Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 27523-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas por su orden (art. 68, 2º párrafo, CPCCN);
2Confirmar la regulación de honorarios practicada en la instancia previa.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 19.117/2024 SCANIA ARGENTINA SA (TF 27523 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de mayo de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F.
Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dijeron:
I. Que mediante la resolución del 29 de mayo de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró nulo el auto de apertura de sumario dictado en las actuaciones SIGEA nº 608514-20-2004 y prescriptas las acciones sancionatoria y tributaria respecto de la firma Scania Argentina S.A. Por ese motivo, revocó la Resolución Nº 8519/09 recaída en aquellas actuaciones mediante la cual se había intimado a la firma mencionada al pago de $71.076,81 más CER en concepto de tributos y $40.053,51 por multa, con relación a las destinaciones de importación temporaria Nros. 5552-0/97, 1965-8/97 y 3166-3/97, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero (v. páginas 121/4 del expediente en soporte papel). Impuso las costas al Fisco en su condición de vencido.
Para así decidir, señaló en primer lugar que para que el auto de apertura de sumario despliegue sus efectos interruptivo y suspensivo de la prescripción de las acciones sancionatoria y tributaria (arts. 934, 937, 803 y 805, a), del CA), debe necesariamente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente (art. 1094, CA). Luego de recordar los requisitos de ese acto, puso de relieve que en las actuaciones del caso el auto dictado el 29/12/2004 no contenía la determinación, clasificación y valoración de la mercadería que el Código prevé. El a quo explicó que se realizó una primera clasificación y valoración de la mercadería el 07/07/2006 y, otra el 03/10/2006. Además, se informó nuevamente la clasificación y valoración sobre determinados items en fechas 31/07/2009 y 20/08/2009, y a fs. 44/50 se agregó la liquidación tributaria que recién se practicó entre el 21/08/2009 y el 24/08/2009. Aun más, el 11/11/2009 se volvió a clasificar y valorar la Alta en sistema: 09/05/2025 mercadería y, en consecuencia, a fs. 128/131 se determinaron nuevamente los tributos y la multa, con posterioridad a la corrida de vista. Concluyó por eso que el auto de apertura del sumario era nulo y, por tanto, carente de aptitud para interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas en los términos del art. 937 inc. a) del C.A., y de suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A.
En esas condiciones -añadió- los vencimientos de las temporales en trato operaron los días 08/07/99, 07/03/99 y 18/04/99, respectivamente. De acuerdo la Código -explicó- el plazo de prescripción de las acciones es de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A); y dado que ese plazo comenzó a correr el 01/01/2000 (arts. 804 y 935 del C.A.) y no mediaron causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, el mismo debe considerarse fenecido, y operada la prescripción el 01/01/2005.
II. Que el Fisco Nacional apeló esa resolución (149/50) y expresó sus agravios en la presentación de fs. 157/65, replicada por la contraria a fs. 177/86.
En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso se agravió de que el a quo hubiera tachado de nulo el auto de apertura del sumario.
Explicó que la interpretación de la regla del artículo 1094 del Código por el a quo era equivocada. Y que la exégesis que imponían la exposición de motivos era aquella según la cual el auto de apertura del sumario es válido si determina los hechos que hacen a la infracción y, de corresponder, ordena las medidas allí establecidas. El artículo 1101 del Código -agregó- determina que la única razón que puede llegar a que el auto de apertura no produzca los efectos interrputivo y suspensivo es que al correrse vista de lo actuado falte cumplir alguna de las medidas indicadas en el artículo 1094. Citó jurisprudencia en apoyo de esta postura.
Señaló que, en el caso, previo al auto de apertura se realizó la verificación de la mercadería en infracción, su clasificación arancelaria y su valoración; y, posteriormente, se liquidaron tributos, pero todo antes de correrse vista a la importadora, de manera que el auto de apertura de sumario resulta válido y, por ende, interrumpió y suspendió las acciones del Fisco.
Alta en sistema: 09/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Adicionalmente, señaló que la firma actora había consentido el auto de apertura (art. 1051 CA) por no haber planteado su nulidad al momento de contestar la vista.
Finalmente, señala que la declaración de invalidez del auto de apertura contraviene la regla que impide declarar la nulidad por la nulidad misma, desde que la actora contó con la oportunidad de hacer valer todas sus defensas -y las pruebas pertinentes- durante la sustanciación del procedimiento.
III. Que a fs. 130/1 el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de la actora. El beneficiario recurrió esa resolución por considerar bajo el monto fijado (fs. 135/9).
IV. Que el 09/12/2024 tomó intervención el Sr. Fiscal Federal (fs. 190/3).
V. Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar en primer lugar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra la resolución de fondo.
Este Tribunal ya ha tenido ocasión de expedirse en causas con aristas similares a esta sobre el planteo de prescripción de las acciones punitiva y tributaria -y el asociado, tocante a la nulidad del auto de apertura del sumario (conf. esta Sala, causa Nº 61.569/16 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ Recurso Directo”, sentencia del 30/03/17; y n° 3822/2020 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 16/09/2021; entre otras)
Con arreglo a la doctrina que surge de los precedentes citados –y que ha sido reiterada en numerosos pronunciamientos de esta Sala-, es cierto que no corresponde considerar interrumpido o suspendido el plazo de prescripción sino hasta la fecha en que fue debidamente integrado el auto de apertura del sumario (conf. art. 1094, CA). Esto es, luego de que se practicara la liquidación definitiva correspondiente, pues esta información resultaba imprescindible a los efectos de definir la suma que pudiera resultar exigible en concepto de multa y/o tributos y era requerida en los términos del artículo 1094 del CA.
En consecuencia, para evitar la extinción de las acciones la Administración debió practicar la liquidación con anterioridad a que venciera el plazo quinquenal de prescripción. Este tipo de actos Alta en sistema: 09/05/2025 suspensivos o interruptivos deben verificarse necesariamente antes del vencimiento de aquel, pues mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya agotado (Fallos: 320:1081; 318:2558; entre otros).
Partiendo de esas premisas y de acuerdo con las circunstancias comprobadas en la causa, el plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr el 1 de enero del 2000 -extremo que no se encuentra controvertido- y operaba con fecha 31 de diciembre de 2004. Aunque el auto de apertura del sumario se dictó sin dudas con anterioridad a que ese plazo venciera (29/12/2004), no cabe asignarle efectos plenos sino hasta que se encontró debidamente integrado con la liquidación definitiva practicada por el servicio aduanero: y en el caso, la última se practicó el 11/11/2009 (fs. 120/7 del sumario) lo que llevó a la redeterminación de los tributos y la multa (fs. 128/31) en un momento incluso posterior en el tiempo a la corrida de vista.
Esto permite razonablemente concluir que el acto con el que se integraba el auto de apertura del sumario –y que le otorgaba validez a los efectos de la interrupción y suspensión de la prescripciónfue dictado con posterioridad al día 31/12/2004, en que operaba la prescripción de las acciones para la imputación de sanciones y el cobro de tributos, con arreglo a lo previsto en los artículos 803 y 934 del Código Aduanero (v. arts. 937, inc. a) y 805, inc. a), CA). La falta de cuestionamiento de este punto por la demandada –y aun siquiera de mención de la fecha de la liquidación- no hacen más que reforzar el convencimiento del tribunal sobre esta circunstancia.
Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas por su orden (art. 68, 2º párrafo, CPCCN).
VI. Que, por último, corresponde tratar la apelación de los honorarios fijados por el a quo.
En función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde confirmar la regulación practicada en la instancia previa de los honorarios del Dr. Benitez Cruz por su desempeño en la representación legal y asistencia letrada de la actora ( arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432; y arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 2910/2024).
VII. Que por lo expuesto correspondería: 1) Rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue Alta en sistema: 09/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V materia de agravios, con costas por su orden (art. 68, 2º párrafo, CPCCN); 2) Confirmar la regulación de honorarios practicada en la instancia previa.
ASÍ VOTAMOS.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que disiento con la solución propiciada en el voto del Dr. Guillermo F. Treacy en cuanto confirma la declaración de prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos y para imponer multas relacionados con las destinaciones n° 5552-0/97, 1965-8/97 y 3166-3/97.
II. Que, en tal sentido, cabe señalar que a contrario de lo expresado en la sentencia apelada y en el voto que antecede, el auto de apertura del sumario obrante a fs. 24 de las actuaciones administrativas cumplía con los requisitos enunciados en el artículo 1.094 del Código Aduanero.
Ello, ya que en él se habían identificado las operaciones de importación temporal objeto de controversia, se habían precisado los hechos constitutivos de la infracción imputada a la firma importadora y la fecha en la que aquélla se había cometido.
Asimismo, se puso de manifiesto que se trataba de una denuncia efectuada en el marco de la “Comisión Causa 21.149”. Al respecto, cabe recordar esa comisión fue “…creada por la Disposición n° 93/03 de la Dirección General de Aduanas. Mediante la referida disposición se estableció que toda solicitud y/o trámite relacionado con destinaciones suspensivas de importación temporaria vinculadas con la referida causa, a cargo del Dr. Julio Cruciani, en su carácter de titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, debían ser resueltas en sede aduanera, por los funcionarios que a tal efecto fueran designados. Dicha decisión se fundó en la cantidad de documentación que se hallaba pendiente de análisis, a “la carencia de medios técnicos, de personal aduanero especializado con acceso al S.I.M. y el término de prescripción de aquella secuestrada”, lo que determinó la necesidad ineludible de crear la referida comisión” (cfr. mi voto en la causa n° 25.870/23, caratulada “Pilar Partes S.A. (TF 29486-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 08/04/2025).
Además, en ese auto, se dispuso la intervención de la División Comprobación de Destino a fin de que procediera a la interdicción sin derecho a uso de la mercadería, nombrándose el correspondiente depositario fiel. También se había ordenado la Alta en sistema: 09/05/2025 realización de los actos tendientes a la verificación y clasificación de la mercadería, así como la determinación de su valor en aduana, y del importe de los tributos y la multa presuntamente adeudados; dándose intervención a los Ramos B y D de ese organismo, de lo que en definitiva dependía la determinación del valor de lo adeudado.
En consecuencia, la denegación de los efectos interruptivos previstos en el artículo 937 del Código Aduanero y suspensivos previstos en el artículo 805 del Código Aduanero, con base en que el auto de apertura de sumario no contiene los elementos requeridos por el artículo 1.094 del Código Aduanero implicaría un excesivo rigor formal en la medida en que, como se expresó, se hallaban identificadas las operaciones denunciadas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, y se había hecho referencia expresa a que el trámite de la causa se hallaría a cargo de la “Comisión Causa 21.149”.
En tales condiciones, y en la medida en que en los presentes autos el Tribunal Fiscal omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación obrante a fs. 28/35, puntualmente, en cuanto a la cancelación de las operaciones de importación temporal, la procedencia o improcedencia de algunos de los rubros contenidos en la liquidación tributaria y la imposibilidad de efectuar el pago de las multas mínimas -en los términos de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero-, de conformidad con lo establecido en el artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie nuevamente sobre tales aspectos (cfr. causa “Search S.A. (TF 22576-I) c/ D.G.I.”, expediente nº 37.573/2007, del 6 de marzo de 2008, causa Nº 27.060/06 “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I.", expediente nº 27.060/06 del 15 de julio de 2008, “Scotland S.R.L. (TF 24.617-I) c/DGI”, expte. n° 43.136/2011, del 27 de junio de 2013 y “Solicon S.A. (TF 34.201 -I) c/ DGI”, expte. n° 112/13, del 30 de abril de 2013.
Al respecto cabe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos controvertidos con independencia de lo alegado por las partes, así como para determinar el tributo o fijar las base precisas para su determinación.
III. Que, en razón de lo precedentemente expuesto, resulta inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por Alta en sistema: 09/05/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V el letrado de la parte actora respecto de los honorarios regulados a su favor, los que se dejan sin efecto como consecuencia de lo resuelto en este pronunciamiento.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y revocar la sentencia apelada en cuanto declaró prescripta la acción para imponer penas y para exigir el pago de tributos. 2) Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión. 3) Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 4) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor del Dr. Enrique Benítez Cruz, y remitir las actuaciones a la anterior instancia a sus efectos.
En virtud del resultado del acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas por su orden (art. 68, 2º párrafo, CPCCN); 2) Confirmar la regulación de honorarios practicada en la instancia previa.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY (en disidencia)
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 09/05/2025
Fin de la sentencia