Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.840-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar extinguida la acción penal en la presente causa (art. 929 inc. c) del CA).
2Declarar que la firma SCANIA ARGENTINA S.A. nada adeuda a la DGA en concepto de tributos en relación al Despacho de Importación Nro. 23237-3/95.
3Imponer las costas del pleito a la DGA vencida.
4Una vez que el presente decisorio quede firme y haya pasado en autoridad de cosa juzgada, corresponde poner el mismo en conocimiento de la Sra. Directora General de Aduanas, a sus efectos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-22802703-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Marzo de 2024 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “F” Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos TFN Nº 37.425-A, caratulados “SCANIA ARGENTINA SA c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ Recurso de Apelación por Retardo”
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 13/18 la firma Scania Argentina S.A., por medio de apoderado, interpone recurso de apelación por retardo en los términos del artículo 1159 del Código Aduanero, a fin de que este Tribunal se avoque a la resolución del Sumario que tramitara bajo el número SA 42 Nro. 057/97 del registro de la Aduana de Paso de los Libres. Manifiesta que en las referidas actuaciones se le imputó la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, inciso a), del Código Aduanero en relación al D.I. Nro. 23237-3/95, por el que se importó mercadería de la P.A. 7228.30.009, indicando que la firma se encontraba exenta del pago de derechos de importación por encontrase comprendida en el régimen especial de la industria automotriz (Certificado de Importación nro. 26/95).
Agrega que la DGA detuvo el libramiento de la mercadería en cuestión al considerar que la empresa no se encontraba incluida en el referido régimen preferencial, por lo que procedió, en virtud de estrictas razones de urgencia, a liquidar y abonar los correspondientes tributos de acuerdo al régimen general. Continúa manifestando que el servicio aduanero formuló denuncia por la presunta comisión de la infracción de declaración inexacta, por entender que correspondía pagar una alícuota distinta a la abonada en concepto de derechos de importación y, además, por entender que la empresa debió abonar las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias, aun cuando a su juicio se encontraba exenta del pago de dichas gabelas.
Destaca que en la contestación de vista presentada con fecha 22 de diciembre de 1997 se dejó expresamente sentado que se abonaron los tributos correspondientes a la mercadería en trato sin aplicar la exención cuestionada por la Aduana. Afirma que con posterioridad a la contestación de vista no tuvo novedades en relación al trámite del sumario aduanero, pues no se notificó el proveído de la contestación de vista ni la apertura a prueba y mucho menos se produjo el dictado de una resolución definitiva, como así tampoco se pudo encontrar el expediente ni tomar vista de las actuaciones administrativas. Por ello, presentó un recurso de amparo ante ese Tribunal (Causa Nro. 23.314-A), y la Sala E resolvió con fecha 30 de octubre de 2007 hacer lugar al mismo y ordenar a la DGA que en el plazo de 90 días reconstruya el expediente administrativo SA Nro. 67/97 de la Aduana de Paso de los Libres y se pronuncie expresamente sobre la infracción atribuida, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento a lo ordenado en la referida resolución.
Fundamenta su recurso, opone la prescripción de la acción fiscal en función del excesivo tiempo transcurrido y, en subsidio, plantea la condonación de la multa, en los términos del artículo 56 de la ley 27.260 y normas concordantes. Ofrece prueba.
II. Que a fs. 53/54 se habilitó la instancia de este Tribunal para avocarse al conocimiento de la cuestión planteada en los términos de los artículos 1025, apartado 1, inciso d) y 1159 del Código Aduanero y se corrió el traslado del recurso a la DGA en los términos del artículo 1146 del citado ordenamiento.
III. Que a fs. 60 se tiene por presentada y por parte a la representante fiscal, quien no contestó el traslado del recurso que fuera conferido a fs. 54.
IV. Que sentado ello, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
Asimismo, la interpretación judicial siempre debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
V. Que, siguiendo tales premisas, corresponde dejar sentado que la propia Aduana de Paso de los Libres ha destacado a fs. 40 que el Sumario contencioso 67/1997 que diera origen a la presente litis no ha podido ser hallado, siendo que la mencionada actuación había sido remitida -en virtud de su antiguedad- al archivo de dicha dependencia, el cual sufriera un incendio el 8 de febrero de 2011, por lo que presume que el referido expediente aduanero pudo haber sido objeto del siniestro de referencia.
Por lo tanto, a fs. 41 el Tribunal ordenó la reconstrucción de las actuaciones administrativas SA 42 Nro. 067/97, las que se encuentran conformadas por documentación aportada por la firma apelante, en especial, la corrida de vista de fecha 25 de noviembre de 1997 (fs. 3 act. adm.) y su oportuna contestación del 22 de diciembre de aquél año (fs. 4/6 act. adm.), como así también todas las piezas correspondientes al amparo Nro. 23.314-A (fs. 24/34 y cctes. act. Adm.) que tramitara por ante la Sala “E” de este Tribunal, las que se tienen en expresa consideración al momento de resolver; siendo que la DGA no aportó ningún tipo de documentación adicional a la supra mencionada.
VI. Que, bajo tal plataforma fáctica, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia resulta obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero). En efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa. Que a lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30).
VII. Que, bajo tales premisas, a los fines de la imputación infraccional efectuada por la DGA, por razones de brevedad corresponde remitirse en lo primordial a los fundamentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2011 en autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”, en tanto resulta sustancialmente análoga a la presente.
En efecto, en lo que aquí interesa el Tribunal Cimero señalo que “... el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982)...”; por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
En este contexto, y dejando a salvo la opinión del suscripto esbozada en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.840-
A., del 2/12/2013; “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.553-A., del 3/12/2014, y “NUTRIBRAS S.A.”, Expediente n° , del entre otros, acerca de las facultades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, atento su singular naturaleza jurídica de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), cabe colegir que el procedimiento de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).
Ello así, toda vez que a la fecha se ha prolongado durante más de ventiocho (28) años, siendo que de la litis se desprende que la operación aduanera (Despacho de Importación Nro. 23237-3) que diera origen al Sumario de marras data del 5 de diciembre de 1995 (confr. fs. 4 act. Adm.).
A mayor abundamiento, cabe señalar que a idéntica solución arribó nuestro Más Alto Tribunal en la causa "Sudamericana de Intercambio SACI y F c/ Administración General de Puertos" (Fallos: 312:2075) respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto la pena de multa, en un supuesto semejante al que se plantea en el sub lite; siendo que en la causa "Egea" afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por [en ese caso] casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías del plazo razonable de proceso y del derecho de defensa" (Fallos: 327:4815). Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de tales precedentes, corresponde que sea este Tribunal Fiscal el que ponga fin a la presente causa —en cuanto aquí se trata— declarando la extinción de la acción penal por prescripción.
VIII. Que, por lo demás, la decisión que se adopta guarda expresa correspondencia con la señera doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sustentada por la Sala I in re “Alles Import SACIFI c/DGA-resol. 110/06”, del 8/4/2014 y por la Sala V in re “Aero VIP S.A. c/ DGA” del 19/6/2014; como así también por las Salas II y III de la Cámara Nacional de Casación Penal in re “Arano Miguel Ariel”, del 30/12/2011, e “Isasi, Esmeralda María”, del 25/9/2013, respectivamente; entre muchos otros.
IX. Que, por lo demás, el aspecto tributario debe resolverse con las constancias obrantes en la causa, debiendo tenerse en expresa consideración las circunstancias destacadas en el Considerando V del presente decisorio. En tal sentido, la firma actora ha manifestado que ante la detención que efectuara la DGA al libramiento de la mercadería objeto de autos -por considerar que la empresa apelante no se encontraba incluida en el régimen preferencial de la industria automotriz, procedió, en virtud de estrictas razones de urgencia, a liquidar y abonar los correspondientes tributos aduaneros de acuerdo al régimen general ($ 21.161 en concepto de derechos de importación calculados a la alícuota del 14% más $ 4.444 por IVA-, sin que a la fecha el servicio aduanero -quién tampoco contestó el traslado del recurso oportunamente impetrado por la recurrente ni siquiera acompañó documentación adicional alguna al momento de la reconstrucción de las actuaciones administrativas vinculadas a la causa- manifestara oposición fundada con tal proceder, por lo que cabe colegir que el mismo, atento las especiales circunstancias de la litis, la dificultad probatoria verificada en la especie y el tiempo transcurrido desde la fecha en que se realizara el referido pago (25 de enero de 1996), resulta cancelatorio de la obligación asumida. Asimismo, tampoco resulta procedente reclamo aduanero alguno por las percepciones del IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias generadas en la referida operación aduanera.
En efecto, a tal fin resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, sosteniendo que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”.
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
X. Que, por último, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que la multa como la impuesta en autos constituye una sanción que ostenta indudablemente carácter penal (Fallos: 332:1492, entre otros), por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
En efecto, si se toma en consideración la duración objetiva desde la existencia del hecho gravado, como así también la tramitación global del expediente aduanero de marras, la concreta necesidad de diligencias de investigación y prueba que tuvo el caso, su complejidad y el perjuicio ya irrogado por el estado de indefinición sobre la situación particular de la actora durante todos esos años, se impone concluir que se ha afectado la garantía de defensa en juicio y el derecho a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable (art. 18 C.N. y art. 8, inc. 1, de la C.A.D.H.), en los términos analizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes supra reseñados Que, en razón de los fundamentos, VOTO por:
1. Declarar extinguida la acción penal en la presente causa (art. 929 inc. c) del CA).
2. Declarar que la firma SCANIA ARGENTINA S.A. nada adeuda a la DGA en concepto de tributos en relación al Despacho de Importación Nro. 23237-3/95.
3. Imponer las costas del pleito a la DGA vencida.
4. Una vez que el presente decisorio quede firme y haya pasado en autoridad de cosa juzgada, corresponde poner el mismo en conocimiento de la Sra. Directora General de Aduanas, a sus efectos.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a lo propuesto por el Dr. Garbarino, máxime teniendo en cuenta lo dicho por la Sala V de la CCAF en autos “La Mercantil Andina Cía de Seguros SA c/ DGA”, expte. Nº 3065/2020, en fecha 06/05/21.
Por ello, SE
1. Declarar extinguida la acción penal en la presente causa (art. 929 inc. c) del CA).
2. Declarar que la firma SCANIA ARGENTINA S.A. nada adeuda a la DGA en concepto de tributos en relación al Despacho de Importación Nro. 23237-3/95.
3. Imponer las costas del pleito a la DGA vencida.
4. Una vez que el presente decisorio quede firme y haya pasado en autoridad de cosa juzgada, corresponde poner el mismo en conocimiento de la Sra. Directora General de Aduanas, a sus efectos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2024.03.04 13:56:14 -03:00 Date: 2024.03.04 14:02:56 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.04 14:02:57 -03:00
Fin de la sentencia