Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 27.019-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 101/2006 (DV DEOB) y la Comunicación de fecha 5/01/2007, mediante la cual se intima el ingreso de la compensación realizada contra el saldo del Impuesto a las Ganancias 2002, cuyo origen se produce en el período 2000. Las costas se distribuyen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-42171137-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Abril de 2023 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 29.193-I –y su acumulado N° 29.194-I- caratulada: “SCANIA ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación”. El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 62/136vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 101/2006 (DV DEOB), dictada por el Jefe de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI –con fecha 26 de diciembre de 2006- mediante la cual se determina de oficio el Resultado Neto Final –beneficio- por el ejercicio 2000 del Impuesto a las Ganancias, conforme la legislación vigente en materia de Precios de Transferencia.
A su vez, a fs. 199/209 apela la Comunicación de fecha 5/01/2007 a través de la cual se rechaza la compensación que cancela el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta Anticipo N°3 –período fiscal 2003- intimando su ingreso, en atención a lo dictado en la Resolución N° 101/2006, que determinó la inexistencia de saldo a favor en el Impuesto a las Ganancias.
Luego de describir el objeto de su presentación, la actora señala, en síntesis, que la resolución apelada se basa en objeciones técnicas planteadas sobre el Estudio de Precio de Transferencia correspondiente al año 2000, a saber: a) el descarte de dos empresas utilizadas como comparables; b) la sustitución del indicador utilizado por la firma (Margen Operativo sobre Costos Totales), por la aplicación del indicador Tasa de Retorno sobre el Capital Empleado (TRCE), y c) el desconocimiento del carácter extraordinario de la ociosidad verificada por Scania e introducida como ajuste de comparabilidad sobre la muestra de empresas seleccionadas. Asimismo, agrega que pese a ofrecer una serie de pruebas, las mismas fueron rechazadas.
Seguidamente plantea la nulidad del acto determinativo al entender que resulta arbitraria, carente de motivación e infundada, por cuanto se ha dictado sin ninguna probanza por parte de la administración y sin hacer lugar a las pruebas ofrecidas al contestar la vista, incumpliendo así con lo dispuesto por los arts. 7 –inc e)- y 14 de la Ley 19.549 y el art 18 de la Ley 11.683.
Destaca que se ha acreditado exhaustivamente la validación de los precios de transferencia con partes vinculadas del exterior a través del Estudio de Precios de Transferencia, y la exactitud de la declaración jurada relativa al período fiscal 2000, siendo el Fisco quien de ninguna manera acreditó la corrección y el fundamento de las impugnaciones propuestas. En esta línea, concluye que la inversión de la carga de la prueba sobre las imputaciones es improcedente y carece de sustento legal, violándose así los principios rectores contenidos en el artículo 15 de la ley de rito.
Continúa diciendo que en el presente caso no se trata de presunciones legales, sino de métodos empleados para validar precios que deberá utilizar el contribuyente para justificar y respaldar los precios de transferencia consignados en su declaración jurada. Dicha distinción –siguiendo su razonamiento- es fundamental a la hora de establecer a cargo de quien se encuentra la carga de la prueba en esta materia.
Sostiene que en el caso rige la regla general en materia probatoria que se encuentra establecida en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuya aplicación supletoria al ámbito tributario autoriza el artículo 116 de la Ley 11.683.
Explica que, si la acreditación efectuada por Scania de sus precios de transferencia merecía ser rechazada, le corresponde a la otra parte establecer (produciendo la prueba respectiva para ello) cuál resulta el precio arm‘s length o la utilidad arm’s length, construyendo su propia valoración a tal efecto, y no limitarse a rechazar parte de la prueba ofrecida reformulando su pretensión sobre una presunta exacta cuantía de la renta que pretende. En base a todo lo expuesto, advierte que la determinación apelada constituye una determinación sobre base presunta, y por ende debe respetar los principios legales establecidos en la ley procedimental. Destaca que el Fisco reconoce la capacidad ociosa de Scania, no presentándose diferencias significativas con los porcentajes computados por la firma. En función de ello, argumenta que el organismo recaudador no plantea una impugnación de dicha cuantificación, sino que rechaza el carácter extraordinario de la ociosidad y por ende no admite la depuración de sus efectos en los resultados contables a fin de analizar su rentabilidad con el Método del Margen Neto de la Transacción.
Manifiesta que la ociosidad total registrada en cada una de las líneas de producción resulta acertada, y menor en comparación con el promedio internacional de ociosidad de la industria a nivel mundial. En esta misma línea, continúa diciendo que el criterio empleado en la absorción de los costos fijos, sobre los cuales se aplicó el porcentaje, es conservador y correcto.
Explica que las empresas comparables no habían sufrido una situación equiparable a la soportada por la firma, y en general por toda la industria automotriz argentina, por lo que juzgó necesario efectuar el ajuste por los efectos de dicha situación extraordinaria, con el fin de no afectar la comparabilidad del análisis.
Entiende que no se tuvo en cuenta el contexto económico de la industria automotriz argentina vigente en el período fiscal 2000, y su impacto sobre Scania que obligó a ajustar su “capacidad ociosa” a fines de la comparabilidad.
Resalta que los rangos de ociosidad correspondientes a los comparables difieren de los calculados por los inspectores, dado que el organismo eliminó de la muestra a las empresas China Motors, Hino Motors y Consorcio Grupo Dina. En este punto señala que las dos primeras fueron rechazadas por tener accionistas –minoritarios de acuerdo a sus dichos- con los que mantienen relaciones comerciales. Además, indica que tal decisión no se ajusta a derecho por cuanto la legislación local no dispone tal requisito para la selección de comparables. En cuanto a la eliminación de la firma Dina considera que la misma es arbitraria, ya que no ha sido cuestionada como comparable al igual que el caso anterior, sino que el motivo se encuentra en su falta de capacidad ociosa. Sobre este aspecto, aclara que expone en sus resultados operativos una ociosidad de cero (0), y en una línea inferior al mismo la contabiliza de forma separada. Por tal razón concluye que, al estar considerando a las empresas comparables en todos sus efectos operativos, es procedente incluir en el cálculo al Consorcio Grupo Dina con capacidad ociosa cero (0).
Considera que el acto apelado carece de todo fundamento fáctico, técnico y legal en relación a la impugnación de las dos empresas seleccionadas como comparables (Hino Motors Ltd. y China Motors Corporation).
Aclara que los comparables rechazados han sido utilizados en el Estudio de Precio de Transferencia del año 1999 y aceptados por la AFIP-DGI, lo que no sólo es contrario a los actos propios de la administración sino también demuestra la subjetividad de las impugnaciones formuladas.
En este sentido, destaca que aun cuando se aceptaran los ajustes propuestos, la ratio de rentabilidad de Scania – con la depuración de los efectos de su capacidad extraordinaria- se encontraría dentro del rango de rentabilidades de los comparables calculados en la Resolución Determinativa.
Precisa que a los fines de establecer una medición del ratio de rentabilidad, en la parte analizada debe tomarse en cuenta su valor directo mientras que en los comparables es necesario emplear el rango intercuartil –método enunciado en el artículo 15 de la ley de Impuesto a las Ganancias y dispuesto reglamentariamente por la propia AFIP a partir del ejercicio 2000, en virtud de la RG 1122/01- de ese mismo ratio de rentabilidad; como consecuencia afirma que las circunstancias extraordinarias de la parte analizada –en este caso Scania- deben ser eliminadas.
En función de lo dicho advierte un arbitrario comportamiento del organismo recaudador, ya que cualquier valor extremo – de ociosidad o de cualquier otra contingencia extraordinaria- que incidiera en los resultados de los comparables quedaría eliminado y solo entrarían en consideración, a través del rango intercuartil, los valores normalizados de dichas variables. A modo de conclusión, expresa que al rechazarse la depuración de los efectos causados por situaciones extraordinarios impide normalizar los resultados contables de Scania, arrojando valores disparatados la comparación con el rango intercuartil de rentabilidad relativo a las empresas comparables. Seguidamente alega que el indicador de rentabilidad utilizado a los efectos de determinar sus precios de transferencia, esto es el “Margen sobre Costos Totales” (Mark-up on total costs o “MOTC”), es el más confiable para la aplicación del Método de Margen Neto de la Transacción (“MMNT) a los fines de obtener un buen grado de comparabilidad con las empresas no controladas contenidas en la muestra de comparables. Asimismo, considera arbitrario e infundado tanto jurídica como técnicamente el reemplazo del indicador propuesto por la DGI, esto es, la “Tasa de Retorno sobre el Capital Empleado” (“TRCE” o “ROCE”).
Por otra parte, explica que para arribar al impuesto determinado el ente fiscal desconoce, sin fundamento legal, quebrantos acumulados computables y el crédito correspondiente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ingresado en períodos fiscales anteriores. Ello, en virtud de ignorar –según su criterio- los efectos suspensivos que posee la interposición del Recurso de Apelación ante este Tribunal contra la Resolución N° 171/2005 (Expte. N° 27.019-I, Sala C Vocalía 7ma.); aclara que los citados conceptos fueron computados de oficio por la AFIP en el acto mencionado.
Fundamenta sus dichos y argumentaciones con jurisprudencia y doctrina que entiende le son favorables a su postura.
Respecto de la sanción aplicada sostiene la falta de tipificación del elemento objetivo de la infracción, y la ausencia del elemento objetivo. Subsidiariamente, opone la existencia de error excusable solicitando se deje sin efecto la multa aplicada.
Rechaza la aplicación de los intereses, señalando que la mora en el ingreso del tributo omitido no le es imputable. Manifiesta su disconformidad con la ley aplicada, al entender que son incompatibles las normas de precios de transferencia con tratados, razón por la cual solicita se declare su inconstitucionalidad.
Formula reserva sobre la aplicación de convenios para evitar la doble imposición, planteando además la reserva del caso federal.
Finalmente ofrece prueba documental, pericial contable y económica e informativa, solicitando se revoque el acto apelado. Con costas.
En cuanto a los agravios relacionados al Expediente acumulado -N° 29.194-I- se describirán en forma separada, a los efectos de lograr una exposición clara de los hechos:
Señala que con fecha 29 de enero de 2007 recibe una intimación de pago mediante la cual la AFIP-DGI, con el único apoyo en el dictado de la Resolución N° 101/06 (DV DEOB), anula el saldo a favor declarado en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2000- saldo que, oportunamente, había sido trasladado en las declaraciones juradas de los años 2001 y 2002, e íntima el ingreso del Anticipo N° 3 (PF 2003) correspondiente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Menciona que la única causa esgrimida a fin de rechazar la compensación en cuestión e intimarla al pago, es la anulación del saldo a favor con que se practicara la misma, anulación ésta que proviene de una determinación de oficio que oportunamente fue apelada ante este Tribunal, la cual no se encuentra firme; como corolario dice que la intimación practicada no es más que una vía indirecta a la que se acude para percibir los importes emergentes de una determinación de oficio, aun cuando ésta no fue confirmada por este organismo en abierta violación al efecto suspensivo que la legislación prevé, y en desmedro de las garantías constitucionales.
Paralelamente, indica que con fecha 15/02/2007 procedió a ingresar el monto intimado con más sus intereses hasta la fecha del efectivo pago, planteando la eventual recaratulación de su acción procesal en la demanda de repetición establecida en el artículo 81 de la Ley Procedimental.
Seguidamente, aclara que su pretensión se resume a que este organismo proceda a resolver la determinación apelada y proceda, en su caso, a revocar la intimación apelada y ordenar la íntegra restitución de los montos pagados (capital más intereses) con costas a la contraria.
Así sostiene la falta de causa del pago a requerimiento efectuado.
Por último, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita que se declare la competencia de este Tribunal, se disponga la acumulación peticionada y se ordene la restitución de los montos ingresados junto con la revocación de la intimación apelada, con costas.
II. Que a fs. 144/164 –por el Expediente N° 29.193-I- contesta el recurso la representación fiscal reiterando los argumentos vertidos en la resolución apelada y solicita se confirme dicho acto, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
Por otro lado, a fs. 216/228vta. se encuentra agregada la contestación por el traslado que se le corriera en relación al Expediente N° 29.194-I, en la cual opone como de previo y especial pronunciamiento la excepción de incompetencia.
En este punto, afirma que el acto apelado no resulta ser determinativo de monto alguno por impuesto o accesorios sino que se limita a intimar el ingreso del saldo resultante luego de deducir el saldo a favor utilizado en forma improcedente, calculado en función de las propias declaraciones presentadas por la firma, por lo que entiende que se trata de una mera liquidación efectuada en uso de facultades que le son propias y que, en consecuencia, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 159 y concordantes de la Ley 11.683. En subsidio, contesta los agravios relativos a la cuestión de fondo planteada, y formula reserva del caso federal.
III. Que a fs. 252/253vta. se resuelve declarar la competencia de este Tribunal para entender en autos, imponiendo las costas en el orden causado; y a fs. 255 se acumula el Expediente N° 29.194-I al N° 29.193-I.
IV. Que, a fs. 162/162vta. se abrió la causa a prueba; mediante la PV-2022-114763297-APN-VOCIII#TFN se declaró cerrado el mismo y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”; con el IF-2022-119001329- APN-VOCIII#TFN se pone la presente causa a disposición de las partes a fin que se produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 486/491 el alegato del Fisco Nacional y a fs. 492/506 el correspondiente a la recurrente. Finalmente, a través del IF-2023-37746768-APN-VOCIII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
V. Que, preliminarmente y en miras a una cabal comprensión de la materia sujeta a decisión por este tribunal, corresponde realizar una reseña de cuál fue la conducta objeto de reproche y el mecanismo que fue considerado como aplicable para ajustar el precio declarado.
A los efectos de la aplicación del método de validación de precios de Margen Neto de la Transacción, respecto del ejercicio fiscal 2000, la encartada efectuó un ajuste de sus resultados contables por capacidad ociosa extraordinaria. Luego, en función de la utilidad contable corregida por dicho efecto aplicó el indicador de “Margen sobre Costos Totales” (MOTC).
Por otro lado, seleccionó una muestra de siete empresas comparables extranjeras (China Motors, Hindustan, Marcopolo, Telco Tata, Hino Motors, Consorcio Grupo Dina y Mahindra & Mahindra) a los fines del análisis de rentabilidad de las mismas. Sobre dicho universo se obtuvo la mediana y el rango intercuartil del indicador de utilidad, conforme lo dispuesto por la Resolución General (AFIP) 1122/01 –computando un promedio ponderado de los ejercicios de 1997 a 1999).
Como consecuencia del proceso descripto, la firma concluyó que el indicador seleccionado se situaba por encima del rango intercuartil de la muestra de empresas comparables, y por ende su utilidad era consistente con los valores de mercado, validando así los precios de transferencia con partes vinculadas del exterior. Sobre estos puntos, el Fisco Nacional en primer lugar no admite ninguna depuración en los resultados derivados por la capacidad ociosa. Para arribar a tal conclusión, calcula el rango intercuartil y la mediana de la ociosidad de las empresas que integran la muestra de comparables para la medición de la rentabilidad –con excepción de China Motors e Hino Motors que las rechaza, no sólo para el análisis de la ociosidad sino también para la medición de la rentabilidad, y de Consorcio Grupo Dina que no es aceptada únicamente para el análisis de la ociosidad-. Posteriormente, obtiene los resultados que constan en la resolución apelada –vide fs. 13- y determina que la capacidad ociosa de la rubrada encaja en los parámetros de las empresas contra las que se compara, no admitiendo ajuste alguno por este concepto en el cálculo de la rentabilidad.
Por otro lado, rechaza el indicador de utilidad empleado (MOTC) y aplica la Tasa de Retorno sobre el Capital Empleado (TRCE), excluyendo a las empresas China Motors e Hino Motors, concluyendo que el ratio de la empresa –bajo este criterio- se encuentra fuera del rango intercuartil de la muestra.
VI. Que, así planteada la cuestión y con el objeto de dar una respuesta acabada a la cuestión controvertida, cabe recordar que no se encuentra en discusión el marco normativo utilizado por la administración fiscal para examinar el estudio de precios de transferencia correspondiente a las transacciones que Scania Argentina S.A. efectuó con sus compañías vinculadas; arts. 14 y 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, su decreto reglamentario y las resoluciones generales aplicables.
Tampoco existieron discrepancia entre las partes respecto de la elección del método de utilidad empleado para testear el principio de operador independiente.
VII. Que, en conflictos de esta índole, vale recordar lo indicado por la Alzada –Sala I- en las causas “YPF S.A.” y “Nobleza Piccardo S.A.C.I.F.”, pronunciamientos del 3 de septiembre de 2015 y del 5 de agosto de 2016, respectivamente: “la problemática de los precios de transferencia se inscribe en el marco de las maniobras por las cuales las empresas con presencia internacional distribuyen las utilidades entre sus distintas subdivisiones (generalmente, la casa matriz y sus filiales) a través de los precios pactados entre éstas, de modo tal de asignarlas a aquéllas que se encuentren en las jurisdicciones con menor carga fiscal.”
“Es así que la norma en cuestión no tiene otro fin que el de brindarle al Estado la posibilidad de evitar que dichas empresas trasladen a fiscos extranjeros la base imponible que por su propia normativa le corresponde, impugnando el precio asignado a esas operaciones internas de las empresas entre sus sujetos económicamente vinculados, de modo tal de adecuarlo a precios normales de mercado entre partes independientes.” A la idea expuesta puede sumarse la posibilidad de trasladar la base imponible a una jurisdicción donde exista un quebranto impositivo pendiente de absorber, generando no solo un efecto de tipo financiero en el país destino sino también un ahuecamiento de la base correspondiente al país de origen.
Va de suyo, que las normas sobre los precios de transferencia tienen, como fin primero, equiparar el valor de las transacciones dentro de los grupos económicos con las realizadas con sujetos independientes, en las prácticas normales de mercado.
Menos aún puede soslayarse que no se trata de una ciencia exacta, sino que requiere la aplicación del juicio por parte del Fisco y de los contribuyentes (cfr. Lineamientos de la OCDE).
VIII. Que, aclarado lo que antecede corresponde tratar el tema de fondo, el cual se reduce a tres ajustes, a saber: la procedencia del ajuste de comparabilidad por “Capacidad Ociosa”; la inclusión de dos empresas comparables – HINO MOTORS LTD. Y CHINA MOTORS CO. LTD.-; y la utilización del indicador de rentabilidad TRCE, en lugar del MOTC, elegido por el apelante.
Previo a tratar la cuestión debatida en autos, es preciso aclarar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (cfr. Fallos 319:119; 311:2135; 307:2012; 307:1121; 305:537; 304:819; 303:2088 y 280:320, considerando 3º, entre muchos otros).
IX. Que en lo que respecta al ajuste de comparabilidad por capacidad ociosa, el juez administrativo dijo que: “…el temperamento seguido por la encartada arrojó resultados similares a los obtenidos por la inspección, habida cuenta que los rangos de ociosidades se encuentran dentro de los parámetros de las empresas seleccionadas por aquella como comparables, lo que el personal fiscalizador objetó no fueron los cálculos que realizara la responsable, sino la razonabilidad del ajuste efectuado por la misma en su Estado de Resultados, toda vez que Scaniarg se halla absolutamente en línea en el nivel de actividad con las empresas seleccionadas como comparables, circunstancia que fue puesta en conocimiento de la rubrada con la vista conferida el 07/09/06.” (vide fs. 13 y 30/31).
A su turno, en lo relacionado a la eliminación del Consorcio Grupo Dina del grupo de comparables el área fiscalizadora indicó: “Respecto a la exclusión de “DINA”, para determinar el rango de la Capacidad Ociosa de la muestra, solo nos limitaremos a señalar, que dicho criterio fue fijado por el Departamento de Operaciones Internacionales, para la misma empresa en el año 1999.”
“Que entonces cabe referirnos a la Actuación N° 674/03 (DI ATEC) que expresó: “…si bien de los nuevos elementos obrantes, la rubrada ha aportado el estado de resultados de “Consorcio Grupo DINA” incluyendo el “costo de planta no utilizada”, el mismo figura restando luego de la utilidad de la operación, por lo cual destaca que no se ha seguido el mismo criterio que para el resto de las empresas seleccionadas como comparables”. En este sentido agregó que: “…a pesar de que “Consorcio Grupo DINA” ha tenido un costo por capacidad ociosa en los períodos 1997 y 1998, la misma no se ve reflejada en el costo total como sí ocurre en el resto de las empresas seleccionadas como comparables… en consecuencia, a partir de la nueva información obrante en los antecedentes, esta área asesora considera que incorporar a la empresa “Consorcio Grupo DINA” con capacidad ociosa cero por ciento (0%) no resultaría consistente, dado que dicha firma sí ha tenido capacidad ociosa en los períodos 1997 y 1998”. (vide fs. 31/32).
Por lo tanto, cobra especial importancia determinar el carácter extraordinario o no de la ociosidad considerada, aspecto que se deduce del análisis de la prueba pericial contable obrante a fs. 267/284. Allí, en el punto 3 –referido a la evolución de la producción en el período 2000 a 2005 y las nuevas inversiones detectadas para incrementar la capacidad instalada- los peritos constataron que: “...Si se realiza una comparación entre el nivel de producción de componentes que realmente ha alcanzado Scania… con la producción real del año 2000… se evidencia una ociosidad operativa concreta y acreditada del 40%, más allá de cualquier comparación con niveles de producción estimados… De acuerdo a la información que surge de los Balances de Publicación de SCANIA por los ejercicios 2000 a 2005 inclusive, los peritos informan que la evolución del rubro bienes de uso (observando las altas, bajas y neto resultante al cierre) durante dicho período no permitiría inferir que SCANIA hubiera realizado nuevas inversiones que incrementaran la capacidad instalada de la planta.” (el destacado me pertenece).
Seguidamente el punto 4 –el cual consistía en informar la existencia de capacidad ociosa extraordinaria en las empresas seleccionadas como comparables- del mismo informe expone un cuadro con los ratios de ociosidad que registran todas las firmas, y los profesionales interviniente concluyen que: a) “… Consorcio Grupo Dina S.A. de C.V. registra ociosidad 0 (cero) en sus resultados operativos ya que mide y aísla la ociosidad que registra y la contabiliza por separado, en una línea inferior al resultado operativo dentro de su balance. Por lo tanto, corresponde matemáticamente incluir a Consorcio Grupo Dina S.A. de C.V. con valor de ociosidad 0 (cero) a los efectos de establecer el rango de ociosidades ya que los resultados que se están considerando de las empresas comparables a todos los efectos, son los operativos, en los que Consorcio Grupo Dina S.A. de C.V. no tiene computada la incidencia de su ociosidad”; b) “… en cuanto a la capacidad ociosa de SCANIA, los porcentajes de ociosidad s/DGI, según constan en la Hoja N° 7 de la Resolución Determinativa …no presentan diferencias significativas de los porcentajes computados por SCANIA…”; c) “…en función a la información disponible de los comparables…se determinó el rango intercuartil para comparar dichos niveles de capacidad ociosa respecto de los de SCANIA… al encontrarse SCANIA por encima de dicho rango intercuartil, la capacidad ociosa de SCANIA debería ser considerada como extraordinaria respecto de los comparables mencionados, y por ende la capacidad ociosa de los comparables no revestiría dicho carácter en los períodos fiscales considerados.” (los destacados me pertenecen).
Como se aprecia, a partir del examen del informe de los expertos contables, se puede concluir con claridad que la capacidad ociosa registrada por la parte analizada posee el carácter de extraordinario. Basta para ello con observar la evolución que la producción tuvo en términos porcentuales, y el rango intercuartil determinado para las empresas comparables, hecho que denota de por sí solo la particular situación sufrida por la empresa argentina en relación a la muestra tomada, haciendo necesario un ajuste extraordinario de comparabilidad.
También es factible vislumbrar –en el cuadro correspondiente al punto 4- que se incorporó para el cálculo del rango intercuartil al “Consorcio Grupo Dina S.A. de C.V.”, en forma contraria a lo sostenido por el organismo recaudador. En particular sobre este punto se debe poner de relieve que, si bien debe integrarse la mencionada firma por una cuestión matemática – tal como dicen los peritos- lo cierto es que la aludida sociedad no fue impugnada como comparable, pero si en lo atinente a la capacidad ociosa, situación que no se corresponde con el criterio homogéneo que debe imperar en los datos utilizados, y sirven de norte para validar los precios facturados. En otras palabras, el ente fiscal al computar en una determinada situación un ratio y luego eliminarlo bajo otras distintas genera dos problemas, a saber: a) modifica la muestra alterando los resultados obtenidos e impide una correcta evaluación de los mismos; b) el análisis efectuado es incompleto o parcial y afecta a la calidad de las comparaciones realizadas, dado que la población de datos se ve modificada de acuerdo a ciertos parámetros en lugar de ser uniforme.
X. Que, en lo relativo al rechazo de los comparables, la administración expresó: “…en el caso de HINO MOTORS LTD. se constató que la empresa TOYOTA MOTORS CORPORATION no sólo era su accionista principal mayoritario, sino que además ambas firmas relacionadas mantuvieron operaciones comerciales recíprocas de cierta relevancia durante el período en crisis que desvirtuarían el principio del operador independiente. Similar situación se observó en el caso de la CHINA MOTORS CO. LTD. al detectar que la CORPORACIÓN DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MITSUBISHI y la CORPORACIÓN COMERCIAL MITSUBISHI, además de ser accionista de dicha sociedad participaban en la actividad operativa de su vinculada al ser sus principales proveedores en la adquisición de piezas y repuestos necesarios para el desarrollo de su actividad.” (vide fs. 12).
En este punto, la impugnación fiscal se basa en el concepto de vinculación económica definido en el primer artículo agregado al artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el Anexo III de la Resolución General (AFIP) N° 1122/01 -que prevé los supuestos de vinculación económica- los cuales comprenden un concepto de control mucho más amplio al que sólo se limita la mayoría accionaria.
Con relación a la empresa China Motors la fiscalización actuante agrega que se “…confeccionó papel de trabajo donde constan los indicadores de las empresas comparables y los de China Motors y sus relaciones con los de la analizada arribando a la conclusión, en base a los porcentajes obtenidos, que dicha firma se aleja significativamente de la analizada.” (vide fs. 33).
Respecto de estas objeciones, esta Sala –en su anterior composición- ya dijo en la causa “Bayer Argentina S.A. s/recurso de apelación” –sentencia de fecha 13/12/2018-, que las mismas no pueden basarse simple y llanamente en diferir con los resultados obtenidos en el informe de precios de transferencia presentados por la recurrente sin aportar un análisis económico solvente a fin de corroborar sus conclusiones. Por lo tanto, el criterio aplicado por el organismo fiscal sólo se limita a impugnar lo que se afirma, empleando para ello sólo la dialéctica y la propia documentación acompañada por la contribuyente (Estados Contables de las firmas comparables).
En este caso el ente fiscal no demostró, ni individualizó, cuáles fueron las operaciones que se efectuaron con las empresas controlantes, el impacto que estas tuvieron tanto a nivel operativo como económico-financiero sobre los comparables impugnados, y si el precio en cada una de ellas se adaptaba a la regla de operador independiente. Si bien es cierto que el concepto de vinculación económica va más allá de una mayor participación accionaria, ello no releva al organismo de probar sus dichos por medio del uso de las facultades que le son conferidas por ley. Como ya se dijo, sólo se limitó a utilizar como base impugnatoria la documentación acompañada por el contribuyente, sin probar durante la auditoría fiscal ni ante esta instancia cuáles fueron los mecanismos que utilizó –o en su caso agotó- para convalidar sus dichos, o en su defecto localizar a otras empresas que puedan reunir las características que –en el criterio fiscal- resulten válidas para tomarlas en cuenta. Aquí entra en juego lo que se denomina en doctrina la “carga dinámica de la prueba”, punto que será desarrollado con mayor amplitud en acápites siguientes.
Siguiendo esta línea, debe señalarse que la primacía de la verdad material, también llamada verdad jurídica objetiva, es una directiva inalienable del régimen jurídico argentino, está contenida en el artículo 1, inciso f), apartado 2) de la Ley 19.549 y en el artículo 48 de su reglamento y ella reconoce base constitucional en la directiva contenida en el art. 18 de la C.N. (Fallos: 310:2456, Sala IV Expte. N° 4.898/99 “Nina Alberto Cecilio c/ Gendarmería Nacional s/ daños y perjuicios” 09/08/07).
En particular, conviene recordar que la autoridad administrativa, tiene el deber legal de producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva, en los términos del mencionado art. 1°, inc. F, ap. 2, de la Ley 19.549 (cfr. Doctrina Sala IV Expte. 38.792/95, “Villa Real S.A. c/DDGI” del 16/11/00).
XI. Que entrando en el análisis de los indicadores, como ya se señaló supra, la actora utilizó el indicador MOTC en tanto el Fisco aplicó el indicador TRCE.
Al respecto, la doctrina tiene dicho que el método de margen neto de la transacción “… compara el margen neto de una transacción entre vinculadas con el margen neto de una operación entre independientes… Para establecer el margen neto debe realizarse una división en la cual el numerador es, en todos los casos la utilidad neta de la operación. El denominador puede cambiar según la metodología de medición del margen que se utilice. A esta división se la denomina “Indicador de nivel de rentabilidad” y se lo conoce por sus siglas en ingles PLI -profit level indicator-… Tanto la OCDE como la legislación argentina coinciden en que la unidad de medida que debe utilizarse en el denominador tiene relación con factores de rentabilidad tales como retornos sobre activos, ventas, costos, gastos o flujos monetarios… A fin de medir de la manera más confiable el margen de utilidad de una transacción, debe utilizarse el PLI más adecuado al tipo de actividad de la compañía.” Entre los indicadores se encuentran el MOTC (margen neto sobre costos totales) que “relaciona la utilidad operativa con los costos y gastos totales.
Se utiliza en aquellos casos en los que la transacción a probar es un ingreso para la compañía bajo análisis, de tal manera que, entonces, el denominador del cociente no se encuentre influenciado por cifras “teñidas” de vinculación. Generalmente es procedente en aquellos casos en los que el método de costo más beneficio no puede utilizarse debido a que la información contable de las comparables no es lo suficientemente detallada como para obtener resultados confiables.” En tanto, el TRCE (Tasa de Retorno sobre el Capital Empleado) “analiza el nivel de rentabilidad a través de la relación entre utilidad operativa y activos operativos… Es especialmente útil en actividades de capital intensivo, con énfasis en las industriales y financieras.
Es importante determinar qué se entiende por activos operativos. A este respecto no deberían tomarse en cuenta las inversiones (incluyendo el exceso de caja y las llaves de negocio) ni los bienes de cambio… La selección de comparables deber ser cuidadosa en determinados parámetros, como la antigüedad de los bienes de uso y la vida útil considerada a efectos del cálculo de las depreciaciones. Asimismo, la existencia de intangibles valiosos podría tornar inaplicables este PLI, a menos que su valuación pueda ser determinada con suma exactitud.” (Eguía, J.L.; “Método de margen neto de la transacción” en “Manual de Precios de Transferencia en Argentina”, La Ley, Bs.As., 2007; pág. 293 y ss).
De todo lo hasta aquí expuesto, se puede extraer como conclusión que el “mejor método” para determinar los precios de transferencia será el que sirva a la mejor aproximación a un precio “arm's lenght” en las circunstancias prácticas concretas. Como bien se ha señalado “...el mejor método será el que en conjunto esté sustentado por información más completa y precisa, utilice transacciones independientes que sean las más comparables a la transacción bajo examen y requiera la menor cantidad de ajustes para alcanzar un adecuado nivel de comparabilidad...” (Jovanovich, Juan M.; “Precios de transferencia y tributación” (tercera parte), P.E.T.; 17/10/2005; pág. 1).
Bajo tales premisas debe analizarse el informe final de inspección (vide fs. 146/154 Cuerpo Principal I), la pericia técnica obrante a fs. 217/232 y el Estudio de Precios de Transferencia agregado en los antecedentes administrativos de la causa.
Por un lado, la recurrente fundó la aplicación del indicador Margen Operativo sobre Costos Totales (MOTC) afirmando: “Otro aspecto a tener en cuenta es la proporción de los activos de operación sobre los costos totales, los cuales dan un parámetro de medición, a los efectos de determinar la utilización del ROCE, respecto de la magnitud de los activos de cada compañía en relación a su estructura de negocios. Cabe señalar que los activos de operación se caracterizan por ser poco dinámicos ante las fluctuaciones económicas de los negocios; mientras que los costos totales (denominador del MOTC) resultan mucho más dinámicos y variables ante los cambios suscitados en las actividades de las compañías. De la información financiera surge que la composición de activos de operación –medidos sobre la base de los costos totales- de Scaniarg no es similar a la de sus comparables. En el caso de haberse aplicado el ROCE, el hecho de efectuar ajustes sobre los activos de operación de las compañías comparables o los de Scaniarg –con el fin de incrementar el grado de comparabilidad- resulta menos confiable que la utilización de un indicador de rentabilidad distinto. En consecuencia, elegimos como PLI para realizar nuestro análisis el cociente Margen sobre Costos Totales (Markup On Total Costos-MOTC). El MOTC permite un buen grado de comparabilidad para analizar actividades de manufactura cuando las compañías comparables tienen similitudes de negocio (por ejemplo, funciones, riesgos, etc.) con la parte analizada.” (vide fs. 100/101 del Estudio de Precios de Transferencia).
Frente a dicho planteo la inspección sostiene que: “… La empresa reconoce en este punto que utilizar como indicador de utilidad, la TASA DE RETORNO SOBRE CAPITAL EMPLEADO (TRCE) en función de la actividad desarrollada, sería lo más apropiado, pero lo descarta, argumentando las diferencias de activos operativos involucrados entre la analizada y las comparables elegidas del exterior. En este punto la empresa presenta un cuadro, donde los activos operativos de Scania Argentina en relación a sus costos totales, resultan discordantes con respecto a las demás…En el mencionado cuadro, las comparaciones realizadas para lograr ese resultado están basadas en escoger distintas cuentas a comparar entre Scania y las comparables… En papeles de trabajo que constan a fs. 139 esta actuación demuestra que si se realiza una comparación homogénea (utilizando las mismas cuentas en ambos casos), Scania se encuentra dentro del rango intercuartil…Más aún se incluyó en el papel de trabajo mencionado el cociente que resulta de comparar los bienes de uso de cada una de las empresas, con sus activos operativos totales (cociente que determina según la doctrina, cuál es la actividad de cada empresa , manufactura, reventa, etc.) y Scania vuelve a quedar dentro del rango intercuartil… Por todo lo expuesto, esta actuación estimó procedente cambiar el indicador de utilidad utilizado en Scania y usar el TRCE, a efectos de verificar la justificación de precios de transferencia realizada…” (vide fs. 147/148 del Cuerpo Principal I).
Así las cosas, cabe remitirse a lo expresado por los peritos en materia económica -en el punto 2- al ser preguntados si los valores de Scania para la medición de la proporción de sus Activos Operativos sobre Costos Totales (MOCT), quedan determinados por encima del rango intercuartil de la muestra de comparables, en caso de tomar para tal determinación todos los comparables identificados en el estudio de precios de transferencia. Allí manifestaron que: “…Teniendo en cuenta que el punto pericial no impone más requisitos que considerar la totalidad de los comparables identificados en el Estudio de Precios de Transferencia, pero que subsisten diferencias entre el Fisco y SCANIA en cuanto 1) definición del concepto “Activos Operativos”, y 2) metodología de cálculo del rango intercuartil, hemos optado por realizar el cálculo en todas sus variantes…”. Tras exponer un cuadro con los distintos resultados concluyeron que: “De acuerdo al análisis realizado y a los distintos escenarios expuestos, los peritos informan que se puede concluir, independientemente del escenario o metodología adoptada, que los valores de Scania para la medición de la proporción de sus Activos Operativos sobre Costos Totales quedan determinados por encima del rango intercuartil de la muestra de comparables si se considera para tal determinación todos los comprables identificados en el Estudio de Precios de Transferencia.” (el destacado me pertenece).
De las afirmaciones transcriptas, se desprende que el argumento sostenido en el Estudio de Precios de Transferencias se encuentra debidamente fundado, y acorde a la doctrina citada precedentemente. En efecto, los valores arrojados en el cuadro elaborado en la pericia determinan con claridad que los activos operativos de la firma –medido sobre la base de los costos totales- presentaban diferencias insalvables que impedían su comparación bajo el indicador propuesto por la auditoría fiscal.
Por otra parte, la ratio elegida por la actora se presenta menos sensible ante circunstancia económicas volátiles, como las que sufría nuestro país en el período fiscalizado; situación que fue reconocida por la propia fiscalización al aceptar el ajuste –pérdida- introducido por la rubrada en concepto de “Plan Canje” –programa gubernamental que incluía descuentos y bonificaciones con el objetivo de incentivar el reemplazo de unidades usadas, a fin de paliar el efecto producido por la caída de las ventas en el rubro automotriz-. Ello va en consonancia con lo resuelto en el punto 4 del mencionado informe, en el cual se aprecia lo siguiente: “…Sí la caída en la demanda fuera permanente (en el límite desapareciendo por completo la demanda), los activos perderían su valor, pudiendo resultar entonces pertinente registrar una desvalorización contable de los mismos… En consecuencia, una solución al problema podría ser introducir en el análisis de precios de transferencia un ajuste sobre los activos de la parte analizada, reconociendo el menor valor que temporalmente tienen los mismos. Sin embargo, y teniendo en cuenta el grado de complejidad y uso de estimaciones que ello implica, efectuar ajustes sobre los activos de la parte analizada para incrementar el grado de comparabilidad podría resultar menos confiable que la utilización de un PLI distinto. Por lo tanto, ante la ausencia de regulaciones específicas sobre la selección del PLI y aplicando por analogía los criterios de selección del mejor método, resultaría apropiado el uso de un indicador para el que se cuente con una mejor calidad y cantidad de información y para el que requiera un menor nivel de ajustes… el MOTC cumple con esos requisitos; requiriendo un menor nivel de ajustes, por ser menos sensible a una variable ajena a los precios de transferencia bajo análisis, como lo es la caída en la cantidad demandada.” (el destacado me pertenece).
Por ende, el indicador aplicado por la apelante se presenta como el más adecuado ante las fuertes fluctuaciones de demanda que sufría el sector productivo en esos tiempos, circunstancias que otorgan mayor convicción no sólo en la elección de la ratio, sino también al ajuste de ociosidad propuesto en atención a las extraordinarias condiciones de mercado que imperaban en ese momento.
Ésta conclusión se ve reforzada en el punto 2 del informe pericial contable (vide fs. 267/284vta.), donde se demostró que una vez ajustada la ociosidad extraordinaria –aspecto que como ya se dijo se encuentra verificadoaun cuando se convalidare la exclusión de las empresas comparables impugnadas y se utilice el indicador establecido por el ente recaudador (TRCE), los rangos de rentabilidad determinados se encuentran bajo los dispuestos en la resolución atacada.
XII. Que sin perjuicio de lo hasta aquí resuelto, debe resaltarse que la parte actora invocó la ausencia de sustento, es decir, afirmó, que no existe en la realidad de los hechos la premisa sobre la que se desarrolla el acto impugnado.
Sobre este punto adquiere relevancia recordar que la carga de la prueba debe recaer sobre ambas partes, doctrina de la prueba dinámica que establece que quien está en mejor condición de probar, debe contribuir a establecer la verdad objetiva, más allá de lo dispuesto por el art. 377 del CPCCN. Esta regla -también denominada de solidaridad y colaboración- establece que tiene el deber de llevar adelante la actividad probatoria quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo (conf. Scolarici, Gabriela M., comentario al art. 377 del CPCCN, en AA.V.V., Highton, Elena I. & Areán, Beatriz A. (dirección), Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. VII, Artículos 355/395, Bs. As., Editorial Hammurabi SRL, 2007, pág. 293).
Esta construcción teórica plantea que el derecho no debe basarse en criterios de extrema rigidez o en estructuras pétreas, sino que ha de ajustarse a las circunstancias del caso. La aplicación de la regla de la distribución dinámica de las cargas probatorias, coloca la prueba en cabeza de la parte que está en mejores condiciones de producirla (conf. Peyrano, Jorge W., "Doctrina de las cargas probatorias dinámicas", LL, 1991-8-1034, citado por Scolarici, Gabriela M., en obra y lugar citados) (Cámara Contencioso Administrativa Federal Sala II, Expte. nº 10.216/1999 "Sominar Sociedad Minera Argentina SA c/YPF SA s/proceso de conocimiento", 8/09/11) cuyo incumplimiento sólo puede conducir a tener por no acreditados o justificados los extremos que invoca como sustento.
Debe recordarse a título de principio general, que la elección de la base de valoración hace que la impugnación del precio de transacción declarado, recaiga sobre el Fisco a quien incumbe la carga de acreditar la inexactitud de tal declaración, lo que responde a la aplicación de la pauta primordial -que rige toda la contienda, aun de naturaleza no judicial- que impone la prueba del hecho a aquél que afirma su existencia para fundar en él un derecho (confr. esta Cámara Sala IV, fallos del 13/9/05 “Macnet” y del 3/7/07 “Relojes Irel SRL”). Y de modo particular, como ha señalado la Alzada en oportunidad de decidir en el Expte. Nº 43.075/2011 “Daimlerchrysler Argentina SA (TF 204936-I) c/ DGI” (sentencia del 13 de noviembre de 2012), la inversión de la carga de la prueba conlleva exigencias también para la Administración Fiscal, cuando ésta intenta controvertir las evidencias aportadas por el contribuyente. Ello es así, pues si bien la normativa involucrada establece una presunción acerca del precio pactado, por la vinculación económica entre la partes que llevan a cabo operaciones de exportación, ante la demostración por parte del contribuyente de que sus precios califican correctamente frente al principio “arm´s length”, se produce un nuevo desplazamiento de la carga, que recae sobre las autoridades fiscales, quienes deberán realizar un mayor esfuerzo para concretar y sustentar la impugnación, a efectos de justificar su propia apreciación valorativa en el caso concreto, por encima de la prueba aportada por el contribuyente.
En el sub examine, el ente fiscal pese a la calidad de información con la que cuenta en sus bases de datos (balance de publicación de potenciales comparables o precios facturados entre partes independientes sobre productos similares de acuerdo a lo informado por la Aduana, entre otros) funda sus impugnaciones solo en la situación del contribuyente o en el Estudio de Precios de Transferencias presentado por él. Así, desde esta perspectiva, la conducta administrativa además de apartarse injustificadamente de las pruebas aportadas en el procedimiento por el contribuyente, omite hacerse cargo del deber legal que recae sobre ella, en punto a la búsqueda de la verdad material –directiva que, como se dijo en el Considerando X, se presenta como un principio inalienable del derecho argentino-.
Es que, así como el ente recaudador no se encuentra obligado a aceptar sin más los valores de transacción declarados que resulten irrazonables o arbitrarios, tampoco se encuentra habilitado -empleando mecanismos a su sola discreción y con prescindencia de las secuencias normativamente establecidas- a fijar valores que adolezcan de similares deficiencias (confr. esta Sala Expte. Nº 43.075/2011 “Daimlerchrysler Argentina SA (TF 204936-I) c/ DGI”, del 13/11/2012; Sala I, doctr. fallos del 27/8/98 “Belvedere A.” y “Kossacoff”).
Este punto adquiere un importante peso a la hora de dirimir cuestiones vinculadas a los precios de transferencias, ya que se trata de cuestiones complejas donde la inspección analiza los hechos luego de ocurridos en un marco económico en constante cambio. Bajo tales condiciones los resultados a los que se arriba se presentan como una simulación del precio que correspondería entre partes independientes, lo que hace necesario un deber de colaboración mutua entre las partes.
En esta inteligencia, teniendo en cuenta la actividad probatoria desplegada por la recurrente, la conducta asumida por la Administración se presenta parcial e insuficiente, pues prescinde sin razón valedera de las pruebas aportadas por su contraria, sin lograr justificar las conclusiones que deduce pese a las amplias facultades conferidas por la ley para hacerlo.
XIII. Que, en razón de lo dicho en el precedente Considerando y el pormenorizado análisis llevado a cabo sobre los ajustes que hacen a la cuestión debatida, voto por revocar la Resolución N° 101/2006 (DV DEOB) y la Comunicación de fecha 5/01/2007, mediante la cual se intima el ingreso de la compensación realizada contra el saldo del Impuesto a las Ganancias 2002, cuyo origen se produce en el período 2000.
En virtud de ello, corresponde ordenar la restitución de las sumas ingresadas por la actora –vide constancias de pago agregadas a fs. 193/195- en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta Anticipo N° 3 (PF 2003), con más sus intereses, los que deberán liquidarse de conformidad con las pautas resueltas en el Fallo Plenario de este Tribunal "Dálmine Siderca S.A.I.y.C s/demanda de repetición", Expte. 6831-I, del 27/12/1993.
XIV. Que por último, en atención a la complejidad de la cuestión debatida, los aspectos jurídicos y técnicos controvertidos, más las particularidades del caso, las costas se distribuyen por su orden (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por el Vocal Instructor por las razones expuestas en los Considerandos VII a XI y XIII.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al relato de los hechos y a los Considerandos VI, VII, VIII IX, X, XI, XIII y XIV del voto del Vocal Instructor, votando en el mismo sentido.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Revocar la Resolución N° 101/2006 (DV DEOB) y la Comunicación de fecha 5/01/2007, mediante la cual se intima el ingreso de la compensación realizada contra el saldo del Impuesto a las Ganancias 2002, cuyo origen se produce en el período 2000. Las costas se distribuyen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2023.04.17 14:23:12 -03:00 Date: 2023.04.17 15:41:35 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.17 15:55:45 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.17 15:55:46 -03:00
Fin de la sentencia