las garantías de defensa en juicio o debido proceso y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.-
En efecto, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia recordó en su interlocutorio que resultaba inadmisible el recurso de casación en atención a la insuficiente fundamentación de la casación (cfr. fs. 174/177 vta.).-
Es que, en rigor, el verdadero agravio de la recurrente es ni más ni menos que el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya aquél por una interpretación más favorable a sus intereses, que de haberse visto afectados, tienen origen únicamente en una conducta propia. En este sentido, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado acabado cumplimiento con los recaudos previstos en la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.- Las costas deben imponerse al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota, conforme artículo 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 436, Folio 1656/1658).-
Por lo expuesto, corresponde no conceder el recurso extra-ordinario federal interpuesto a fs. 181/224 vta., con costas a la recurrente vencida. Así lo votamos.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
I. Los hechos que motivaron el tratamiento del presente recurso extraordinario federal han sido adecuadamente expuestos en el relato de mis distinguidos colegas preopinantes; sin embargo disiento con lo resuelto en cuanto no concede el remedio procesal, en virtud de las razones que a continuación expondré.-
II. Tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007(modificada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011, corresponde que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad comunes, formales y propios del recurso articulado.- En ese orden lo primero que se debe destacar es que la resolu-ción recurrida exhibe el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. En efecto la decisión recurrida es definitiva, fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia que es requisito de proce-dencia del recurso extraordinario que la decisión apelada revista el carácter de senten-cia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insu-ficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (cfr. Fallos 303:633; 306:1670).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
III. Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, surge de los antecedentes de la causa que el presente recurso se interpuso ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo establecido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y exhibiendo sufi-ciente fundamentación, tal como exige el artículo 15 de la Ley Nº 48. A lo que se suma que la cuestión federal ha sido oportunamente introducida.- Se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada Nº 38/2011, toda vez que la presentación se realizó en formato de hoja A4, por lo tanto este recaudo formal también se encuentra satisfecho.-
Asimismo, conforme con las previsiones de la Acordada 4/2007, se advierte que la presentación no supera las 40 páginas y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º) y cuenta con la carátula en hoja aparte cumplien-do con las exigencias establecidas en el artículo 2º.-
La recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal, sin embargo omitió consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. art. 2º, inc. d), de la Acordada Nº 4/2007 cc. con el art. 1 de la Acordada 31/2011).-
No obstante el incumplimiento señalado precedentemente no será tenido en cuenta como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado, a fin de no caer en un exceso de rigor formal, tal como lo señalara el Máximo Tribunal de la Nación (cfr. Fallos 334:196).-
IV. En cuanto a los requisitos propios o sustanciales, la recurrente invoca agravios de naturaleza federal. Denuncia, sobre el particular, violación a las disposiciones constitucionales y de normas internacionales (con rango constitucional) entendiendo que la sentencia recurrida resulta violatoria de “...la protección contra el despido arbitrario; la estabilidad del empleado público; el derecho a la organización sindical libre y democrática y de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo...Asimismo violenta el debido proceso, la estabilidad del empleado público (Arts. 16, 18, 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional)...” (cfr. foja 207 vta.); así como arbitrariedad de la sentencia violándose preceptos convencionales y constitucionales. Por lo cual concluye que el tratamiento del presente recurso resulta pertinente por la vía establecida en el artículo 14 de la Ley Nº 48, toda vez que la decisión es contraria a los derechos federales invocados.- Conforme surge de las constancias de autos, la pretensión se funda directamente en las normas de máxima jerarquía de la Nación como son la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional (cfr. art. 75 inc. 22 de la CN). Asimismo invoca la causal de arbitrariedad de la sentencia. Esta última por haberse omitido el tratamiento de las cuestiones planteadas tales como la calidad de empleado público del actor (cfr. foja 217) y por haberse fundado el fallo, a su parecer, tan solo en uno de los ejes de la demanda, en el caso, la tutela sindical.- En virtud de lo expuesto, surge con claridad el estrecho vínculo entre la materia de estos autos con la normativa constitucional federal y convencional citada por la recurrente.-
Lo señalado precedentemente, permite concluir que la impug-nación, cuenta, en principio, con fundamentos suficientes para dar sustento a la pre-tensión de revisión ante el Máximo Tribunal de la Nación. Los planteos formulados por la recurrente involucran cuestiones federales que se relacionan en forma directa e inmediata con el objeto del juicio. Se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del artículo 3º (cfr. Acordada 4/2007); artículos 14 de la Ley Nº 48 y 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; y ha sido interpuesto en los términos de los artículos 15 de la Ley Nº 48 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-
V. En este marco, atento el modo en que fueron desarrollados los agravios, estimo que el remedio intentado satisface los recaudos necesarios para su concesión.-
Por lo expuesto, corresponde conceder el recurso extraordinario de apelación federal en estudio y ordenar, en consecuencia, que se dispongan las medidas de estilo para su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayo-ritario y concordante de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 181/224 vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-; Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1026O.191 Tomo: IX Interlocutorio: 438 Folio N°: 1661/1667 Secretaría: 1
Fin de la sentencia