Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-133992359-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por las recurrentes, sin costas.
2Revocar las resoluciones nros. 8317, 7801, 7807, 7949, 7808, 7800, 7809, 7952 y 7774 recaídas en los expedientes administrativos SIGEA Nros. 17994-145-2016, 17994-173-2016, 17994-174-2016, 17994-175-2016, 17994-176-2016, 17994-177-2016, 17994-179-2016, 17994-180-2016 y 17994-181- 2016 dictadas en relación a la firma Scania Argentina S.A.U. y el despachante de aduana sr. Pablo Ignacio Bettelani.
3Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-63341258-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 26 de Junio de 2026 Dirección General de Aduanas s/ Apelación".-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación—, a fin de resolver en los autos caratulados “SCANIA ARGENTINA S.A.U. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación", expediente EX-2022-133992359- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Mediante RE-2022-133991688-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA) Nros. 8317, 7801, 7807, 7949, 7808, 7800, 7809, 7952 y 7774 recaídas en los expedientes administrativos SIGEA Nros. 17994-145-2016, 17994-173-2016, 17994-174-2016, 17994- 175-2016, 17994-176-2016, 17994-177-2016, 17994-179-2016, 17994-180-2016 y 17994-181-2016, respectivamente, por la que se la condenó conjuntamente con el despachante de aduana, sr. Pablo Ignacio Bettelani, al pago de multas por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del Código Aduanero (CA) en relación a la destinaciones de importación a consumo nros.
11001IC06008820J, 11001IC04095102G, 11001IC04095084P, 11001IC04164625N, 11001IC06007131D, 11001IC06007128J, 11001IC06006823K, 11001IC060066785S y 11001IC04248091N, mediante las cuales se importó mercadería, clasificada en la Posición Arancelaria (P.A.) 8708.99.90, de origen declarado Suecia. Se refiere a los antecedentes de la causa. Afirma que los sumarios instruidos resultan nulos y por ende se encuentran prescriptas las acciones del Fisco para imponer multas y exigir tributos. Sostiene que no existió declaración inexacta puesto que no se configuraron los presupuestos del tipo infraccional. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada con costas. Subsidiariamente solicita se declare la prescripción del reclamo en concepto de IVA.
II. Mediante IF-2022-134087437-APN-DTD#JGM se presenta por apoderado el despachante de aduana, sr. Pablo Ignacio Bettelani, e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del CA contra las resoluciones referidas precedentemente por las que fue condenado solidariamente con la firma Scania Argentina S.A.U. al pago de las multas allí dispuestas, por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA. Sostiene que la imputación es nula dado que carece de sustento legal y se encuentra vacía de causa y contenido. Asimismo el auto de apertura sumarial no cumplió con las exigencias del art. 1094 del CA, no se agregó la documentación correspondiente a los despachos de importación en trato ni se practicó liquidación tributaria. Afirma que no hubo inexactitud en las declaraciones. Expresa que las observaciones de los Certificados de Origen (CO) no resultan cuestionables en el ámbito infraccional, mucho menos con relación a la esfera de responsabilidad del despachante de aduana quien no interviene en el trámite para su obtención. Alega que la premisa originaria de la imputación se relacionó con la insuficiencia de la garantía constituida para el supuesto de falta de presentación de los CO, por la eventual diferencia tributaria correspondiente, sin embargo a la fecha de la instrucción, expresa que los CO se encontraban presentados. Asimismo hace referencia al informe de la División Control y Fiscalización Simultánea de la Aduana que no comparte el criterio del área denunciante. Afirma que a lo sumo la cuestión planteada resultaba netamente tributaria, por lo que no correspondía imputación infraccional alguna. Expresa que dicha imputación tuvo como único objetivo interrumpir el cómputo de la prescripción de las acciones del Fisco. Realiza consideraciones respecto de la responsabilidad del despachante de aduanas. Sostiene que actuó con diligencia y en concordancia con las instrucciones, información y documentación recibidas por parte de la firma importadora y la mercadería se liberó a plaza sin observaciones. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Mediante IF-2023-42927866-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido. Se refiere a los hechos y antecedentes que motivaron las resoluciones apeladas. Niega genéricamente las afirmaciones de la contraria no reconocidas expresamente. Hace referencia a la Resolución N° 36/08 del ex Ministerio de la Producción con relación al derecho específico que establece para la importación de la mercadería clasificada en la P.A. 8708.99.90.929L de origen República Popular de China y sostiene que la importadora garantizó la falta de presentación de los CO conforme lo establecido en la Resolución General (RG) ex-AFIP N° 2793/10, anexo II, inc. d), pero omitió garantizar la diferencia de tributos que indicaba el inc. g) del punto 1.4, apartado II, Anexo II de la resolución mencionada. Sostiene que las nulidades opuestas han sido interpuestas extemporáneamente y no se ha demostrado el perjuicio ocasionado por los presuntos vicios del acto. Asimismo alega que los requisitos exigidos por el art. 1094 del CA deben ser cumplidos previamente a la corrida de vista, no a la instrucción del sumario. Expresa que la prescripción opuesta por la actora constituye una estrategia procesal a fin de quitar el foco de la pena impuesta. Afirma que el plazo de prescripción de la acción para el cobro de los tributos se encuentra suspendido desde la instrucción del sumario y hasta el dictado de la resolución que la habilite, conforme lo establece el art. 805, inc. a) del CA. Así también el art. 937 del CA establece que el acto de instrucción de sumario interrumpe la prescripción de la acción para imponer penas. Realiza consideraciones sobre los presupuestos del tipo infraccional imputado, como así también sobre la importancia del CO para acreditar que la mercadería es originaria de un determinado país y de esa manera permitir al importador beneficiarse con exenciones o reducción de los derechos de importación correspondientes. Afirma que en el caso en trato los CO presentados no acreditaron el origen Suecia de la mercadería en cuestión, por lo que la actora debió garantizar la diferencia de tributos según lo prevé la RG N° 2793/10 y al omitir constituir dicha garantía generó un perjuicio fiscal. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas involucradas y rechaza la informativa ofrecida por la actora. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
IV. Por PV-2023-55167067-APN-VOCXVII#TFN se abrió la causa a prueba. Por PV-2025-131191230- APN-VOCXVII#TFN se clausuró el período probatorio. Mediante IF-2026-18732091-APN- VOCXVII#TFN se elevaron los autos al conocimiento e intervención de la Sala “F” y se pusieron para alegar. Por IF-2026-23334000-APN-DTD#JGM la firma importadora presentó su alegato y mediante PV- 2026-36715225-APN-SGASAD#TFN se dejó constancia de que el resto de las partes intervinientes no hicieron uso del derecho a alegar. Por IF-2026-47581692-APN-VOCXVII#TFN quedaron los autos en estado de dictar sentencia.
V. De la compulsa de las actuaciones administrativas incorporadas en formato digital, a saber SIGEA nros. 17994-145-2016 (IF-2023-42922374-APN-DTD#JGM), 17994-173-2016 (IF-2023-42924073-APN- DTD#JGM), 17994-174-2016 (IF-2023-42997061-APN-DTD#JGM), 17994-175-2016 (IF-2023-
42924745-APN-DTD#JGM), 17994-176-2016 (IF-2023-42925537-APN-DTD#JGM), 17994-177-2016 (IF-2023-42997914-APN-DTD#JGM), 17994-179-2016 (IF-2023-42999441-APN-DTD#JGM), 17994-
180-2016 (IF-2023-42998801-APN-DTD#JGM) y 17994-181-2016 (IF-2023-43000080-APN- DTD#JGM) surge que, en cada una de ellas, se labraron actas de denuncia por la presunta comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap 1, inc. a) del CA respecto de las operaciones de importación a consumo documentadas mediante nros. 11001IC06008820J, 11001IC04095102G, 11001IC04095084P, 11001IC04164625N, 11001IC06007131D, 11001IC06007128J, 11001IC06006823K, 11001IC06006678S y 11001IC04248091N, respectivamente, mediante las cuales se importó mercadería clasificada en la P.A. 8708.99.90.929L consistente en crucetas para vehículos.
La Resolución N° 36/08 del ex-Ministerio de la Producción, con vigencia desde el 30/12/08 y por el plazo de 5 años, establecía que la mercadería clasificada en la P.A. mencionada que fuera de origen República Popular China debía tributar derechos antidumping de u$s 10,97 por kilogramo (kg.).
Ahora bien, en cada una de las actuaciones mencionadas se acompañaron copias de la documentación de despacho de la cual surgen los datos declarados por la firma importadora a través de su despachante de aduana, sr. Bettelani. En este sentido se declaró que la mercadería en cuestión era de origen Suecia y se garantizó —conforme lo establece el Anexo II, inc. d) de la RG ex-AFIP N° 2793/10— la multa del 1% del valor en aduana de la mercadería importada para el supuesto de falta de presentación en tiempo y forma de los CO exigidos por la Resolución N° 763/96 del ex-Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (MEyOySP). Sin embargo, la firma importadora, omitió garantizar la eventual diferencia de derechos antidumping según lo establecen el punto II del Anexo II de la resolución mencionada precedentemente, como así también el art. 453, inc. f) del CA.
Como consecuencia de dicha omisión, el Departamento de Valoración y Control Documental de Importaciones, en el marco del control documental ex-post de las destinaciones en cuestión, mediante los informes emitidos en cada una de las actuaciones administrativas, concluyó que correspondía formular denuncia en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, por aplicación de lo establecido en el art. 17 de la Resolución ex-MEyOySP N° 763/96, es decir, por incumplimiento con la obligación de presentación de la documentación de los CO y falta de otorgamiento de garantía de la diferencia de tributos que pudiera corresponder.
Ahora bien, según surge de los considerandos de las resoluciones apeladas, la imputación efectuada por el servicio aduanero se centró en considerar que, conforme la Resolución N° 36/08 del ex-Ministerio de la Producción, la mercadería en trato debió tributar un derecho antidumping que, al no haber sido garantizado por la importadora, dicha omisión produjo un perjuicio fiscal. Ello por cuanto aplicó la presunción del origen República Popular China de la mercadería, contrariamente a lo declarado por la importadora respecto de su origen Suecia, según surge, como ya se expresó, de la documentación de despacho de cada una de las destinaciones.
Por otra parte, para la DI 11001IC06006678S, mercadería declarada según ítem 1 y DI 11001IC04164625N, mercadería declarada en el ítem 3, el servicio aduanero observó la falta de tributación relacionada con el valor declarado por debajo del 95% indicado en las RG ex-AFIP Nros. 2461/08 y 2894/10, es decir, un valor inferior al Valor Criterio establecido de u$s 10,50 por kg. Practicadas las liquidaciones tributarias para cada destinación involucrada se dispuso la instrucción de sumario y se corrió vista a la importadora y a su despachante de aduana, Sr. Bettelani, quienes la contestaron en tiempo y forma.
Asimismo, la firma importadora acompañó en cada actuación administrativa, copias de los CO correspondientes a cada destinación.
Sin embargo el servicio aduanero consideró, en todos los casos, que las fotocopias de los CO aportadas resultaban inaplicables a las destinaciones en análisis por no cumplir con los requisitos establecidos en el art. 6 de la Resolución MEyOP N° 763/96, Nota externa N° 3/2007 de la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera (SDGTLA), Instrucción General SDGTLA N° 53/02 y normas complementarias. En consecuencia se dictaron las resoluciones aquí apeladas.
VI. Previo a adentrarme en el análisis de la cuestión de fondo, corresponde expedirme sobre los planteos de nulidad y prescripción opuestos por las co-actoras.
En cuanto a la nulidad opuesta, las recurrentes expresan que la imputación infraccional tuvo su origen en un cuestionamiento a las garantías otorgadas por la falta de presentación de los CO correspondientes al momento de la oficialización de las destinaciones en trato, ello por cuanto no abarcaban la diferencia de tributos que podría corresponder para el caso de no presentarse dichos CO. En este sentido afirman que se trataría de una cuestión meramente tributaria, no infraccional.
Sin embargo surge, de lo expresado en los considerandos de las resoluciones apeladas, que su fundamento se basó en la inaplicabilidad de los CO presentados, cuestión respecto de la cual no pudieron ejercer sus defensas oportunamente dado que fue introducida posteriormente a la contestación de la corrida de vista. Asimismo alegaron que en todos los casos se dispuso la apertura sumarial sin agregarse los sobres originales de la documentación de cada una de las destinaciones involucradas y que dicha instrucción fue ordenada al solo efecto de interrumpir el curso de la prescripción de las acciones del Fisco. Por último consideran que la imputación infraccional carece de sustento legal y lógica por cuanto el servicio aduanero no cuestionó que la mercadería fuera originaria de Suecia, conforme lo declaró la importadora a través de su despachante de aduana.
Con relación a la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos, las recurrentes expresaron que la presunta inaplicabilidad de los CO en cuestión nunca pudo originar una infracción de declaración inexacta y que dicha imputación, al resultar nula conforme lo expresado precedentemente, no tuvo efecto interrumptivo.
Afirman, entonces, que la prescripción operó el 31/12/2016, conforme lo establecido por los arts. 803, 804, 934 y 935 del CA.
Respecto de lo alegado por las co-actoras cabe señalar, en primer lugar, que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos planteados en el escrito recursivo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador para declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
Con relación a lo expresado por las recurrentes respecto de la falta de agregación de los sobres originales de las destinaciones involucradas, se colige, de la compulsa de las actuaciones administrativas, que se acompañaron copias de los despachos de importación, de los cuales surgen los datos declarados por la firma importadora a través de su despachante de aduana.
Si bien la Aduana tiene la obligación de conservar, por el plazo de ley, la documentación original de las operaciones que se realizan bajo su órbita y más aún cuando dicha documentación se encuentra vinculada a una investigación sumarial, lo cierto es que surge, de las constancias de las actuaciones administrativas (anexo) y de las pruebas producidas en autos, que se acompañaron copias de las destinaciones vinculadas y las mismas no han sido cuestionadas en cuanto a su autenticidad y validez. Con lo que concluyo que nada obsta a que el suscripto pueda resolver en base a las pruebas obrantes en la causa.
En cuanto a lo manifestado por las recurrentes relativo a la afectación del derecho de defensa surge, de las constancias de las actuaciones administrativas, que han tenido oportunidad de acompañar los CO correspondientes a fin de que los mismos pudieran ser analizados por el área correspondiente del servicio aduanero, quien se expidió al respecto por su inaplicabilidad. Frente al rechazo de los CO presentados las co-actoras tuvieron oportunidad de interponer el recurso de apelación de autos contra las resoluciones dictadas, instancia que permite su revisión, como así también el ofrecimiento de las pruebas que consideren hacen a sus defensas.
Atento a la posibilidad de la actora, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables en este sentido. Reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente. No se evidencia, entonces, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
Por lo expuesto no se infiere una conculcación del citado derecho, sino que, por el contrario, el mismo ha sido ejercido en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables. En cuanto a la carencia de sustento legal y lógica de la imputación infraccional alegada por las recurrentes en virtud de la falta de cuestionamiento sobre el origen de la mercadería objeto de autos, cabe señalar que, de lo expresado en los considerandos de las mentadas resoluciones surge que la Aduana centró los fundamentos en sostener que los CO resultaban inaplicables por incumplimiento con los requisitos formales establecidos en la Resolución MEyOP N° 763/96, Nota Externa SDGTLA N° 3/07, Instrucción General SDGTLA N° 53/02 y normas complementarias. Es decir que, al ser rechazados por los defectos formales mencionados, el servicio aduanero nunca se expidió acerca de si los mismos acreditaban el origen declarado de la mercadería importada.
Considero que las resoluciones cuestionadas son consecuencia de procedimientos en los cuales han intervenido las áreas competentes y se sustentan en hechos que le sirven de causa, como también en la normativa aplicable al caso.
No se colige en la especie que los actos administrativos, cuya nulidad absoluta e insanable se plantea, hayan sido emitidos sin motivación alguna. Por el contrario, la Aduana expresa extensamente sus razones, las cuales, independientemente de ser compartidas o no, dan sustento suficiente para considerar los actos válidos en cuanto a sus formas y requisitos esenciales según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 19.549.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para considerar que los planteos de nulidad analizados deben ser rechazados, sin costas.
VII. En relación a la oposición de prescripción de las acciones del Fisco para reclamar tributos e imponer penas efectuado por la firma importadora, en virtud de lo dispuesto en el considerando anterior, también corresponde su rechazo.
El código rector en la materia establece que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
Las destinaciones de importación en trato fueron oficializadas en el año 2011, por lo que el plazo de prescripción comenzó a correr a partir del 1/01/2012 (arts. 803, 804, 934 y 935 del CA) y fue interrumpido el 21/12/2016 por el auto de apertura del sumario (art. 937, inc. a), reiniciándose al día siguiente, sin que a estos efectos, al momento de su dictado, se requiera su notificación (CSJN, Fallos: 332:1109). En estas condiciones, las resoluciones fueron dictadas en los meses de noviembre y diciembre de 2022. Teniendo en cuenta que el art. 17 de la Ley 27562, publicada en el Boletín Oficial el 26/08/20, suspendió por el término de un (1) año el curso de la prescripción de las acciones del Fisco para exigir el pago de tributos o aplicar multas, corresponde desestimar la excepción interpuesta (arts. 937, inc. d) y 936). Es menester recordar que a la fecha del dictado de las resoluciones aquí apeladas, la fecha en que fueron notificadas no tenía relevancia para el cómputo de la prescripción porque el CA era categórico al establecer en el inc. d) del art. 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras, “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera".
Con relación a la notificación de los actos administrativos, si bien en la actualidad el Decreto N° 70/23 modificó el art. 1037 del CA y agregó los incisos m) y n), los cuales establecen que los actos de apertura sumarial y resolución aduanera deben ser notificados, en el caso de autos, al momento del dictado de los mismos, el CA no establecía el requisito de la notificación para ser considerados como interruptivos de la prescripción de la acciones del Fisco (CSJN, Fallos: 332:1109, autos: “Wonderland SRL c/ Aduana Rosario y Otro s/ Demanda Contenciosa”, sentencia del 12/05/09).
La fecha en que fue notificado el auto de apertura sumarial en análisis, no tenía relevancia para el cómputo de la prescripción. Ello por cuanto el CA, hasta la reforma introducida por el Decreto mencionado precedentemente, era categórico al establecer en el inc. a) del art. 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas, independientemente de su notificación “el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario."
En efecto, desde el dictado de dicho acto comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal de prescripción, que quedó suspendido por la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal (art. 936 del CA).
Tampoco ha prescripto la acción del Fisco para reclamar los tributos, atento a que, como ya se expresó, el plazo que comenzó a correr el 1/1/2012 se encuentra suspendido desde el acta de apertura sumarial (arts. 803, 804, 805, inc. a) y c) del CA.
No obstante ello, la recurrente basó su argumento para alegar la prescripción en que el acto de apertura del sumario resultaba nulo, por lo que consideró, no tendría entidad suspensiva o interruptiva en los términos de los arts. 805, inc. a) y 937, inc. a) del CA.
Los argumentos relativos a la validez del acto de apertura sumarial han sido desarrollados en el considerando anterior al cual me remito en mérito a la brevedad.
Por lo expuesto corresponde rechazar la excepción de prescripción de las acciones del Fisco opuesta por la importadora co-actora en autos, sin costas.
VIII. Sentado lo anterior, corresponde determinar si son ajustadas a derecho las resoluciones apeladas. Para ello, en primer lugar, resulta necesario analizar si efectivamente se ha cometido la infracción imputada.
En lo que aquí interesa el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA sanciona a aquellos que, al cumplir cualquiera de las operaciones de importación o exportación, efectuaren ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjese o hubiere podido producir un perjuicio fiscal (entre otros supuestos).
Se tutela de este modo el principio de inalterabilidad de las declaraciones de importación (art. 224 del CA) y su concordante en materia de exportación (art. 321 del CA). Dicho principio permite que los despachos se realicen en confianza, es decir sin verificación previa o con verificación de solo una parte, lo cual agiliza los trámites aduaneros y economiza costos.
La configuración del tipo requiere, entonces, la concurrencia de presupuestos objetivos claramente identificables: la existencia de una declaración aduanera, una divergencia entre lo declarado y aquello que resulta de la comprobación efectuada por el servicio aduanero, y la potencialidad lesiva de dicha divergencia en términos tributarios.
En materia infraccional, pesa sobre el imputante la carga de acreditar los extremos constitutivos del reproche formulado. Ello supone demostrar no sólo la existencia de una declaración susceptible de valoración jurídica, sino también el carácter inexacto de la misma y los elementos objetivos que permitan sostener tal conclusión.
En el caso en análisis, no se encuentra controvertido que la firma importadora, a través de su despachante de aduana, Sr. Bettelani, oficializó las destinaciones de importación a consumo en análisis, de mercadería clasificada en la P.A. 8708.99.90.929L.
Cabe destacar que no fueron acompañados en autos los sobres con la documentación original de las destinaciones en análisis, los que fueron solicitados mediante oficio dirigido a la demandada. No obstante se agregó en cada actuación administrativa, copia de la declaración efectuada por la importadora al momento de la oficialización de cada destinación.
En todos los casos, la importadora declaró que se importaba mercadería de origen Suecia y otorgó garantía por la falta de presentación de los CO para acreditar el origen declarado al momento de la oficialización de cada destinación. Ello conforme surge de las constancias de los despachos de importación agregados en copia a cada actuación, como así también de la contestación del oficio mediante IF-2023-01168865-AFIP- STOADVTROB#SDGCTI.
Oportunamente, el servicio aduanero liberó la mercadería importada. Sin embargo, en virtud del control ex-post realizado respecto de la documentación acompañada, sostuvo que no fue debidamente acreditado el origen declarado por resultar inaplicables los CO presentados, dado que los mismos no cumplían con los requisitos formales establecidos por las normas que regulan la materia.
En este contexto la Aduana consideró configurada la infracción imputada dada la inexactitud entre lo declarado por la firma importadora (origen Suecia de la mercadería) y lo verificado (esto es, la presunción del origen República Popular China de la mercadería importada por inaplicabilidad de los CO presentados). Asimismo concluyó que existió un perjuicio fiscal ante la falta de otorgamiento de garantía por la diferencia de derechos antidumping establecidos por la Resolución del ex-Ministerio de la Producción N° 36/08. Todo ello por aplicación del art. 17 de la Resolución MEyOySP N° 763/96. Ahora bien, el art. mencionado precedentemente establece: “Ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos en el Artículo 2º, inciso b), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de garantía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del Artículo 453 del Código Aduanero, fijándose un plazo de DIEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo no se hubiera cumplido la obligación, dentro de los CINCO (5) días corridos se iniciará el correspondiente sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el Artículo 954, incisos a) o b) de mencionado Código. La apertura de dicho sumario tornará necesaria la suspensión preventiva del importador, en los términos del Artículo 97, apartado 1., inciso h) de la Ley N° 22.415, durante CUARENTA Y CINCO (45) días, prorrogables por otro plazo igual si persistieran los motivos que originaron la medida. En el marco de la sustanciación de dicho sumario se practicarán las investigaciones destinadas a verificar el origen de las mercaderías a través de las consultas previas en el segundo párrafo del Artículo 20 de la presente. En los casos previstos por el párrafo anterior sólo procederá el libramiento después de someter la mercadería a verificación.” Cabe destacar, en primer lugar, que del texto de la norma transcripta precedentemente y sin adentrarse en el análisis de la legalidad de la misma, surge que la infracción del art. 954, ap. 1 inc. a) del CA se configuraría ante el incumplimiento con la obligación de presentación del CO correspondiente, no así por la sola falta de constitución de garantía por la eventual diferencia de tributos.
Asimismo se desprende que:
(i) Para tener por comprobada la inexactitud respecto del origen declarado de la mercadería importada, el servicio aduanero debió iniciar en cada caso una investigación consistente en el requerimiento de información, consulta al fabricante, al productor final o exportador, al organismo certificante o al consulado interviniente, con participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Todo ello conforme lo establece el art. 20 de la resolución referida.
(ii) En el caso en análisis, no se encuentra determinado el origen República Popular China de la mercadería, alegado por la demandada efectiva comprobación, con lo cual no se evidencia perjuicio fiscal alguno, mucho menos por aplicación de la Resolución ex-MP N° 36/08.
En efecto, de las constancias de las actuaciones administrativas compulsadas resulta que el servicio aduanero no realizó investigación alguna tendiente a determinar que la mercadería objeto de autos tuviera un origen diferente al declarado por las co-actoras.
Asimismo, de la contestación del oficio dirigido a la Dirección General de Aduana (DGA) mediante IF- 2023-91455328-APN-SGASAD#TFN, IF-2023-101584974-APN-SGASAD#TFN, IF-2024-25005051-
APNSGASAD#TFN e IF-2024-58114824-APN-SGASAD#TFN, surge que no se encontraron constancias ni antecedentes de consultas o requerimientos formulados en los términos del art. 20 de la Resolución MEyOySP N° 763/96 respecto del origen de la mercadería importada mediante las destinaciones en análisis.
Por otra parte, si bien los CO acompañados por la firma importadora fueron considerados como inaplicables por incumplimiento de los requisitos formales establecidos por las normas ya mencionadas, los alegados defectos no fueron identificados concretamente en cada caso.
Ciertamente, de las constancias de las actuaciones administrativas vinculadas surge que los CO en cuestión fueron correctamente emitidos y suscriptos por la autoridad competente. Resultan legalmente válidos y aplicables a las operaciones en cuestión conforme los datos consignados en los mismos. Asimismo los CO referidos cumplen con los requisitos formales legales establecidos en el art. 6 de la Resolución ex- MEyOySP N° 763/96, punto 2.1 de la Instrucción General SDGTLA N° 53/02, modificado por la Nota Externa SDGTLA N° 3/07 y normas complementarias.
Sostener lo contrario —sin siquiera mencionar cuál habría sido el defecto o vicio formal de dichos CO— sería incurrir en un excesivo rigor formal que incluso desvirtuaría el espíritu del régimen arancelario que estableció los derechos antidumping.
Asimismo los CO acompañados acreditan fehacientemente el origen de la mercadería importada, por cuanto los datos en ellos consignados coinciden con los que surgen declarados en la documentación de las destinaciones objeto de autos.
Por lo expresado hasta aquí considero que no se verifican los requisitos del tipo infraccional establecido en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, dado que no se ha comprobado la inexactitud alegada respecto del origen declarado de la mercadería importada, como así tampoco se constató la existencia de un perjuicio fiscal por diferencias de derechos antidumping.
En consecuencia corresponde revocar las resoluciones aquí apeladas en cuanto condenan a las co-actoras al pago de multa por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA y exigen el pago de tributos correspondientes a los derechos antidumping no garantizados.
IX. Con relación a la mercadería importada mediante ítem 3 de la DI 11001IC04164625N e ítem 1 de la DI 11001IC06006678S, respecto de la cual el servicio aduanero expresó haber detectado diferencias por debajo del 95 % del Valor Criterio establecido por las RG ex-AFIP Nros. 2164/08 y 2894/10 y el valor FOB declarado para la P.A. 8708.99.90, partidas 87.01 a 87.05, sin bien esta circunstancia fue mencionada en los considerandos de las Resoluciones Nros. 7949 y 7952 aquí apeladas, la diferencia de valor aludida no fue considerada en los términos del art. 954 del CA. Así tampoco fue tenida en cuenta para la formulación de los cargos tributarios exigidos. Ello conforme surge de las liquidaciones practicadas a fs. 9 de las actuaciones SIGEA N° 17994-175-2016 y fs. 10 de las actuaciones SIGEA N° 17994-180- 2016.
En efecto las RG mencionadas establecen un Valor Criterio para la mercadería clasificada en la P.A 8708.99.90, es decir crucetas para automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, pero para ello dicha mercadería debe ser originaria de los países enumerados en la normas referidas, entre ellos Suecia. Ahora bien, en los considerandos de las resoluciones aquí apeladas, la Aduana expresó que: “… no puede tenerse en autos por acreditado el origen Suecia de la mercadería si el área pertinente concluye que el Certificado aportado por la propia firma no resulta de aplicación;”
Dado que es la propia Aduana quien desconoció el origen Suecia de la mercadería declarada por las recurrentes, lo establecido por las RG ex-AFIP Nros. 2164/08 y 2894/10 respecto del Valor Criterio resultaba inaplicable para la mercadería de marras.
X. Finalmente y por el modo en que se resuelve el caso de autos, deviene irrelevante el tratamiento de los demás agravios de las recurrentes.
XI. En cuanto a las costas del proceso, las mismas deberán ser impuestas a la demandada vencida. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por las recurrentes, sin costas.
2. Revocar las resoluciones nros. 8317, 7801, 7807, 7949, 7808, 7800, 7809, 7952 y 7774 recaídas en los expedientes administrativos SIGEA Nros. 17994-145-2016, 17994-173-2016, 17994-174-2016, 17994- 175-2016, 17994-176-2016, 17994-177-2016, 17994-179-2016, 17994-180-2016 y 17994-181-2016 dictadas en relación a la firma Scania Argentina S.A.U. y el despachante de aduana sr. Pablo Ignacio Bettelani.
3. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por las recurrentes, sin costas.
2. Revocar las resoluciones nros. 8317, 7801, 7807, 7949, 7808, 7800, 7809, 7952 y 7774 recaídas en los expedientes administrativos SIGEA Nros. 17994-145-2016, 17994-173-2016, 17994-174-2016, 17994-175-2016, 17994-176-2016, 17994-177-2016, 17994-179-2016, 17994-180-2016 y 17994-181- 2016 dictadas en relación a la firma Scania Argentina S.A.U. y el despachante de aduana sr. Pablo Ignacio Bettelani.
3. Costas a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, envíese a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria, en los términos del art. 52 del RPTFN.
Date: 2026.06.26 16:39:55 ART Date: 2026.06.26 18:15:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.26 18:16:15 -03:00
Fin de la sentencia