Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-150732418-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad interpuestas por la recurrente “SCANIA ARGENTINA S.A.U.”, sin costas atento su tratamiento conjunto con el fondo del asunto.
2Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para imponer penas en relación con la firma “SCANIA ARGENTINA S.A.U.” en las presentes actuaciones.
3Confirmar el artículo 3° de la Resolución nro. RESOL-2023-3486-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA en tanto exige, a la firma importadora, el pago de tributos, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse desde el 10 de junio de 2022 hasta la fecha de su efectivo pago.
4Las costas se imponen por los mutuos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-39368308-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Abril de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SCANIA ARGENTINA SAU c/Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX-2023-
150732418- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución nro. RESOL-2023-3486-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 08/09/2023 en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 18036-4254-2016, por la que se la condena por la presunta comisión de una infracción al régimen de admisión temporaria de mercaderías (artículo 970 del Código Aduanero), en relación con el despacho N° 11 001 IT16 000633 V, imponiéndosele una multa de $ 155.427,56.- y exigiéndosele, asimismo, el pago de tributos por la suma de U$S 34.310,72.-.
Indica que con fecha 11/09/2017 el servicio aduanero instruyó sumario por entender que no se habría regularizado la mercadería, imputando la infracción prevista en la referida norma, sin practicar diligencia alguna ni liquidación tributaria.
Refiere que, conforme surgiría de la denuncia, la imputación se fundaría en que el CTIT involucrado declara tener mermas, como así también que no se habría realizado el subrégimen IC82, y que la declaración jurada diferiría de lo que figura en el Sistema Informático María/Malvina.
Sostiene que la mercadería importada temporariamente fue regularizada en su totalidad mediante la reexportación de los insumos a través de distintos permisos de embarque que surgen de la declaración jurada presentada y de las constancias del Sistema Malvina.
Afirma que la Aduana no cuestiona la reexportación total de los insumos, sino la falta de importación para consumo de las mermas previstas en el CTIT, y que, aun bajo esa premisa, se habría imputado y condenado por el total de la mercadería importada temporariamente.
Plantea la nulidad del sumario por falta de fundamentación, falta de motivación, omisión de tratamiento de la prueba ofrecida y demora en la tramitación del procedimiento.
Invoca la prescripción de la acción del Fisco para reclamar el IVA, por aplicación de la Ley 11.683, conforme las previsiones del artículo 51 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a su turno, se presenta el Dr. Diego Sebastián Castaño, en su carácter de letrado apoderado del Fisco Nacional (AFIP–DGA), y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora contra la Resolución N° RESOL-2023-3486-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, solicitando su rechazo, con expresa imposición de costas. Formula una negativa genérica de todos los hechos y afirmaciones de la contraria que no sean objeto de expreso reconocimiento, sosteniendo que los argumentos de la actora no desvirtúan la configuración de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, ni la extinción de las obligaciones asumidas, y que lo resuelto en sede aduanera se encuentra ajustado a derecho, conforme la normativa vigente.
Refiere que la Dirección General de Aduanas formuló denuncia contra la actora por la presunta infracción al artículo de referencia en relación con el DIT N° 11 001 IT16 000633 V, cuyo vencimiento operó el 6 de julio 2012, indicando que el CTIT involucrado declara tener mermas, que no se realizó el Subrégimen IC82 y que la Declaración Jurada presentada difiere de lo que figura en el Sistema Informático Malvina.
Sostiene, en cuanto al agravio relativo a la regularización total del despacho, que el área técnica ratificó la denuncia mediante las Notas N° 4346/2022 y N° 6286/2022, resaltando que, al no haberse realizado la merma descripta en el CTIT, la descarga resultaría incorrecta, que la DDJJ difiere de lo que figura en el SIM, y que no puede tenerse por acreditada la reexportación de la mercadería, configurándose los elementos de la infracción del artículo 970 del Código Aduanero.
Expresa que, conforme al Régimen de Importación Temporal, la mercadería ingresada queda sometida a la obligación de reexportación dentro del plazo acordado, por lo que el incumplimiento torna procedente la sanción, siendo que la carga de la prueba del cumplimiento recae sobre la firma importadora, y que el régimen implica el ingreso de mercadería sin tributación y sujeta a contralor aduanero. Opone la improcedencia del planteo de nulidad, invocando el principio de instrumentalidad de las formas. Afirma que el procedimiento en examen cumple con los requisitos legales, como así también que no se verifican causales de indefensión ni gravamen irreparable que justifiquen la pretendida nulidad. Postula la aplicación del régimen de prescripción aduanero al IVA de importación, citando jurisprudencia de la CNACAF y solicita el rechazo del agravio relativo a la prescripción del IVA.
Ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas, formula reserva del caso federal y solicita el rechazo del recurso, con confirmación de la resolución aduanera y costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 18036-4254-2016 se inician a partir del requerimiento efectuado por la Sección Operativa y Registral Exportación (DVCEA) a la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U., a fin de que presente la documentación correspondiente a la cancelación de la destinación de importación temporaria N° 11 001 IT16 000633 V, solicitándose la presentación de Multinota, Declaración Jurada de descarga de la mercadería, copia de la DIT y del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT) involucrado (v. fs. 11). Que mediante la presentación de la multinota N° 3882, en fecha 18/07/2016, la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U. agregó copia de la destinación de importación temporaria documentada en el Sistema Informático Malvina, mediante la cual documentó el ingreso de mercadería al amparo del régimen de importación temporaria (fs. 3).
Agregó, asimismo, la Declaración Jurada de descarga de la mercadería (fs. 2), como así también copia del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT) N° 8062/2010, correspondiente a la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U., en el que se tipifican los insumos, los productos resultantes del proceso productivo y las relaciones insumo–producto, consignándose la existencia de mermas y residuos del proceso (fs. 7/10). En fecha 31/08/16 el servicio aduanero labró el Acta de Denuncia N° 937/16 por la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente, en razón de que el CTIT involucrado declara mermas y no se habría realizado el subrégimen IC82, además de señalarse que la declaración jurada presentada diferiría de lo que figura en el Sistema Informático (fs. 13).
Previo a iniciar el sumario, en fecha 3/10/16, el servicio aduanero procedió a efectuar la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería objeto de análisis (fs. 17), para luego determinar la liquidación de tributos y multa correspondiente (fs. 20). A fs. 21, con fecha 11/09/2017, el servicio aduanero dispuso el inicio de las actuaciones sumariales en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero, contra la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U., imputándole la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, por la falta de regularización de la destinación de importación temporaria referida. A fs. 22 el servicio aduanero practicó una nueva liquidación tributaria, adecuando el monto del cargo formulado conforme los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Cladd S.A. c/ DGA” y “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”.
En fecha 19/05/2022 se corre vista a la firma imputada y a la aseguradora, en los términos de los artículos 1001 a 1010, 1101 y concordantes del Código Aduanero, la cual fue notificada electrónicamente mediante el sistema SICNEA con fecha 23/05/2022, conforme surge de la constancia agregada a fs. 47. A fs. 39/41, con fecha 6/06/2022, la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U. presentó su descargo, en el que sostuvo haber regularizado la mercadería importada temporariamente mediante la reexportación de los insumos a través de diversos permisos de embarque, negó la existencia de mermas efectivas en el proceso productivo y cuestionó la imputación formulada por el servicio aduanero. Con posterioridad al descargo, el servicio aduanero, mediante mediante las Notas N° 4346/2022 (fs. 51) y N° 6286/2022 (fs. 53) (SE OREI), ratificó la denuncia oportunamente formulada, fundando su postura en la falta de presentación de la declaración jurada de descarga con la documentación adjunta correspondiente y en la no realización del subrégimen IC82. A fs. 55/60, con fecha 8/09/2023, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución RESOL-2023-3486-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, por la cual se declaró configurada la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, imponiéndose multa y formulándose cargo por tributos, con más los intereses correspondientes. La referida resolución fue notificada electrónicamente a la firma imputada mediante el sistema SICNEA con fecha 11/12/2023, conforme surge de las constancias de notificación obrantes a fs. 65. Con fecha 19/12/2023, la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U. interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución precedentemente indicada (fs. 64).
IV. Que, bajo tales premisas, respecto del primer agravio —esto es, la fudamentación del acto apelado— cabe señalar que la resolución recurrida contiene una exposición de hechos, valoración normativa y conclusión jurídica que constituyen una motivación suficiente a los fines de su validez formal.
Que aun cuando la recurrente no comparta las razones brindadas por la Administración o considere que no se ha valorado adecuadamente su descargo, lo cierto es que el acto atacado contiene fundamentos jurídicos y fácticos que excluyen la configuración de una nulidad por omisión de motivación.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que, para que un acto sea considerado motivado, no es necesario que se analicen uno por uno todos los argumentos de las partes, sino únicamente aquellos que sean razonablemente conducentes para la decisión del caso (Fallos 251:39, entre otros). Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad fundado en la supuesta falta de motivación.
V. Que, en segundo término, la recurrente se agravia de que el servicio aduanero habría instruido el sumario sin haber practicado previamente la liquidación de los tributos presuntamente adeudados. Sin embargo, de las constancias de las actuaciones administrativas surge que, con anterioridad al dictado del auto de apertura del sumario, el servicio aduanero procedió a efectuar la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería objeto de análisis, practicando la correspondiente liquidación de tributos y multa.
Que, en efecto, previo al inicio de las actuaciones sumariales, la Administración llevó a cabo la determinación de la base imponible y la liquidación de los tributos vinculados a la destinación de importación temporaria cuestionada, circunstancia que desvirtúa el agravio introducido en este punto por la recurrente. Que, en consecuencia, corresponde desestimar el agravio relativo a la supuesta omisión de liquidación previa de los tributos.
VI. Que en relación al agravio de la firma actora vinculado a la demora excesiva en la tramitación del procedimiento infraccional, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, la que “...no se altera por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción...”; como así también la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalando que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
En tal orden de ideas, corresponde dejar sentado que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
El carácter eminentemente penal de las multas y la aplicación a su respecto de las disposiciones del Código Penal para juzgar planteos prescriptivos ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
Que, bajo tales postulados, cabe colegir que el principio de legalidad, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no son aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Ello es así, puesto que, en función del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el bloque de constitucionalidad, expresan con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la ley penal más benigna (CSJN in re “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis”, del 04/12/2018: voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti). Que, en tal sentido, corresponde precisar que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia, con excepción de la ley penal más benigna en virtud de la cual debe ser aplicada toda legislación que, con posterioridad a la comisión del delito, disponga la imposición de una pena más leve (confr. Fallos: 330:5158, de la disidencia parcial del Dr. Lorenzetti).
En efecto, al sancionar en el artículo 18 de la Constitución Nacional el principio de irretroactividad de la ley penal, nuestros constituyentes recogieron una de las manifestaciones más conspicuas de las exigencias del humanismo liberal. Pues en nuestra tradición constitucional y en toda la cultura jurídica y política en que ella se enmarca, el principio de irretroactividad penal no está sujeto a limitaciones y debe, por ello, aplicarse sin condicionamientos. Su fuerza normativa proviene del hecho de que funciona como la principal y más eficaz garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. Como el principio de legalidad del cual deriva, el principio de irretroactividad disciplina y limita el poder punitivo del Estado y constituye, en última instancia, el mejor parámetro para distinguir entre un Estado de Derecho y un mero derecho de estado (Fallos: 341:1768, disidencia del juez Rosenkrantz).
Que, por lo tanto, resulta ajustado a derecho concluir que la pretensión de introducir una nueva causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, como es aquella contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562 - norma que suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, vulnera de modo palmario el principio de irretroactividad de la ley penal contenido en el artículo 2° del Código Penal -plenamente aplicable en materia aduanera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del citado cuerpo normativo- y con jerarquía constitucional en los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en violación al derecho al debido proceso y al principio de legalidad consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en tanto la garantía consagrada en el referido artículo 18 comprende la exclusión de disposiciones penales -no así de aquellas de naturaleza tributariaposteriores al hecho infractor que impliquen empeorar o agravar las condiciones de los sumariados al momento de cometida la supuesta infracción, habida cuenta que, en el caso bajo examen, la norma en crisis fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 26/8/2020, cuando ya había comenzado a correr el curso de la prescripción del Fisco Nacional (DGA) para aplicar “sanciones” (1/1/2013).
VII. Que, sentado ello, corresponde poner de relieve que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, plazo que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisarse, al de su constatación.
Que, por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal dispone que la prescripción de la acción para imponer penas se interrumpe, entre otros supuestos, por: a) el dictado del auto que ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; y d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Que, en el caso, el hecho gravado se habría configurado con fecha 06/07/2012, iniciándose el cómputo del plazo prescriptivo el 01/01/2013. El auto de apertura del sumario fue dictado el 11/09/2017, lo que interrumpió el curso de la prescripción (conf. CSJN, “Wonderland S.R.L.”, 12/05/2009, Fallos: 332:1109, en cuanto a que el hito interruptivo es el dictado del auto y no su notificación).
Que, ahora bien, no resulta aplicable al caso la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 17 de la ley 27.562, cuya aplicación en materia sancionatoria vulneraría el principio de irretroactividad de la ley penal, por las razones expuestas en el considerando precedente. En consecuencia, el nuevo plazo quinquenal que comenzó a correr luego de la interrupción operada con el auto de apertura del sumario, transcurrió sin solución de continuidad.
Que, bajo tales postulados, dicho plazo venció el 12/09/2022, con anterioridad al dictado de la resolución aduanera condenatoria de fecha 08/09/2023, por lo que corresponde concluir que la acción del Fisco para imponer la multa se encontraba prescripta al momento del dictado del acto apelado.
VIII. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia del cargo por tributos formulado en la resolución apelada, con motivo del presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria. Que, previo a ingresar al análisis de la regularización invocada, corresponde efectuar una precisión respecto de la prueba acompañada en autos.
Que si bien la recurrente, en la Declaración Jurada de Descarga obrante a fs. 2 de las actuaciones administrativas, menciona numerosos permisos de embarque que descargarían la mercadería importada temporariamente al amparo de la D.I.T. N° 11 001 IT16 000633 V, lo cierto es que únicamente se encuentran acompañados en estos autos los siguientes permisos de embarque: N° 11 084 EC03 000535 X; N° 11 084 EC03 000543 H; N° 11 084 EC03 000544 X; N° 11 084 EC03 000547 L; N° 11 084 EC03 000549 N; N° 11 084 EC03 000551 G y N° 11 084 EC03 000553 X.
Que, en tales condiciones, el análisis que seguidamente se efectúa se circunscribe a los permisos de embarque efectivamente acompañados, en tanto constituyen la documentación incorporada al proceso a los fines de acreditar la descarga de la mercadería importada temporariamente.
Que, dentro de dicho universo documental, se han seleccionado cuatro permisos representativos, atendiendo a la diversidad de subítems involucrados y a las cantidades imputadas, resultando suficiente su examen a efectos de verificar la modalidad de imputación utilizada y la correspondencia insumo–producto conforme el CTIT aplicable, en tanto las inconsistencias advertidas no se presentan como situaciones aisladas sino como manifestaciones de un mismo esquema de descarga.
IX. Que, en el caso bajo examen, la firma SCANIA ARGENTINA S.A.U. documentó la importación temporaria mediante la D.I.T. N° 11 001 IT16 000633 V, por la cual ingresó al territorio aduanero un total de dos mil cuatrocientas siete (2407) unidades de mercadería clasificada en la posición SIM/NCM 8708.99.90.999J, correspondiendo dos mil doscientas cuarenta y cinco (2245) unidades al ítem 1 —dividido en cinco subítems (modelos 1540474, 1421197, 1442865, 1256198 y 1349001)— y ciento sesenta y dos (162) unidades al ítem 2 (modelo 1331053), conforme surge de la copia de la destinación obrante en autos.
Que dicha operación se encuentra alcanzada por el CTIT N° 8062/2010, en el que se tipifican los insumos, los productos resultantes del proceso productivo y las relaciones insumo–producto, consignándose asimismo la existencia de mermas y residuos del proceso, estableciéndose una relación técnica conforme la cual cada unidad de insumo genera el noventa por ciento (90%) de producto, un nueve por ciento (9%) de merma y un uno por ciento (1%) de residuo. En términos sintéticos: 1 insumo = 0.90 producto + 0.09 merma + 0.01 residuo. Que el artículo 274 del Código Aduanero establece que, vencido el plazo de permanencia acordado para la mercadería importada temporariamente sin que se hubiere cumplido con la obligación de reexportar o, en su caso, de someterla a una destinación de importación para consumo, la mercadería debe considerarse importada para consumo, siendo responsable quien la hubiere importado temporariamente de las correspondientes obligaciones tributarias.
Cabe precisar que, si bien el servicio aduanero ha puesto el acento en que la recurrente no habría importado para consumo las mermas previstas en el CTIT, lo cierto es que la resolución apelada formuló cargo por la totalidad de los tributos correspondientes a la mercadería importada temporariamente, por lo que el examen que corresponde efectuar en esta instancia se refiere a la regularización integral de la destinación suspensiva y no únicamente al tratamiento de las mermas y residuos eventualmente generados en el proceso productivo.
Que en el sub examine, la cancelación de la destinación suspensiva exige la descarga de la D.I.T. mediante permisos de embarque debidamente oficializados, con su cumplido e imputación específica al despacho de importación temporaria, en consonancia con las relaciones insumo–producto previstas en el CTIT y con las exigencias reglamentarias propias del régimen.
Que, analizados los permisos de embarque seleccionados, se verifican las siguientes circunstancias: (i) En el Permiso de Embarque N° 11 084 EC03 000535 X se invoca la descarga de 89 unidades correspondientes al ítem 1 subítem 4 de la D.I.T., mientras que el permiso documenta la exportación de 168 unidades clasificadas en la posición 8708.40.90.930R, discriminadas en 96 unidades del modelo 13377307 y 72 unidades del modelo 1853932, sin discriminación específica que permita vincular cuantitativamente los insumos imputados con los productos efectivamente exportados.
(ii) En el Permiso de Embarque N° 11 084 EC03 000543 H se invoca la descarga de 36 unidades correspondientes al ítem 1 subítem 5, en tanto el permiso documenta la exportación de 84 unidades (48 modelo 1377307 y 36 modelo 1900234), sin identificación específica de correspondencia insumo–producto. (iii) En el Permiso de Embarque N° 11 084 EC03 000544 X se invoca la descarga de 108 unidades del mismo subítem, mientras que el permiso documenta la exportación de 204 unidades (48 modelo 1377307, 48 modelo 1853932 y 108 modelo 1900234), sin que surja discriminación que permita reconstruir la trazabilidad técnica exigida por el CTIT.
(iv) En el Permiso de Embarque N° 11 084 EC03 000547 L se invoca la descarga de 10 unidades correspondientes al ítem 1 subítem 3, en tanto el permiso documenta la exportación de 349 unidades clasificadas en la posición 8708.50.99.990U, discriminadas en distintos modelos, sin individualización que permita establecer la correspondencia material entre insumos importados temporariamente y productos exportados.
Que del análisis precedente se desprende que, aun tomando como muestra los permisos acompañados en autos, se verifican discordancias cuantitativas y deficiencias en la imputación que impiden establecer la correspondencia material insumo–producto conforme el CTIT N° 8062/2010. Tales inconsistencias no constituyen meras irregularidades formales, sino que afectan el núcleo de la verificación del cumplimiento del régimen de importación temporaria, en tanto obstan a constatar que la mercadería importada temporariamente haya sido efectivamente incorporada al proceso productivo y reexportada en los términos declarados.
X. Que cabe agregar que, si bien en el CTIT N° 8062/2010 se consignan mermas y residuos del proceso productivo, la apelante sostuvo que tales mermas no se habrían producido efectivamente, razón por la cual no habría utilizado el subrégimen IC82.
No obstante ello, la previsión de mermas y residuos surge expresamente del CTIT que rige la operación y constituye un elemento relevante del esquema de control del régimen de importación temporaria, en tanto integra las relaciones insumo–producto tipificadas por la autoridad competente.
Que, en tal sentido, obra en autos el Informe IF-2023-02771629-AFIP-DETEIM#SDGTLA, emitido por el Departamento Técnica de Importación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco del oficio librado en estas actuaciones, mediante el cual se informó que, aun cuando en el proceso productivo no se verifiquen rechazos de piezas que puedan constituir mermas, ello no exime a la firma de cumplir con las condiciones previstas en el régimen de importación temporaria ni con las alternativas normativas previstas en el Decreto N° 1330/04 y sus modificatorias Que, en consecuencia, la ausencia de utilización del subrégimen IC82, aun bajo la alegación de inexistencia de mermas efectivas, no releva a la recurrente de la carga de acreditar la descarga conforme las relaciones insumo–producto previstas en el CTIT, ni suple las deficiencias verificadas en la imputación de los permisos de embarque analizados.
En definitiva, no habiendo quedado acreditada en autos la reexportación íntegra de la mercadería importada temporariamente ni su regularización por importación para consumo, corresponde concluir que la mercadería amparada por la D.I.T. N° 11 001 IT16 000633 V debe considerarse importada para consumo a los fines tributarios, resultando procedente el cargo por tributos formulado por el servicio aduanero en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, con más los intereses que correspondan conforme la normativa vigente.
XI. Que corresponde referirse al agravio de la empresa recurrente en relación con la improcedencia del Impuesto al Valor Agregado y, en particular, al régimen jurídico aplicable a su exigibilidad y prescripción en el marco de una importación para consumo derivada del incumplimiento del régimen de importación temporaria. Que en materia aduanera la expresión genérica “tributos” comprende a todos los gravámenes que recaen sobre la importación –en el caso– para consumo, incluyendo obviamente el impuesto al valor agregado, cuyo hecho imponible se configura con “las importaciones definitivas de cosas muebles” (art. 1° de la ley de IVA). Que la importación definitiva o importación para consumo, a que se refiere la legislación aduanera para los derechos de importación, constituye, jurídicamente, el mismo hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado con relación a tales importaciones, en tanto el IVA se exige con motivo del libramiento a plaza de la mercadería. Que, por consiguiente, en este aspecto resulta ajustado a derecho aplicar el Código Aduanero que dispone en su artículo 636 que “la importación es para consumo cuando la mercadería se introduce al territorio aduanero por tiempo indeterminado”. En la especie, el hecho generador de la obligación tributaria se produce al momento en que la mercadería importada temporariamente debe considerarse importada para consumo por falta de regularización del régimen suspensivo, siendo en dicha oportunidad cuando se configuran los elementos cuantificantes de la obligación tributaria, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado.
Que, en consecuencia, el IVA exigido con motivo de la importación para consumo se encuentra alcanzado por el régimen jurídico del Código Aduanero, no resultando procedente la aplicación del régimen prescriptivo de la Ley 11.683, por lo que el agravio de la recurrente en tal sentido debe ser desestimado.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar las excepciones de nulidad interpuestas por la recurrente “SCANIA ARGENTINA S.A.U.”, sin costas, atento su tratamiento conjunto con el fondo del asunto.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para imponer penas en relación con la firma “SCANIA ARGENTINA S.A.U.” en las presentes actuaciones.
3. Confirmar el artículo 3° de la Resolución nro. RESOL-2023-3486-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA en tanto exige, a la firma importadora, el pago de tributos, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse desde el 10 de junio de 2022 hasta la fecha de su efectivo pago.
4. Las costas se imponen por los mutuos vencimientos.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la solución propuesta por el Sr Vocal instructor.
Por ello, SE
1. Rechazar las excepciones de nulidad interpuestas por la recurrente “SCANIA ARGENTINA S.A.U.”, sin costas atento su tratamiento conjunto con el fondo del asunto.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para imponer penas en relación con la firma “SCANIA ARGENTINA S.A.U.” en las presentes actuaciones.
3. Confirmar el artículo 3° de la Resolución nro. RESOL-2023-3486-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA en tanto exige, a la firma importadora, el pago de tributos, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse desde el 10 de junio de 2022 hasta la fecha de su efectivo pago.
4. Las costas se imponen por los mutuos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.04.17 14:19:43 ART Date: 2026.04.20 08:49:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.20 08:49:35 -03:00
Fin de la sentencia