Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 30258-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 334/336; con costas.
2Elevar la regulación de honorarios practicada a fs. 357/358 y fijar los correspondientes a la actuación ante la Alzada del modo en que surge del considerando 7°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
30387/2025 SCANIA ARGENTINA SA (TF 30258-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 5 de marzo de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 334/336, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 8105/08 -y su rectificatoria resolución DE PRLA 4916/10-, recaída en la actuación SIGEA 12034-389-2008, en cuanto había condenado a la importadora Scania Argentina SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación temporaria (DIT) 01001IC81000225C, así como al pago de tributos e intereses, en este último caso, en forma solidaria con la garante Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA.
Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para decidir en ese sentido, comenzó por analizar el planteo de prescripción de las acciones del demandado. Concluyó que la acción tendiente a la imposición de sanciones se hallaba prescripta, dado que el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada había operado el 6/5/01. En consecuencia, el plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr el 1/1/02 y hubiese vencido el 31/12/06, aunque se interrumpió con el dictado del auto de apertura del sumario el 20/5/03. A partir del 21/5/03 comenzó un nuevo plazo de cinco años, cuya interrupción el Fisco alegó en razón de la comisión de otras infracciones aduaneras. Sin embargo, el Tribunal entendió que no se configuraba dicha causal interruptiva, ya que los antecedentes invocados correspondían a infracciones cometidas con anterioridad al ilícito imputado en autos. Al desestimar esa causal, determinó que el nuevo plazo en curso había vencido el 21/5/08, por lo que la resolución condenatoria dictada el 1/12/08 resultaba extemporánea. Aclaró, no obstante, que distinta era la conclusión respecto de la acción destinada al cobro de tributos, la cual no se encontraba extinguida, pues el dictado del auto de instrucción del sumario había producido efectos suspensivos de la prescripción (conf. arts. 803, 804 inc. a, 805 inc. a, 934, 935 y 937 incs. a y b, del Código Aduanero).
Despejada esta cuestión, examinó si se había configurado la infracción, al solo efecto de determinar la procedencia del cobro de tributos. Al respecto, recordó que en las transgresiones a los regímenes de importación temporaria la carga de probar el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término recae sobre el beneficiario, produciéndose una inversión de la carga de la prueba.
Destacó que la actora, al contestar la vista en sede aduanera, había presentado como prueba dos cajas con documentación que incluían copias de “los permisos de 1 embarque restantes, el despacho N° 01001IC81225C junto con su CTC y copia de la exención de IVA vigente en aquel entonces” (v. fs. 59/60 act. adm.). Sin embargo, el Fisco no las acompañó al momento de elevar las actuaciones (v. fs. 163 de este expte.) ni con motivo de las intimaciones cursadas con posterioridad (íd., fs. 304 y 314). Por consiguiente, ante la imposibilidad de verificar los aspectos determinantes del incumplimiento y para no afectar el derecho de defensa de las recurrentes, el Tribunal resolvió la cuestión de fondo de un modo favorable para aquellas.
2. Que, disconforme, a fs. 349 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se fundó a fs. 351/356, se concedió a fs. 358 y fue replicado a fs. 370/374vta. Sostuvo que el decisorio apelado era arbitrario y carecía de motivación suficiente para revocar la resolución aduanera. Alegó que el sentenciante omitió considerar que, en el marco del artículo 970 del Código Aduanero, la carga de la prueba recaía exclusivamente sobre la firma importadora. Afirmó que la documentación acompañada por la actora no resultó suficiente para acreditar la reexportación de la mercadería y que el Tribunal fundó su decisión en meras suposiciones y presunciones, afectando el derecho de defensa del organismo y vulnerando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre sentencias arbitrarias.
También se agravió por la decisión relativa a la prescripción de la acción para percibir tributos. Manifestó que el Tribunal incurrió en un error al valorar los hechos y las constancias de las actuaciones administrativas, toda vez que no tuvo en cuenta que, conforme al artículo 805, inciso a, del código aduanero, el plazo de prescripción se suspende desde la apertura del sumario hasta que recaiga decisión firme. Asimismo, sostuvo que operó la interrupción del plazo por la notificación de la liquidación de los tributos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 806, inciso a, del cuerpo legal citado. En tal sentido, concluyó que las facultades fiscales se encontraban plenamente vigentes al momento de dictarse la resolución condenatoria.
Por último, con relación a la cuestión de fondo, remarcó que la actora se acogió voluntariamente a un régimen preferencial, lo que le imponía la obligación inexcusable de reexportar la mercadería en término y de demostrar fehacientemente tal cumplimiento mediante la documentación aduanera pertinente. Destacó que la infracción prevista en el artículo 970 reviste un carácter objetivo, por lo que la comprobación del vencimiento del plazo de permanencia produce la inversión de la carga de la prueba, correspondiéndole al administrado acreditar la falta de culpabilidad. Alegó que, ante la falta de una adecuada identidad entre los insumos importados y los productos exportados, la infracción se encuentra tipificada con prescindencia de cualquier elemento intencional.
3. Que, a fs. 357/358, se regularon los honorarios de la representación letrada de las co-actoras. A fs. 365/367vta. el letrado de la importadora apeló sus honorarios por considerarlos bajos (concedido a fs. 376).
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30387/2025 SCANIA ARGENTINA SA (TF 30258-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4º) Que, con respecto a la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, el recurso del Fisco Nacional no puede prosperar.
Al respecto, debe recordarse que la valoración de las circunstancias de hecho y de la prueba se encuentran, como principio, marginadas del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación con que ha sido previsto el recurso que se intenta conforme el artículo 1180, inciso b, del Código Aduanero. Esta Sala ha sostenido de manera reiterada que no cabe apartarse de las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa, salvo que medie un error de magnitud suficiente, que aquí no se advierte (doctr. causas “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12; y “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19; entre otras).
En efecto, el memorial del apelante carece de una crítica concreta y razonada que logre desvirtuar la logicidad del fallo, limitándose a reiterar argumentos genéricos sobre la carga de la prueba en los regímenes temporales. Contrariamente a ello, la decisión del a quo se presenta como una solución plausible a la luz de lo dispuesto por el artículo 898 del Código Aduanero, toda vez que la imposibilidad de verificar los extremos del incumplimiento derivó exclusivamente de la conducta del organismo recaudador. Se acreditó que la actora había aportado oportunamente dos cajas con documentación técnica fundamental —DIT, permisos de embarque, certificados de tipificación y clasificación— que la Aduana no acompañó al elevar las actuaciones ni remitió ante las reiteradas intimaciones cursadas por el tribunal administrativo.
Ante tal escenario, cobra plena vigencia el principio de duda a favor del administrado. Esta Sala ha precisado que, para alcanzar el beneficio de la absolución por imperio del citado artículo 898, deben existir elementos de juicio que pongan suficientemente en duda el acaecimiento del hecho o la responsabilidad del imputado en su producción (cfr. causa “Curtiembre Pelicce SA”, sent. del 31/8/04).
En el sub examine, el silencio guardado por el servicio aduanero frente a los requerimientos cursados genera una situación de incertidumbre análoga a la valorada en otros precedentes donde se consideró improcedente el reproche infraccional, con fundamento en el aludido principio hermenéutico, que establece que debe prevalecer la interpretación más favorable al imputado (cfr. esta Sala, causa 5667/12 “Alcatel Lucent de Argentina SA”, sent. del 21/3/17).
Por lo expuesto, y al no acreditarse un supuesto de arbitrariedad, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en este punto.
3 5°) Que, en cuanto a la prescripción, no se advierte un agravio concreto para el recurrente.
De la lectura de la decisión apelada surge que el Tribunal Fiscal de la Nación no declaró prescripta la acción para reclamar el pago de tributos; por el contrario, determinó que dicha facultad no se encontraba extinguida debido a los efectos suspensivos del auto de instrucción del sumario (arts. 803 y 805, inciso a, del CA).
En definitiva, el memorial de la representación fiscal carece de objeto en este aspecto, pues sus argumentos no guardan correlato con lo que efectivamente se resolvió en la instancia anterior, donde la prescripción solo fue admitida respecto de la acción para imponer penas, al haber vencido el nuevo plazo quinquenal el 21/5/08. Al no verificarse un perjuicio real para el Fisco Nacional derivado de la decisión sobre la acción tributaria, esta Sala se encuentra eximida de realizar cualquier otra consideración al respecto.
6. Que, por las consideraciones precedentes, corresponde rechazar la apelación y confirmar la decisión de fs. 334/336 en cuanto fue materia de agravios por el demandado; con costas, teniendo en cuenta en principio general de la derrota y la contestación de la importadora (art. 68, primer párr., del CPCCN).
7. Que resta tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios del letrado apoderado de la importadora.
En atención a los planteos formulados por el recurrente, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, en casos de monto excepcional, los jueces pueden ponderar la índole y la extensión de la labor profesional desarrollada, a fin de arribar a una solución justa y mesurada (cfr. Fallos: 320:495; esta Sala, causa 52042/95 “Pronello Construcciones”, resolución del 5/9/01).
Asimismo, ha reiterado en numerosas oportunidades que, a los fines regulatorios, no puede dejar de considerarse prudencialmente el impacto económico del pleito. Una regulación equitativa exige valorar el intrínseco mérito de la labor cumplida en la causa, la responsabilidad asumida y las particularidades del juicio (cfr. Fallos: 258:64; 261:398, entre otros).
Finalmente, ese Tribunal ha destacado que la ley de arancel establece un conjunto de pautas generales que trascienden el mero monto involucrado. Entre ellas se cuentan la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido, el mérito de la labor, la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, todas ellas guías indispensables para arribar a una retribución justa y razonable (cfr. Fallos: 302:1452, entre otros). De acuerdo con las pautas indicadas, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y en atención a la calidad y eficacia de las labores desarrolladas por Enrique Benítez Cruz en carácter de letrado apoderado, durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los emolumentos fijados a su favor CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 30387/2025 SCANIA ARGENTINA SA (TF 30258-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO a la suma de $28.166.384 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y la trascendencia económica del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por el citado profesional durante la tercera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR sus honorarios a la suma de $14.848.140 ⸻equivalente a la cantidad de 170 UMA ⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol.
CSJN SGA 36/26).
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 370/375) en la suma de $12.296.616 ⸻equivalentes a la cantidad de 170 UMA⸻.
Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse ⸻en lo pertinente⸻ de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. Por las consideraciones precedentes, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 334/336; con costas.
2. Elevar la regulación de honorarios practicada a fs. 357/358 y fijar los correspondientes a la actuación ante la Alzada del modo en que surge del considerando 7°.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase (v. proveído del 15/9/25, pto. II).
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia