Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-64572165-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° RESOL-2022-4694-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Jefa del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 18036-4334-2016.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-92498836-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 22 de Septiembre de 2026 En Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: "SCANIA ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX-2022-64572165-
-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución N° RESOL-2022-4694-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, la autoridad aduanera impuso a la encartada una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente en forma solidaria con la aseguradora al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se basa en el presunto incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma SCANIA ARGENTINA SA habría omitido cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación N°11001IT16000634W.
II. Contra dicho pronunciamiento, la empresa interpone recurso de apelación y solicita su revocación. Sostiene, en primer término, que la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria N° 11001IT16000634W se encuentra completamente regularizada, por haber sido reexportados en su totalidad los insumos ingresados temporariamente mediante los permisos de embarque indicados en la declaración jurada de descarga, extremo que —según afirma— surge también de la documentación acompañada en sede administrativa y de las constancias del Sistema Informático Malvina. En ese marco, afirma que ninguna infracción al régimen de admisión temporaria se configuró, pues el servicio aduanero no habría cuestionado la efectiva reexportación de la mercadería, sino únicamente la existencia de mermas previstas en el CTIT y la falta de registro del subrégimen IC82. Aduce que tal observación resulta insuficiente e incongruente para fundar una condena por el total de la mercadería importada temporariamente, ya que, aun si se entendiera exigible la importación para consumo de eventuales mermas, ello sólo podría proyectarse sobre esas mermas y no sobre la totalidad de la destinación. Agrega que, en el caso, las supuestas mermas consistían en rechazos de piezas de acero y que, al no haberse producido rechazos en el proceso productivo, la totalidad de los insumos fue incorporada a los productos exportados. Asimismo, plantea la nulidad del sumario por falta de causa y motivación, por la ausencia de diligencias probatorias suficientes, por la omisión de valorar la prueba y las explicaciones brindadas al contestar la vista, y por la extrema demora del procedimiento, que —según sostiene— afectó su derecho de defensa. En consecuencia, solicita, en subsidio, que se declare la nulidad de las actuaciones sumariales y la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y reclamar tributos.
III. Por su parte, el representante del organismo fiscal contesta el traslado conferido y solicita el rechazo del recurso de apelación. Luego de formular la negativa genérica de rigor, sostiene la validez de lo actuado en sede administrativa y rechaza el planteo de nulidad deducido por la actora. A tal fin, afirma que cualquier cuestionamiento dirigido contra la notificación o contra los actos del procedimiento resultaría extemporáneo a la luz del artículo 1051 del CA, por haber sido consentido tácitamente al no promoverse el incidente correspondiente dentro del plazo legal. Asimismo, se opone a la prescripción invocada, señalando que la acción fiscal para percibir tributos se rige por los artículos 803 y siguientes del mismo plexo legal, y que las constancias administrativas evidenciarían la existencia de actos con aptitud interruptiva o suspensiva del curso prescriptivo, por lo que la resolución apelada habría sido dictada dentro del término legal.
En cuanto al fondo, afirma que la actora se acogió voluntariamente al régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial y, por ello, asumió la obligación esencial de reexportar la mercadería o regularizarla en tiempo y forma, bajo las condiciones previstas por la normativa vigente. Sostiene que, en estos supuestos, pesa sobre la importadora la carga de acreditar en forma fehaciente, mediante documentación aduanera pertinente, la cancelación total y oportuna de la destinación suspensiva, incluyendo la adecuada correspondencia entre los insumos importados y los bienes exportados o nacionalizados. En esa línea, afirma que las manifestaciones de la actora no desvirtúan la denuncia ni las constancias del sumario, y que la documentación acompañada resultaría insuficiente o incompleta para tener por probado el cumplimiento integral del régimen, especialmente frente a la observación relativa a las mermas previstas en el CTIT y a la falta de utilización del subrégimen IC82.
Agrega que, configurado el vencimiento del plazo de permanencia sin acreditación suficiente de la regularización, se verifica la infracción prevista en el artículo 970 del CA, así como el siniestro que habilita el reclamo de los tributos y accesorios correspondientes, incluso respecto de la garantía constituida. Por tales razones, solicita que se confirme en todas sus partes la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas a la actora. Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, de las constancias de autos se desprende que el vencimiento de la destinación suspensiva de importación temporaria denunciada por el servicio aduanero tuvo lugar el 05.07.2012. Sin embargo, recién el 30.06.2017, es decir, luego de un lapso cercano a cinco años caracterizado por una injustificada inactividad administrativa —durante el cual únicamente se procedió a la determinación de la multa y de los tributos y a la consulta de la garantía en el SIM—, se dictó el auto de apertura del sumario y, con fecha 03.02.2020, se confirió la correspondiente corrida de vista. A su vez, la resolución que puso fin al procedimiento en sede administrativa fue emitida el 07.06.2022, esto es, a casi diez años del vencimiento de la destinación temporaria.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. Así las cosas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y sancionada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación Temporaria N° 11001IT16000634W.
En dichos términos, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
VII. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VIII. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Sentado ello, corresponde precisar que la imputación formulada en autos se sustenta en lo informado por el servicio aduanero a fs. 43 de las actuaciones administrativas N° 18036-4334-2016, en cuanto señaló que “el CTIT involucrado declara tener mermas y no realiza el subrégimen IC82”.
Al respecto, la Resolución N° 2771/1996 contempla, en su Anexo V, los subregímenes SIM correspondientes a las destinaciones suspensivas de importación temporaria y a sus respectivas cancelaciones. Entre ellos, el subrégimen IC82 identifica la destinación definitiva de importación para consumo de los desperdicios resultantes del proceso de manufactura industrial de mercadería importada temporariamente bajo el subrégimen IMPTEMCT.
En tales condiciones, el único incumplimiento atribuido a la actora radica en que el CTIT aplicable prevé, respecto de determinados ítems, la existencia de mermas, sin que se encuentre registrada la correspondiente destinación de importación para consumo de dichos desperdicios. Es decir, el reproche formulado se circunscribe exclusivamente a la falta de oficialización del subrégimen IC82 respecto de tales mermas.
X. Ahora bien, la respuesta brindada por el servicio aduanero al oficio librado en autos tampoco modifica esa conclusión (ver IF-2024-00531048-AFIP-DETEIM#SDGTLA). En efecto, la consulta formulada se dirigía a precisar si la firma debía exportar el 100 % de los insumos importados temporariamente cuando no existieran rechazos de piezas que pudieran constituir mermas, conforme la tipificación contenida en el CTIT Nº 08062/2010. Frente a ello, el organismo se limitó a transcribir los arts. 1, 12 y 19 del Decreto Nº 1330/04 y a señalar, en términos genéricos, que la inexistencia de mermas no eximía a la empresa de cumplir con las obligaciones del régimen. Sin embargo, dicha respuesta no identifica un incumplimiento distinto de la falta de oficialización del subrégimen IC82 ni controvierte, de manera concreta, la cancelación de la destinación temporaria respecto de los insumos incorporados a la mercadería exportada. De este modo, no se advierte sustento para extender los efectos del reproche circunscripto a la falta de oficialización del subrégimen IC82 respecto de las mermas, a la totalidad de la destinación temporaria involucrada. Pese a ello, el servicio aduanero consideró incumplido el régimen en su totalidad y condenó a la actora por la totalidad de la DIT, aun cuando ésta había acompañado los Permisos de Embarque que, junto con sus respectivos CTIT, acreditarían la cancelación de la destinación temporaria respecto del resto de la mercadería.
XI. En los términos expuestos, la extensión de la sanción correspondiente al régimen de importación temporaria a la totalidad de la DIT resulta desproporcionada y carente de sustento suficiente, desde que la imputación aduanera se encuentra limitada, en su propia formulación, a la falta de oficialización del subrégimen IC82 respecto de las mermas previstas en el CTIT. En efecto, aun cuando se admitiera hipotéticamente que tal omisión hubiese configurado un incumplimiento susceptible de reproche, ello no autoriza, sin una fundamentación concreta y específica, a tener por incumplida la totalidad de la destinación temporaria ni a proyectar sus consecuencias sancionatorias y tributarias sobre mercadería cuya cancelación fue documentada mediante los permisos de embarque acompañados.
De allí que el acto recurrido exhiba una falta de adecuada correspondencia entre el hecho imputado y la consecuencia jurídica aplicada, lo que priva de razonabilidad a la condena y deja sin finalidad legítima la imputación en los términos en que fue sostenida por el servicio aduanero. Dicho de otro modo, la respuesta sancionatoria no puede exceder el alcance del incumplimiento concretamente atribuido ni prescindir de las constancias que acreditan la regularización de la destinación respecto de la mercadería efectivamente reexportada.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° RESOL-2022-4694-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Jefa del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 18036-4334-2016.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial a la Segunda Cuestión del voto del vocal Instructor y, en consecuencia, a la parte resolutiva.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° RESOL-2022-4694-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Jefa del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 18036-4334-2016.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.09.14 12:38:02 ART Date: 2026.09.15 03:09:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.22 16:28:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.22 16:28:10 -03:00
Fin de la sentencia